STC1275-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1275-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00265-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la tutela que Gonzalo Augusto Restrepo Madrigal y Natalia Ang\u00e9lica Zapata Gonz\u00e1lez le instauraron a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, extensiva al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio, al Banco Agrario, a Isidoro Solano Ni\u00f1o, Concepci\u00f3n Chac\u00f3n Solano y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2018-00075. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los libelistas, a trav\u00e9s de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la justicia e igualdad\u00bb, para que se ordenara: (i) \u00abdictar sentencia donde no se reconozca el derecho a restituci\u00f3n de tierras a los Reclamantes: Isidoro Solano Ni\u00f1o C.C. 5.640.678 y Concepci\u00f3n Chac\u00f3n de Solano C.C. 28.137.707, por no cumplir con los requisitos de ser v\u00edctimas del conflicto armado y no existir nexo causal con el conflicto armado y la negociaci\u00f3n realizada\u00bb, (ii) Se ordene dictar una sentencia donde se reconozca la buena fe de los opositores y de los segundos ocupantes, (iii) \u00abSe ordene a la ANT la revisi\u00f3n de la revocatoria directa de la Resoluci\u00f3n 189 de marzo de 1.996\u00bb. <\/p>\n
De la evidencia allegada al plenario se constat\u00f3 que: <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio, solicit\u00f3 a nombre de Isidoro Solano Ni\u00f1o y Concepci\u00f3n Chac\u00f3n de Solano, la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del bien \u00abMiraflores\u00bb ubicado en la vereda San Rafael de Payoa, municipio de Sabana de Torres, Santander, con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 303-594462. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja admiti\u00f3 la rogativa y los aqu\u00ed gestores se apusieron a la prosperidad de la misma. <\/p>\n
La Magistratura querellada ampar\u00f3 \u00abel derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de Isidoro Solano Ni\u00f1o (CC 5.640.678), Concepci\u00f3n Chac\u00f3n de Solano (28.137.707) y su n\u00facleo familiar para la \u00e9poca en que ocurrieron los hechos (\u2026) y declar\u00f3 \u00abimpr\u00f3spera la oposici\u00f3n formulada por Gonzalo Augusto Restrepo Madrigal y Natalia Zapata Gonz\u00e1lez. NEGAR la compensaci\u00f3n por no acreditar que actuaron con buena fe exenta de culpa, as\u00ed como tampoco su calidad de segundo ocupante\u00bb (29 oct. 2021). <\/p>\n
En compendio, el memorista cuestiona el veredicto de la Magistratura encartada, porque, a su juicio: <\/p>\n
a).- No tuvo en cuenta la \u00ab (\u2026) Flexibilizaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa y articulaci\u00f3n de las \u00f3rdenes judiciales con la pol\u00edtica social del Estado (\u2026) Si se revisa la sentencia tutelada en el caso concreto, se encuentra las siguientes actuaciones que permiten concluir que se cumpli\u00f3 con los requisitos para cumplir con la buena fe exenta de culpa, por lo siguiente: 1. Caracter\u00edsticas subjetivas de la buena fe exenta de culpa. Honestidad, Lealtad y Rectitud. Quedo probado que GONZALO AUGUSTO RESTREPO MADRIGAL, (\u2026) y NATALIA ZAPATA GONZALEZ (\u2026) son personas reconocidas por la comunidad como unos empresario muy respetados y queridos por la comunidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
b).- El predio restituido \u00abfue adquirido en com\u00fan y proindiviso por adjudicaci\u00f3n del Incora mediante resoluci\u00f3n 0189 del 12 de marzo de 1996, registrada en la anotaci\u00f3n No. 1 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 303-59446, resoluci\u00f3n que data desde el a\u00f1o 1996, pero que solo se registr\u00f3 hasta el 2002, lo que es indicativo que los reclamantes obraron fraudulentamente (\u2026); y, no hay motivo que justifique porque \u00abmediante la misma Resoluci\u00f3n 189 se adjudicaron a la misma persona dos predios diferentes, si esto est\u00e1 prohibido por la Ley 160 de 1.994. 7. Y como explicar que el mismo INCORA en el a\u00f1o 2.005 mediante Resoluci\u00f3n 000323 del 10 de mayo de ese a\u00f1o, realiz\u00f3 la revocatoria administrativa de la Resoluci\u00f3n 189 del 12 de marzo de 1.996. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
c).- El an\u00e1lisis probatorio se centr\u00f3 en darle la raz\u00f3n a los requirentes, \u00abbasados en una presunci\u00f3n legal, la cual es desvirtuada por los testimonios de quien le compro a los reclamantes y otros testigos y que queda probada con la documentaci\u00f3n anexa donde esta una promesa y un pago realizado, que adem\u00e1s est\u00e1n autenticados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
d).- \u00abel juez de restituci\u00f3n de tierras debe considerar las condiciones particulares de los segundos ocupantes y a partir de all\u00ed determinar si estos cuentan con la posibilidad de demostrar durante el proceso el cumplimiento de criterios subjetivos y objetivos exigidos para configurar la buena fe exenta de culpa y en segundo lugar, re-entender y formular esta regla para adecuarla a las necesidades y particularidades de los sujetos involucrados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja relat\u00f3 las actuaciones desplegadas en la lid confutada e inform\u00f3 que fue comisionado para la entrega material del predio, diligencia que se llevar\u00e1 a cabo el pr\u00f3ximo 11 de febrero. <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD y el Banco Agrario pidieron su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 12 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga manifest\u00f3 que \u00abSi bien no se comparten los argumentos esgrimidos en la presente acci\u00f3n, encaminados a insistir en la buena fe cualificada de los accionantes, no puede desconocerse que en la sentencia impugnada se supedit\u00f3 el reconocimiento de la buena fe simple a las mismas condiciones exigidas para el reconocimiento de la buena fe exenta de culpa, con base en la interpretaci\u00f3n que la Sala accionada ha sostenido como \u201cposici\u00f3n mayoritaria\u201d, con respecto al literal j) del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011. (\u2026). Contrario a la primera solicitud consignada en el escrito de tutela, la tacha de la calidad de v\u00edctima de los solicitantes de restituci\u00f3n de tierras no se encuentra probada; al contrario, la \u00fanica de ellas que persistir\u00eda ser\u00eda la relacionada con el reconocimiento, no de la buena fe exenta de culpa, sino de la buena fe simple\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Constituye regla invariable la inviabilidad de este instrumento residual para disentir o revisar las resoluciones judiciales, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando quien est\u00e1 llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las garant\u00edas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, dado que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les asigna. <\/p>\n
As\u00ed lo ha esbozado de tiempo atr\u00e1s esta Sala, al advertir que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01 y STC6153-2021), toda vez que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01 y STC6153-2021). <\/p>\n
2.- El precursor, reprocha el fallo n\u00b011 de 26 de octubre de 2021, emitido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, mediante el cual \u00abampar\u00f3 el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de Isidoro Solano Ni\u00f1o (CC 5.640.678), Concepci\u00f3n Chac\u00f3n de Solano (28.137.707) y su n\u00facleo familiar para la \u00e9poca en que ocurrieron los hechos (\u2026) y, declar\u00f3 \u00abimpr\u00f3spera la oposici\u00f3n formulada por Gonzalo Augusto Restrepo Madrigal y Natalia Zapata Gonz\u00e1lez. NEGAR la compensaci\u00f3n por no acreditar que actuaron con buena fe exenta de culpa, as\u00ed como tampoco su calidad de segundo ocupante\u00bb. <\/p>\n
No obstante, de la revisi\u00f3n del plenario muy pronto se advierte que el prove\u00eddo recriminado no luce antojadizo, ni caprichoso; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
Para el efecto, inicialmente precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver se circunscribe a: <\/p>\n
\u00abDeterminar si los solicitantes re\u00fanen los requisitos legales para considerarlos \u201cv\u00edctimas\u201d del conflicto armado, al tenor del canon 3 de la Ley 1448 de 2011, e igualmente establecer si se cumplen los presupuestos axiol\u00f3gicos consagrados en los art\u00edculos 74, 75 y 81 ib\u00eddem, para acceder a la restituci\u00f3n, atendiendo para el efecto lo previsto en el art\u00edculo 208 de la citada normatividad, que fuera modificado por el 2 de la Ley 2078 del 8 de enero de 202120. De otro lado, deben analizarse los argumentos de la parte opositora, con el objeto de establecer si logran desvirtuar los presupuestos de prosperidad de las pretensiones o si acreditaron ser adquirentes de buena fe exenta de culpa, al tenor del art\u00edculo 98 de la citada ley o, si conforme con los lineamientos fijados por la H. Corte Constitucional en la Sentencia C-330 de 2016, se puede morigerar a su favor o finalmente, y en su defecto, si cumplen con la condici\u00f3n de segundos ocupantes\u00bb. <\/p>\n
Adentr\u00e1ndose en el caso concreto, afirm\u00f3 que Isidoro Solano Ni\u00f1o y Concepci\u00f3n Chac\u00f3n de Solano est\u00e1n legitimados y tienen titularidad para adelantar la acci\u00f3n por cuanto ostentaron la condici\u00f3n de propietarios del inmueble suplicado en restituci\u00f3n, \u00abderecho que no fue disputado por la oposici\u00f3n, fue adquirido en com\u00fan y proindiviso por adjudicaci\u00f3n del Incora mediante resoluci\u00f3n 0189 del 12 de marzo de 1996, registrada en la anotaci\u00f3n No. 1 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 303-59446\u00bb. <\/p>\n
Analiz\u00f3 si los demandantes ostentaban la calidad de v\u00edctimas del conflicto armado, para concluir que, <\/p>\n
\u00abde las declaraciones estas que aparte de ser coincidentes, vienen revestidas de la tan especial presunci\u00f3n de buena fe contemplada en el art\u00edculo 5 de la ley 1448 del 201141, en trat\u00e1ndose de v\u00edctimas del conflicto armado, circunstancia que robustece a\u00fan m\u00e1s su ya sincr\u00f3nico relato; sin embargo, ante el cuestionamiento presentado por el opositor y que apunta directamente a debatir dichos sucesos, debe resaltarse que fulguran medios suasorios suficientes para ratificar las declaraciones expuestas y de contera la calidad de v\u00edctima de los reclamantes\u00bb. <\/p>\n
Trajo a colaci\u00f3n la declaraci\u00f3n rendida por Concepci\u00f3n Chac\u00f3n Solano el 15 de febrero del 2001 ante la Defensor\u00eda del Pueblo regional Santander, para se\u00f1alar que <\/p>\n
\u00abadem\u00e1s de la precisi\u00f3n en los sucesos, esta probanza evidencia tambi\u00e9n el grado de urgencia con el que los reclamantes emergieron de la regi\u00f3n y, claro, al haber declarado tan prontamente y ya hace tantos abriles, \u00e9poca en la que ni por asomo exist\u00eda la ley 1448 del 2011, desvanece el argumento dirigido a se\u00f1alar que la presente acci\u00f3n tuvo un inter\u00e9s ileg\u00edtimo, motivado \u00fanicamente por la oferta institucional de la UAEGRTD. Aunado, esta documental fue aportada por la UARIV, siendo la declaraci\u00f3n base para su inclusi\u00f3n y hoy permanencia en el RUV y aunque en verdad la calidad de v\u00edctima no depende de acreditaci\u00f3n institucional mi mucho menos de la inscripci\u00f3n en dicho registro, pues se trata de una condici\u00f3n de facto y no de derecho, este reconocimiento de veras que s\u00ed ratifica los sucesos narrados por los promotores de esta acci\u00f3n pues fue preciso e inequ\u00edvoco. No prospera entonces la excepci\u00f3n denominada \u201cinverosimilitud de los relatos de los hechos por parte de los reclamantes\u00bb. <\/p>\n
\u00abcomo ya se explan\u00f3 se presume fidedigna y en la que participaron pobladores de la vereda San Rafael de Payoa de Sabana de Torres, donde se ubica el inmueble reclamado, quienes dejaron plasmado que Isidoro \u201csali\u00f3 de la vereda porque lo amenazaron\u201d, reconociendo asimismo que \u201cle pusieron un plazo, que ten\u00eda que irse\u201d debido a que no comulgaba con los intereses de los grupos armados ni acced\u00eda a sus extorsiones, por lo que \u201cel ganadito que \u00e9l ten\u00eda lo entreg\u00f3\u201d y \u201cse fue con sus checheritos lo que m\u00e1s pudo rapidito y su familia\u201d (Sic)\u00bb. <\/p>\n
Al referirse a los cuestionamientos del contradictor, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) lo cierto es que en meras argumentaciones se qued\u00f3 por cuanto no aport\u00f3 elemento probatorio alguno en su contra; ni siquiera present\u00f3 testigos que pudieran contradecir la informaci\u00f3n en \u00e9l contenida, fue entonces m\u00e1s el \u00edmpetu de cuestionar que efectividad en desvirtuar dicho medio suasorio, a\u00fan m\u00e1s cuando las imprecisiones en los relatos ofrecidos por terceros, sin duda ante el transcurrir del tiempo se ven justificados; con todo, las narraciones brindadas por ellos en verdad que s\u00ed reflejan el trasegar del campesino que otrora luchaba por explotar sus tierras como resulta predicable del solicitante, actividad que como se dej\u00f3 sentado en el contexto antes mencionado, siempre ha tenido a su espalda la violencia y, claro, el evidente abandono del Estado, entonces, sus declaraciones devienen cre\u00edbles debido a su cercan\u00eda y conocimiento de la regi\u00f3n. No se prob\u00f3 lo contrario, siendo competencia ello del opositor\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) comprobado est\u00e1 que en efecto los solicitantes y su n\u00facleo familiar s\u00ed tuvieron que salir con urgencia y ante una inminente amenaza de muerte, todo lo cual permite atribuirles la calidad de v\u00edctimas del conflicto armado en raz\u00f3n a su desplazamiento forzado, claras infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos. Esta es la verdad tan exigida por el contradictor en su escrito de r\u00e9plica, raz\u00f3n por la cual, no hay lugar a considerar que hubo temeridad o mala fe en el proceder de los reclamantes\u00bb. <\/p>\n
Frente a la p\u00e9rdida de la relaci\u00f3n jur\u00eddica con el predio como consecuencia directa o indirecta del conflicto armado, esboz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) debi\u00f3 entonces el Incora adoptar las medidas previstas en la ley 387 de 1997 para evitar que el fundo fuera vendido pues de presente se le puso la condici\u00f3n de desplazamiento en la que se encontraban los adjudicatarios, contrario a ello, se omiti\u00f3 el deber de verificaci\u00f3n y de manera extra\u00f1a al parecer guard\u00f3 silencio. Y es que el desplazamiento forzado no solo implica que la v\u00edctima deba salir de su domicilio o trabajo, ello conlleva innumerables perjuicios econ\u00f3micos y morales pues pone a la persona en condici\u00f3n de total desprotecci\u00f3n, no solo lo aleja del que era su hogar, tambi\u00e9n aniquila sus ingresos que, como en el presente dependen \u00fanicamente del fundo que se pretende en restituci\u00f3n, todo ello debido al riesgo o amenaza directa contra su vida o integridad personal72 , escenario que en efecto fue narrado por la solicitante al ser consultada sobre la raz\u00f3n por la cual vendieron, pues al respecto dijo en estrados: \u201c(\u2026) nos dijeron que ten\u00edamos que irnos (\u2026) que no nos dejaban sino 15 d\u00edas (\u2026) y a la hora de la verdad no ten\u00edamos plata, no ten\u00edamos nada para poder ir a alg\u00fan lado, y nos dijeron, no los queremos ver en Santander, entonces de todas maneras pues vendimos eso para poderle pagar a Incoder y hacer todas las vueltas que toc\u00f3 que hacer (\u2026)\u201d, manifestaci\u00f3n que resulta conteste con lo se\u00f1alado por su esposo Isidoro quien dej\u00f3 plasmado en etapa administrativa que73 \u201cNo ten\u00eda otra alternativa, yo estaba desesperado porque no sab\u00eda qu\u00e9 hacer con mi familia, sin dinero ni nada con que mantener a mi familia (\u2026) a m\u00ed me toc\u00f3 recibir lo que me ofrecieron (\u2026)la plata que nos qued\u00f3 fue muy poquita. La platica la gastamos tratando de subsistir\u201d Sic (\u2026). <\/p>\n
Corolario, la \u201ctacha de la condici\u00f3n de despojados\u201d propuesta por el contradictor tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aunque repiti\u00f3 que Isidoro y Concepci\u00f3n no cumplen con el requisito estipulado en el art\u00edculo 75 de la ley 1448 del 2011, ning\u00fan medio suasorio tiene val\u00eda para respaldar su tesis, al punto que el propio Luis Orlando Rugeles luego de expresar que Isidoro se fue de la regi\u00f3n porque seg\u00fan \u00e9l, tuvo algunos inconvenientes con los vecinos, termin\u00f3 reconociendo que \u201c(\u2026) el caso del se\u00f1or Isidoro y el otro que vendi\u00f3 uno de ellos palmeros fueron de los poquitos que vendieron en esa \u00e9poca, pero que yo sepa nunca los desplazaron, sino que vendieron porque la cosa en la zona tuvo una \u00e9poca dif\u00edcil\u201d 74 (Sic), por su parte, \u00d3scar Manuel Jim\u00e9nez Urrea75 adem\u00e1s de dar fe sobre la buena reputaci\u00f3n del opositor nada en concreto aport\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, se pronunci\u00f3 sobre la buena fe exenta de culpa o \u00absegunda ocupancia\u00bb, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Gonzalo Augusto y Natalia Zapata luego de un recuento doctrinario, normativo y jurisprudencial sobre el concepto de Buena fe (simple) indicaron que se han caracterizado por tener condiciones \u00e9ticas y morales intachables, bajo las cuales actuaron de manera recta y con plena conciencia de haber adquirido el predio \u201cMiraflores\u201d verificando la regularidad de la situaci\u00f3n, pues al momento en que se ejecut\u00f3 el acto jur\u00eddico tendiente a obtener la titularidad del derecho de dominio, hubo conciencia plena que estaba rodeado de legalidad y por ende, no existi\u00f3 coacci\u00f3n ni favorecimiento de una condici\u00f3n de indefensi\u00f3n propiciada por un desplazamiento o abandono forzado. No obstante, en el escrito de oposici\u00f3n ninguna aseveraci\u00f3n enfocada a comprobar el exigido proceder cualificado se argument\u00f3 (\u2026). <\/p>\n
Entonces frente a la ausencia de una m\u00ednima probanza lo evidente es que en verdad no realiz\u00f3 las actuaciones que dijo desplegar pues, cuando menos debi\u00f3 consultar ante las autoridades, en principio \u2013 si es que no se hab\u00eda percatado- s\u00ed hubiese encontrado informaci\u00f3n sobre el sector y su convulsionado orden p\u00fablico toda vez que el municipio de Sabana de Torres padec\u00eda el conflicto armado y la confluencia de distintas estructuras ilegales desde anta\u00f1o lo cual, sin lugar a dudas, era un hecho notorio (\u2026). <\/p>\n
Dicho esto, lo \u00fanico evidente es que ni siquiera actuaron bajo el principio de la buena fe simple pues a pesar de que adquirieron su derecho del leg\u00edtimo propietario, no realizaron una efectiva averiguaci\u00f3n frente a los antecedentes del fundo y por sobre todo de su origen, raz\u00f3n por la cual, sin lugar a dudas, se concluye que no acreditaron el exigido est\u00e1ndar superlativo por lo que no procede a su favor la compensaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo relacionado con el reconocimiento judicial de la calidad de segundos ocupantes, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe sobra las probanzas aportadas dan cuenta que, pese a la no participaci\u00f3n de los opositores en la configuraci\u00f3n del despojo, no son merecedores de ser reconocidos como ocupantes secundarios pues no habitan el fundo a restituir ya que su lugar de residencia se establece en el casco urbano de Medell\u00edn (Antioquia). Aunado, conforme el reporte de la Superintendencia de Notariado y Registro, son due\u00f1os de m\u00e1s de una treintena de propiedades a lo largo de pa\u00eds (\u2026). <\/p>\n
Con lo transcrito basta para ratificar que los opositores no presentan condici\u00f3n de debilidad alguna ni se afecta su derecho a la vivienda digna con la consecuente restituci\u00f3n, toda vez que, cuenta con otros inmuebles que garantizar\u00e1n la satisfacci\u00f3n dicha prerrogativa; tampoco se vulnera m\u00ednimo vital pues, poseen otras rentas que les permitir\u00e1n suplir sus necesidades, raz\u00f3n por la cual, no procede a su favor medida alguna ni el reconocimiento como ocupantes secundarios\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como buscan los sedicentes, quienes aspiran imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- En lo que concierne con el pedimento tendiente a que se ordene a la Agencia Nacional de Tierras que revise \u00abla revocatoria directa de la Resoluci\u00f3n 189 de marzo de 1.996\u00bb, se observa que los accionantes no han acudido a esa entidad a reclamar dicha \u00abrevisi\u00f3n\u00bb, lo que torna inviable este sendero, pues bien es sabido que este camino <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para (\u2026) reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (se enfatiza CSJ STC1423-2020 y STC11965-2021 entre otras). <\/p>\n
5.- Son estas razones las que conllevan al fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela promovida por Gonzalo Augusto Restrepo Madrigal y Natalia Ang\u00e9lica Zapata Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1275-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC1275-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00265-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se desata la tutela que Gonzalo Augusto Restrepo Madrigal y Natalia Ang\u00e9lica Zapata […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61152","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61152","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61152"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61152\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61152"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61152"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61152"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}