STC1278-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1278-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01760-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 12 de octubre de 2021, con la cual se neg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabi\u00e1n Salazar Herrera contra el Juzgado Catorce Penal del Circuito con Funciones de conocimiento de Bogot\u00e1 y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, por medio de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, favorabilidad penal e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales cuestionadas en el marco del proceso de radicado 2018-80247. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que el juzgado censurado con sentencia del 31 de julio de 20191 resolvi\u00f3 condenar al querellante a una pena principal de 206 meses de prisi\u00f3n, al encontrarlo responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os, agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo. No obstante, el 2 de julio siguiente2, luego de haberse surtido el debate probatorio y los alegatos de conclusi\u00f3n, el Juzgado encartado profiri\u00f3 el sentido del fallo, en el cual orden\u00f3 la expedici\u00f3n de la orden de captura, toda vez que este no se encontraba privado de la libertad. <\/p>\n
2.1. Inconforme con determinaci\u00f3n condenatoria, el actor formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. Sin embargo, el tribunal accionado la confirm\u00f3 el 3 de diciembre de 2020. Asimismo, contra esa decisi\u00f3n, present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual se encuentra en curso. <\/p>\n
2.2. El 9 de diciembre de 2020 present\u00f3 \u00absolicitud de libertad por favorabilidad\u00bb ante juzgado encartado, al considerar que pese a que el proceso se adelanta bajo los par\u00e1metros de la ley 906 de 2004, se debe dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 188 de la ley 600 de 2000. <\/p>\n
2.3. El Juzgado enjuiciado, con prove\u00eddo del 11 de diciembre de 20203 neg\u00f3 la pretensi\u00f3n del libelista. Para ello, argument\u00f3 que al no ser institutos jur\u00eddicos similares los dispuestos en los art\u00edculos 188 de la Ley 600 de 2000 y el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004, no tiene cabida el principio de favorabilidad. Tal decisi\u00f3n fue confirmada por el Colegiado accionado el 24 de marzo de 20214. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, se ordene \u00aba la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo y recepci\u00f3n del asunto, deje sin efecto la decisi\u00f3n del 24 de marzo de 2021, y en su lugar, desate nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n frente al auto que neg\u00f3 la libertad por favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 326 Judicial Penal I de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones procesales surtidas. Seguidamente, expres\u00f3 que \u00abla interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n dada en las decisiones de primera y segunda instancia sobre el inciso segundo del art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004 se encuentran ajustadas a los par\u00e1metros legales y a la l\u00ednea jurisprudencial que ha sentado el \u00f3rgano de cierre de casaci\u00f3n en materia penal, es decir, la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Penal, por lo que los jueces de primera y segunda instancia se encontraban investidos por el principio de autonom\u00eda funcional para resolver el asunto\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, resalt\u00f3 que \u00abtampoco se puede desconocer que sus decisiones est\u00e1n amparadas bajo los principios de legalidad y acierto, siendo esos motivos por los cuales esta acci\u00f3n de amparo no puede prosperar, por cuanto inexiste vulneraci\u00f3n a alg\u00fan derecho o garant\u00eda sustancial como lo pregona el Defensor de Confianza del encartado FABIAN SALAZAR HERRERA\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 14 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, aportaron al presente tr\u00e1mite constitucional las decisiones refutadas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, despu\u00e9s de analizar los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, neg\u00f3 por improcedente el amparo. Para ello, advirti\u00f3 que \u00aben las providencias atacadas no se configura el defecto exaltado, comprendi\u00e9ndose que, independientemente de si se amolda o no a las expectativas del se\u00f1or SALAZAR HERRERA, en las mismas no se omiten o se dejan de aplicar principios superiores; mucho menos se avizora que se fundamente en una disposici\u00f3n inaplicable al caso ni que hayan sido ignoradas normas previstas para la resoluci\u00f3n de la especial coyuntura. Por el contrario, est\u00e1 soportada en un precedente emitido por el \u00f3rgano de cierre en la especialidad penal en punto al tema en debate\u00bb. Igualmente, consider\u00f3 que \u00abestos razonamientos no pueden controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando de manera alguna se perciben ileg\u00edtimos o caprichosos. Entonces, bajo el entendido de que la v\u00eda de amparo no es una herramienta jur\u00eddica adicional y que en este evento se convertir\u00eda, pr\u00e1cticamente, en una tercera instancia, no es adecuado plantear por este sendero la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad originadas en la supuesta arbitrariedad en la interpretaci\u00f3n de las reglas aplicables al caso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inaugural. No comparte la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia e insiste en la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante, con ocasi\u00f3n de la providencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 24 de marzo de 2021, con la cual se confirm\u00f3 negar la solicitud de \u00ablibertad por favorabilidad\u00bb implorada. <\/p>\n
2. Se observa que el Juzgado accionado en sentencia del 31 de julio de 2019, conden\u00f3 al actor a 206 meses de prisi\u00f3n. Previamente, en la audiencia de continuaci\u00f3n del juicio oral llevada a cabo el 2 de julio de la misma anualidad, anunci\u00f3 el sentido del fallo condenatorio y orden\u00f3 su captura. <\/p>\n
2.1. Frente a la anterior decisi\u00f3n, solicit\u00f3 la libertad, al considerar que en su caso se debe aplicar el art\u00edculo 188 de la ley 600 de 2000 por ser m\u00e1s favorable y no el art\u00edculo 450 de la ley 906 de 2004. <\/p>\n
2.2. En raz\u00f3n a ello, el juzgado enjuiciado con providencia del 11 de diciembre de 2020 neg\u00f3 la pretensi\u00f3n invocada. Para ello, comenz\u00f3 por explicar el principio de favorabilidad penal y el alcance interpretativo de los art\u00edculos cuestionados. Y, precis\u00f3 que \u00abes menester resaltar que la Ley 600 de 2000 no contempla un instituto semejante al sentido del fallo, circunstancia que debe llamar la atenci\u00f3n el Despacho, pues esto lleva a concluir que las normativas previamente citadas no constituyen institutos jur\u00eddicos similares, pues n\u00f3tese que el sentido del fallo dista completamente de la detenci\u00f3n preventiva, en el entendido que el primero est\u00e1 soportado en un grado progresivo de conocimiento, como lo es la certeza, la cual se va adquiriendo conforme el proceso se desarrolla.\u00bb <\/p>\n
Por lo tanto, concluy\u00f3 que \u00abcomo bien se expuso, al no ser institutos jur\u00eddicos similares los dispuestos en los art\u00edculos 188 de la Ley 600 de 2000 y el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004, este Despacho, en virtud de las reglas expuestas por la Corte Constitucional, considera que no tiene cabida el principio de favorabilidad, en el sentido de aplicar la primera normatividad en lugar de la segunda y, por tanto, se negar\u00e1 la solicitud de libertad elevada por la defensa del ciudadano Fabi\u00e1n Salazar Herrera.\u00bb <\/p>\n
2.3. Inconforme con esa decisi\u00f3n, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con prove\u00eddo del 24 de marzo de 2021 la confirm\u00f3. Para el efecto, inici\u00f3 por referirse a la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, y se\u00f1al\u00f3 que \u00abcuando hay coexistencia de legislaciones, debe analizarse por parte del juez si se est\u00e1 ante la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica, aspecto que fue sustento principal de la a quo para negar la solicitud de libertad impetrada por el defensor\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 188 de la ley 600 de 2000 y el art\u00edculo 450 de la ley 906 de 2004, explic\u00f3 que \u00absi bien es cierto, la orden de aprehensi\u00f3n que se emite en virtud de la condena, tanto en Ley 600 como en 906, tiene como sustento alcanzar el cumplimiento de la pena, es claro que el legislador de 2000 condicion\u00f3 su materializaci\u00f3n a la ejecutoria de la decisi\u00f3n; en cambio, el constituyente derivado de 2006, haciendo uso de la reserva legal, determin\u00f3 que no era necesario tal condicionamiento, sino que la privaci\u00f3n de la libertad, una vez emitido el sentido del fallo, la someti\u00f3 a la ponderaci\u00f3n de los moduladores de la actividad procesal penal; \u00ab necesidad, ponderaci\u00f3n, legalidad y correcci\u00f3n de comportamiento\u00bb . Esa es la diferencia que, para el caso que estudia la Sala, impide aseverar que el inciso final del art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000 es aplicable en lugar del art. 450 de la Ley 906 de 2004.\u00bb <\/p>\n
Asimismo, realiz\u00f3 un estudio del principio de igualdad y el desarrollo interpretativo realizado por la Corte Constitucional. <\/p>\n
3. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.5 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio6. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia penal a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-19. Anexo No. 2.pdf. Carpeta 1 119001REPARTO <\/p>\n
2\u0002 Folio 47. Anexo No. 1.pdf. Carpeta 1 119001REPARTO <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-6. Anexo No. 4.pdf. Carpeta 1 119001REPARTO <\/p>\n
4\u0002 Folio 2-5. anexo No. 5.pdf. Carpeta 1 119001REPARTO <\/p>\n
5\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
6\u0002 Esto es, en el caso concreto, no se advierte ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n positiva (CC T 916 -2008), ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n negativa (por un lado, CC sentencias C-548 de 1997, C-874 de 2003 y C- 102 de 2005, por otro, CC T 949-003 y CC T 264-2009). <\/p>\n
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