STC1281-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1281-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2021-00223-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 29 de noviembre de 2021, que deneg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Julieta Berr\u00edo Cadavid contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, por medio de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad cuestionada al interior de los procesos de filiaci\u00f3n extramatrimonial, petici\u00f3n de herencia y ejecutivo. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que tras el fallecimiento de su padre -Arnulfo Berr\u00edo- ocurrido el 16 de junio de 2003, Alberto Berr\u00edo Mart\u00ednez y Nelly Berrio Mart\u00ednez adelantaron ante el Juzgado accionado proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial contra los herederos indeterminados del causante, persiguiendo el reconocimiento como hijos extramatrimoniales. <\/p>\n
2.1. Sostuvo que en dicho proceso no se realiz\u00f3 la prueba gen\u00e9tica de ADN, por lo que su tr\u00e1mite se adelant\u00f3 con las pruebas testimoniales, documentales e interrogatorio de parte, el cual, culmin\u00f3 con sentencia del 25 de septiembre de 20061, con cual se determin\u00f3 que los demandantes eran hijos extramatrimoniales del causante. <\/p>\n
2.2. Con fundamento en la anterior determinaci\u00f3n, Nelly y Alberto Berr\u00edo Mart\u00ednez promovieron proceso de petici\u00f3n de herencia en contra de la tutelante y sus hermanos. El asunto tambi\u00e9n correspondi\u00f3 al Juzgado recriminado, en el cual, varios demandados solicitaron la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica de ADN, la cual dio como resultado que \u00abel se\u00f1or ALBERTO BERRIO MARTINEZ se excluy\u00f3 como hijo biol\u00f3gico del causante ARNULFO BERRIO, mientras que la se\u00f1ora NELLY BERRIO MARTINEZ no se excluy\u00f3 como hija biol\u00f3gica del mismo causante\u00bb. <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, la actora solicit\u00f3 al despacho acusado dejar sin efecto la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2006. Sin embargo, tal pedimento fue negado con prove\u00eddo del 28 de enero de 2008. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que, ante el incumplimiento de lo acordado, los demandantes promovieron proceso ejecutivo singular, del cual conoci\u00f3 la autoridad enjuiciada, quien decret\u00f3 el embargo y secuestro de los bienes inmuebles identificados con matr\u00edculas inmobiliarias 380-360, 380-4004 y 380-19098. Manifest\u00f3 que dicho litigio, \u00abestuvo inactivo por m\u00e1s de doce a\u00f1os, por cuenta de que los ejecutantes NELLY BERRIO y ALBERTO BERRIO no adelantaron ning\u00fan tr\u00e1mite o diligencia para notificar a los demandados ni para darle continuidad al mismo desde el 27 de noviembre de 2008\u00bb. <\/p>\n
2.5. Seguidamente, expres\u00f3 que ella y los dem\u00e1s copropietarios de los bienes le propusieron a Nelly Berr\u00edo Mart\u00ednez comprarle sus derechos herenciales por el valor acordado en la conciliaci\u00f3n, motivo por el cual, la se\u00f1ora Berr\u00edo solicit\u00f3 el levantamiento de los embargos. A tal petici\u00f3n accedi\u00f3 el Juzgado atacado mediante auto del 11 de marzo de 20213. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, inconforme con tal decisi\u00f3n, Alberto Berr\u00edo Mart\u00ednez formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. Por tanto, la c\u00e9lula Judicial cuestionada, con providencia del 7 de abril de la misma anualidad4 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n, \u00aba pesar de que el apoderado de NELLY BERRIO MARTINEZ manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a esta decisi\u00f3n dentro del traslado respectivo, providencia en la que no se tuvo en cuenta la aplicaci\u00f3n de normas procesales que le obligaban a dar por terminado dicho proceso por causales de desistimiento t\u00e1cito y a la cancelaci\u00f3n o levantamiento de las medidas de embargo ordenadas dentro del citado proceso\u00bb. <\/p>\n
2.6. Finalmente, adujo que las actuaciones y decisiones realizadas por el Juzgado censurado al interior de cada uno de los procesos se encuentran permeadas por un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto. Y que tambi\u00e9n constituyen un defecto f\u00e1ctico por omisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo expuesto, que se declaren nulas todas las providencias y actuaciones judiciales emitidas y realizadas por la autoridad accionada en los procesos referidos. En consecuencia, se deje sin efecto el acuerdo conciliatorio judicial celebrado el 28 de febrero de 2008. Y, se ordene \u00abel levantamiento de todas las medidas cautelares de embargo y secuestro ordenadas y actualmente vigentes que existen sobre los bienes inmuebles identificados con M.I. 380-360, 380-4004 y 380-1909\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo5 solicit\u00f3 negar por improcedente el amparo a falta del requisito de inmediatez. Asever\u00f3 que \u00abNo es cierto que a la accionante se le haya vulnerado derecho fundamental alguno porque toda la actuaci\u00f3n, surtida con acompa\u00f1amiento de apoderado debidamente constituido, ha sido conocida por la se\u00f1ora JULIETA BERR\u00cdO CADAVID, quien ha tenido la oportunidad de intervenir y controvertir las decisiones del Despacho\u00bb. Adem\u00e1s, aclar\u00f3 que \u00abla sentencia mediante la cual se declar\u00f3 que los se\u00f1ores NELLY BERR\u00cdO MART\u00cdNEZ y ALBERTO BERR\u00cdO MART\u00cdNEZ son hijos extramatrimoniales de ARNULFO BERR\u00cdO, la cual qued\u00f3 en firme, los habilit\u00f3 para iniciar el proceso de petici\u00f3n de herencia, en desarrollo del cual se celebr\u00f3 acuerdo conciliatorio entre las partes procesales y el pago de una determinada suma de dinero para los demandantes; obligaci\u00f3n que al no haber sido cumplida determin\u00f3 la iniciaci\u00f3n de un ejecutivo singular dentro de la misma causa\u00bb. <\/p>\n
2. La apoderada de Alberto Berr\u00edo Mart\u00ednez puntualiz\u00f3 que \u00abNinguna raz\u00f3n le asiste a la accionante en la presente tutela, quien pretende, anular procesos debidamente ejecutoriados como son los que trae a colaci\u00f3n en esta acci\u00f3n la cual no estableci\u00f3 el legislador para los fines que se pretenden; pues los t\u00e9rminos son improrrogables y de obligatorio cumplimiento. Cabe resaltar que las nulidades son taxativas y se deben alegar dentro de las oportunidades que consagra nuestro estatuto procedimental civil\u00bb. Por \u00faltimo, pidi\u00f3 \u00abno acceder a la Tutela Deprecada por el accionante, ya que carece de fundamentos legales y no es el mecanismo id\u00f3neo para lo pretendido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal constitucional de Buga declar\u00f3 improcedente el amparo. Para ello, consider\u00f3 que \u00abcarece de inmediatez, pues su interposici\u00f3n desbord\u00f3 el plazo de los seis (6) meses fijado por la jurisprudencia como tiempo razonable, ya que han transcurrido, m\u00e1s de siete (7) meses a la data de la providencia que a su juicio tambi\u00e9n resulta ser ilegal, lapso para que la Sala es desproporcionado. Resulta inviable flexibilizar el an\u00e1lisis del citado presupuesto, en la medida que, de ninguna manera la accionante aleg\u00f3 y menos demostr\u00f3 un motivo que le impidiera gestionar la defensa de los derechos fundamentales a trav\u00e9s de otro mecanismo y en forma oportuna, de tal manera que se superara el test de inmediatez, por lo que solo a ella le es imputable tal descuido. Adem\u00e1s, se observa que siempre cont\u00f3 con la asistencia de apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, encontr\u00f3 el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues \u00abno aflora que la accionante, como tampoco los vinculados hayan elevado solicitud al juez natural al interior del proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial en procura de ponerle freno a los hipot\u00e9ticos yerros enrostrados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inicial. No comparte la decisi\u00f3n de primera instancia, pues sostiene que \u00abes notorio en el fallo impugnado que se le reprocha reiteradamente a la accionante no haber promovido tal o cual acci\u00f3n judicial o actuaci\u00f3n procesal en defensa de sus derechos, sin tener en cuenta que la se\u00f1ora JULIETA BERRIO CADAVID no es abogada ni experta en temas jur\u00eddicos ni de familia. Y si bien dentro del proceso de petici\u00f3n de herencia acudi\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado judicial, es patente que dicho jurista asesor\u00f3 de forma deplorable a su cliente, pues la interposici\u00f3n de recursos por v\u00eda ordinaria o extraordinaria que se le reclaman a la accionante y la misma celebraci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n con un demandante que no ten\u00eda derecho alguno eran responsabilidad absoluta del profesional del derecho que asumi\u00f3 su representaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, la accionante pretende que se declare la nulidad de todas las providencias y actuaciones judiciales emitidas por la autoridad acusada en los procesos de filiaci\u00f3n extramatrimonial, petici\u00f3n de herencia y ejecutivo singular. En consecuencia, se ordene el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro que recaen sobre los inmuebles referidos. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2.1. Pues bien, frente al primero, y de acuerdo con las probanzas obrantes en el expediente, la Sala concluye su incumplimiento. Ello es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profirieron las determinaciones recriminadas, esto es, -sentencia del 25 de septiembre de 2006, con la cual se declar\u00f3 que Arnulfo Berr\u00edo \u00abes el padre extramatrimonial de los se\u00f1ores Nelly y Alberto Mart\u00ednez\u00bb, providencia del 29 de febrero de 2008 que culmin\u00f3 el proceso de petici\u00f3n de herencia y la del 7 de abril de 2021 que revoc\u00f3 \u00abel Auto de Familia No 131 de fecha marzo 11 de 2021, mediante el cual se decret\u00f3 el levantamiento de medidas ejecutivas\u00bb- y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela -el 11 de noviembre de 2021-. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido las determinaciones objeto de reproche. <\/p>\n
Lo anterior resulta relevante, porque pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla en un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio. Y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. Por tanto, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. Por supuesto, en el presente asunto no se evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio anotado. <\/p>\n
2.2. Por otro lado, y en punto al segundo presupuesto, la Sala resalta que no obra en el expediente prueba de que la gestora en el proceso de filiaci\u00f3n hubiese interpuesto la nulidad alegada -numeral 9 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la cual era aplicable para ese momento-. Igualmente, en el proceso de partici\u00f3n, tampoco plante\u00f3 lo dispuesto en el numeral 4 del art\u00edculo 10 de la ley 75 de 1968, referente a los efectos patrimoniales de la declaraci\u00f3n de filiaci\u00f3n. Lo mismo sucedi\u00f3 en el proceso ejecutivo, en el cual no formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n de que trata el numeral 5 del art\u00edculo 351 del C.P.C. contra la determinaci\u00f3n del 12 de noviembre de 2013 -que rechaz\u00f3 la nulidad propuesta por la parte demandada-, mecanismos de defensa que ten\u00eda a su alcance y los desaprovecho. Por tanto, tales omisiones imposibilitan el uso de esta senda constitucional, que no puede ser usada como una instancia adicional para remediar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala, en reiteradas oportunidades ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3. Para terminar, y en cuanto a lo se\u00f1alado por la impugnante referente a la actuaci\u00f3n del apoderado al interior del proceso ejecutivo, se resalta que, si considera que hay una actuaci\u00f3n irregular que deba ser investigada, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades competentes, asumiendo su responsabilidad y las consecuencias derivadas de ello. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n a sostenido que: <\/p>\n
\u00abla contingente incuria de los apoderados judiciales [\u2026] en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n pues aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a \u00e9stos y no al juez acusado, dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, \u2018…porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de …los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal…\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u201d\u00bb (CSJ STC, 7 nov. 2013, rad. 2013-02516-00 \u2013 STC 6399-2021); adem\u00e1s, que no se puede \u00abdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (CSJ STC, 29 ene. 2007, rad. 2006-00282-01- STC 6399-2021), ni tampoco puede perderse de vista que \u00abexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00365-01, reiterada en CSJ STC, 19 ene. 2012, rad. 2011-01601-01 y STC10177-2018 \u2013 STC 6399-2021). <\/p>\n
4. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Folio 208-2010. Anexo01.PETICI\u00d3N DE HERENCIA 2006-00294-00 No 1.pdf.Carpeta Petici\u00f3n Herencia <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-5. Anexo 5Autolevantamedida.pdf. Carpeta Ejecutivo <\/p>\n
4\u0002 Folio2-6 Anexo 16Autoconcederecurso.pdf. Carpeta Ejecutivo <\/p>\n
5\u0002 Folio 4-9. Anexo 07JuzgadoPcuoFamiliaRoldanillo.pdf <\/p>\n
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