STC1284-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1284-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00240-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Andr\u00e9s An\u00edbal Casas Piedrahita, quien dice actuar en nombre de Juan Guillermo Mesa, Amparo de Jes\u00fas Salazar, Mar\u00eda Elena, Omar Alberto, Ana Catalina y Jos\u00e9 Alejandro Mesa Salazar contra la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 05001-31-03-002-2011-00297-01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, legalidad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de quienes adujo representar. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, expuso los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 6 de mayo de 2011, Fabio Antonio G\u00f3mez, en calidad de comprador de la retroexcavadora de placas CHR 11, present\u00f3 demanda de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa contra los herederos de Jes\u00fas Omar Mesa Posada. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite pertinente, el 10 de noviembre de 2020, el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medell\u00edn emiti\u00f3 fallo de primer grado, negando las pretensiones. <\/p>\n
2.3. El 29 de octubre de 2021, la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn revoc\u00f3 lo decidido por el a quo, declar\u00f3 resuelto el contrato de compraventa objeto de la litis y conden\u00f3 al pago de ciertos emolumentos a cargo de los accionados. Posteriormente, neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El actor censura que se vulneraron los derechos de sus representados, porque la providencia del Tribunal no guarda consonancia con los hechos y las excepciones propuestas. <\/p>\n
Lo anterior, sustentando en que, en su criterio, carece de fundamento lo referido por el ad quem frente a que no se aport\u00f3 prueba de que la autoridad registral de tr\u00e1nsito haya negado alguna solicitud de inscripci\u00f3n, pues se evidenci\u00f3 que se \u00abhicieron todos los actos preparatorios para lograr el tr\u00e1mite de traspaso, como se denota en el interrogatorio de parte al se\u00f1or JUAN GUILLERMO MESA\u2026\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, arguy\u00f3 que no era de recibo lo dispuesto por el Tribunal, en tanto solo oblig\u00f3 al demandante a restituir el bien, sin indicar que deb\u00eda hacerlo \u00aben el estado conforme a como lo recibi\u00f3, (\u2026) con el pago de las obligaciones de impuestos desde el momento en que es el poseedor del bien\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el actor incorpor\u00f3 fotos de la maquinaria, se\u00f1alando que, a la fecha, \u00abha tenido un gran deterioro, y (\u2026) que (\u2026) se observa que las llantas tienen muestra de pantano y trabajo, presentando adem\u00e1s la pala delantera izada. (\u2026) Lo que hace inferir que el tenedor el se\u00f1or FABIO ANTONIO G\u00d3MEZ G\u00d3MEZ, ha hecho uso y goce del bien mueble a lo largo de m\u00e1s de 10 a\u00f1os, donde se ha podido generar y lucrarse de los frutos civiles\u00bb. <\/p>\n
A su vez, se\u00f1al\u00f3 que se vulneraron los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 38 de la Ley 153 de 1887, 1603, 1604, 1909 del C\u00f3digo Civil y el 871 del C\u00f3digo de Comercio. Esto, debido a que el traspaso del veh\u00edculo no se pudo llevar a cabo ya que, en la \u00e9poca de los hechos, exist\u00eda un vac\u00edo jur\u00eddico que no lo permit\u00eda, que fue suplido con la Resoluci\u00f3n 0012335 de 2012, de lo cual concluy\u00f3 que \u00abNo fue por culpa o conducta negligente (\u2026) el hecho de no haber podido realizar tal tramite\u00bb y destac\u00f3 que aqu\u00e9l \u00abno era un requisito sin el cual el Comprador hubiera podido poner en funcionamiento la m\u00e1quina retroexcavadora\u00bb; adem\u00e1s, que el demandante era \u00abes un poseedor de mala fe, raz\u00f3n por la cual debe ser obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, cuestion\u00f3 que la mora judicial generada en el proceso por m\u00e1s de 10 a\u00f1os \u00abperjudic\u00f3 a los codemandados -vendedores- quienes sin su culpa o responsabilidad se ven (\u2026) obligados a pagarle al comprador el precio\u00bb del bien y los intereses. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene a la autoridad judicial accionada revocar la sentencia del 29 de octubre de 2021, confirmando la emitida en primera instancia por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, que se condene en costas al demandante en el proceso natural y que se le exija a la Secretar\u00eda de Movilidad de Medell\u00edn el cambio de propietario de la retroexcavadora, para que figure a nombre de Fabio Antonio G\u00f3mez G\u00f3mez. <\/p>\n
Como pretensiones subsidiarias, requiri\u00f3 que se adicione la sentencia de segunda instancia, condenando el pago de frutos civiles por valor de $186.735.708 a cargo del demandante y que se exhorte al adquiriente a pagar los impuestos, grav\u00e1menes y multas que se hayan generado desde el momento en que recibi\u00f3 el bien. <\/p>\n
II. RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
1. Juan Alberto Arroyave Maya, quien obr\u00f3 como apoderado de Fabio Antonio G\u00f3mez G\u00f3mez en el juicio en cuesti\u00f3n, afirm\u00f3 que el amparo carec\u00eda de los presupuestos procesales necesarios, por cuanto \u00abel abogado Andr\u00e9s Casas Piedrahita, no ostenta derecho de postulaci\u00f3n para impetrar la presente acci\u00f3n pues no aporta poder especial y espec\u00edfico para la presentaci\u00f3n de dicha acci\u00f3n\u00bb. Por otro lado, consider\u00f3 que no puede el accionante utilizar la tutela como una tercera instancia ni reclamar pretensiones que no formul\u00f3 en las respectivas etapas. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn se remiti\u00f3 a los argumentos expuestos en la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn adujo que los defectos esbozados por el accionante \u00abno pasan de ser un desacuerdo con la valoraci\u00f3n probatoria aplicada\u00bb y que la providencia atacada no incurri\u00f3 \u00aben un grave error en la interpretaci\u00f3n de las pruebas (\u2026) [ni en] una interpretaci\u00f3n contraria a la Constituci\u00f3n o tan siquiera una insuficiente sustentaci\u00f3n o justificaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n que afecte los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine el promotor cuestion\u00f3 la sentencia dictada por el Tribunal accionado que accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda formulada por Fabio Antonio G\u00f3mez G\u00f3mez, actuaci\u00f3n que, en su criterio, desconoci\u00f3 las garant\u00edas superiores de quienes dice representar. <\/p>\n
2. Pues bien, advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el gestor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye al Colegiado convocado y no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
Adicionalmente, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (\u2026). <\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
2.2. En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97) (Se subraya). <\/p>\n
En particular, en cuanto a la especificidad de los poderes para la petici\u00f3n de amparo, la Corte Constitucional ha establecido que: <\/p>\n
\u00abel cumplimiento de este principio hace posible que un apoderado judicial interponga una acci\u00f3n de tutela a nombre de su poderdante, ya que de la estructura del poder depende que el juez de tutela identifique con claridad si existe o no legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
Es entonces una exigencia que el poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar cuente con una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. <\/p>\n
Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06 Corte Constitucional). <\/p>\n
2.3. En el presente asunto, si bien al tr\u00e1mite constitucional se alleg\u00f3 un poder, este fue otorgado para ejercer la representaci\u00f3n de Juan Guillermo Mesa, Mar\u00eda Elena, Omar Alberto, Ana Catalina, Jos\u00e9 Alejandro Mesa Salazar en el proceso declarativo radicado 05001310300220110029701, en concreto, para presentar la demanda de casaci\u00f3n, por lo que no goza de las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas por la jurisprudencia tra\u00edda a colaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al no ser el actor el titular de los derechos presuntamente vulnerados y no haber tra\u00eddo poder especial, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
3. Por las razones anotadas, se debe declarar improcedente el amparo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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