STC1286-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1286-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00314-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Glenen Alexander Ross, quien dijo actuar como \u00abagente no oficial (\u2026) y en representaci\u00f3n\u00bb de Cayetano Grillo Rond\u00f3n contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 -Tercera de Decisi\u00f3n- y el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Cayetano Grillo Rond\u00f3n a la igualdad, debido proceso, habeas corpus y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja, relat\u00f3 que, en fallo del 16 de enero del presente a\u00f1o, el juzgado accionado neg\u00f3 el habeas corpus propuesto en nombre del se\u00f1or Grillo Rond\u00f3n y, el 19 de enero siguiente, se declar\u00f3 improcedente por el Tribunal convocado. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que las autoridades acusadas, al decidir el asunto, citaron providencias emitidas \u00abpreviamente por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional como justificaci\u00f3n para no resolver el recurso de h\u00e1beas corpus\u00bb, frente a lo cual cuestion\u00f3 \u00ab\u00bfpor qu\u00e9 existen estos decretos del Alto Cort\u00e9s (sic), de d\u00f3nde se originaron y son constitucionales?\u00bb. Agreg\u00f3 que el \u00abAccionante se siente ofendido por la decisi\u00f3n pronunciada en ambos Decretos y afirma que sus derechos de debido proceso y h\u00e1beas corpus ha sido inconstitucionalmente violado por los Accionados\u00bb, pues, en su criterio, \u00abestas restricciones de los Altos Cort\u00e9s (sic) son inconstitucionales y que los Accionados son independientes y no est\u00e1n sujetas a cumplir o seguir \u2018leyes\u2019 inconstitucionales\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que \u00abUna cuesti\u00f3n jur\u00eddica a resolver en esta petici\u00f3n es si los Altos Cortes (sic) de Colombia tienen una facultad inherente para suspender, restringir, limitar o prohibir derechos fundamentales por decreto judicial o si los Altos Tribunales se han convertido en instituciones dictatoriales (\u2026) Es decir, \u00bflos jueces en Colombia est\u00e1n sumisos a la ley o hacen la \u201cley\u201d como se define ese t\u00e9rmino en la Opini\u00f3n Consultiva OC-6\/86?\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, relat\u00f3 los antecedentes y el tr\u00e1mite de aprobaci\u00f3n de la Ley 1095 de 2006, reglamentaria del derecho fundamental de habeas corpus, refiri\u00f3 la sentencia C-187 de 2006 de la Corte Constitucional que la declar\u00f3 exequible e hizo hincapi\u00e9 en los salvamentos de dos de los magistrados de esa Corporaci\u00f3n sobre los votos que aprobaron dicha normativa. <\/p>\n
Al respecto, el promotor indic\u00f3 que, \u00abcomo una especie de coincidencia improbable, el 14 de diciembre de 2018 el autor (Glenen Alexander Ross) escribi\u00f3 un correo electr\u00f3nico a la Oficina del Secretario General del Senado solicitando informaci\u00f3n sobre este tema, el n\u00famero exacto de votos emitidos por los Senadores a favor y contra la propuesta L.1095\/06\u00bb y \u00abEl 10 de enero de 2019, (\u2026) respondi\u00f3 con una enigm\u00e1tica respuesta a la solicitud de informaci\u00f3n antes mencionada\u00bb. <\/p>\n
Adujo que la finalidad de los demandados en este caso era evitar a toda costa la libertad del se\u00f1or Cayetano, con claro desconocimiento de la ley, lo cual justifica la protecci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, de acuerdo con lo relatado, a intervenir de inmediato y garantizar los derechos fundamentales de su representado, vulnerados en la solicitud de habeas corpus que le fue negada. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LA ACCIONADA <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1 relat\u00f3 el decurso de la acci\u00f3n de habeas corpus que se surti\u00f3 ante su despacho y manifest\u00f3 acogerse a la decisi\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el gestor persigue la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Cayetano Grillo Rond\u00f3n, que considera vulnerados por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 -Tercera de Decisi\u00f3n- y el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de la misma ciudad, al proferir las decisiones del 16 y del 19 de enero del a\u00f1o en curso, que negaron el habeas corpus promovido por el tutelante en nombre de la persona privada de la libertad. <\/p>\n
2.- De entrada, se advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a las autoridades judiciales accionadas y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso de aqu\u00e9l. <\/p>\n
2.1.- En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.- En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto, siempre que se tenga la calidad de abogado1. <\/p>\n
A su turno, cuando se act\u00fae como agente oficioso, se debe demostrar la imposibilidad f\u00edsica o ps\u00edquica del titular para intervenir en el tr\u00e1mite. Frente al tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
En casos similares, la Corte Constitucional estableci\u00f3 los elementos necesarios para que opere la figura. Se destacan (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (\u2026)\u00bb (CSJ. STC de 25 de febrero de 2016, exp. 11001-02-04-000-2015-02437-01, citada en CSJ STC2486-2020, Mar. 9 de 2020, rad. 2019-00209-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3.- En el presente asunto, el gestor aleg\u00f3 actuar como agente de Cayetano Grillo Rond\u00f3n, no obstante, seg\u00fan se advirti\u00f3 en precedencia, la agencia oficiosa requiere que se demuestre que la persona est\u00e9 \u00aben imposibilidad de promover por s\u00ed mismo la acci\u00f3n constitucional\u00bb, circunstancias que no solo no se alegaron en el escrito que dio origen a la presente salvaguarda sino que no se acreditaron, puesto que, como lo ha sostenido la Sala, las personas privadas de la libertad tambi\u00e9n pueden acudir directamente a la acci\u00f3n de tutela, salvo prueba en contrario, la cual no obra en este asunto. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
\u00abEl amparo peticionado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad en raz\u00f3n de la ausencia de legitimaci\u00f3n de la accionante para invocar la protecci\u00f3n de los derechos de (\u2026), pues sus aserciones, dirigidas a justificar la agencia oficiosa respecto de \u00e9stos, resultan insuficientes\u00bb. <\/p>\n
\u00abEsto \u00faltimo, porque la aseveraci\u00f3n relativa a hallarse sus prohijados bajo una medida de aseguramiento en su domicilio, ubicado en Medell\u00edn, no permite colegir una imposibilidad f\u00edsica o mental para acudir directamente a este auxilio, m\u00e1xime si aqu\u00e9llos bien pudieron conferirle poder a la aqu\u00ed censora para su representaci\u00f3n, tal como lo hicieron para entablar el tr\u00e1mite aqu\u00ed criticado\u00bb (CSJ STC1719-2020, Feb. 20 de 2020, rad. 2020-00415-00). <\/p>\n
Adem\u00e1s, como lo ha aclarado la Corte Constitucional, \u00ablos derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del t\u00e9rmino, esto es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protecci\u00f3n\u00bb (T-900 de 2005) y, por tanto, no est\u00e1n impedidos para ejercer directamente su derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Por lo anterior, no es posible analizar el fondo del amparo pretendido; m\u00e1xime que no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable, pues, seg\u00fan lo referido en la decisi\u00f3n dictada por el colegiado accionado el 19 de enero de 2022, \u00abel accionante se encuentra legalmente privado de la libertad, por decisi\u00f3n de autoridad competente, debidamente ejecutoriada desde el a\u00f1o 2018 y, a la fecha, se est\u00e1 ejecutando la pena\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC 11 de mayo de 2010, exp, 00249-01, citada en CSJ STC2428-2020, Mar. 6 de 2020, rad. 2019-02548-01). <\/p>\n
4.- Ahora bien, el accionante tambi\u00e9n cuestiona por esta v\u00eda la exequibilidad de la Ley 1095 de 2006, reglamentaria del derecho fundamental de habeas corpus, frente a lo cual se advierte que esta Corporaci\u00f3n no es competente para emitir un pronunciamiento al respecto. En todo caso, se destaca que la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones de control previo, en sentencia C-187 de 2006, se pronunci\u00f3 sobre la constitucionalidad de la normativa en comento. <\/p>\n
5.- Con base en estas consideraciones, la Sala denegar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En efecto, dicho apoderamiento solo es v\u00e1lido si se otorga a un profesional del derecho. Sobre el particular, la jurisprudencia ha establecido que el poder especial para acudir a la acci\u00f3n de tutela: \u00ab\u2026i) es un acto jur\u00eddico formal, por lo cual debe realizarse por escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico; iii) debe ser un poder especial; iv) el poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para instaurar procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; v) el destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional\u00bb (CC T-024\/19, 28 de ene. 2019) (\u00e9nfasis fuera de texto, cita realizada por esta Sala en STC17259-2021, expediente 2021-04518-00). <\/p>\n
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