STC1293-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1293-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2021-00876-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2021 por la Sala Octava Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Sobeida Esther Monsalve Tous contra la Oficina de Apoyo para los Juzgados de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, a la se\u00f1ora Ebis Jim\u00e9nez Rangel y a la Sala Segunda Civil Familia de ese Tribunal. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abplazo razonable\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el accionado en el tr\u00e1mite de entrega de t\u00edtulos. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que es cesionaria del ejecutante Wilson Jim\u00e9nez, en el proceso ejecutivo 2018-00084-00 contra Ebis Jim\u00e9nez, conocido por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
Desde el 5 de noviembre de 2021 \u00absolicit\u00f3 al despacho accionado la autorizaci\u00f3n para el cobro t\u00edtulos judiciales obrantes en el proceso referenciado\u00bb, a lo cual se ha negado, circunstancia que configura \u00abuna infracci\u00f3n plena a lo dispuesto por el art. 120 (\u2026)\u00bb, pues ello \u00abatenta contra el art. 29 y 229 de la C.P.N, ya que no se me resuelven mis solicitudes procesales dentro de un plazo razonable habiendo transcurrido m\u00e1s de 25 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene a la accionada \u00abimpulsar el proceso que acredita el accionante ordenando la AUTORIZACION DE ENTREGA de t\u00edtulos judiciales al ejecutante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, tras advertir la carencia actual de objeto, por hecho superado, pues asegur\u00f3 que se entreg\u00f3 \u00aba favor de la cesionaria, aqu\u00ed accionante\u00bb el \u00abdep\u00f3sito judicial encontrado a la fecha de la petici\u00f3n realizada, inclusive, acorde con la respuesta emitida por el juzgado de origen no hay dep\u00f3sitos faltantes por conversi\u00f3n, ni mucho menos por entregar a la fecha\u00bb. Destac\u00f3 que, luego de ser oficiado por el Despacho de conocimiento, el Juzgado Quince Civil del Circuito, en respuesta del 3 de diciembre de 2021, manifest\u00f3 que \u00abrevisado el portal de dep\u00f3sito no se encontraron t\u00edtulos judiciales asociados a las partes referidas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora argument\u00f3 que la afirmaci\u00f3n de la accionada relativa a que, el 12 de noviembre de 2021, se le hizo entrega de un t\u00edtulo por $626.208, era falsa \u00abya que a la presente fecha no se ha dado la orden de pago de dicho t\u00edtulo judicial a orden del accionante\u00bb. Solicit\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente digital de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con la negativa de la oficina accionada de \u00abautorizar para su entrega\u00bb los t\u00edtulos por ella solicitados el 5 de noviembre de 2021, a pesar de que hab\u00edan trascurrido \u00abm\u00e1s de 25 d\u00edas\u00bb al momento de interponer la presente salvaguarda. <\/p>\n
2. Revisadas las evidencias allegadas, se observa que obra una certificaci\u00f3n del 12 de noviembre de 2021, expedida por el Coordinador del Centro de Servicio de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, seg\u00fan la cual, \u00abEn cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo (2\u00b0) de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, mediante auto de fecha 8 de julio de 2021 en el [que] se orden\u00f3 la entrega de los dineros retenidos hasta la concurrencia de la obligaci\u00f3n, encontr\u00e1ndose aprobada la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y las costas dentro del proceso de la referencia, se procede a hacer entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial que constan consignados en la cuenta del Banco Agrario a la fecha a nombre del endosatario en procuraci\u00f3n al cobro del acreedor original, a quien a su vez le fue conferido poder por la cesionaria de los derechos del cr\u00e9dito en iguales condiciones a las inicialmente pactadas, tal como consta en el respectivo contrato de cesi\u00f3n (puede ser consultado en el archivo 14 del cuaderno principal del expediente digital), Dr. V\u00cdCTOR MANUEL RIOS MERCADO (\u2026) por la suma de $626.208,oo\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Consta igualmente en dicho documento que \u00abEl pago de los anteriores t\u00edtulos se hace por autorizaci\u00f3n digital, con formato DJ04\u00bb, el cual evidencia que se comunic\u00f3 al Banco Agrario de Colombia \u2013 Barranquilla- la orden de pagar el t\u00edtulo 416010004650801, por $626.208, a favor de V\u00edctor Manuel R\u00edos Mercado, apoderado de la accionante en esa causa. <\/p>\n
Lo anterior permite aseverar que es inexistente la omisi\u00f3n o la negativa alegada por la actora, por lo cual la tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad; al respecto, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ablo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (\u2026) en procura de sus derechos (T-013 de 2007)\u2019\u00bb (CSJ STC12717-2019. 19 de sep, rad. 2019-00549-01). <\/p>\n
3. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n del expediente de tutela a la gestora, seg\u00fan la solicitud efectuada por ella. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Por secretar\u00eda, rem\u00edtase a la accionante el expediente digital de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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