STC1295-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1295-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02655-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Minas Cuaron S.A.S. contra el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial cuestionada, en el proceso ejecutivo con radicado 2021-00249-00. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. Con ocasi\u00f3n del incumplimiento en el pago de dos de las cuotas pactadas en el contrato de transacci\u00f3n celebrado entre los herederos del se\u00f1or Venancio Silva Rojas (q.e.p.d.) y la sociedad accionante, los primeros formularon demanda ejecutiva, en la que el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago el 10 de agosto de 20211. <\/p>\n
2.2. La anterior decisi\u00f3n fue recurrida por la ejecutada -ahora tutelante- en reposici\u00f3n y, en subsidio, en apelaci\u00f3n. En sustento argument\u00f3 la \u00abinexigibilidad del t\u00edtulo\u00bb2, dado que \u00abla sociedad MINAS CUARON SAS no estaba obligada a cancelar, el segundo instalamento, en atenci\u00f3n a la mora del otro contratante\u00bb, y la existencia de pleito pendiente3, en consideraci\u00f3n a que formul\u00f3 demanda de nulidad del contrato de transacci\u00f3n, admitida el 10 de junio de 20214 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
2.3. Por autos del 19 de octubre de 20215, el Juzgado convocado no repuso el mandamiento de pago, pues consider\u00f3 que no se demostr\u00f3 la excepci\u00f3n planteada y porque las alegaciones frente al t\u00edtulo, en tanto no correspond\u00edan a los \u00abrequisitos formales\u00bb, deb\u00edan estudiarse como una excepci\u00f3n de fondo en la correspondiente etapa procesal. A su vez, neg\u00f3 la apelaci\u00f3n, por improcedente. <\/p>\n
3. Al respecto, la tutelante se\u00f1al\u00f3 que, \u00abal no reponer el auto que libra mandamiento de pago, (\u2026) se materializ\u00f3 un PERJUICIO IRREMEDIABLE, concretamente en la retenci\u00f3n de los dineros depositados con ocasi\u00f3n a la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares decretadas en el proceso (\u2026) dicha afectaci\u00f3n recae sobre el desarrollo normal del objeto social de la accionante, remarcando que si se tiene el conocimiento de la falta del cumplimiento de los requisitos del t\u00edtulo base de recaudo, conlleva la negatoria de las pretensiones de la demanda\u00bb y que \u00abcon la resoluci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n (\u2026) se desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial (\u2026) sobre la materia\u00bb contenido en la sentencia STC14595-2017, dict\u00e1ndose una \u00abdecisi\u00f3n [en] contra del ordenamiento legal -art\u00edculo 422 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abordenar a la entidad accionada revocar el mandamiento de pago, con el respectivo levantamiento de las medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 alleg\u00f3 copia digital del expediente del proceso ejecutivo. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, por considerar que \u00abla quejosa persigue que a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se haga control de legalidad de las actuaciones que ante el Juzgado fustigado se surtieron y para ello no fue concebido este instrumento\u00bb, siendo \u00abInadmisible (\u2026) que se emplee este mecanismo constitucional para que se resuelva de plano accediendo a las peticiones de la accionante; [o] para reprochar las decisiones que le han sido adversas\u00bb. Sobre el defecto sustantivo alegado afirm\u00f3 que \u00abla accionante ni siquiera indic\u00f3 cu\u00e1l fue la norma indebidamente aplicada, y esta Colegiatura no observa la ocurrencia del defecto enrostrado\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que \u00abel fallador soport\u00f3 [la decisi\u00f3n] en plausibles premisas dentro del contexto del derecho vigente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la sociedad gestora, reiterando las alegaciones de la tutela sobre la falta de exigibilidad del t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n. Frente a la falta de acreditaci\u00f3n del defecto sustantivo dijo que \u00abse alejan de la realidad procesal, y agrava la situaci\u00f3n de la accionante al avalar la ejecuci\u00f3n de un t\u00edtulo incompleto\u00bb. Enfatiz\u00f3 que s\u00ed se acredit\u00f3 \u00abel desconocimiento del precedente jurisprudencial que aborda el caso en concreto\u00bb, en torno a la facultad del Juzgador de revisar, a\u00fan de oficio, el t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, la sociedad accionante reprocha las providencias proferidas el 19 de octubre de 2021 por el Juzgado accionado, que no repusieron el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y analizados por el competente en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional se desconocer\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera abiertamente desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ahora, en relaci\u00f3n con lo debatido, se observa que el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no repuso el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, por la excepci\u00f3n de pleito pendiente, argumentando que aquella requiere \u00abidentidad de objeto y de causa entre ellos, medio exceptivo que pretende evitar que sobre una misma situaci\u00f3n litigiosa se presenten decisiones contradictorias\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, adujo que, \u00abpese a que existe identidad entre las partes de los procesos, pues de la providencia expedida por el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 as\u00ed se desprende, adem\u00e1s que podr\u00eda aceptarse similitud en los hechos de ambas demandas, lo cierto es que aquellas difieren en las pretensiones, lo que impide considerar que la decisi\u00f3n de una de ellas haga imposible proferir el fallo de la otra, al no tratarse de una misma contienda\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abdebe tenerse presente que las pretensiones izadas en el proceso ejecutivo se circunscriben al pago coercitivo de las obligaciones contra\u00eddas en la transacci\u00f3n incumplidas por el deudor, mientras que las pretensiones del proceso declarativo (nulidad) se dirigen a examinar si existi\u00f3 vicio en el consentimiento\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, para resolver el recurso incoado, por el alegado incumplimiento de la parte ejecutante en las obligaciones pactadas, lo que, en criterio de la ejecutada, afectaba la exigibilidad del t\u00edtulo, el Juzgado convocado precis\u00f3, en primer lugar, que aqu\u00e9l medio de impugnaci\u00f3n solo proced\u00eda \u00abpara discutir los requisitos formales del t\u00edtulo (art. 430 del C.G.P.) o para alegar hechos que configuren excepciones previas (No. 3\u00b0 del art\u00edculo 442 ibidem)\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente indic\u00f3 que, de \u00abla revisi\u00f3n minuciosa del documento aportado como base de la acci\u00f3n, encuentra este Despacho que el escrito \u2018acuerdo de transacci\u00f3n\u2019 celebrado entre las partes, registra la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, cuyo cobro coercitivo pretende la parte actora, esto de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, documento que no ofrece reparo alguno, en cuanto a los requisitos formales\u00bb, destacando que \u00aben el documento transaccional tra\u00eddo como soporte del recaudo consta el momento en el que se cumpli\u00f3 el plazo para pagar las cuotas o sumas de dinero pedidas en la demanda y por las que se expidi\u00f3 el mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 que \u00ablos argumentos de la demandada no controvierten los \u2018requisitos formales del t\u00edtulo\u2019, sino que atacan la pretensi\u00f3n del demandante, por lo que deber\u00e1n estudiarse como excepciones de fondo y en consecuencia, no hay lugar a revocar la orden de pago atacada\u00bb. <\/p>\n
4. En ese orden, se observa que la autoridad judicial convocada motiv\u00f3 razonadamente la negativa a reponer el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago en contra de la aqu\u00ed accionante, en consideraci\u00f3n a que no encontr\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de pleito pendiente y a que lo pretendido por la tutelante no estaba dirigido a controvertir los requisitos formales del t\u00edtulo. <\/p>\n
Sobre el particular, ha dicho la Sala que, \u00abal margen de la opini\u00f3n de la Corte, luce razonable sostener que el tr\u00e1mite ejecutivo y el declarativo de pago por consignaci\u00f3n que se adelantan entre las mismas partes (aunque en extremos procesales distintos) no comparten objeto, pese a ser indiscutible la incidencia de un proceso en el otro\u00bb (CSJ STC7931-2019, 17 jun. 2019, rad. 2019-01519-00). <\/p>\n
Igualmente, en un asunto con algunas similitudes al presente, la Sala sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el juez encartado en la determinaci\u00f3n objeto de censura estim\u00f3 que los planteamientos expuestos no se constitu\u00edan en excepciones previas pues son \u2018verdaderas excepciones al deber de pagar lo que se mand\u00f3 a la demandada\u2019\u00b8 y que mucho menos se estaban discutiendo los requisitos formales del t\u00edtulo, postura que se encuentra soportada en los art\u00edculos 442, 430 y 438 del C\u00f3digo General del Proceso as\u00ed como en el canon 621 del C\u00f3digo de Comercio, sin que resultar\u00e1 dable que se revocara el mandamiento de pago pues no es factible que el juzgado, de manera anticipada, resuelva los planteamientos que han de despacharse en la sentencia, luego de agotarse cada una de las etapas propias de la causa, en donde se cuenta con los mecanismos id\u00f3neos para formular los planteamientos que son expuestos en la acci\u00f3n de tutela, toda vez que, los mismos, se encuentran encaminados a discutir la obligaci\u00f3n de pagar, situaci\u00f3n diferente ser\u00eda que el funcionario querellado advierta de entrada que el t\u00edtulo ejecutivo carece de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible y que no conste en un documento que provenga del deudos, evento en el cual lo procedente es negar la orden de apremio\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el auto cuestionado no luce caprichoso, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo\u00bb (CSJ STC5447-2018, 27 abr. 2018, rad. 2018-00557-01). <\/p>\n
4.1. Teniendo en cuenta lo anterior, se sigue que las determinaciones adoptadas en el proceso debatido, independientemente de que la postura sea o no compartida, se sustentaron razonadamente en las probanzas allegadas al tr\u00e1mite, as\u00ed como en las normas aplicables al caso y, por tanto, no se vislumbra que sean abiertamente arbitrarias, ni manifiestamente alejadas del ordenamiento legal. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo discurrido, en el sub judice se observa que existe una disparidad de criterios entre lo considerado por el operador judicial -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la empresa solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta, de mejor forma, a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4.2. A su vez, sobre la presunta ilegalidad, por desconocimiento de la sentencia de tutela STC14595-2017, es preciso indicar que los efectos de las decisiones constitucionales son inter partes, de manera que los fallos de esta naturaleza no producen efectos \u00aberga omnes, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional al se\u00f1alar que \u2018la tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u2019\u00bb (Cita en CSJ10096-2021, 11 de agt. 2021, rad. 2021-0011501). <\/p>\n
5. Igualmente, se descarta la existencia de un perjuicio irremediable, por no estar probados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia propios del mismo, alegaci\u00f3n que, en todo caso, no torna per se ilegales las actuaciones cuestionadas, teniendo en cuenta los argumentos expuestos. <\/p>\n
6. Por lo dicho en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, que neg\u00f3 la salvaguarda invocada. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cuaderno principal, archivo 03. <\/p>\n
2\u0002 Cuaderno principal, archivo 10, folios 153 a 166. <\/p>\n
3\u0002 Cuaderno principal, archivo 12, folios 4 a 18. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem, folio 12. <\/p>\n
5\u0002 Cuaderno principal, archivos 18 y 19. Providencias separadas. <\/p>\n
<\/p>\n
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