STC1296-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1296-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2021-00665-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez 10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 de Los \u00c1ngeles Guio D\u00edaz contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Doris Maritza Mu\u00f1oz Meneses, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, que conoce del proceso de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante con radicado 2019-00032-00, as\u00ed como a las partes e intervinientes del citado juicio. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
2.1. Doris Maritza Mu\u00f1oz Meneses formul\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado1 contra el accionante y Alex Vladimir Guio D\u00edaz, con fundamento en la causal de mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, causados entre el 22 de febrero y el 21 de julio de 2020, por la no cancelaci\u00f3n de los reajustes de dicho canon desde julio de 2016 y por la deuda por concepto del 50% del servicio p\u00fablico de agua desde julio de 2015, cuya competencia correspondi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga, bajo el radicado 2020-00152-00, el cual, mediante auto de 2 de octubre de 20202, la admiti\u00f3 y advirti\u00f3 a los demandados que no ser\u00edan o\u00eddos hasta que no acreditaran el cumplimiento de la carga impuesta en el inciso 2\u00ba del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 384 del CGP. El 30 de noviembre siguiente decret\u00f3 medidas cautelares3. <\/p>\n
2.2. El 22 de enero de 20214, el hoy accionante solicit\u00f3 decretar la nulidad de lo actuado, levantar las medidas cautelares y remitir el proceso al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, que adelanta el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante que inco\u00f3, peticiones que fueron negadas el 27 de los mismos mes y a\u00f1o5, porque no invoc\u00f3 causal alguna de nulidad y por falta de acreditaci\u00f3n de su admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n. Adicionalmente, orden\u00f3 tenerlo por notificado por conducta concluyente. <\/p>\n
2.3. El 28 de enero siguiente6, el tutelante alleg\u00f3 el auto de 12 de marzo de 20197, que lo admiti\u00f3 al proceso de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante y reiter\u00f3 la petici\u00f3n de remitir el expediente de restituci\u00f3n de inmueble arrendado al juez del concurso. <\/p>\n
2.4. El 5 de febrero siguiente8, litigando en causa propia y como apoderado judicial del otro demandado, formul\u00f3 excepciones de fondo y solicit\u00f3 pruebas. <\/p>\n
2.5. El 12 de los mismos mes y a\u00f1o9, el Despacho accionado, con fundamento en lo previsto en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 22 de la Ley 1116 de 2006, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, as\u00ed como el archivo del expediente, providencia que fue objeto del recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n10 de la parte demandante. El juez repuso la decisi\u00f3n, mediante auto de 4 de marzo de 202111, en consideraci\u00f3n a lo se\u00f1alado en el inciso 2\u00b0 del citado art\u00edculo y del art\u00edculo 71 ibidem. <\/p>\n
2.6. El 11 de marzo de 202112, el aqu\u00ed actor contest\u00f3 la demanda y solicit\u00f3 pruebas, mientras que, el 24 de marzo siguiente13, pidi\u00f3 la ilegalidad de los autos de 2 de octubre y de 30 de noviembre de 2020 y de 4 de marzo de 2021. <\/p>\n
2.7. El 16 de abril de 202114, el Juzgado convocado dispuso no o\u00edr a los demandados, ni tener por contestada la demanda, al no acreditarse el pago total de los c\u00e1nones adeudados, por lo que, el 22 de abril siguiente15, el tutelante alleg\u00f3 otros dep\u00f3sitos de arrendamiento echados de menos. <\/p>\n
2.8. Mediante auto de 15 de junio de 202116, el Juzgado accionado no accedi\u00f3 a la ilegalidad solicitada el 24 de marzo anterior. <\/p>\n
2.9. Despu\u00e9s de resueltas otras peticiones y recursos formulados por el demandado, el 25 de octubre de 202117, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, dispuso la restituci\u00f3n y entrega material del inmueble, al igual que conden\u00f3 a la parte demandada al pago de la cl\u00e1usula penal y de las costas del proceso y orden\u00f3 la entrega de los t\u00edtulos judiciales. <\/p>\n
2.10. El 29 de octubre siguiente18, el gestor de la tutela formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia anterior, que fue rechazado de plano el 5 de noviembre del a\u00f1o anterior19, decisi\u00f3n contra la cual interpuso los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, queja20, siendo negado el primero y rechazado el segundo, por improcedente, en auto del 22 de noviembre siguiente. <\/p>\n
3. El promotor se\u00f1al\u00f3 que formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia desfavorable, porque \u00abel accionado, en ning\u00fan momento me permiti\u00f3 ejercer mi derecho de defensa en el desarrollo del proceso, a pesar que (sic) siempre se cumpli\u00f3 con la carga procesal impuesta en el art\u00edculo 384 numeral 4 inciso 2 del C.G.P de pagar los c\u00e1nones de arrendamiento (\u2026) situaci\u00f3n [que] me priv\u00f3 de poner de presente ciertas irregularidades que el proceso present\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que no fue o\u00eddo en el proceso, ni se tuvo por contestada la demanda, \u00abdebido a que no se cancel\u00f3 la totalidad de las sumas adeudadas o pretendidas por la Parte Demandante, Desconociendo [el juez] los pagos que se le presentan a su despacho el 22 de abril donde se evidencia que estoy presentando los \u2018RECIBOS DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS TRES (3) ULTIMOS PERIODOS DE CANONES DE ARRENDAMIENTO\u2019\u00bb. <\/p>\n
Dijo que la demandante en el proceso de restituci\u00f3n era acreedora en el proceso de reorganizaci\u00f3n y \u00abse encuentra Graduada y Calificada (con una cuant\u00eda de $8.000.000.oo) en QUINTA CLASE y EN EL PROYECTO DE DETERMINACI\u00d3N DE DERECHOS DE VOTO DEL 1.5, en los cr\u00e9ditos presentados dentro del mencionado proceso\u00bb. <\/p>\n
De manera particular, cuestion\u00f3 que \u00abel accionado incurri\u00f3 en violaci\u00f3n al debido proceso por defecto org\u00e1nico, defecto procedimental y error inducido\u00bb, porque i) \u00abNO TENIA COMPETENCIA para conocer de este proceso\u00bb, ii) \u00aba pesar de haberse realizado los pagos de los c\u00e1nones de arrendamiento (\u2026) no tuvo en cuenta la contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026) y tambi\u00e9n porque a pesar de que (\u2026) fue notificado por aviso sobre la existencia del proceso de reorganizaci\u00f3n y (\u2026) estuve insisti\u00e9ndole (\u2026) para que enviara el proceso al juez del concurso, (\u2026) no fue posible\u00bb y iii) la demandante \u00abfalt\u00f3 a la verdad en muchas de las manifestaciones realizadas en la demanda y actu\u00f3 de mala fe al alterar la competencia para que el juzgado (\u2026) tuviera conocimiento del proceso\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, solicit\u00f3 que \u00abse ordene al JUZGADO D\u00c9CIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA (\u2026) REVOCAR en su integridad las decisiones adoptadas el 25 de Octubre de 2021 en la sentencia o en su lugar conceder el recurso de apelaci\u00f3n para que sea esta corporaci\u00f3n quien encamine el tr\u00e1mite del proceso y as\u00ed se envi\u00e9 el proceso al Juez del concurso para as\u00ed evitar vulnerar los derechos a 16 acreedores que ya se encuentran graduados en el proceso de reorganizaci\u00f3n, incluyendo a la aqu\u00ed demandante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado accionado afirm\u00f3 que, si bien el demandado contest\u00f3 la demanda y propuso excepciones, en su momento no demostr\u00f3 el pago total de los c\u00e1nones adeudados, por lo cual no tuvieron en cuenta dichos escritos; no obstante, con posterioridad alleg\u00f3 constancias para \u00abacreditar el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, habilit\u00e1ndose para ser o\u00eddo y en uso de dicha prerrogativa formul\u00f3 recursos contra las decisiones que se fueron tomando dentro del proceso, incluida la sentencia que declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble\u00bb, los cuales fueron resueltos. En cuanto al fallo, resalt\u00f3 que \u00abla concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n no depend\u00eda de la demostraci\u00f3n de haber pagado los c\u00e1nones adeudados, sino del tr\u00e1mite que la ley le impone a este tipo de procesos, que como ya se dijo es de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga sostuvo que conoce del proceso de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante formulado por el ac\u00e1 accionante -radicado 2019-00032-00- y que las decisiones proferidas en el proceso de restituci\u00f3n eran aut\u00f3nomas, \u00abraz\u00f3n por la cual no me es posible realizar pronunciamiento alguno\u00bb. <\/p>\n
3. La apoderada de la demandante en el proceso de restituci\u00f3n, quien dijo actuar como agente oficiosa en el tr\u00e1mite de tutela, asegur\u00f3 que lo pretendido por el ac\u00e1 accionante era \u00abseguir dilatando la entrega del inmueble, con el pretexto de la vulneraci\u00f3n a sus acreedores\u00bb, por lo que pidi\u00f3 \u00abno proteger los derechos invocados\u00bb. <\/p>\n
4. Los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta y los Bancos Caja Social, Falabella y Scotianbank alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, al considerar que la sentencia de 25 de octubre de 2021 \u00abno carece de argumentos, por el contrario, est\u00e1n expresados de manera clara\u00bb, pues se trata de una decisi\u00f3n \u00abfundada en premisas f\u00e1cticas y normativas v\u00e1lidas y que la sostienen coherentemente\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 22 de la Ley 1116 de 2006 s\u00ed faculta al acreedor arrendador para iniciar el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, con posterioridad al inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb; y, por tanto, \u00abA partir de esta norma es procedente que, una vez iniciado el proceso de reorganizaci\u00f3n y ante el incumplimiento del arrendatario en el pago de los c\u00e1nones, se adelante el proceso de restituci\u00f3n, en raz\u00f3n a que por mandato del art\u00edculo 71 de la Ley 1116 se trata de gastos de administraci\u00f3n, que si no se pagan dan lugar a la terminaci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, consider\u00f3 improcedente la pretensi\u00f3n de conceder el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia proferida en el proceso verbal, en tanto el juez de conocimiento \u00abya resolvi\u00f3 que era improcedente de conformidad con el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 384 del CGP\u00bb, decisi\u00f3n que no es arbitraria. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor, quien afirm\u00f3 que la orden de restituci\u00f3n del local comercial arrendado, \u00fanico patrimonio que le queda, no s\u00f3lo lo afecta a \u00e9l, sino a \u00ablos aproximadamente 16 acreedores que figuran en el proceso de reorganizaci\u00f3n que se adelanta en el Juzgado Primero Civil del Circuito\u00bb. <\/p>\n
A su vez, solicit\u00f3 que \u00abSE DECRETE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, en raz\u00f3n a la conducta desplegada por la parte demandante, al hacer incurrir en error al aparato Judicial\u00bb y que \u00abse requiera a la demandante Se\u00f1ora DORIS MARITZA MU\u00d1OS MENESES o en su defecto al se\u00f1or ROMER ESPINOSA VALDES (\u2026) para que aclaren y Expliquen [los hechos] Por los cuales hicieron incurrir en error al aparato judicial\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, el accionante cuestion\u00f3 la sentencia de 25 de octubre de 2021 y reproch\u00f3 la falta de competencia el Juzgado convocado para conocer el proceso de restituci\u00f3n, dado que se encontraba en proceso de reorganizaci\u00f3n, que no fue escuchado en el juicio a pesar de haber realizado el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, que la demandante falt\u00f3 a la verdad para que el Despacho acusado asumiera la competencia de su demanda y que no se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra el fallo. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con lo anterior, se advierte, en primer lugar, que frente a las providencias del 2 de octubre de 2020, del 4 de marzo y del 16 de abril de 2021, por las cuales se defini\u00f3 lo relativo a la admisi\u00f3n del juicio cuestionado, la no terminaci\u00f3n del proceso por la existencia del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n y se dispuso no tener por contestada la demanda por parte del ahora tutelante, la Sala no har\u00e1 pronunciamiento alguno, pues no se cumple con el requisito de inmediatez, dado que la tutela fue radicada el 26 de noviembre de 2021, esto es, despu\u00e9s de los 6 meses que jurisprudencialmente se han considerado razonables para acudir a la acci\u00f3n de amparo constitucional21. <\/p>\n
En ese aspecto, debe ponerse de presente que las solicitudes posteriores o incluso la misma sentencia, no reanudan la posibilidad de formular la petici\u00f3n de amparo. Sobre el particular, ha sostenido la Sala que \u00abel hecho de que con posterioridad a la ejecutoria de los autos cuestionados se presente una petici\u00f3n de ilegalidad en modo alguno revive la oportunidad para acudir a este mecanismo excepcional, puesto que, de ser as\u00ed, la interposici\u00f3n del amparo quedar\u00eda al arbitrio del tutelante, dado que podr\u00eda simplemente reanudar el t\u00e9rmino para impetrar la acci\u00f3n constitucional con la formulaci\u00f3n de una solicitud de ilegalidad posterior, cuesti\u00f3n que afectar\u00eda, sin duda, la seguridad jur\u00eddica y la firmeza que acompa\u00f1an y caracterizan a las providencias judiciales\u00bb (STC14378-2021, se subraya). <\/p>\n
3.1. Pues bien, al revisar la sentencia atacada, se observa que el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga puso de presente, en primera medida, que por auto del 16 de abril de 2021 se tuvo por no contestada la demanda, porque no se hab\u00eda acreditado en su momento el pago de los c\u00e1nones adeudados, destacando que algunos fueron allegados, pero con posterioridad a la oportunidad dada para contestar la acci\u00f3n de restituci\u00f3n y, por ende, aquella no fue considerada. <\/p>\n
Seguidamente, el Despacho asegur\u00f3 que no se observaban \u00abvicios capaces de afectar de nulidad el presente proceso; por el contrario, se aprecia respeto a las garant\u00edas de las partes tales como el debido proceso y el derecho a la defensa\u00bb y procedi\u00f3 a analizar el fondo del asunto. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, de igual forma, que \u00aba falta de oposici\u00f3n oportuna por el arrendatario a las pretensiones del arrendador (como sucede en el presente caso) y existiendo prueba del contrato de arrendamiento\u00bb, lo procedente era proferir sentencia ordenando la restituci\u00f3n, toda vez que as\u00ed lo dispon\u00eda el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 384 del CGP. <\/p>\n
De otra parte, el Juzgado consider\u00f3 cumplidos los requisitos procesales, pues la actora alleg\u00f3 el contrato de arrendamiento celebrado el 05 de octubre de 2015 e indic\u00f3 la causal de incumplimiento, esto es, \u00abla mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento desde el mes de febrero de 2020 y el pago del 50% del servicio de acueducto desde que se suscribi\u00f3 el contrato\u00bb. <\/p>\n
En torno a la terminaci\u00f3n del contrato por incumplimiento, adujo que, para el efecto, no ten\u00eda \u00abque mediar un requerimiento previo para la constituci\u00f3n en mora, pues en las obligaciones a plazo (como la de pagar los c\u00e1nones) la mora es autom\u00e1tica (art. 1608, numeral 1 del C\u00f3digo Civil). No sobra agregar que conforme lo dispuesto en el inciso segundo del art\u00edculo 94 del CGP la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor. Se evidencia as\u00ed mismo que la parte demandada se encontraba obligada al pago de los c\u00e1nones en la modalidad mensual, tal como lo indica la CL\u00c1USULA PRIMERA relativa a la forma de pago\u00bb. <\/p>\n
Y sobre la cl\u00e1usula penal derivada de la mora afirm\u00f3 que era procedente, dado que en ella se estableci\u00f3 que, \u00abante el incumplimiento por parte de los arrendatarios de cualquiera de las obligaciones pactadas, se obligar\u00edan estos al pago, en favor de la arrendadora, de una suma equivalente a tres (3) c\u00e1nones de arrendamiento, los cuales seg\u00fan se se\u00f1al\u00f3 en la pretensi\u00f3n sexta de la demanda, asciende a la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($10.879.683,oo). Valga precisar que seg\u00fan lo pactado en el contrato, ante el incumplimiento por parte de los arrendatarios la arrendadora tendr\u00eda derecho al cobro de la pena, sin menoscabo del cobro de la renta y los perjuicios, por lo que resulta evidente que son acumulables la pena y la obligaci\u00f3n principal (art. 1594 del C\u00f3digo Civil)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, al haberse acreditado la mora en el pago de los c\u00e1nones, orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato, la restituci\u00f3n del inmueble y el pago de la cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
3.2. De otro lado, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que el ac\u00e1 accionante formul\u00f3 contra la sentencia en su contra, el Despacho accionado precis\u00f3, en auto de 5 de noviembre de 2021, que \u00abla demanda se fundamenta en el incumplimiento o no pago de los c\u00e1nones de arrendamiento y al respecto el numeral 9 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, es claro al indicar que cuando esta sea la causal en que se fundamenta la demanda, el proceso se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia. Valga precisar que la apelaci\u00f3n de la sentencia solo es procedente cuando esta es proferida en primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Con base en los anteriores argumentos, rechaz\u00f3 de plano \u00abel recurso de apelaci\u00f3n, interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 25 de octubre de 2021\u00bb. <\/p>\n
4. Visto lo anterior, se observa que el Despacho convocado, tras destacar que en el t\u00e9rmino de traslado para contestar la demanda no se acredit\u00f3 el pago total de los c\u00e1nones adeudados y, por ende, en la oportunidad respectiva no hubo oposici\u00f3n, lo procedente era dictar sentencia a la luz de lo previsto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por otro lado, neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia, por improcedente, toda vez que el proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble tuvo como fundamento el incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, tr\u00e1mite que, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 384 (numeral 9) del C.G.P., es de \u00fanica instancia. <\/p>\n
4.1. Hechas las anteriores precisiones, considera la Sala que las determinaciones adoptadas en el proceso debatido, independientemente de que la postura sea o no compartida, se sustentaron en las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite, en las evidencias allegadas y en las normas aplicables al caso, raz\u00f3n por la cual no se vislumbra que sean abiertamente arbitrarias ni manifiestamente alejadas del ordenamiento legal. <\/p>\n
4.2. En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
En el presente caso se observa que existe una disparidad de criterios entre lo considerado por el operador judicial -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta, de mejor forma, a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Por otra parte, sobre los efectos que las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n puedan tener en el proceso de reorganizaci\u00f3n, es de anotar que se trata de un aspecto que debe ser analizado y resuelto en el respectivo juicio y no por el juez constitucional, que no puede arrogarse la competencia de los jueces de conocimiento. <\/p>\n
6. Finalmente, en torno a la petici\u00f3n de que \u00abSE DECRETE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO\u00bb formulada por el accionante en la impugnaci\u00f3n, considera la Sala que es una pretensi\u00f3n nueva, que no fue objeto del escrito de tutela, lo cual impide que se emita un pronunciamiento sobre el particular, en aras de preservar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de las partes, frente a lo cual esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab\u2026es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800)\u00bb (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
Y sobre la prueba solicitada por el tutelante en el escrito de impugnaci\u00f3n, para que se aclare lo relativo a la nulidad pretendida, adem\u00e1s de lo antes indicado, se advierte que, de conformidad con el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991, \u00abEl juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u00bb y, por tanto, aquella solicitud tampoco es procedente. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte ha considerado que \u00ab\u2026el juez de tutela no est\u00e1 obligado, en principio, a ordenar las pruebas que se le piden, porque basta con que est\u00e9 seguro de las circunstancias que originaron la controversia y la forma de desatar el pleito, para que pueda resolver (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 00150-00)\u00bb (CSJ STC, 12 mar. 2013, rad. 2013-00004-01; reiterada en CSJ STC5449-2016, rad. 2016-00122-01). <\/p>\n
7. En este orden de ideas, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, que neg\u00f3 la salvaguarda invocada, pero por las razones esbozadas. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo 01. Proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado. <\/p>\n
2\u0002 Archivo 07. Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo 12. Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Archivo 24. Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Archivo 25. Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Archivo 26. Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Ibidem, folios 3 a 6. <\/p>\n
8\u0002 Archivo 29. Ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Archivo 30. Ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Archivo 32. Ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Archivo 43. Ibidem. <\/p>\n
12\u0002 Archivo 53. Ibidem. <\/p>\n
13\u0002 Archivo 57. Ibidem. <\/p>\n
14\u0002 Archivo 61. Ibidem. <\/p>\n
15\u0002 Archivo 62. Ibidem. <\/p>\n
16\u0002 Archivo 78. Ibidem. <\/p>\n
17\u0002 Archivo 103. Ibidem. <\/p>\n
18\u0002 Archivo 105. Ibidem. <\/p>\n
19\u0002 Archivo 107. Ibidem. <\/p>\n
20\u0002 Archivo 108. Ibidem. <\/p>\n
21\u0002 En ese sentido, esta Sala ha definido: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1296-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC1296-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2021-00665-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez 10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61170","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61170","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61170"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61170\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61170"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61170"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}