STC1297-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1297-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2021-01242-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Adriana Mar\u00eda P\u00e1ez Ayala contra el Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la vida y salud, presuntamente conculcados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Adriana Mar\u00eda P\u00e1ez Ayala, actuando en calidad de madre de la entonces ni\u00f1a Mar\u00eda Camila P\u00e1ez Ayala, instaur\u00f3 proceso de investigaci\u00f3n de paternidad en contra de Carlos Fernando Valles Franco1. <\/p>\n
2.2. Agotado el correspondiente tr\u00e1mite, el 12 de noviembre del 2004, el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia con la cual declar\u00f3 que el demandado es padre extramatrimonial de Mar\u00eda Camila P\u00e1ez Ayala2. En consecuencia, entre otras determinaciones, se\u00f1al\u00f3 como cuota alimentaria en favor de la demandante \u00abla cuant\u00eda equivalente al cuarenta por ciento (40%) del salario (previas deducciones de leu, e incluyendo primas, bonificaciones y salario adicional), que recibe el demandado como empleado de la unidad de planeaci\u00f3n minero energ\u00e9tica (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.3. Tal prove\u00eddo fue confirmado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 26 de julio del 2005. <\/p>\n
2.4. En firme las anteriores determinaciones, la actora promovi\u00f3 proceso ejecutivo por concepto de costas dentro del mismo radicado (2003-0505)3. El despacho libr\u00f3 mandamiento el 16 de marzo del 20074 y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n el 11 de febrero del 20115. <\/p>\n
2.5. El 24 de febrero del 2014, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n en Asuntos de Familia de Bogot\u00e1 avoc\u00f3 conocimiento del proceso6. <\/p>\n
2.6. La actora asever\u00f3 que el 13 de agosto del 2021 envi\u00f3 un oficio al Juzgado Quinto de Familia en el que solicit\u00f3 \u00abque los t\u00edtulos que est\u00e9n (sic) mi nombre\u00bb. Sin embargo, se le comunic\u00f3 que el proceso est\u00e1 archivado y que, en todo caso, no hay consignaciones disponibles. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 que se ordene \u00abel pago de los t\u00edtulos que se encuentran en el banco agrario de dep\u00f3sitos judiciales a mi nombre: Adriana Mar\u00eda P\u00e1ez Ayala\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que \u00abhabi\u00e9ndose denunciado el incumplimiento del alimentante, la se\u00f1ora P\u00e1ez Ayala promovi\u00f3 el tr\u00e1mite ejecutivo tendiente a obtener el pago de la obligaci\u00f3n adeudada, diligencias cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado 1\u00b0 de Ejecuci\u00f3n en Asuntos de Familia de Bogot\u00e1, siendo dicho estrado judicial el competente para emitir un pronunciamiento sobre las solicitudes formuladas por la quejosa respecto de la entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial y la orden de pago permanente cuyo decreto consideraba necesario\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, se\u00f1al\u00f3 que el 18 de noviembre del 2019, se requiri\u00f3 a la alimentante para que coadyuvara la solicitud de su progenitora sobre la entrega de t\u00edtulos, \u00aben tanto que \u00e9sta ya contaba con 26 a\u00f1os, llamamiento frente al cual los interesados guardaron silencio, permaneciendo el proceso inactivo hasta el mes de julio del a\u00f1o en curso [pues los dem\u00e1s correos electr\u00f3nicos a los que se refiere la quejosa fueron remitidos a la oficina de ejecuci\u00f3n en asuntos de familia], cuando se le inform\u00f3 a la se\u00f1ora P\u00e1ez Ayala que, una vez desarchivado el expediente y verificado el portal del Banco Agrario, se le har\u00eda saber sobre la \u2018viabilidad\u2019 del pago de los dep\u00f3sitos requeridos, por lo que, una vez efectuado el desarchivo y digitalizaci\u00f3n de las diligencias, mediante auto de esta misma fecha se orden\u00f3 la elaboraci\u00f3n de un informe de los t\u00edtulos judiciales consignados a \u00f3rdenes de este juzgado, ello con el prop\u00f3sito de verificar cu\u00e1les de ellos se encuentran pendientes de pago y proceder como corresponde\u00bb. <\/p>\n
Por ende, solicit\u00f3 denegar la acci\u00f3n de tutela por improcedente pues tiene a su disposici\u00f3n otros mecanismos de defensa judicial dentro del proceso verbal. <\/p>\n
2. Los vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el resguardo. Para ello advirti\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora Adriana Mar\u00eda P\u00e1ez Ayala (progenitora de Mar\u00eda Camila P\u00e1ez Ayala) promovi\u00f3 esta acci\u00f3n en nombre propio ante el juez que adelant\u00f3 el proceso de investigaci\u00f3n de paternidad y fij\u00f3 cuota alimentaria en favor de Mar\u00eda Camila, quien para esa \u00e9poca era menor de edad, pero en la actualidad la alimentaria tiene 28 a\u00f1os, lo cual significa que desde el momento en que alcanz\u00f3 la mayor\u00eda de edad, se representa a s\u00ed misma y en caso de que vea vulnerados sus derechos es ella quien debe reclamarlos\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, evidenci\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora Adriana Mar\u00eda P\u00e1ez Ayala no acredit\u00f3 que estuviera actuando en favor de Mar\u00eda Camila como agente oficiosa, porque \u00e9sta \u00faltima estuviese impedida para actuar en causa propia, lo que hace concluir que do\u00f1a Adriana carece de legitimaci\u00f3n para promover esta acci\u00f3n en nombre de quien presuntamente ve vulnerados sus derechos, raz\u00f3n suficiente para negar la tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante, quien adujo que \u00abno estoy violando la calidad de ser un tercero como lo indica el escrito que env\u00eda El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 ya que mi derecho es Constitucional y Prevalece sobre la norma sustancial ya que estoy ejerciendo mi derecho en representaci\u00f3n de mi hija quien adem\u00e1s de estar enferma junto ahora con el caso de la Pandemia no se puede dejar a la deriva los T\u00edtulos que se encuentran en el Banco Agrario de Dep\u00f3sitos Judiciales\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que es madre cabeza de familia y progenitora de Mar\u00eda Camila Valles P\u00e1ez, quien padece \u00abuna patolog\u00eda muy delicada de Tiroides con siete cirug\u00edas las cuales le ha (sic) permitido llevar una mejor calidad de vida hasta la fecha\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, se queja la gestora de la mora incurrida por los juzgados Quinto de Familia y Primero de Ejecuci\u00f3n de Sentencias en Asuntos de Familia de Bogot\u00e1 para acceder a la entrega de los t\u00edtulos judiciales causados en favor de su hija Mar\u00eda Camila Valles P\u00e1ez dentro del proceso de radicado 2003-00505-00. <\/p>\n
2.- Pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad ante la carencia de legitimaci\u00f3n por activa de la accionante. Por tanto, el prove\u00eddo del Tribunal habr\u00e1 de ser confirmado. <\/p>\n
3.- Ciertamente, se observa que la gestora no es la titular de los derechos fundamentales reclamados como vulnerados, toda vez que particip\u00f3 en el proceso de investigaci\u00f3n de paternidad (y posteriormente ejecutivo) como representante legal de la entonces ni\u00f1a Valles P\u00e1ez. Sin embargo, al haber cumplido aquella la mayor\u00eda de edad es ella quien debe reclamar directamente la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales, en caso de que las considere vulneradas por los Juzgados Quinto de Familia o Primero de Ejecuci\u00f3n de Sentencias en Asuntos de Familia, ambos de Bogot\u00e1 dentro del aludido proceso. <\/p>\n
4.- Mem\u00f3rese que, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que quien dice representar a otro acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual act\u00faa o alegue su calidad de agente oficioso, lo que en el presente asunto no se hizo. Dicho requisito de procedibilidad se encuentra prescrito en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que: <\/p>\n
\u00abPodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab \u201c(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u201cdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii) Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u201ccuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u201d. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02). <\/p>\n
Bajo este par\u00e1metro, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abAhora bien, en lo que tiene que ver con el apoderamiento judicial en materia de tutela, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que i) es un acto jur\u00eddico formal, por lo cual debe realizarse por escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico; iii) debe ser un poder especial; iv) el poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para instaurar procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; v) el destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional. <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, en aquellos eventos en los cuales la acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, pero el abogado no contaba con poder especial, la jurisprudencia constitucional se\u00f1al\u00f3, como consecuencia jur\u00eddica, la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb. (CC T-024\/19, 28 de ene. 2019). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, es evidente que el promotor no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa por activa para instaurar la presente acci\u00f3n de tutela, por tanto, la salvaguarda invocada resulta inviable. <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado que neg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 3 del PDF \u00abCUADERNO1\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 118 del PDF \u00ab2003-505-5 CUADERNO PRINCIPAL\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1 del PDF \u00ab2003-505-5 CUADERNO PRINCIPAL\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Folio 88 del PDF \u00ab2003-505-5 CUADERNO PRINCIPAL\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Folio 113 del PDF ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 227 del PDF ibidem. <\/p>\n
<\/p>\n
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