STC1298-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1298-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2021-00532-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 14 de diciembre de 2021, que neg\u00f3 la tutela interpuesta por Myriam Consuelo Fonseca Pacheco frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el hipotecario n\u00ba 2002-00176. <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital y \u00abvivienda digna\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, el banco Colpatria inici\u00f3 proceso hipotecario en su contra, pretendiendo el pago de un cr\u00e9dito de vivienda que le otorg\u00f3 en el a\u00f1o 1995 bajo el sistema UPAC, asunto que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
Expuso que, el pleito finaliz\u00f3 con sentencia del 18 de abril de 2012, en el que se declar\u00f3 parcialmente probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de \u00abcobro de lo no debido\u00bb; sin embargo, recrimin\u00f3 que la providencia no abordara el tema de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, en consideraci\u00f3n de la ley 546 de 1999 y las sentencias C-955 de 2000 y SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional, aplicable para ese tipo de deudas. <\/p>\n
Luego, con posterioridad, el 26 de julio de 2019 present\u00f3 al despacho incidente de nulidad con fundamento en el art\u00edculo 42 de la citada normativa; empero, cuestion\u00f3 que, hasta el momento de la radicaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional, y pese al tiempo transcurrido desde la solicitud, el juzgado ning\u00fan pronunciamiento ha emitido al respecto, ni siquiera frente a la reiteraci\u00f3n del incidente en tres ocasiones m\u00e1s (el 7 de julio de 2020, el 26 de agosto y 22 de octubre de 2022). <\/p>\n
En suma, se\u00f1al\u00f3 que la tutela \u00abse dirige contra la negligencia y\/u omisi\u00f3n de darle el tr\u00e1mite pertinente al incidente de nulidad [\u2026] por parte del Juzgado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, aleg\u00f3 que la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito es un imperativo legal y que su inaplicaci\u00f3n deviene en nulidad del ejecutivo, seg\u00fan se ha decantado a trav\u00e9s de diversos fallos de tutela de esta Corte. <\/p>\n
En escrito complementario, reproch\u00f3 la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el juzgado el 2 de diciembre de 2021 rechazando el incidente de nulidad \u00absin un m\u00ednimo razonable de argumentaci\u00f3n en su parte motiva\u00bb; formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 se ordene \u00ab(\u2026) dejar sin efecto la sentencia y declarar la nulidad de todo lo actuado, incluyendo el mandamiento de pago dentro del proceso de la referencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 expuso que, \u00abdebido a la alta carga de memoriales que diariamente se reciben en la cuenta de correo electr\u00f3nico asignada [\u2026] los cuales conllevan digitalizaci\u00f3n de expedientes para su respectivo ingreso al despacho, as\u00ed como el volumen del proceso objeto del reproche constitucional, produjeron un atraso significativo en su tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Por otro parte, inform\u00f3 que la solicitud a la que se refiere la actora ingres\u00f3 a despacho y ser\u00e1 resuelta inmediatamente y se notificar\u00e1 por estado, por lo que solicita no se acceda al amparo \u00abteniendo en cuenta que el suscrito y los empleados que conformamos el juzgado realizamos todas las gestiones que est\u00e1n en nuestras manos para tramitar los distintos procesos\u00bb. <\/p>\n
2. La apoderada judicial de la entidad financiera promotora del ejecutivo en cuesti\u00f3n, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto, contrario a lo arg\u00fcido por la accionante, \u00abha tenido pleno acceso a la justicia, ha ejercido dentro del proceso todas las acciones referidas a su defensa por conducto de abogado, objet\u00f3 la reliquidaci\u00f3n presentada como anexo de la demanda por parte del Banco [\u2026] apel\u00f3 las diferentes liquidaciones vez a vez actualizadas [\u2026] objet\u00f3 y apel\u00f3 el aval\u00fao del inmueble en cada oportunidad de fijaci\u00f3n de fecha para la diligencia de remate [y] aparece con acciones de tutela dilatorias e improcedentes como la que hoy nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda por carencia actual de objeto por hecho superado ya que, \u00abel funcionario judicial [accionado], aun tard\u00edamente, mediante auto de 2 de diciembre de 2021 resolvi\u00f3 la petici\u00f3n allegada al interior del expediente (\u2026) decisi\u00f3n que fue notificada en el estado de 3 de diciembre de 2021 (\u2026)\u00bb; en todo caso, indic\u00f3 que, frente a dicha determinaci\u00f3n proceden los recursos de ley, por lo que, \u00ab(\u2026) mal har\u00eda el juez constitucional de anticiparse a las actuaciones y decisiones que dentro del mismo tr\u00e1mite deben producirse\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la quejosa reiterando sus alegaciones en torno a la nulidad del ejecutivo que curs\u00f3 en su contra por la falta de reestructuraci\u00f3n de la deuda. Agreg\u00f3 que el inmueble comprometido no ha sido objeto de remate y que interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto del 2 de diciembre de 2021 que rechaz\u00f3 la nulidad propuesta. Refut\u00f3 el fallo del tribunal a quo, por cuanto ning\u00fan pronunciamiento hizo sobre la reestructuraci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema planteado. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas de la actora al no haberse pronunciado frente al incidente de nulidad (por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito,) propuesto por la ac\u00e1 accionante dentro del hipotecario radicado n\u00ba 2002-00176 promovido por el Banco Colpatria en su contra. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
Puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la intermisi\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
3. De la carencia actual de objeto. <\/p>\n
Ahora bien, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
Ante ese panorama, el juez de tutela una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
Al respecto la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la carencia de objeto impide que el fallador constitucional intervenga en relaci\u00f3n con situaciones que al momento de la sentencia ya no existen, o al menos no se suscitan con las caracter\u00edsticas de origen, ya que (\u2026) si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser (\u2026)\u00bb (CSJ. STC de 13 mar. 2009, rad. 00147-01, reiterada en STC1836-2017, 15 feb. 2017, rad. 00388-01, entre otras). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
En el sub examine se observa que el reclamo expuesto por la actora en el escrito tutelar radic\u00f3 en que el juzgado accionado no ha proferido determinaci\u00f3n alguna frente al incidente de nulidad que inco\u00f3 el 26 de julio de 2019 y que reiter\u00f3 en tres ocasiones m\u00e1s, el 7 de julio de 2020, el 26 de agosto y 22 de octubre de 2022, dentro del ejecutivo radicado 2002-176. <\/p>\n
Sin embargo, seg\u00fan inform\u00f3 el despacho convocado al contestar la presente demanda y conforme puede constatarse en el expediente del proceso en cuesti\u00f3n, aportado a estas diligencias, el 2 de diciembre de 2021 profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n echada de menos por la querellante; en aqu\u00e9lla providencia resolvi\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) rechaza[r] de plano la solicitud de nulidad impetrada por el apoderado de Myriam Consuelo Fonseca Pacheco [\u2026] comoquiera que [se] funda en causales determinadas en el art\u00edculo 133 del C.G. del P., empero, los hechos alegados difieren de aqu\u00e9llas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, y respecto de la nulidad prevista en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, basta se\u00f1alar que aquella se contrae a la \u201cprueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u201d, lo que claramente no corresponde a ninguno de los supuestos que fueron elevados por el incidentante. <\/p>\n
Con todo, advi\u00e9rtase que ese extremo procesal, continu\u00f3 actuando de manera posterior al hecho que refiere como originador de la nulidad (num. 1 art\u00edculo 136 del C.G. del P.)\u00bb. <\/p>\n
Con lo anterior queda claro que, en el transcurso de la primera instancia de esta actuaci\u00f3n, el accionado procedi\u00f3 a emitir la providencia reclamada, por lo que, pese a la evidente tardanza, el requerimiento que exterioriz\u00f3 la gestora de la s\u00faplica fue atendido, lo que significa que el supuesto de hecho al que se atribuy\u00f3 la transgresi\u00f3n fue superado, independientemente de que ahora manifieste inconformidad frente a la resoluci\u00f3n, la que, en todo caso, puede plantear a trav\u00e9s de los mecanismos de impugnaci\u00f3n pertinentes. <\/p>\n
En un asunto similar, donde se denunci\u00f3 la mora en el tr\u00e1mite de un recurso formulado y \u00e9ste fue resuelto antes del fallo de la primera instancia tutelar, se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el pedimento que origin\u00f3 la actual formulaci\u00f3n ya fue definido mediante prove\u00eddo de 8 de marzo de la cursante anualidad, habida cuenta que el aludido auto desat\u00f3 el recurso vertical interpuesto contra la [decisi\u00f3n] dictada en primera instancia el 20 de junio de 2013, advierte la Corte que el motiv\u00f3 que gener\u00f3 la presentaci\u00f3n de la tutela materia de decisi\u00f3n ha desaparecido; luego el m\u00f3vil de la lamentaci\u00f3n del actor ya constituye un \u201checho superado\u201d y, en consecuencia, la acci\u00f3n de amparo perdi\u00f3 eficacia y raz\u00f3n de ser frente a esa censura\u00bb (CSJ STC 2913-2016, 10 Mar. 2016, rad. 00434-00 reiterada en STC5134-2018 abr. 19 de 2018, rad. 00870-00) <\/p>\n
De esta forma, por no existir una conculcaci\u00f3n actual de los derechos fundamentales invocados, de acuerdo a lo decantado en la actuaci\u00f3n, la tutela resulta improcedente. <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n adicional – De la condici\u00f3n de prematura de la salvaguarda. <\/p>\n
Ahora bien, es menester indicar que, de existir cuestionamientos frente al sentido de la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, cualquier manifestaci\u00f3n que pudiere hacerse respecto de aqu\u00e9lla resultar\u00eda abiertamente prematura, puesto que, seg\u00fan lo manifest\u00f3 la propia interesada, el 6 de diciembre de 2021 interpuso contra el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 la nulidad \u2013 2 de diciembre \u2013, los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, a\u00fan pendientes de tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que, en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01)\u00bb (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. El hecho que origin\u00f3 la petici\u00f3n de amparo y en el cual se sustent\u00f3 la queja, se encuentra superado, pues incluso antes de resolverse el asunto en primera instancia constitucional, el juez accionado emiti\u00f3 el pronunciamiento demandado, lo que deviene en carencia actual de objeto. <\/p>\n
6.2. Resulta igualmente improcedente el auxilio por prematuro, ya que su pertinencia pierde vigor mientras existan v\u00edas jur\u00eddicas en curso, en este caso, los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el proferimiento reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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