STC1304-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC1304-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2022-00002-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 21 de enero de 2022, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Mar\u00eda Candelaria Beltr\u00e1n y Samuel Pinz\u00f3n Beltr\u00e1n contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00b0 2019-00010. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estiman trasgredido por la sentencia de 14 de diciembre de 2021, mediante la cual el juzgador convocado \u2013contrariando, en su criterio, la evidencia recaudada- accedi\u00f3 a la demanda de restituci\u00f3n de tierras formulada en su contra, sin reconocerles la condici\u00f3n de terceros de buena fe exenta de culpa, ni las prestaciones econ\u00f3micas que de all\u00ed se habr\u00edan derivado. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, manifestaron que, aunque radicaron oportunamente y con la suficiente fundamentaci\u00f3n su escrito de r\u00e9plica frente a la demanda, el fallador accionado -mediante autos de 15 de julio y 16 de agosto de 2019- se neg\u00f3 a tenerlos como verdaderos opositores (por estimar que no se invocaron hechos que, realmente, reflejaran esa calidad) y, por el contrario los tuvo como simples intervinientes, decisi\u00f3n que, finalmente, condujo a que en la sentencia de m\u00e9rito no se efectuara ning\u00fan reconocimiento econ\u00f3mico en su favor. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidieron que de deje sin efecto el fustigado fallo y se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El fallador convocado se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, arguyendo la legalidad de las decisiones que aqu\u00ed se censuran. <\/p>\n
2. Las Unidades Administrativas Especiales de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas dijeron carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal deneg\u00f3 el amparo, por estimar que no satisface el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los querellantes insistiendo en sus alegaciones iniciales y recalcando que la demanda de tutela se formul\u00f3 menos de 6 meses despu\u00e9s del d\u00eda en que se les notific\u00f3 el fallo del juicio de restituci\u00f3n de tierras, que fue la providencia con la cual se consolid\u00f3 la trasgresi\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la solicitud de amparo satisface el presupuesto de inmediatez y, de superarse lo anterior, si el juzgador fustigado vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas en el libelo introductor al desconocer la calidad de terceros de buena fe exenta de culpa que se atribuyen los ahora convocantes. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general, este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que, en estricto sentido, la determinaci\u00f3n de no reconocer a los aqu\u00ed accionantes como opositores en el juicio de restituci\u00f3n de tierras materia del pretendido resguardo, la adopt\u00f3 el fallador convocado mediante prove\u00eddos de 15 de julio y 16 de agosto de 2019 (y justamente con base en ellas decidi\u00f3 continuar con el conocimiento de las diligencias), mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 13 de enero de 2022. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los eventuales afectados debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep.; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
3.2. De otra parte, tampoco se adujo en esta sede explicaci\u00f3n v\u00e1lida que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues, si bien es cierto que puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional, ello no sucedi\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado por no verificarse el presupuesto de inmediatez del que pend\u00eda su concesi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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