STC1306-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1306-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01288-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 8 de julio de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Eduardo Melo Prada contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Melgar y la Fiscal\u00eda 54 Seccional esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2013-18030. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, en su contra se adelanta proceso penal por el delito de \u00abactos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os agravado\u00bb. Inicialmente, fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Melgar a la pena de 144 meses de prisi\u00f3n con sentencia del 19 de septiembre de 2018; sin embargo, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Penal, al desatar la segunda instancia, profiri\u00f3 auto el 20 de enero de 2019 mediante el cual declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado desde la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n, tras considerar que aqu\u00e9l \u00abno cumpli\u00f3 con los requisitos del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, pues carec\u00eda de precisi\u00f3n clara e inequ\u00edvoca sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se enrostran al acusado\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, la anterior determinaci\u00f3n oblig\u00f3 a que la Fiscal\u00eda 54 Seccional de Melgar corrigiera el escrito de acusaci\u00f3n y lo presentara nuevamente el 12 de enero de 2021, reinici\u00e1ndose el juicio penal en su contra. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, pues consider\u00f3 que con ella el tribunal realiz\u00f3 un control de legalidad que no correspond\u00eda ya que, al declarar la nulidad, permiti\u00f3 que la fiscal\u00eda subsanara \u00ab(\u2026) las irregularidades en que incurri\u00f3 al momento de la acusaci\u00f3n, despu\u00e9s de agotadas todas y cada una de las etapas del proceso, no solo es violatorio del principio de preclusi\u00f3n y principio de la prohibici\u00f3n de la doble incriminaci\u00f3n, sino que desdibujar\u00eda la naturaleza del modelo acusatorio y adversarial, y estar\u00edamos frente a un proceso totalmente inquisitivo\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00ab(\u2026) revocar la providencia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Penal, que orden\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir de la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n inclusive (\u2026) Ordenar que se dicte sentencia de segunda instancia en el proceso penal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Fiscal 54 Seccional de Melgar, relacion\u00f3 lo acontecido en la causa judicial y las labores que adelant\u00f3 en la investigaci\u00f3n. Solicit\u00f3 se deniegue la tutela por cuanto esta \u00abno constituye un mecanismo alternativo para atacar, impugnar o censurar las decisiones expedidas dentro de un proceso judicial en curso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad aclar\u00f3 en primer t\u00e9rmino que, no existe una doble incriminaci\u00f3n como lo alega el actor, pues la sentencia que profiri\u00f3 no cobr\u00f3 ejecutoria. Indic\u00f3 tambi\u00e9n que, actualmente el juicio penal que se reh\u00edzo transcurre por la audiencia preparatoria. Pidi\u00f3 ser desvinculado de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. El apoderado representante de la v\u00edctima destac\u00f3 que, no ha existido desconocimiento de las garant\u00edas procesales del actor en el juicio, pues \u00absiempre estuvo acompa\u00f1ado de un abogado de confianza, jam\u00e1s estuvo solo en las audiencias (\u2026)\u00bb. En cuanto a la queja dirigida contra la providencia del tribunal que declar\u00f3 la nulidad, resalt\u00f3 que aqu\u00e9lla estuvo ajustada a derecho por lo que no puede se\u00f1alarse como vulneradora de los derechos fundamentales del procesado. <\/p>\n
4. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, ponente del prove\u00eddo recriminado, realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n penal y justific\u00f3 la anulaci\u00f3n del juicio de primer grado tras advertir que \u00ab(\u2026) la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n incurri\u00f3 en protuberantes yerros al momento de confeccionar los hechos jur\u00eddicamente relevantes en que se funda el acto incriminatorio, con lo que se encontraron afectadas las garant\u00edas fundamentales al se\u00f1or Melo Prada, y huelga anotar, este an\u00e1lisis se adelant\u00f3 conforme las reglas jurisprudenciales vigentes y aplicables para la fecha de emisi\u00f3n de la determinaci\u00f3n cuestionada\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad por cuanto, el juicio penal objeto de reproche se encuentra en tr\u00e1mite, \u00ab[e]n esa medida, es dicho asunto el escenario ideal para que el interesado insista en la presunta vulneraci\u00f3n a sus derechos y, en caso de dictarse decisi\u00f3n contraria a sus intereses, agote los recursos de ley\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, consider\u00f3 que no se superaba el requisito de la inmediatez pues, \u00ab(\u2026) la demanda de tutela fue interpuesta el 21 de junio de 2021, luego no se encuentra justificaci\u00f3n alguna que habilite al actor a demandar en esta sede despu\u00e9s de m\u00e1s de 2 a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n censurada (20 de enero de 2019)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado del querellante, manifestando su inconformidad con el fallo de la Sala a quo, en primer lugar, y respecto al principio de la subsidiariedad \u00abno tuvo en cuenta que [\u2026] la decisi\u00f3n de nulitar la actuaci\u00f3n fue tomada por el Tribunal Superior [\u2026] en consecuencia no tiene otro recurso (\u2026)\u00bb; de la inmediatez dijo que, no es aplicable ya que el perjuicio sufrido por su prohijado \u00abes de car\u00e1cter permanente, puesto que los efectos nocivos del error del tribunal [\u2026] implica someterlo a un nuevo juicio, pues no debe olvidarse que el proceso se encontraba para fallo de segunda instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente; y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el actor dentro del juicio penal (rad. 2013-18030), y en concreto la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, con el auto del 20 de enero de 2019 que declar\u00f3 la nulidad del proceso desde la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n por parte de la fiscal\u00eda, lo cual constituye, supuestamente, v\u00eda de hecho porque, se efectu\u00f3 un control material \u00abprohibido en el sistema de la ley 906 de 2004\u00bb que redunda en una \u00abdoble incriminaci\u00f3n (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, 00624-00, reiterado en STC11374-2016). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que hace el actor no atiende el postulado que viene de comentarse ya que, el auto que declar\u00f3 la nulidad de la causa penal que lo involucra (y orden\u00f3 rehacerla desde la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n), fue proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 20 de enero de 2019, mientras que este auxilio se radic\u00f3 el 21 de junio de 2021, esto es, superando con amplitud el tiempo establecido como razonable por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l. <\/p>\n
Es decir, el afectado debi\u00f3 agotar oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento respecto de la decisi\u00f3n que ataca; adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.3. De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, bajo ese contexto, al no advertirse la concurrencia de alguno de los rese\u00f1ados eximentes del presupuesto destacado, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda emerge como criterio suficiente que conduce indefectiblemente a su desestimaci\u00f3n, motivo por el cual no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de ese requisito. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Expediente remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 28 de enero de 2022. <\/p>\n
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