STC1307-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1307-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00239-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Estella Valencia de Ram\u00edrez contra el Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del prenombrado municipio, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes de las ejecuciones a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La actora reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco del proceso ejecutivo que Blanca Dolly Salazar de G\u00f3mez y Luis Jaime G\u00f3mez G\u00f3mez tramitaron contra Luz Marina Cardona David ante el Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, identificado con el radicado No. 2014-00395; y, el proceso coercitivo que aqu\u00e9llos adelantan en su contra ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Prenombrado Municipio, identificado con el consecutivo No. 2019-00248. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, \u00abdej[ar] sin efectos\u00bb el auto de 30 de noviembre de 2018, proferido al interior del citado decurso, y que como consecuencia de ello, se \u00abprofiera el auto de reemplazo aplicando las normas que rigen el caso\u00bb y \u00abse determine en qu\u00e9 circunstancias quedar\u00eda el proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Ceja, ya que el t\u00edtulo ejecutivo base de recaudo tuvo origen en el auto del 30 de noviembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar sus quejas expone, en s\u00edntesis, que en el mes de abril del a\u00f1o 2013, vendi\u00f3 a Luz Marina Cardona David el 87% del derecho de dominio sobre el inmueble identificado con la matr\u00edcula No. 017-9191, cuota parte que \u00e9sta hipotec\u00f3 a Blanca Dolly Salazar de G\u00f3mez y Luis Jaime G\u00f3mez G\u00f3mez, como garant\u00eda por un pr\u00e9stamo de dinero; que en noviembre de la misma anualidad, junto con Luz Marina Cardona David sometieron el bien a r\u00e9gimen de propiedad horizontal y liquidaron la comunidad existente entre ellas, por lo que nacieron los apartamentos 101, 201, 202, 301, 302 y 401, con sus respectivas matr\u00edculas inmobiliarias, de los cuales a ella se le adjudic\u00f3 el 100% del apartamento 301 ,y Luz Marina Cardona David se adjudic\u00f3 el 100% de los dem\u00e1s, lo que trajo como consecuencia, que \u00abla hipoteca constituida sobre el inmueble de mayor extensi\u00f3n se transfiri\u00f3 a cada uno de los inmuebles de dominio privado surgidos del sometimiento de la propiedad horizontal en un 87%\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que en enero de 2014, Luz Marina Cardona David constituy\u00f3 hipoteca abierta de segundo grado a favor de Luis Jaime G\u00f3mez G\u00f3mez y Blanca Dolly Salazar de G\u00f3mez, sobre el 100% del apartamento 101, como garant\u00eda de pago de un segundo pr\u00e9stamo de dinero, pero al incumplir con la obligaci\u00f3n adquirida, \u00e9stos promovieron la respectiva ejecuci\u00f3n para hacer efectivas las garant\u00edas hipotecarias de primer y segundo grado, proceso que correspondi\u00f3 al Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, Antioquia, donde la ejecutada no present\u00f3 oposici\u00f3n alguna, por lo que el 11 de septiembre de 2015, se dict\u00f3 auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Narra que dentro de dicho cobro judicial se embargaron y secuestraron el 87% de los apartamentos 201, 202, 302 y 401 y el 100% del apartamento 101; y tras el remate esas unidades habitacionales, fueron adjudicadas a los ejecutantes por cuenta de su cr\u00e9dito por un valor de $235\u00b4000.000,oo, por lo que, dice, del cr\u00e9dito garantizado con la hipoteca de primer grado solo qued\u00f3 un saldo insoluto por cubrir de $7\u00b4645.958 de capital, diligencia que se aprob\u00f3 en auto del 17 de mayo de 2018; el 16 de agosto de 2018 se remat\u00f3 a favor de los ejecutantes y por cuenta de su cr\u00e9dito, el 100% del apartamento 101 en $300\u00b4000.000,oo, del cual el 87% estaba hipotecado en primer grado, y el 100% en segundo grado, diligencia aprobada el 24 de agosto de 2018. <\/p>\n
Explica que del \u00faltimo remate debi\u00f3 pagarse primero el saldo de la obligaci\u00f3n garantizada por la hipoteca de primer grado, y destinarse el dinero restante a cubrir la deuda respaldada por la garant\u00eda de segundo grado, lo que habr\u00eda dejado al apartamento de su propiedad, el 301, asegura, libre de todo gravamen, pero en vez de ello, no se cubri\u00f3 dicho faltante, sino \u00fanicamente la deuda respaldada por la segunda hipoteca, y los ejecutantes pidieron el desglose de los documentos base del recaudo exigiendo \u00abla constancia de que no ha sido cancelado \u00edntegramente\u00bb, a lo cual accedi\u00f3 el estrado cognoscente el 30 de noviembre de 2018, al ordenar el desglose de la escritura p\u00fablica contentiva de la hipoteca de primer grado, dejando constancia en la misma que faltaron por pagarse $34\u00b4568.230.oo. <\/p>\n
Afirma que conoci\u00f3 del proceso que se viene comentado en agosto de 2019, cuando pidi\u00f3 copia del expediente, pero en mayo anterior Luis Jaime G\u00f3mez G\u00f3mez y Blanca Dolly Salazar presentaron en su contra demanda ejecutiva con garant\u00eda real para obtener el pago del aludido saldo, con fundamento en la garant\u00eda hipotecaria de primer grado que a\u00fan pesa sobre el 87% de su apartamento 301, conforme a la constancia que dej\u00f3 el Juzgado Civil \u2013Laboral del Circuito de La Ceja, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la prenombrada localidad, dentro del cual \u00abse notific\u00f3 debidamente (\u2026) el d\u00eda 8 de julio de 2019, sin que propusiera dentro del t\u00e9rmino medios exceptivos\u00bb. <\/p>\n
Refiere que es una mujer de 71 a\u00f1os, viuda, de origen humilde y con \u00abm\u00ednima alfabetizaci\u00f3n\u00bb, que actualmente vive en arriendo en el municipio de La Ceja, \u00abes decir, que no cuenta con vivienda propia que habitar, pues del apto. 301 solo existen unas columnas\u00bb, por lo cual, dentro de la ejecuci\u00f3n en su contra pidi\u00f3 amparo de pobreza, pero cuando ya hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino para contestar la demanda, raz\u00f3n por la que el 29 de julio de 2019, se orden\u00f3 seguir adelante con el cobro compulsivo y la venta en p\u00fablica subasta del 87% de su apartamento, decisi\u00f3n que atac\u00f3 a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, alegando \u00abmaniobras fraudulentas por parte de los demandantes\u00bb, mecanismo rechazado el 22 de septiembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia \u00abpor tratarse de un auto y no de una sentencia\u00bb. <\/p>\n
Refiere que tambi\u00e9n pidi\u00f3 la nulidad de ese decurso, por \u00abhaberse pretermitido integralmente la instancia\u00bb, pues en su sentir, \u00abel t\u00edtulo base de recaudo no tendr\u00eda que existir debido a que la obligaci\u00f3n ya estaba saldada en el proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado Civil \u2013 Laboral del Circuito de La Ceja\u00bb, solicitud negada el 25 de mayo de 2021, situaci\u00f3n que, dice, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Civil \u2013 Laboral del Circuito de La Ceja, Antioquia, inform\u00f3 que el proceso ejecutivo identificado con el radicado 2014-00395, fue instaurado por Blanca Dolly Salazar y Lis Jaime G\u00f3mez contra Luz Marina Cardona David, no contra la aqu\u00ed accionante, asunto archivado desde el 24 de mayo de 2019, sin que all\u00ed se expusiera lo alegado en este escenario; adem\u00e1s, que las \u00faltimas decisiones all\u00ed tomadas datan de hace m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os, por lo que se incumple el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, ya que \u00abla parte accionante busca con la tutela que se deje sin efecto el auto del 30 de noviembre de 2018, por medio del cual el Juzgado Civil del Circuito de La Ceja, procedi\u00f3 a resolver una solicitud de la parte demandante en el proceso ejecutivo con radicado Nro. 2014-00395 y donde orden\u00f3 \u201cdesglosar la escritura p\u00fablica N\u00ba 2530 otorgada el 21 de octubre de 2013 en la Notar\u00eda 1\u00aa de Rionegro, que sirvi\u00f3 de base para la ejecuci\u00f3n, con la anotaci\u00f3n de que existe un saldo insoluto pendiente por pagar en la suma de $34\u00b4568.230.07, por lo que sigue vigente y con pleno valor ejecutivo por dicho valor\u201d; pero n\u00f3tese que como la propia parte actora lo manifest\u00f3 en los hechos de la tutela, solo se enter\u00f3 de ese pronunciamiento hasta el 26 de agosto de 2019, fecha desde la cual se advierte conocimiento de tal actuaci\u00f3n, pero contra ella no se inici\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n tendiente dejarla sin efecto o por lo menos la aqu\u00ed accionante, no busc\u00f3 intervenir dentro del mentado asunto ejecutivo si consideraba que sus intereses se ve\u00edan afectados con el pronunciamiento all\u00ed descrito, despreciando as\u00ed la utilizaci\u00f3n de los mecanismo ordinarios judiciales establecidos y que ten\u00eda a su alcance, lo que deslegitima la acci\u00f3n de tutela que es un mecanismo excepcional y subsidiario como ya se mencion\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, \u00abde cara al proceso ejecutivo con radicado 2019- 00248 llevado a cabo ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Ceja, se logra evidenciar que tampoco se cumple con el requisito de la subsidiariedad, puesto que la accionante luego de notificada, dejo vencer los t\u00e9rminos para contestar la demanda, es decir, guard\u00f3 silencio, sin proponer medio exceptivo alguno tendiente a demostrar y establecer lo que por este medio constitucional pretende\u00bb. <\/p>\n
Finalmente observ\u00f3, que \u00abla accionante lo que ataca es directamente el auto del 30 de noviembre de 2018 que fue proferido en el proceso ejecutivo con radicado 2014 \u2013 00395 tramitado ante la agencia judicial con categor\u00eda de circuito, y a pesar de que en el escrito de tutela se advierte que la accionante solo vino a conocer de tal proceso el 26 de agosto de 2019, tampoco inicio actuaci\u00f3n alguna frente a tal asunto, desde aquel momento, es decir que transcurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os, sin que la parte tutelante atacara o ejerciera alguna acci\u00f3n tendiente a evitar la afectaci\u00f3n o amenaza de sus derechos fundamentales, en un t\u00e9rmino prudencial, pues la presente acci\u00f3n fue formulada en noviembre del 2021\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora, se\u00f1alando que no pudo intervenir en el proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado del Circuito de La Ceja, porque no fue parte del mismo, al no haber intervenido en los actos que dieron nacimiento al t\u00edtulo ejecutivo; y, que no pudo defenderse dentro del proceso ejecutivo tramitado en su contra ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esa misma localidad, porque el t\u00edtulo base de cobro era la providencia judicial emitida dentro de aquel decurso, y \u00abestar\u00edamos en la causal de nulidad del art\u00edculo 133 numeral 2, pero este caso por ir en contrav\u00eda de decisi\u00f3n en firme del superior, pues fue otro funcionario jurisdiccional quien dio fe del saldo insoluto y as\u00ed lo consign\u00f3 en el t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente expuso, que a pesar de sus condiciones personales, que le dificultaban acceder a la administraci\u00f3n de justicia, adelant\u00f3 actuaciones tendientes a procurar la defensa de sus derechos, desde el momento en que se enter\u00f3 de lo ocurrido en el cobro ejecutivo que tramit\u00f3 el Juzgado del Circuito de La Ceja, en el mes de agosto de 2019, ya que pidi\u00f3 copia de ese expediente, solicit\u00f3 ser amparada de pobre en la ejecuci\u00f3n en su contra, present\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra el auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en su contra y pidi\u00f3 la invalidez del proceso, la cual fue negada el 25 de mayo de 2021, por lo cual, dice, no puede afirmarse incumplido el presupuesto de la inmediatez de la tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplir con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como lo afirm\u00f3 la accionante en su escrito de tutela, conoci\u00f3 de la precitada decisi\u00f3n del Juzgado Civil \u2013 Laboral del Circuito de La Ceja, Antioquia, desde el mes de agosto de 2019; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 11 de noviembre de 2021, es decir, transcurridos dos (2) a\u00f1os y tres (3) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de la actora es reprochar la aludida decisi\u00f3n del precitado estrado, de no haber tenido por extinguida la hipoteca sobre el 87% del dominio de su inmueble, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esa decisi\u00f3n, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para que aquella haya tardado en reclamar por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, pese a haber quedado latente desde la fecha de emisi\u00f3n de la comentada decisi\u00f3n, que los acreedores hipotecarios quedaron facultados para exigir su garant\u00eda en cabeza de quien estuviera el bien hipotecado, por virtud del derecho de persecuci\u00f3n que les asiste. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, revisado el escrito de tutela, las documentales allegadas al expediente digital, y los informes presentados, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta que tambi\u00e9n se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que, en un acto constitutivo de incuria, la actora dej\u00f3 de aprovechar los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior porque, si el descontento de la se\u00f1ora Valencia Ram\u00edrez se soporta, b\u00e1sicamente, en que es inv\u00e1lido el t\u00edtulo sustento del cobro judicial tramitado en su contra en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Ceja, le correspond\u00eda exponer sus motivos dentro de ese proceso mediante la proposici\u00f3n de medios exceptivos, pero al no haber procedido as\u00ed, mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto, pues, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que los quejosos ha desaprovechado debido a su incuria, lo que entonces deja a la inconforme sometida a las consecuencias adversas de su descuido. <\/p>\n
La Sala, en supuestos similares ha indicado que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
5. Ahora, no es posible soslayar el incumplimiento de los anteriores requisitos de procedibilidad del amparo, para abordar el fondo de la tem\u00e1tica propuesta por la actora, pues, no se aprecia en este caso la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, esto es, la gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del juez constitucional, al no estar probado que el eventual remate del 87% del inmueble propiedad de aqu\u00e9lla, la deje desprovista o gravemente afectada en los medios para su congrua subsistencia, si en cuenta se tiene que en el bien \u00e9sta no reside, y adem\u00e1s, como lo afirm\u00f3 en la demanda, \u00abdel apto. 301 solo existen unas columnas\u00bb, lo que permite a la Sala inferir, que el detrimento que eventualmente cause la actuaci\u00f3n cuestionada, no ser\u00eda de una magnitud insalvable. <\/p>\n
Lo anterior, sin que tampoco, la sola condici\u00f3n de persona de la tercera edad alegada por la accionante, implique per se, la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o de tal naturaleza derivado de la decisi\u00f3n que cuestiona, porque como lo ha indicado la Sala \u00abel hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (STC-4541-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1307-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1307-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00239-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61180","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61180"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61180\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}