STC1309-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1309-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01975-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Fernanda Calder\u00f3n y Jos\u00e9 Augusto Tamara Garrido, contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil, Laboral y Penal de esta Corporaci\u00f3n, y, el Consejo Superior de la Judicatura, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes y dem\u00e1s intervinientes de los asuntos constitucionales a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la \u00abprotecci\u00f3n de la propiedad\u00bb, a la vida, a la \u00abdignidad animal\u00bb y a la familia, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas, en el tr\u00e1mite de las distintas acciones que de esta misma naturaleza han propuesto para solucionar la problem\u00e1tica surgida a partir del fallecimiento de su mascota \u00abRitter\u00bb. <\/p>\n
Por tal motivo, solicitan, en concreto y en lo que refiere a las autoridades aqu\u00ed convocadas: <\/p>\n
\u00abPRINCIPALES. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
SEGUNDA: Se otorgue PROTECCION LEGAL \u2013 CONSTITUCIONAL Y JUDICIAL a los derechos constitucionales de un canino en conexidad con los derechos violados hacia su due\u00f1o: <\/p>\n
\u2022 Administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
\u2022 Acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
\u2022 DEBIDO PROCESO \u2013 CON OCASI\u00d3N A QUE [HAN] IMPUGNADO LA DECISION DE LA SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL Y NO SE LE [H]A DADO TR\u00c1MITE A LA MISMA. <\/p>\n
TERCERO: se [les] permita el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para darle protecci\u00f3n a [sus] derechos como ciudadanos que reclaman sobre la muerte y derechos de un canino que ERA [SU] hijo y no un simple bien material (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aducen en compendio y en cuanto logra extractarse, que su perro muri\u00f3 \u00abcon ocasi\u00f3n de un hecho fortuito, el d\u00eda 25 de junio de 2021, producto de un accidente de tr\u00e1nsito\u00bb, sin que la persona que ocasion\u00f3 el incidente se hubiera detenido para brindarle la ayuda del caso, incurriendo as\u00ed en los punibles, dicen, de omisi\u00f3n de socorro, y maltrato animal. <\/p>\n
Refieren que ten\u00edan un v\u00ednculo efectivo muy fuerte con su mascota, la que era considera como un miembro m\u00e1s de la familia, y su deceso les ocasion\u00f3 gastos que ascienden a la cifra de $500.000, sin contar la afectaci\u00f3n moral que es \u00abimposible\u00bb de calcular, por lo que, en su sentir, debe legislarse sobre el \u00abanimalicidio\u00bb, e incluir en el SOAT a los animales, siendo entonces, precisamente la \u00abfalta de aplicabilidad de una ley\u00bb, lo que ha soportado todas las tutelas que han promovido, una de ellas denegada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, decisi\u00f3n mantenida en sede de impugnaci\u00f3n por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa misma localidad. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
a. El Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3, a la letra, que \u00ab[d]e la revisi\u00f3n del extenso escrito tutelar no se observa un ataque de forma concreta frente a alguna actuaci\u00f3n adelantada por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de esta Corte, tampoco se endilga alg\u00fan tipo de lesi\u00f3n a derechos fundamentales\u00bb; que no obstante lo anterior, \u00aben informes secretariales del 22 y 23 de noviembre de 2021, fueron allegados los correos electr\u00f3nicos enviados por JOS\u00c9 AUGUSTO TAMARA GARRIDO, en el que solicitaba informaci\u00f3n del por qu\u00e9 a es[a] Sala le fue asignada la impugnaci\u00f3n propuesta por el mencionado y otra [rad. 120819], por ello en auto del 23 de noviembre de 2021, se emiti\u00f3 respuesta en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u20181. El Decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2\u00ba, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, dispuso lo siguiente: <\/p>\n
Los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado podr\u00e1n determinar que los asuntos relacionados con el conocimiento de la impugnaci\u00f3n de fallos de acci\u00f3n de tutela sean resueltos por salas de decisi\u00f3n, secciones o subsecciones conformadas para tal fin. As\u00ed mismo determinar\u00e1 la conformaci\u00f3n de salas de decisi\u00f3n, secciones o subsecciones para el conocimiento de las acciones de tutela que se ejerzan contra actuaciones de la propia corporaci\u00f3n, a las que se refiere el numeral 7 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del presente decreto. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 1. Estos reglamentos internos deber\u00e1n prever los asuntos relacionados en los numerales 8 y 12 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. 2. A su vez, el art\u00edculo 44 y 45 del Acuerdo 006 de 2002 (Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia) disponen: <\/p>\n
Art\u00edculo 44. La acci\u00f3n de tutela dirigida contra uno o varios Magistrados de la misma Sala de Casaci\u00f3n Especializada, o contra la respectiva Sala, se repartir\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n que siga en orden alfab\u00e9tico [\u2026]. <\/p>\n
Art\u00edculo 45. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva directamente contra un Magistrado o la Sala de un Tribunal Superior de Distrito Judicial o del Tribunal Militar, ser\u00e1 repartida a la Sala de Casaci\u00f3n que sea su superior funcional. La impugnaci\u00f3n contra la sentencia, lo mismo que la consulta de las sanciones que se impongan por desacato, se repartir\u00e1 a la Sala Especializada siguiente, por orden alfab\u00e9tico. <\/p>\n
3. El precepto 32 del Decreto 2591 de 1992, se\u00f1ala que luego de emitirse el fallo que resuelve la impugnaci\u00f3n \u201c el juez remitir\u00e1 el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Y el canon 33 ejusdem, prev\u00e9 que: <\/p>\n
La Corte Constitucional designar\u00e1 dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin motivaci\u00f3n expresa y seg\u00fan su criterio, las sentencias de tutela que habr\u00e1n de ser revisadas. Cualquier Magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisi\u00f3n dentro de los 30 d\u00edas siguientes a su recepci\u00f3n, deber\u00e1n ser decididos en el t\u00e9rmino de tres meses. <\/p>\n
Igualmente, el art\u00edculo 34 ejusdem, consagra que la \u201cCorte Constitucional designar\u00e1 los tres Magistrados de su seno que conformar\u00e1n la Sala que habr\u00e1 de revisar los fallos de tutela de conformidad con el procedimiento vigente para los Tribunales del Distrito Judicial\u201d. <\/p>\n
4. Como en este caso, la decisi\u00f3n de tutela de primera instancia impugnada por JOS\u00c9 AUGUSTO TAMARA GARRIDO y otra, fue emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral hom\u00f3loga, conforme con las normas citadas, tal y como fue puesto de presente en el auto del 16 de noviembre de 2021 -a trav\u00e9s del cual se concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n-, corresponde a esta Sala Especializada resolver el recurso. <\/p>\n
5. El asunto fue repartido el 19 de noviembre de 2021, al despacho del cual, anteriormente, era titular el Doctor EYDER PATINO CABRERA, es decir, que el lapso de 20 d\u00edas, dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, a\u00fan no ha fenecido\u2019\u00bb, hechos por los cuales solicita que se niegue la salvaguarda instada frente a esa especialidad. <\/p>\n
b. Por su lado, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral hizo \u00e9nfasis en que, \u00abel reproche se centra en la falta de tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los hoy tambi\u00e9n accionantes contra la decisi\u00f3n de primera instancia adoptada por ese Cuerpo Colegiado, situaci\u00f3n que se super\u00f3 el pasado 16 de noviembre de los corrientes, fecha en la que concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n referida\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
De entrada cabe precisar, que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n mediante auto de 17 de noviembre de 2021, de un lado, avoc\u00f3 el conocimiento de la presente controversia propuesta frente a esa misma especialidad, a sus hom\u00f3logas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral, y, al Consejo Superior de la Judicatura; pero por otra parte, de conformidad con lo establecido en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021, escindi\u00f3 la demanda de amparo, ordenando remitirla por reparto a los Juzgados del circuito de Bucaramanga, \u00abpara que asuman y tramiten la solicitud de amparo instaurada contra la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Floridablanca – Santander, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Congreso de la Rep\u00fablica, por la supuesta negativa de las tres primeras de tramitar dentro de sus competencias las quejas administrativa, disciplinaria y penal formuladas por la parte actora\u00bb; y a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, para que en primera instancia, conozca de las quejas formuladas contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa misma circunscripci\u00f3n. <\/p>\n
De este modo, la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n instada, porque \u00ab[r]evisadas las diligencias, se encuentra que los hoy accionantes, con anterioridad a este tr\u00e1mite, promovieron un proceso de tutela en contra de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y otras autoridades judiciales, administrativas y legislativas, el cual adelant\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y concluy\u00f3 con decisi\u00f3n desfavorable a los intereses de los actores, quienes impugnaron la negativa de la hom\u00f3loga. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991 dispone que el fallo de tutela \u2018podr\u00e1 ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad p\u00fablica o el representante del \u00f3rgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato\u2019, dentro de los 3 d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n. En caso de no ser recurrido, el juez deber\u00e1 enviarlo a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
A la par, el art\u00edculo 32 de la misma regulaci\u00f3n, modula el procedimiento de la alzada de la siguiente manera: <\/p>\n
\u2018Presentada debidamente la impugnaci\u00f3n el juez remitir\u00e1 el expediente dentro de los dos d\u00edas siguientes al superior jer\u00e1rquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnaci\u00f3n estudiar\u00e1 el contenido de la misma, cotej\u00e1ndola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petici\u00f3n de parte, podr\u00e1 solicitar informes y ordenar la pr\u00e1ctica de pruebas y proferir\u00e1 el fallo dentro de los 20 d\u00edas siguientes a la recepci\u00f3n del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, proceder\u00e1 a revocarlo, lo cual comunicar\u00e1 de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmar\u00e1. En ambos casos, dentro de los diez d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitir\u00e1 el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n\u2019. <\/p>\n
En el caso examinado, la Sala encuentra que, evidentemente, la tardanza existi\u00f3, pues s\u00f3lo hasta el pasado 16 de noviembre se tramit\u00f3 la impugnaci\u00f3n propuesta por los postulantes, tal y como lo afirm\u00f3 el Presidente de la Sala Penal, quien explic\u00f3 que el 19 de este mes se asign\u00f3 el conocimiento de la apelaci\u00f3n al despacho en cabeza del Dr. Eyder Pati\u00f1o Cabrera, el cual, por dem\u00e1s sea dicho, se encuentra dentro del t\u00e9rmino legal para proferir el pronunciamiento correspondiente. <\/p>\n
En ese orden de ideas, en el sub lite se super\u00f3 la situaci\u00f3n conculcadora de los derechos fundamentales de los accionantes que dio origen a la demanda de amparo constitucional, en el entendido de que la Corporaci\u00f3n sobre la cual recay\u00f3 la queja, durante el tr\u00e1mite tutelar, emiti\u00f3 el prove\u00eddo echado de menos por los interesados, impulsando la actuaci\u00f3n y remitiendo el expediente para la resoluci\u00f3n de la alzada por parte de la Sala en turno. <\/p>\n
Por tanto, en eventos como este, la competencia del juez de tutela se agota al verificar el restablecimiento de las garant\u00edas que se estimaron violentadas y, por consiguiente, la existencia de la denominada carencia actual de objeto por hecho superado no deja alternativa distinta a negar la protecci\u00f3n invocada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los gestores, trayendo a colaci\u00f3n similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como remedio transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado los mecanismos para conjurar la lesi\u00f3n, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, la senda constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el camino por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional una vez escindida la demanda originaria, la inconformidad de los se\u00f1ores Mar\u00eda Fernanda y Jos\u00e9 Agusto se soporta, en lo fundamental, en que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no le hubiera dado tr\u00e1mite a la impugnaci\u00f3n por ellos propuesta frente al fallo de tutela STL14254-2021 del 20 de octubre de 2021, dentro de la acci\u00f3n tuitiva identificada con el consecutivo 2021-01684. <\/p>\n
3. No obstante, advierte la Corte que la determinaci\u00f3n confutada debe mantenerse, si en cuenta se tiene que, tal y como obra en las diligencias, el 16 de noviembre de 2021 el mecanismo echado de menos por los interesados fue concedido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, donde el d\u00eda 19 siguiente fue asignado el asunto al Magistrado Eyder Pati\u00f1o Cabrera, quien se encontraba en t\u00e9rmino de resolver la instancia al momento en que fue proferida la sentencia constitucional confutada, circunstancia con la que, sin duda, se super\u00f3 la inconformidad tra\u00edda a este escenario, por lo que los gestores deber\u00e1n aguardar a lo que all\u00ed se decida. <\/p>\n
4. Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00ab[e]l hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC5292-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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