STC1313-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1313-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2021-10150-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo pronunciado el 14 de diciembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ever Alfonso Mendoza Mart\u00ednez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Unidad Administrativa de Restituci\u00f3n de Tierras Territorial Magdalena, as\u00ed como el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013IGAC, el se\u00f1or Daniel Ricardo S\u00e1nchez, la Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica Yira Castro, los se\u00f1ores Francisco Suarez Parra y Jairo \u00c1ngel Vergara Gonz\u00e1les, la Agencia Nacional De Tierras, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos De Plato \u2013Magdalena; la Polic\u00eda y el Ejercito Nacional del Magdalena, la Agencia Nacional de Miner\u00eda; la Agencia Nacional de Hidrocarburos; la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal de Plato, Magdalena; la Alcald\u00eda y Personer\u00eda Municipal de Sabanas de San \u00c1ngel; el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF; la Gobernaci\u00f3n del Magdalena; el Banco Agrario de Colombia SA; la Secretar\u00eda de Salud del Municipio de Sabanas de San \u00c1ngel; los Ministerios de Transporte, de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, de Vivienda, y, de Agricultura y Desarrollo Rural; el Instituto Nacional de V\u00edas -INVIAS; la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV; la Procuradur\u00eda Delegada para la Restituci\u00f3n de Tierras; y los dem\u00e1s intervinientes en el proceso especial a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del resguardo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al \u00abpatrimonio familiar\u00bb, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con lo resuelto en la sentencia pronunciada el 16 de abril de 2018, en el marco del proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras despojadas donde solicit\u00f3 el predio denominado \u00abCasa Loma Enredo\u00bb, ubicado en la vereda Ocean\u00eda, municipio de Sabanas de San \u00c1ngel, Magdalena, radicado No. 2015-00084. <\/p>\n
En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de la citada prerrogativa, concretamente, que se ordene a quien corresponda, \u00abla modulaci\u00f3n de la [memorada] sentencia (\u2026) para que en ella se le ordene a la unidad de restituci\u00f3n de tierras volver a tomar las medidas de los linderos del predio antes mencionado\u00bb, y con ello se ordene \u00abel pago de las 18.800 hect\u00e1reas faltantes\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aduce, en s\u00edntesis, que en el a\u00f1o 2014 pidi\u00f3 la \u00abrestituci\u00f3n de un predio de 46.625 hect\u00e1reas, llamado Casa Loma Enredo, ubicado en la vereda Ocean\u00eda del municipio de Sabanas de San \u00c1ngel, Magdalena\u00bb, correspondi\u00e9ndole el asunto al Juzgado Segundo de Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, quien mediante sentencia calendada 16 de abril de 2018, si bien accedi\u00f3 a las pretensiones elevadas, determin\u00f3 que la cabida de la heredad reclamada era de 28 hect\u00e1reas 5.450 mts\u00b2. <\/p>\n
Comenta que si bien en el a\u00f1o 2021, en vista de las amenazas que recibi\u00f3, dicha determinaci\u00f3n fue modulada para ordenar en reemplazo de la restituci\u00f3n material del bien, el pago de una compensaci\u00f3n en dinero, no pudo subsanarse la mencionada falencia, aun cuando existe la \u00abResoluci\u00f3n 001408 del 18 de septiembre de 1989, [a trav\u00e9s de la cual] el antiguo INCORA adjudic\u00f3 el [inmueble] a [su] difunto padre, [se\u00f1or] VICTOR MANUEL MENDOZA SALCEDO, identificado con cedula de ciudadan\u00eda # 5027232 de Fundaci\u00f3n (Q.E.P.D.), con 46.6250 hect\u00e1reas\u00bb, circunstancias por las cuales acude a esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta puso de presente, que el amparo inquirido no resulta procedente, comoquiera que tanto en la fase administrativa como en la judicial, dentro del proceso de tierras memorado, qued\u00f3 plenamente establecido que la cabida del base del reclamo, era de 28 hect\u00e1reas, tal y como se anot\u00f3 en la sentencia que favoreci\u00f3 al inconforme. <\/p>\n
b. Por su parte, el Procurador 13 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de la citada capital expres\u00f3, que de conformidad a lo normado en el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011, y teniendo en cuenta las puntuales quejas del se\u00f1or Ever Alfonso, \u00e9ste con el recurso de revisi\u00f3n de la determinaci\u00f3n de la que ahora se duele, torn\u00e1ndose inoportuna la salvaguarda. <\/p>\n
c. De otro lado, la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas; los Ministerios de Vivienda y de Salud; Banagrario SA; el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi; la Agencia Nacional de Hidrocarburos; y, la Agencia Nacional de Tierras, aunque en escritos separados, coincidieron en solicitar su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en raz\u00f3n a que ninguna injerencia tienen en los hechos y pretensiones esbozadas en la demanda tuitiva. <\/p>\n
d. A su turno, la Gobernaci\u00f3n del Magdalena, adem\u00e1s de se\u00f1alar que no existe prueba de haber transgredido garant\u00eda superior alguna del tutelante, precis\u00f3 que el amparo incumple con el presupuesto de la inmediatez, teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n que se pretende invalidar data del a\u00f1o 2018. <\/p>\n
e. El Defensor P\u00fablico del se\u00f1or Daniel Ricardo S\u00e1nchez, dijo a tenerse a lo que se decida en esta instancia. <\/p>\n
f. Finalmente, la Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica Yira Castro, en representaci\u00f3n de varios de los terceros vinculados al presente tr\u00e1mite en su condici\u00f3n de solicitantes dentro del juicio especial criticado, adujo a grandes rasgos, que la protecci\u00f3n inquirida no puede salir avante, pues la decisi\u00f3n confutada no merece reproche alguno desde los puntos de vista f\u00e1ctico, sustantivo y procedimental, especialmente cuando para fijar la cabida del inmueble reclamado la autoridad judicial convocada se bas\u00f3 en los dict\u00e1menes t\u00e9cnicos recaudados en desarrollo del juicio de restituci\u00f3n de tierras objeto de revisi\u00f3n constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, luego de hacer una s\u00edntesis de las actuaciones adelantadas a la luz del proceso especial que viene de comentarse, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, por cuanto \u00abes claro (\u2026) que el accionante esper\u00f3 m\u00e1s de tres a\u00f1os para cuestionar el \u00e1rea adoptada en sentencia de restituci\u00f3n, teniendo en cuenta que la sentencia data del 2018 y hasta la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela (29 de octubre del 2021) ha trascurrido un tiempo considerable, resultando contrario a la inmediatez que hasta este momento se muestre en descuerdo con el \u00e1rea georreferenciada acogida en la providencia que restituy\u00f3 el bien a su favor\u00bb, por lo que \u00abno resulta v\u00e1lido ni justificable que el accionante haya esperado m\u00e1s de tres a\u00f1os para cuestionar el \u00e1rea adoptada en sentencia de restituci\u00f3n, teniendo en cuenta que la sentencia data del 2018 y hasta la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela ha trascurrido un tiempo considerable; pues si bien el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011 reconoce que \u00abel Juez o Magistrado mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, no existe una habilitaci\u00f3n indefinida en el tiempo para reexaminar aspectos sustanciales del fallo de restituci\u00f3n de tierras, teniendo en cuenta que durante todo el tr\u00e1mite del proceso de restituci\u00f3n el accionante no mostr\u00f3 inconformidad con el \u00e1rea resultante de la georreferenciaci\u00f3n realizada por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras y que fuere acogida en sentencia para la restituci\u00f3n del predio, siendo contraproducente que hasta ahora, en sede de tutela se muestre en desacuerdo. En ese sentido, con relaci\u00f3n a la sentencia del 16 de abril del 2018 que profiri\u00f3 la autoridad accionada, no se encuentra satisfecho el requisito de la inmediatez\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abhasta el momento lo descrito por el actor est\u00e1 ligado al curso normal del proceso de restituci\u00f3n de tierras, y tanto en la etapa administrativa a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, como en la etapa judicial que desarroll\u00f3 un Juez Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras y en ambos momentos, se velaron por los derechos fundamentales de las partes intervinientes, y donde se evidencia que el actor estuvo siempre representado por apoderado judicial durante todo el referido tr\u00e1mite, reiter\u00e1ndose que no se evidenci\u00f3 vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, m\u00e1s que el desarrollo normal de un proceso de restituci\u00f3n de tierras, que result\u00f3 en una decisi\u00f3n beneficiosa para el actor, mediante su protecci\u00f3n al derecho fundamental de restituci\u00f3n de tierras, decisi\u00f3n en acopio a lo demostrado durante todo el tr\u00e1mite judicial, por tal raz\u00f3n, la decisi\u00f3n adoptada por el Juez mediante auto del treinta (30) de agosto del 2021, de negar la adici\u00f3n de compensaci\u00f3n, medida sustitutiva de la restituci\u00f3n predial ordenada en sentencia del 16 de abril de 2018, solicitada por el actor, se encuentra ajustada a derecho, m\u00e1xime cuando no se evidencia en el plenario que el accionante haya mostrado inconformidad frente a la medida adoptada por la UAEGRTD\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, luego de esgrimir al efecto, diferentes puntos, a saber: i) de un lado, que no acudi\u00f3 a la presente v\u00eda residual una vez proferido el fallo de restituci\u00f3n, porque para dicha data estaba representado por la Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica Yira Castro, quienes estando en la obligaci\u00f3n de ejercer en debida forma su defensa, no lo hicieron. <\/p>\n
Por otro lado, que existe ii) incongruencia entre la cabida referenciada por la UAEGRTD, y la que milita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente; tambi\u00e9n, que iii) \u00abel Juzgado se debi\u00f3 haber dado cuenta que el predio ten\u00eda 2 registros de matr\u00edcula as\u00ed: 226- 13435 [en el que se anota] \u2018finca casa loma con 48 hect\u00e1reas terreno bald\u00edo\u2019, y (\u2026) 226-17288, adjudicado por el incora con la Resoluci\u00f3n 001408 del 18 de septiembre de 1989\u00bb; que iv) \u00abrenunci[\u00f3] a la Corporaci\u00f3n Yira Castro, y qued[\u00f3] sin representante judicial hasta finales del 2020 (\u2026). Si el se\u00f1or juez sab\u00eda que [\u00e9l] deb\u00eda apelar debi\u00f3 [designarle] (\u2026) un representante judicial de oficio, pero no lo hizo\u00bb; que v) \u00abpas[\u00f3] varios derechos de petici\u00f3n al juzgado solicitando la inclusi\u00f3n de las hect\u00e1reas faltantes y nunca tuv[o] \u00e9xito. En algunas ocasiones el se\u00f1or Horacio Casta\u00f1eda, Secretario del [despacho] (\u2026) en menci\u00f3n, le informo v\u00eda celular que no enviara m\u00e1s derechos de petici\u00f3n porque no era abogado y ya no [l]e iban a responder m\u00e1s\u00bb, en contrav\u00eda de lo dispuesto en el canon 23 de la Carta pol\u00edtica. <\/p>\n
Finalmente, que vi) la Alcald\u00eda de Sabanas de San \u00c1ngel Magdalena \u00abest\u00e1 cobrando el impuesto predial por las 46.6250 hect\u00e1reas\u00bb; y, que vii) \u00absolicit\u00f3 cita presencial con el Juez Segundo de Restituci\u00f3n de Santa Marta, la cual [l]e fue asignada para el d\u00eda 9 de septiembre de 2021 (\u2026). Por motivos de salud (sospecha de Covid19 del se\u00f1or juez), recib\u00ed[\u00f3] una llamada de su secretario inform\u00e1ndo[le] que la cita ser[\u00ed]a cancelada por ese motivo, pero no se [l]e volvi\u00f3 a reasignar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, planteamiento que se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. <\/p>\n
2. En el caso que se somete a examen, el ciudadano Mendoza Mart\u00ednez cuestion\u00f3 en el escrito de tutela, puntualmente, la sentencia proferida el 16 de abril de 2018, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, en la que se orden\u00f3 la restituci\u00f3n a favor de \u00e9ste, del bien predio denominado \u00abCasa Loma Enredo\u00bb, modulada en prove\u00eddo de 11 de marzo de 2021, por una cuesti\u00f3n completamente ajena a la aqu\u00ed debatida, esta es, ordenar la compensaci\u00f3n en dinero en reemplazo de la restituci\u00f3n material, tr\u00e1mite dentro del cual ninguno de los intervinientes, mucho menos el aqu\u00ed inconforme, alegaron nada acerca de la cabida del predio reclamado, por cuanto seg\u00fan los dichos, la cabida superficiaria que tuvo en cuenta esa autoridad (28 hect\u00e1reas 5.450 mts\u00b2), no corresponde a la que realmente deb\u00eda restitu\u00edrsele (46 hect\u00e1reas 6.250 mts\u00b2), seg\u00fan la adjudicaci\u00f3n efectuada por el extinto INCORA mediante Resoluci\u00f3n 001408 del 18 de septiembre de 1989. <\/p>\n
3. Sin embargo, advierte de entrada la Sala que aunque el a quo constitucional deneg\u00f3 al se\u00f1or Ever Alfonso la protecci\u00f3n reclamada por incumplir con el presupuesto de la prontitud que gobierna este tipo de acciones, en tanto que la decisi\u00f3n cuestionada data del 16 de abril de 2018, mientras que la demanda de tutela se radic\u00f3 hasta el 29 de octubre de 2021, postura que no merece reproche alguno, en raz\u00f3n a que los se\u00f1alamientos efectuados por el gestor referentes a que para la \u00e9poca de emisi\u00f3n de la determinaci\u00f3n criticada la entidad que estaba encargada de su defensa no propuso la respectiva acci\u00f3n de este mismo linaje, no pueden ser de recibo, si en cuenta se tiene que el propio interesado pudo haber presentado la acci\u00f3n, lo cierto es que, como qued\u00f3 antes visto, la impugnaci\u00f3n presentada frente a ese fallo se cimienta en hechos nuevos alegados en esta instancia y nuevas pretensiones, los cuales no pueden ser analizados por la Corte, en tanto que las autoridades querelladas respectivas no pudieron defenderse en su debida oportunidad, y as\u00ed ejercer su derecho de contradicci\u00f3n, moci\u00f3n por la cual ahora no pueden ser sorprendidos con una decisi\u00f3n al respecto, pues, de ser as\u00ed, se le desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso\uff0e <\/p>\n
4. Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la transgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos de superiores (\u2026) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ STC1468-2021). <\/p>\n
5. Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se mantendr\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1313-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC1313-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2021-10150-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo pronunciado el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61185","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61185","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61185"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61185\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61185"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61185"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61185"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}