STC1314-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1314-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00616-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Albeiro Mar\u00edn Valencia contra los Juzgados Diecis\u00e9is Civil del Circuito y Veintisiete Civil Municipal ambos de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco de la salvaguarda que promovi\u00f3 contra la Secretar\u00eda General y de Gobierno del Municipio de San Vicente Ferrer, identificada con radicado No. 2021-01042. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene \u00abdecret[ar] la nulidad de lo proferido en primera instancia por el Juzgado Veintisiete Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn y se decrete la nulidad de lo proferido en segunda instancia por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn\u00bb, dentro del referido asunto. <\/p>\n
Sostiene que impugn\u00f3 lo decidido, pero fue confirmado el 2 de noviembre de 2021 por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, con fundamento en los mismos argumentos del juzgador de primera instancia, los cuales no comparte, porque la determinaci\u00f3n cuestionada con la tutela es de car\u00e1cter jurisdiccional, por ende, no es discutible ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela en el asunto. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) El titular del Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, corrobor\u00f3 que conoci\u00f3 de la segunda instancia de la acci\u00f3n tutela del ep\u00edgrafe, la cual defini\u00f3 el 11 de septiembre de 2021, confirmando la negativa al amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, porque el accionante pod\u00eda pedir la nulidad del acto administrativo cuestionado ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, sin que se probara la generaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que el gestor pidi\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, porque supuestamente se tramit\u00f3 sin competencia, al corresponder el conocimiento de la acci\u00f3n en primera instancia al Juzgado Civil Municipal de San Vicente Ferrer y en segunda al Juez del Circuito Rionegro, solicitud negada el 5 de noviembre de 2021, porque esa invalidaci\u00f3n no la pod\u00eda pedir quien despu\u00e9s de ocurrida la misma, hab\u00eda actuado en el proceso sin proponerla, adem\u00e1s de que \u00abel Decreto 1382 de 2000, no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente, y mucho menos a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia\u00bb. <\/p>\n
b.) La Juez Veintisiete Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, dijo atenerse a lo que se decida en la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n
c.) El Municipio de San Vicente de Ferrer, por intermedio de su alcaldesa encargada, neg\u00f3 haber vulnerado los derechos fundamentales del accionante, y explic\u00f3 que \u00ablas decisiones de los inspectores de polic\u00eda tienen efecto transitorio y no definitivo y por este mero hecho, se puede concluir que siempre va a existir un mecanismo para controvertir las decisiones tomadas en las inspecciones\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn neg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n, toda vez que \u00abno se dan los presupuestos para la procedencia excepcional de la demanda de tutela frente a una sentencia de tutela, lo anterior de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada en p\u00e1rrafos anteriores, toda vez que, esta dependencia judicial no encuentra configurada ninguna situaci\u00f3n de fraude, pues no lo constituye las decisiones de los jueces de tutela en tanto contienen las razones de improcedencia del amparo frente a las decisiones de polic\u00eda, consistentes en el incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente a la decisi\u00f3n ejecutoriada de la Secretar\u00eda General y de Gobierno de San Vicente Ferrer que revoc\u00f3 lo resuelto por el funcionario de polic\u00eda de primer grado y en su lugar neg\u00f3 la pretensi\u00f3n de protecci\u00f3n a la perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n por tratarse de un bien bald\u00edo, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 firmeza y ante la cual los jueces accionados, en sede constitucional coincidieron en se\u00f1alar que frente a tal decisi\u00f3n la parte en desacuerdo contaba con la acci\u00f3n administrativa\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00absi en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que lo cuestionado en la presente demanda es el auto proferido por el Juzgado 016 Civil del Circuito de Medell\u00edn, mediante el cual neg\u00f3 la solicitud de nulidad formulada por el accionante, lo cierto, es que la decisi\u00f3n no cambiar\u00eda, en tanto, la presunta nulidad planteada se sane\u00f3 al no haber sido alegada en la oportunidad procesal pertinente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor de la protecci\u00f3n, insistiendo en que la decisi\u00f3n tomada dentro de la acci\u00f3n de tutela cuestionada, desconoce que la decisi\u00f3n que all\u00ed se reproch\u00f3 es jurisdiccional, por lo cual no es discutible ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es por regla improcedente contra las decisiones judiciales, premisa que aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo, ya que admitir lo contrario, abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. Por tal motivo, solo de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Jos\u00e9 Albeiro recae, concretamente, en la sentencia proferida el 2 de del a\u00f1o pasado por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 11 de octubre anterior del Juzgado Veintisiete Civil Municipal de la misma ciudad, de negar la protecci\u00f3n por \u00e9l invocada dentro del amparo que promovi\u00f3 frente a la Secretar\u00eda General y de Gobierno del Municipio de San Vicente Ferrer, pues seg\u00fan su criterio, no era posible desestimar su protecci\u00f3n por incumplir con el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que la decisi\u00f3n policiva que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, no es cuestionable ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Bajo este panorama, se aprecia sin asomo de duda, que el presente resguardo constitucional es improcedente, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar las decisiones de fondo emitidas por los Juzgados Diecis\u00e9is Civil del Circuito y Veintisiete Civil Municipal, ambos de Medell\u00edn, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, cuesti\u00f3n que desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha insistido, en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de id\u00e9ntica condici\u00f3n el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, sino la impugnaci\u00f3n de lo decidido y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
5. Ahora, se advierte que el expediente contentivo de la acci\u00f3n tuitiva en comento puede ser objeto de eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, conforme lo establece el art\u00edculo 33 del memorado compendio1, mecanismo a trav\u00e9s del cual el Defensor del Pueblo o cualquier Magistrado de dicha Corporaci\u00f3n podr\u00e1 pedir a \u00e9sta su escogencia para dicho tr\u00e1mite, \u00fanico mecanismo procesal que puede solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, herramienta esta \u00faltima respecto de la cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC3841-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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