STC1316-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1316-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00257-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de diciembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Aristiz\u00e1bal G\u00f3mez contra el Juzgado Promiscuo de Familia de El Santuario, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con las decisiones proferidas en el marco del proceso ejecutivo de alimentos de menor que Mar\u00eda Constanza P\u00e9rez Restrepo, actuando en nombre de sus hijos XXX y XYX, promovi\u00f3 en su contra, con rad. 2020-00047-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, dejando sin valor ni efecto las determinaciones calendadas 10 de noviembre y 30 de septiembre de 2021, en el marco del litigio referido. <\/p>\n
2. Como sustento de sus inconformidades adujo, en lo que interesa para resolver el presente asunto, que pese a que el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n es el acta de conciliaci\u00f3n fracasada celebrada ante la Comisar\u00eda de Familia, quien fij\u00f3 la cuota de alimentos \u00abprovisionales\u00bb a favor de sus descendientes, emolumentos que, dice, no fueron refrendados conforme el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001, el Juzgado Promiscuo de Familia de El Santuario neg\u00f3 el control de legalidad solicitado respecto del mandamiento de pago librado en su contra. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, aunque interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, pues adem\u00e1s se pas\u00f3 por alto, dice, precedente jurisprudencial existente sobre la materia, el Despacho no solo mantuvo inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n, sino que profiri\u00f3 sentencia que result\u00f3 desfavorable a sus intereses, circunstancias que, dice, lesiona la prerrogativa superior invocada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juez Promiscuo de Familia de El Santuario precis\u00f3, que \u00abde manera razonada y atendible, ha resuelto los recursos interpuestos por el ejecutado en el proceso ejecutivo y de manera clara se le explica las razones por las cuales no aplicaba el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001), sino por el contrario daba prevalencia al art\u00edculo 111 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia, en consideraciones que se aprecian atendibles\u00bb. <\/p>\n
b. La Comisaria de Familia del citado municipio, despu\u00e9s de memorar las actuaciones que conoci\u00f3 del tr\u00e1mite administrativo puntualiz\u00f3, que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues si bien el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001 establece la refrendaci\u00f3n de la fijaci\u00f3n de alimentos, esto operaba con el antiguo c\u00f3digo del menor, por lo que en vigencia de la Ley 1098 de 2006, dicha confirmaci\u00f3n no es necesaria. <\/p>\n
c. La se\u00f1ora Mar\u00eda Constanza P\u00e9rez Restrepo indic\u00f3, que el citado t\u00edtulo ejecutivo ya se \u00abrefrend[\u00f3]\u00bb con el tr\u00e1mite impartido en el primero de los procesos coercitivos que se sigui\u00f3 frente al aqu\u00ed actor, quien se vio avocado a cancelar las obligaciones reclamadas; a m\u00e1s que \u00ab[e]l control de legalidad no puede dejar sin efecto una providencia debidamente ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras advertir que \u00abresulta razonable que el juez de conocimiento negara la pretensi\u00f3n del all\u00ed demandado, de dar aplicaci\u00f3n a la Ley 640 de 2001 al interior del proceso de ejecuci\u00f3n, en tanto no fue el supuesto contenido en la misma el que dio lugar a fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria objeto de ejecuci\u00f3n y es as\u00ed como se trata de una obligaci\u00f3n actualmente exigible, en tanto su vigencia no pod\u00eda ser limitada al t\u00e9rmino de los 30 d\u00edas que consagra el art. 32 ibidem, al no haber sido fijada como una medida provisional urgente dentro de un proceso de restituci\u00f3n de derechos, sino como una medida tendiente a garantizar su derecho legal de alimentos, atendiendo a lo dispuesto por el art. 24 de la Ley 1098 de 2006 y a un tr\u00e1mite especial expresamente consagrado en la norma\u00bb. <\/p>\n
El accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or Juan Carlos est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo dictado el 26 de octubre de 2021 por el Juzgado Promiscuo de Familia de El Santuario, por medio del cual se dispuso mantener inc\u00f3lume el auto del 30 de septiembre anterior, que \u00abneg\u00f3 la solicitud de control de legalidad\u00bb invocada en el marco del proceso ejecutivo de alimentos que Mar\u00eda Constanza P\u00e9rez Restrepo actuando en nombre de sus menores hijos, promovi\u00f3 en su contra, pues seg\u00fan su criterio, el t\u00edtulo ejecutivo allegado -acta de conciliaci\u00f3n, carece de refrendaci\u00f3n de la respectiva autoridad judicial. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Juzgado de Familia convocado, para en mantener inc\u00f3lume su decisi\u00f3n de negar el control de legalidad instado por el gestor del amparo, all\u00e1 obligado, precis\u00f3 que esta Corte ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar de tiempo atr\u00e1s, que \u00abcuando los padres no logran acordar en una audiencia de conciliaci\u00f3n el monto mensual de la cuota de alimentos para el sostenimiento de los hijos menores de edad, el Defensor de Familia o Comisario deber\u00e1 fijar una cuota provisional de alimentos, que solo un juez de familia podr\u00e1 aumentar o disminuir a petici\u00f3n del progenitor interesado en esa modificaci\u00f3n. Cuando no se manifiesta ese inter\u00e9s por cualquiera de los padres para modificar el monto de alimentos previsto, el hecho de que se indique que es \u201cprovisional\u201d no implica su invalidaci\u00f3n por el simple transcurso del tiempo. Por el contrario, esa voluntad debe respetarse hasta que ambas partes o una de ellas gestione su variaci\u00f3n y le corresponder\u00e1 \u00fanica y exclusivamente al juez de familia aumentar o disminuir el monto de la obligaci\u00f3n alimentaria, a petici\u00f3n del padre o la madre interesado en esa modificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en punto de las disposiciones del art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2021 puntualiz\u00f3, que \u00ablas medidas provisionales a que se refiere el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001, no es la cuota provisional de alimentos sino las otras medidas como la restricci\u00f3n de vivir en el mismo lugar de la v\u00edctima, el abstenerse de acercarse a determinada distancia de la v\u00edctima, de proporcionarle maltratos verbales o f\u00edsicos, etc.; medidas que tienen vigencia por treinta d\u00edas y mientras que se decide el proceso de violencia intrafamiliar cuyo tramite es verbal sumario, vale decir, en una sola audiencia en la cual se escucha a las partes, se practican las pruebas ordenadas y se dicta fallo, confirmando las medidas tomadas como provisionales en definitivas. <\/p>\n
Otro asunto muy diferente es la fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria provisional, que no es otra cosa que la medida de protecci\u00f3n al derecho fundamental del menor, que por l\u00f3gica no puede ser por el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas que entiende la Apoderada recurrente, pues la ley reconoce ese derecho a alimentos para toda la vida del alimentario hasta cumplir su mayor\u00eda de edad, dieciocho (18) a\u00f1os o cuando termine sus estudios universitarios. <\/p>\n
Entonces, esa medida provisional tomada de fijaci\u00f3n de alimentos, por ley se convierte en forma autom\u00e1tica en un t\u00edtulo valor ante el incumplimiento del alimentante, el cual, por su rango fundamental, prescribe en cinco (5) a\u00f1os a partir del cumplimiento de la mayor\u00eda de edad de los beneficiarios, caso contrario a los t\u00edtulos valores de naturaleza civil. Recu\u00e9rdese que la prescripci\u00f3n se\u00f1alada se refiere \u00fanicamente a la cuota y no a la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb. <\/p>\n
3.2. Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Juzgado criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed ejecutado), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa. <\/p>\n
3.3. T\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por el actor, si bien alega que a la hora de librar la orden de pago se omiti\u00f3 que el acta de conciliaci\u00f3n que fij\u00f3 los alimentos provisionales en su contra, suscrita ante el Comisario de Familia de El Santuario, no fue refrendada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001, lo cierto es que, tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Corte, esas actas de conciliaci\u00f3n conservan su validez, no obstante, la superaci\u00f3n de los 30 d\u00edas contemplados en la norma ibidem, cuando no se controvierta su contenido en la forma prevista en el ordenamiento, lo que hace que el tr\u00e1mite criticado de manera alguna pueda considerarse lesivo de las garant\u00edas superiores del tutelante. <\/p>\n
Sobre la particular tem\u00e1tica, y en un caso de contornos similares al presente, la Sala indic\u00f3 que, \u00abdebe recoger la postura inserta en la decisi\u00f3n aducida por el censor, pues resulta inviable imponer la \u201crefrendaci\u00f3n\u201d contenida en el art\u00edculo 32 de la Ley 640 de 2001 a las cuotas provisionales fijadas por los funcionarios administrativos. Lo anotado porque las normas especiales del juicio de alimentos (arts. 136 y ss. del C.M., a\u00fan vigentes conforme al art\u00edculo 627 del C.G.P., y art. 111 del C.I.A.) prescriben, como antes se anunci\u00f3, el m\u00e9rito ejecutivo de la prestaci\u00f3n provisional y la remisi\u00f3n del asunto a las autoridades judiciales s\u00f3lo en caso de oposici\u00f3n\u00bb (reiterada entre otras en STC18085-2017). <\/p>\n
3.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentran involucrados menores de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dichas identidades. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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