STC1317-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1317-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00646-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de enero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Mario Alonso Loaiza Monsalve contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Primero de Familia, ambos de Itag\u00fc\u00ed, y los se\u00f1ores Rosa Amanda Botina Guevara, Robert Esneider y Lina Marcela Usquiano Soto, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la especial protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con ocasi\u00f3n de la sentencia del 16 de febrero de 2015, que zanj\u00f3 el juicio de usucapi\u00f3n iniciado por Rosa Amanda Botina Guevara frente a los herederos indeterminados de la se\u00f1ora Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Garc\u00eda de Restrepo, identificado con el consecutivo 2014-00089. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se declare \u00abla nulidad absoluta\u00bb de la mentada determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En apoyo de tal pedimento aduce el gestor en apretada s\u00edntesis, que es el exesposo de la se\u00f1ora Botina Guevara, demandante en pertenencia; que para la fecha en la que a\u00fan conviv\u00edan, la se\u00f1ora Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Garc\u00eda de Restrepo, quien falleci\u00f3 el 5 de abril de 1993, los \u00abacogi\u00f3 en su casa\u00bb, ubicada en la \u00abcarrera 52 D # 72-05\u00bb de Itag\u00fc\u00ed. <\/p>\n
Refiere que de manera \u00abdescarada\u00bb, la se\u00f1ora Botina Guevara en compa\u00f1\u00eda de los abogados Robert Esneider y Lina Marcela Usquiano Soto, mediante \u00abfraudes, falsificaciones e involucrando administradores del municipio y particulares\u00bb, promovieron el aludido pleito, en contra de los herederos indeterminados de la se\u00f1ora Garc\u00eda de Restrepo, aun cuando para el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda ella a\u00fan continuaba con vida, tr\u00e1mite que, dice, se llev\u00f3 a cabo sin que \u00e9l y la demanda se dieran cuenta, teni\u00e9ndolos por notificados a trav\u00e9s de \u00abedictos\u00bb, aunque, asegura, debi\u00f3 vincul\u00e1rseles de manera personal, circunstancia que habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional en su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, adem\u00e1s de remitir copia digital del expediente contentivo de la contienda declarativa base de las s\u00faplicas, puso de presente \u00abfrente a los hechos expuestos en la acci\u00f3n constitucional que hacen referencia a decretar la nulidad del fallo emitido por este Despacho, (\u2026) que [s]e at[iene] a lo tramitado y decidido durante el tr\u00e1mite del proceso de pertenencia, (\u2026) el cual se encuentra con decisi\u00f3n de fondo del 16\/02\/2015, que sali\u00f3 avante para la parte actora, (..,)debidamente ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
b.) Por su parte, los abogados Lina Marcela y Robert Schneider Usquiano Soto, quienes act\u00faan en causa propia y en representaci\u00f3n de Rosa Amanda Botina Guevara, luego de hacer una s\u00edntesis de lo ocurrido en el tr\u00e1mite de pertenencia memorado, manifestaron que el accionante falta a la verdad con las afirmaciones efectuadas en la demanda inicial, pues la se\u00f1ora Mar\u00eda de los \u00c1ngeles falleci\u00f3 desde el a\u00f1o 1993, tal y como se demuestra con el respectivo registro de defunci\u00f3n, mientras que la demanda de usucapi\u00f3n fue presentada hasta el 19 de mayo de 2014. <\/p>\n
Comentan que el se\u00f1or Loaiza abandon\u00f3 a su familia hace m\u00e1s de 25 a\u00f1os, teniendo la oportunidad de acudir a la mentada contienda, pues su hermana, la profesional del derecho Luz Marina Loaiza Monsalve, antes de dictarse la sentencia de la que ahora \u00e9ste se duele, solicit\u00f3 copias de todo lo actuado, pero nunca efectu\u00f3 ning\u00fan pronunciamiento. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil de Medell\u00edn, en lo que concierne a las quejas esbozadas contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por incumplir con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, toda vez que \u00abla v\u00eda judicial id\u00f3nea para atacar las decisiones [ahora atacadas] eran el recurso de apelaci\u00f3n frente a la sentencia que puso fin a la instancia el cual no fue interpuesto en su debida oportunidad y los establecidos en los art\u00edculos 318 y 321 del C. General del P. para la decisi\u00f3n que puso fin al incidente de nulidad, sin que se abra paso esta v\u00eda excepcional, pues es requisito para ello el agotamiento de los recursos existentes\u00bb; adem\u00e1s, han trascurrido m\u00e1s de 6 a\u00f1os desde el proferimiento la providencia que zanjo de fondo la pertenencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, sin esgrimir los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el caso que se somete a examen, conforme se lee en la demanda de amparo, el se\u00f1or Mario Alonso se duele, puntualmente, de la decisi\u00f3n que defini\u00f3 el juicio de pertenencia iniciado por Rosa Amanda Botina Guevara en contra de los herederos indeterminados de la se\u00f1ora Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Garc\u00eda de Restrepo. <\/p>\n
3. Visto lo anterior, no cabe duda que las cuestiones planteadas resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que como qued\u00f3 visto, el reclamo constitucional se dirige, b\u00e1sicamente, frente a lo ocurrido en la contienda declarativa tantas veces referida, donde el titular de los derechos superiores supuestamente quebrantados, Mario Alonso Loaiza Monsalve, no integra ninguno de los extremos de la litis; luego, es incontrovertible que no ostenta legitimaci\u00f3n en la causa para tal cometido, raz\u00f3n por la cual no est\u00e1 autorizado para elevar el reclamo constitucional, indistintamente de que seg\u00fan su dicho, obre como interesado, al obrar como titular inscrito de una cuota parte de los bienes inmuebles cautelados, pues se tiene por averiguado que, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u00bb (CSJ STC903-2021). <\/p>\n
4. Ahora, como el interesado tambi\u00e9n se duele de las actuaciones surtidas por la Fiscal\u00eda 255 Seccional de Itag\u00fc\u00ed, en el marco de acci\u00f3n penal que adelant\u00f3 contra Rosa Amanda Botina Guevara, Robert Esneider y Lina Marcela Usquiano Soto, observa la Corte luego de efectuado el an\u00e1lisis correspondiente de la demanda de amparo, que dicho reparo debi\u00f3 tramitarse ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, por ser el superior jer\u00e1rquico de los Despachos ante los cuales el ente acusador es delegado, y en ese orden de ideas se evidencia, entonces, la incursi\u00f3n en causal de nulidad por falta de competencia funcional, de acuerdo a lo estatuido en el precepto 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable por remisi\u00f3n del 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, que debe ser declarada de inmediato, a fin de lograr que la autoridad facultada para asumir el conocimiento de la tutela contra la nombrada Fiscal\u00eda lo haga, para lo cual se ordenar\u00e1 que la Secretar\u00eda compulse copias de la actuaci\u00f3n y las remita a la oficina de apoyo judicial correspondiente, para que efect\u00fae el reparto a fin de las peticiones del actor en esta sede. <\/p>\n
5. Y si lo que aqu\u00ed pretende el accionante es que se analice la conducta de los se\u00f1ores Rosa Amanda Botina Guevara, Robert Esneider y Lina Marcela Usquiano Soto, en el marco del proceso judicial en comento, debe se\u00f1alarse que frente a \u00e9stos no se dan las especiales circunstancias previstas por el art\u00edculo 42 del Decreto 2591 de 1991 para que proceda la acci\u00f3n de tutela contra particulares, raz\u00f3n por la cual ning\u00fan pronunciamiento puede proferirse al respecto1.. <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener la sentencia confutada en el asunto civil censurado por las razones aqu\u00ed esbozadas, e invalidar lo actuado frente a las quejas puntualmente enfiladas contra la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n en lo relativo a NEGAR el amparo reclamado por el accionante contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed. <\/p>\n
No obstante, se DECLARA LA NULIDAD de lo tramitado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn frente Fiscal\u00eda 255 Seccional de la misma ciudad, por carecer de competencia funcionar para ello; en consecuencia, por Secretar\u00eda REMITASE copia del expediente digital a la oficina de apoyo judicial de la Sala Penal de esa misma Colegiatura, para que efect\u00fae el reparto correspondiente con el fin que se conozca y resuelva la queja presentada por el accionante frente al citado ente acusador. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 ART. 42. La acci\u00f3n de tutela proceder\u00e1 contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 1. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de educaci\u00f3n para proteger los derechos consagrados en los art\u00edculos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonom\u00eda. <\/p>\n
3. Cuando aqu\u00e9l contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos (domiciliarios). <\/p>\n
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organizaci\u00f3n privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situaci\u00f3n que motivo la acci\u00f3n, siempre y cuando el solicitante tenga una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n con tal organizaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas corpus, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
7. Cuando se solicite rectificaci\u00f3n de informaciones inexactas o err\u00f3neas. En este caso se deber\u00e1 anexar la transcripci\u00f3n de la informaci\u00f3n o la copia de la publicaci\u00f3n y de la rectificaci\u00f3n solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. <\/p>\n
8. Cuando el particular act\u00fae o deba actuar en ejercicio de funciones p\u00fablicas, en cuyo caso se aplicar\u00e1 el mismo r\u00e9gimen que a las autoridades p\u00fablicas. <\/p>\n
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n respecto del particular contra el cual se interpuso la acci\u00f3n. Se presume la indefensi\u00f3n del menor que solicite la tutela. <\/p>\n
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