STC1320-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1320-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00735-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). – <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo demanda la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad, a la dignidad humana y al buen nombre, que considera quebrantados por cuenta de las autoridades querelladas, en el marco del juicio reivindicatorio que all\u00ed se adelant\u00f3 (2020-00096), y, la actuaci\u00f3n policiva que finaliz\u00f3 con su expulsi\u00f3n del predio objeto de litis. <\/p>\n
Entonces, pretende a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo la protecci\u00f3n, que se ordene a la Inspectora Diecis\u00e9is de Polic\u00eda Urbana de Barranquilla, \u00abdejar sin efecto la sentencia de expulsi\u00f3n de domicilio contemplada en el art\u00edculo 177 de la ley 1801 de 2016, el d\u00eda 04 de agosto de 2021, en la cual resuelve expulsar del inmueble calle 63B No 24-09 de Barranquilla al acci\u00f3nate. – subsidiariamente, decretar la falta de competencia para actuar en el proceso policivo de expulsi\u00f3n de domicilio, por ser de conocimiento de la se\u00f1ora JUEZ QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, Bajo el Radicado 08001-31-53-005-2020-00096-00\u00bb; y que se ordene a esta \u00faltima autoridad judicial, \u00abse pronuncie sobre el incidente de Nulidad y tacha de falsedad, antes de decretar la Terminaci\u00f3n del proceso Reivindicatorio bajo el Radicado 08001-31-53-005-2020-00096-00\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus inconformidades refiere, que el 17 de junio de 2021, recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n proveniente de la citada autoridad de polic\u00eda, donde se le informaba que al d\u00eda siguiente se realizar\u00eda \u00abuna audiencia de expulsi\u00f3n de domicilio por parte de la nueva due\u00f1a del inmueble\u00bb, por lo que \u00abante la confusi\u00f3n\u00bb, pidi\u00f3 un certificado de libertad y tradici\u00f3n del predio que viene ocupando durante \u00abtoda [su] vida\u00bb, esto es, el individualizado anteriormente, enter\u00e1ndose que el mismo hab\u00eda sido adquirido recientemente adquirida por la se\u00f1ora M\u00f3nica Patricia Monta\u00f1o Guerrero, a quien, dice, nunca vio por el inmueble. <\/p>\n
Asegur\u00f3, que durante la diligencia aport\u00f3 documentos que lo acreditan como poseedor del predio, y se recepcionaron dos (2) testimonios que daban cuenta de sus actos de se\u00f1or\u00edo desplegados por m\u00e1s de 10 a\u00f1os; no obstante, el 4 de agosto siguiente la inspectora nuevamente se present\u00f3 en su predio y procedi\u00f3 a expulsarlo del mismo, aunque, asegura, no fue debidamente enterado de la realizaci\u00f3n de esa \u00faltima diligencia, lo que le impidi\u00f3 estar asistido de su abogado para que ejerciera su leg\u00edtimo derecho de contradicci\u00f3n y de defensa. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que el juicio reivindicatorio fue adelantado en su contra por la mencionada se\u00f1ora Guerreo Monta\u00f1o, quien le atribuy\u00f3 la calidad de poseedor, mientras que en la querella policiva se dijo que \u00e9l ocupaba el \u00ablugar gratuitamente\u00bb, y bajo la avenencia de aqu\u00e9lla, situaci\u00f3n que calific\u00f3 como constitutiva de \u00abenga\u00f1o\u00bb, raz\u00f3n por la cual, otorg\u00f3 poder a un abogado, quien solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado, por no haber sido debidamente convocado al asunto, m\u00e1s a\u00fan cuando, dice, la firma impuesta en las gu\u00edas de correo certificado no corresponden a la suya. <\/p>\n
Finalmente asegur\u00f3, que una vez corrido el traslado de rigor, la demandante adem\u00e1s de revocar el poder a su apoderado, y pedir la no realizaci\u00f3n de la audiencia previamente programada, solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del asunto, manifestando, de manera fraudulenta, precisa, que el predio objeto de reivindicaci\u00f3n le hab\u00eda sido restituido voluntariamente; empero, por auto del 22 de septiembre de 2021 el Despacho convocado no accedi\u00f3 a dicho pedimento, por no provenir de un abogado inscrito, sin decir nada frente a la nulidad alegada, autoridades que, en \u00faltimas, enfatiza, adelantaron los decursos en cita de manera enga\u00f1osa con el \u00fanico objetivo de dejarlo sin hogar. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). La Inspectora Diecis\u00e9is de Polic\u00eda Urbana de Barranquilla se\u00f1al\u00f3, que en el marco de sus competencias tramit\u00f3 la querella policiva de \u00abexpulsi\u00f3n de domicilio\u00bb instaurada por M\u00f3nica Patricia Monta\u00f1o Guerrero en contra del aqu\u00ed accionante; que el 14 de junio de 2021, practic\u00f3 la diligencia consagrada en el art\u00edculo 177 de la Ley 1801 de 2016, la cual fue atendida por el se\u00f1or Cardona Torres, quien siempre estuvo acompa\u00f1ado de su apoderado judicial; sin embargo, la misma debi\u00f3 suspenderse, pues el apoderado del hoy accionante interpuso una acci\u00f3n de tutela al advertir que a la diligencia no se enter\u00f3 a una instituci\u00f3n educativa que funcionaba en el predio, y en efecto, el 4 de julio siguiente un juez constitucional orden\u00f3 \u00abque deb\u00eda correrse traslado a la entidad educativa para que ejerciera su defensa, antes de la decisi\u00f3n de fondo\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente expuso, que la fecha programada para la continuaci\u00f3n de la diligencia fue el 12 de julio de ese mismo a\u00f1o, la cual fue debidamente notificada a las partes, raz\u00f3n por la cual, tanto el apoderado de la instituci\u00f3n como el del aqu\u00ed querellante comparecieron en defensa de los intereses de sus representados; no obstante, tambi\u00e9n fue suspendida so pretexto de cursar una nueva acci\u00f3n constitucional. Finalmente, el 4 de agosto de esa misma calenda tom\u00f3 decisi\u00f3n de fondo dentro del asunto, en la que le orden\u00f3 al aqu\u00ed quejoso el desalojo del predio, quien de forma pac\u00edfica acat\u00f3 tal mandato. <\/p>\n
Finalmente puso de presente, que la instituci\u00f3n educativa promovi\u00f3 una tercera tutela para retrotraer los efectos de la antedicha determinaci\u00f3n, pero el juez del asunto no accedi\u00f3 a tales ruegos, sin que, en su criterio, se haya quebrantado con su actuar garant\u00eda superior alguna del gestor, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 denegar el resguardo reclamado. <\/p>\n
b.) Por su parte, Yersilia Mar\u00eda Cardona Reyes, vinculada, calific\u00f3 de temerario el actuar del quejoso, pues en pret\u00e9rita oportunidad hizo uso del mecanismo de amparo. Por dem\u00e1s, dijo que el accionante (de quien se refiri\u00f3 como su hermano medio) jam\u00e1s ha detentado la posesi\u00f3n del predio en litigio. <\/p>\n
c.) A su turno, el Centro Educativo Aventuras de Colores asegur\u00f3, que el 20 de mayo de 2021, el aqu\u00ed quejoso le arrend\u00f3 parte del predio en litigio para el funcionamiento de la instituci\u00f3n; que el 8 de julio siguiente, fue enterada de la diligencia prevista para el 12 de julio de ese mismo a\u00f1o dentro del \u00abproceso de expulsi\u00f3n\u00bb, circunstancia que no sucedi\u00f3 hasta el 4 de agosto siguiente, por lo que coadyuv\u00f3 la aspiraci\u00f3n del quejoso. <\/p>\n
d.) Por su parte, M\u00f3nica Patricia Monta\u00f1o Guerrero, vinculada, tras hacer un recuento de las acciones de tutela previamente promovidas por el promotor del amparo, pidi\u00f3 denegar el auxilio al estimar ajustado a derecho la actuaci\u00f3n policiva y judicial cuestionada. <\/p>\n
e.) Finalmente, el Juzgado Quinto de Barranquilla, tras hacer un recuento de la actuaci\u00f3n a su cargo, dijo que \u00abno ha dado tr\u00e1mite a la nulidad porque habiendo una solicitud de terminaci\u00f3n de proceso por la parte demandante por sustracci\u00f3n de materia en caso de admitirse la terminaci\u00f3n no se tendr\u00eda que dar tr\u00e1mite a la misma\u00bb. <\/p>\n
f.) Del expediente digital remitido por el juez constitucional, no se advierte que los dem\u00e1s involucrados en el asunto hayan intervenido al interior de este. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla1, luego de advertir que no se configura temeridad en la actuaci\u00f3n del actor, neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por considerar que se super\u00f3 la omisi\u00f3n que dio origen al resguardo, toda vez que mediante prove\u00eddo del 10 de noviembre de 2021, la sede enjuiciada declar\u00f3 \u00abno probadas las causales de nulidad alegadas\u00bb; y frente al reclamo frente a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda querellada anot\u00f3, que revisado el proceso de expulsi\u00f3n que all\u00ed se adelant\u00f3, se encontr\u00f3 que la diligencia practicada el 4 de agosto del a\u00f1o anterior fue debidamente enterada al actor constitucional, quien por dem\u00e1s, siempre estuvo representado por apoderado judicial, \u00abcontando con todas las herramientas jur\u00eddicas para ejercer su derecho a la defensa\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor de la salvaguarda replic\u00f3 el anterior fallo con similares argumentos a los indicados en primigenia oportunidad, e insisti\u00f3 en que la inspectora de polic\u00eda no fue una autoridad imparcial en el asunto, pues pese a contar con suficiente material probatorio que probaba su posesi\u00f3n, lo expuls\u00f3 del predio, raz\u00f3n por la que se encuentra en disposici\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n para que se someta a una prueba grafol\u00f3gica, en aras de \u00abllegar a la verdad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que se somete a consideraci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Cardona Torres se\u00f1ala, en lo fundamental, que tanto en el juicio reivindicatorio como en la medida correctiva de expulsi\u00f3n de domicilio que M\u00f3nica Patricia Monta\u00f1o Guerrero promovi\u00f3 en su contra, se incurri\u00f3 en defectos procedimentales que afectan sus garant\u00edas superiores, pues, en el primero de ellos la autoridad cuestionada nada dijo respecto de la nulidad invocada dado su debido enteramiento; y en la segunda acci\u00f3n, tampoco fue notificado de la diligencia de expulsi\u00f3n materializada el 4 de agosto de 2021. <\/p>\n
3. Sin embargo, no cabe duda acerca del fracaso de la salvaguarda por esta v\u00eda reclamada, si en cuenta se tiene que situaci\u00f3n que gener\u00f3 el resguardo se super\u00f3 dada la actividad judicial realizada en el decurso de la primera instancia; y, porque en la pr\u00e1ctica de la actuaci\u00f3n policiva que ahora reprocha el gestor del resguardo, no se advierte el quebrantamiento de sus garant\u00edas superiores, conforme pasa a explicarse: <\/p>\n
3.1. Lo primero que se destaca es, que no se advierte un actuar temerario en cabeza del quejoso, pues de la revisi\u00f3n de los dem\u00e1s reclamos no se verific\u00f3 identidad de hechos, ni de partes, circunstancia que impide comprobar el uso excesivo de este remedio excepcional por cuenta del quejoso. <\/p>\n
3.2. Ahora, dan cuenta las diligencias, que con auto del pasado 10 de noviembre, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla resolvi\u00f3 la solicitud de invalidez elevada por el aqu\u00ed accionante, al resolver \u00abDeclarar no probadas las causales de nulidad alegadas\u00bb, sin que sea posible entrar a validar supuestos de hecho inexistentes para que por este medio se provea en igual sentido; luego entonces, como en el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n se materializ\u00f3, en \u00faltimas, lo aqu\u00ed perseguido por el actor, se encuentra realmente superado el hecho que motiv\u00f3 la presente reclamaci\u00f3n, sin que en consecuencia, ning\u00fan sentido tenga impartir en este escenario alg\u00fan tipo de disposici\u00f3n de inmediato cumplimiento, en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal no existen, o cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales, m\u00e1xime cuando tuvo a su alcance la posibilidad de cuestionar dicha determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios, en aras de ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n que le result\u00f3 desfavorable a sus intereses. <\/p>\n
Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC5915-2021). <\/p>\n
3.3. Por otra parte, en relaci\u00f3n con las presuntas irregularidades en que incurri\u00f3 la Inspecci\u00f3n Diecis\u00e9is de Polic\u00eda de Barranquilla, en el enteramiento de la diligencia de expulsi\u00f3n del predio realizada el 4 de agosto de 2021, basta con se\u00f1alar que, conforme se desprende del expediente digital a folio 2284 de la querella policiva, la citada audiencia fue notificada al gestor por aviso que \u00e9l mismo recibi\u00f3, tal y como da cuenta la firma all\u00ed incorporada, la cual, valga precisar, no fue tachada de falsa dentro del asunto; adem\u00e1s, t\u00e9ngase en cuenta que de la lectura del acta de dicha diligencia, tampoco se extrae que el inconforme haya efectuado alguna manifestaci\u00f3n al respecto, ni sobre la competencia de la inspectora para adelantar el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3.4. De este modo se colige, entonces, que era en el marco de la diligencia criticada donde el se\u00f1or Cardona Torres deb\u00eda exponer las quejas que ahora trae a esta sede, por ser ese el escenario id\u00f3neo para cuestionar las posibles irregularidades que ahora trae a colaci\u00f3n, pues, no se olvide que la acci\u00f3n de tutela no puede perfilarse en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos, sin que as\u00ed, est\u00e9 demostrada la vulneraci\u00f3n superior alegada, y mucho menos el supuesto da\u00f1o ocasionado con la actuaci\u00f3n desplegada por la autoridad policiva convocada, por lo que no queda otro camino que desestimar la presente salvaguarda y confirmar el fallo constitucional de primera instancia, pues tal y como lo ha considerado esta Sala, para la procedencia de la protecci\u00f3n superior es indispensable acreditar \u00abla existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (STC2264-2021, entre otras). <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela atacado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Luego de obedecer lo ordenado en auto ATC1830-2021, resolvi\u00f3 la instancia con fallo adverso a las pretensiones de la demanda tutelar. <\/p>\n
4 <\/p>\n
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