STC1324-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1324-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-01139-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 22 de noviembre de 2021, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Eugenia1 y Camilo2, contra el Juzgado Sexto de Familia de la misma Ciudad y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores demandaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al \u00abdebido proceso, tener una familia y no ser separa de ella\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades cuestionadas en el proceso de restablecimiento de derecho de radicado 2020-00346. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Indicaron que por la presunta violencia intrafamiliar hacia su menor hija XXXX3, por denuncia del Hospital de Kennedy, el ICBF adelant\u00f3 proceso de restablecimiento de derechos, el cual culmin\u00f3 con resoluci\u00f3n No. 0068 del 5 de marzo de 2020, declarando en estado de adoptabilidad a la ni\u00f1a. Y, se dio inicio a los tr\u00e1mites de adopci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Narraron que luego de surtirse las etapas procesales, el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 el 28 de septiembre de 2021 resolvi\u00f3 disponer como medida de restablecimiento la adoptabilidad y decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de la patria potestad de la menor. <\/p>\n
2.3. Aseguraron que promovieron el presente amparo, por cuanto en la sentencia cuestionada, \u00abde forma inexplicable, arbitraria y sin el an\u00e1lisis del recaudo probatorio enunciado en la sentencia, apart\u00e1ndose de las reglas de la sana cr\u00edtica, resolvi\u00f3 con la firma en la sentencia, acabar con nuestro v\u00ednculo familiar y afectivo\u00bb. <\/p>\n
3. Instaron, conforme a lo relatado, \u00abdejar sin efectos la sentencia proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1\u2026en la cual se dispuso la adopci\u00f3n\u2026 y ordenar al ICBF y al JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, adoptar medidas que correspondan a fin de facilitar a los padres biol\u00f3gicos de la menor\u2026poder cumplir con sus deberes morales, legales y constitucionales en relaci\u00f3n con la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado accionado, tras un recuento de las actuaciones procesales surtidas, expuso que \u00abal momento de proferir la decisi\u00f3n objeto de inconformidad tuvo en cuenta todo el material probatorio recopilado y valor\u00f3 en debida forma todas las pruebas obrantes en el plenario\u00bb. En consecuencia, \u00abal no haber incurrido en vulneraci\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental del accionante\u2026solicit\u00f3 se deniegue por improcedente, la tutela impetrada\u00bb. <\/p>\n
2. Las vinculadas4 coincidieron en exponer que las actuaciones administrativas y judiciales se adelantaron conforme a derecho, encaminadas a la protecci\u00f3n integral del menor. Por su parte, Subred integrada de servicios de salud sur occidente E.S.E solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en causa por pasiva. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, dado que, \u00abla apreciaci\u00f3n probatoria no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental, pues seg\u00fan qued\u00f3 visto, el acervo demostrativo fue estudiado en conjunto, y de \u00e9l se derivaron las conclusiones a las que lleg\u00f3 el juez accionado, cumpliendo con lo establecido en el ordenamiento jur\u00eddico para tan sensibles asuntos, lo cual lleva a concluir necesariamente que el juez accionado no quebranta los derechos fundamentales de la menor E, ni los de sus progenitores\u2026razones m\u00e1s que suficientes para negar la protecci\u00f3n invocada\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impulsaron los promotores, quienes insistieron en los argumentos que sirvieron como base fundacional del escrito inicial. Expusieron que \u00aben el fallo de tutela aqu\u00ed impugnado se echa de menos el an\u00e1lisis respecto si en el caso ventilado se present\u00f3 o no una violaci\u00f3n al principio de investigaci\u00f3n integral de parte del juez sexto de familia\u2026en cuanto,\u2026solo indag\u00f3 los hechos y circunstancias que presuntamente demostraban nuestra responsabilidad, omitiendo valorar los que demostraban nuestra ausencia de responsabilidad en el hecho enrostrado, mismos que s\u00ed est\u00e1n probados en el expediente, y, sobre si en el fallo cuestionado se valoraron todas las pruebas que ilustraban el caso en estudio por parte de la autoridad accionada, todo ello en garant\u00eda del derecho fundamental al debido proceso aqu\u00ed alegado\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de los gestores, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 28 de septiembre de 2021, que dispuso como medida de restablecimiento la adoptabilidad y decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de la patria potestad que ejercen los accionantes sobre la ni\u00f1a Marcela. <\/p>\n
2. Se observa que el juzgado accionado en la sentencia cuestionada, trajo a colaci\u00f3n disposiciones constitucionales frente al concepto de familia y los derechos de los ni\u00f1os. Adem\u00e1s, rese\u00f1\u00f3 la jurisprudencia pertinente y valor\u00f3 los medios de convicci\u00f3n obrante en el expediente5. Seguidamente, enfatiz\u00f3 sobre los seguimientos realizados a los progenitores, de lo cual resalt\u00f3 que \u00abla progenitora asisti\u00f3 en forma intermitente a las visitas tanto en forma presencial como virtual y el progenitor a pesar de tener conocimiento del proceso no compareci\u00f3 ni a las visitas, ni particip\u00f3 en el tr\u00e1mite que se adelant\u00f3 en este Despacho Judicial\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abno existe un escenario \u00f3ptimo que permita la garant\u00eda de derechos de la menor de edad, evidenciando la ausencia de responsabilidad parental y de familia extensa como red de apoyo, que pese a ver estado en un proceso, no demostraron inter\u00e9s en participar en forma activa\u00bb. En efecto, \u00abno se establece una vinculaci\u00f3n real y motivada de parte de las figuras parentales omitiendo su rol en el cuidado, protecci\u00f3n, orientaci\u00f3n y fijaci\u00f3n de las pautas de crianza, dejando entre ver claramente la ausencia total como figuras garantes dentro del proceso de formaci\u00f3n de la NNA de acuerdo a su ciclo vital\u00bb. Por tanto, asever\u00f3 que \u00abdicho comportamiento bajo las reglas de la sana critica significan un alto grado de negligencia y desapego frente a la menor de edad por parte de sus progenitores\u00bb, por lo cual \u00abse pudo establecer que los progenitores no son garantes de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
3. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural- como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente6 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los gestores. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3\u0002 En virtud del art\u00edculo 33 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -derecho a la <\/p>\n
intimidad-, se omite el nombre de la menor; y del Acuerdo n.\u00ba 34 de 16 de diciembre <\/p>\n
de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
4\u0002 Defensora de Familia del ICBF, Centro Especializado Revivir. Cl\u00ednica de la madre y el ni\u00f1o. Defensora adscrita al Juzgado accionado, procurador 169 Judicial II de familia en condici\u00f3n de agente del Ministerio P\u00fablico ante el Tribunal \u2013 Sala Familia- y Subred integrada de Salud Sur Occidente E.S.E <\/p>\n
5\u0002 Historia cl\u00ednica del menor, declaraci\u00f3n de los padres, de la abuela y t\u00edo materno de la ni\u00f1a. Tambi\u00e9n, hizo alusi\u00f3n a la visita social, analiz\u00f3 la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica a do\u00f1a Deiny Yadira. Y luego, abord\u00f3 el estudio de los informes mensuales de seguimiento, arrimados por el Instituto Casa de la Madre y el ni\u00f1o. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, entre otras. <\/p>\n
<\/p>\n
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