STC1342-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1342-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2022-00354-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Mario Restrepo le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga – Valle del Cauca, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 76109 31 03 002 2021 00018 01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales para que se ordenara a la Magistratura acusada que \u00abconced[a] costas en 2\u00aa instancia\u00bb y \u00abnunca m\u00e1s modifique las costas establecidas por los juzgadores a quo\u00bb. <\/p>\n
Como soporte de ello, indic\u00f3 que en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2021 00018, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga revoc\u00f3 las costas fijadas a su favor en primera instancia. Acus\u00f3 tal providencia de incurrir en v\u00eda de hecho, porque dicha Colegiatura: i) No era \u00abcompetente para [emitir la aludida decisi\u00f3n]\u00bb, en tanto \u00ablas costas son aut\u00f3nomas de cada despacho, es decir, las fija el juez de 1\u00aa instancia y el tribunal por separado en 2\u00aa instancia\u00bb, ii) Desconoci\u00f3 la \u00absentencia de unificaci\u00f3n del Consejo de Estado 15001 33 33 007 2017 00036 01\u00bb y, iii) La \u00abinasistencia al pacto por parte del actor no trae consigo la negaci\u00f3n de las costas, pues la Ley 472 de 1998 no dijo eso\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Buga se atuvo a las reflexiones vertidas en la determinaci\u00f3n cuestionada (25 oct. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que la salvaguarda instada no puede abrirse paso, debido a que la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Buga (25 oct. 2021) que: a) Revoc\u00f3 el numeral segundo de la sentencia anticipada del Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura (20 sep.), para en su lugar, disponer que \u00abno ha[b\u00eda] lugar a imponer condena en costas a la accionada Tiendas D1 KOBA COLOMBIA\u00bb, b) Confirm\u00f3 en todo lo dem\u00e1s el fallo de primer grado y, c) Se abstuvo de fijar \u00abcostas\u00bb en segunda instancia, no luce antojadiza ni arbitraria; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb la procedencia de la condena en costas. <\/p>\n
En efecto, para llegar a tal conclusi\u00f3n, cit\u00f3 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00abSe condenar\u00e1 en costas a la parte vencida en el proceso (\u2026)\u00bb, as\u00ed como el numeral 8\u00ba, que prev\u00e9 que \u00abSolo habr\u00e1 lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Del contraste de tal expresi\u00f3n normativa [numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 ib\u00eddem] con el asunto auscultado, emerge diamantino que al finalizarse el tr\u00e1mite confutado por la superaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de los derechos colectivos de las personas con movilidad reducida como resultado del actuar aut\u00f3nomo de la entonces justiciada, no existe un extremo de la lid sometido a quien asignar la antelada carga econ\u00f3mica (\u2026). <\/p>\n
A m\u00e1s que de la evidencia allegada al paginario \u00abno obra comprobaci\u00f3n de alg\u00fan gasto efectuado por el actor popular [notificaciones, la difusi\u00f3n del aviso, las publicaciones en diarios, o los gastos periciales]. A lo cual cabe agregar que \u00e9ste no compareci\u00f3 a la audiencia de pacto de cumplimiento, ni a la inspecci\u00f3n judicial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, resalt\u00f3 que el Consejo de Estado ha explicado <\/p>\n
(\u2026) no se evidencia que en el curso del proceso el actor haya incurrido en gastos tales como publicaciones, impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de traslado de testigos, as\u00ed como tampoco, en costos por la representaci\u00f3n de un abogado, ya que actu\u00f3 en nombre propio, siendo su \u00faltima actividad procesal el oficio presentado el d\u00eda 16 de julio de 2012 visto a folios 545 a 548 del expediente, lo que evidencia que no hubo efectiva causaci\u00f3n de costas. <\/p>\n
En raz\u00f3n a lo expuesto, considera la Sala que no debe impon\u00e9rsele condena en costas a la parte demandada, pues, aunque existi\u00f3 vulneraci\u00f3n del derecho, la misma fue conjurada antes de la sentencia que diera fin a la primera instancia (\u2026) [Secci\u00f3n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Sentencia del 1 de junio de 2020. Radicaci\u00f3n No. 68001-23-33-000-2010-00384-01] <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el sedicente, que busca imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, vali\u00e9ndose de un presunto \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb sin ilustrar c\u00f3mo la Colegiatura fustigada se apart\u00f3 de los postulados all\u00ed establecidos, anhelo que no se acompasa con la finalidad de esta acci\u00f3n tuitiva, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00, STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3.- La s\u00faplica tendiente a advertir a la Colegiatura convocada que \u00abnunca m\u00e1s podr\u00e1 modifiar las costas establecidas por los juzgadores a quo\u00bb, resulta extra\u00f1a a los fines de este instrumento, cuyo prop\u00f3sito es conjurar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los privilegios b\u00e1sicos, de manera que cualquier otra pretensi\u00f3n le es ajena y, por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
4.- Ergo, es evidente la inviabilidad del ruego superlativo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Mario Restrepo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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