STC1352-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1352-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2022-00010-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que la sociedad Operadora de Transporte Masivo Movilizamos S.A. le instaur\u00f3 a los Juzgados Sexto Civil del Circuito de esa ciudad y Tercero Civil Municipal de Floridablanca, extensiva a Jos\u00e9 del Carmen Valdivieso S\u00e1nchez y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo debatido. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de su gerente y representante legal, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia en la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n por desacato\u00bb para que se ordenara \u00abdejar sin efectos el auto 14 de diciembre de 2021 proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Floridablanca y el auto 12 de enero de 2022 proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga\u00bb. <\/p>\n
En lo que resulta relevante, adujo, que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Floridablanca, en el \u00abincidente de desacato (\u2026) por incumplimiento al fallo de tutela de fecha 7 de octubre de 2021\u00bb, que Jos\u00e9 del Carmen Valdivieso S\u00e1nchez present\u00f3 en su contra, sancion\u00f3 a Nelson Arenas Neira \u00aben calidad de representante legal de la empresa, con multa de seis salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb, tras concluir que \u00abpese a que realiz\u00f3 pronunciamiento frente a todos los autos proferidos dentro del presente tr\u00e1mite, no pudo demostrar las actuaciones desplegadas con el prop\u00f3sito de dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela de segunda instancia, pues se limit\u00f3 a solicitar el cierre del asunto, alegando la imposibilidad de darle cumplimiento y manifestando su inconformidad con la decisi\u00f3n adoptada por el juez constitucional ad quem, sin que a la fecha hubiese realizado acciones tendientes a dar cumplimiento a lo ordenado\u00bb (14 dic. 2021), determinaci\u00f3n que en grado jurisdiccional de consulta confirm\u00f3 el superior (12 en. 2022). <\/p>\n
En su criterio, tales pronunciamientos lesionaron sus prerrogativas, pues \u00abla sanci\u00f3n impuesta es abiertamente desproporcionada e ilegal, al considerar el juez de segunda instancia que no cumpli\u00f3 con el requisito de autorizaci\u00f3n previa por parte del Ministerio de Trabajo, argumento que no solo se encuentra en el cuerpo de la sentencia, sino tambi\u00e9n en su parte resolutiva, es decir que la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso encuentra cabida en la ratio decidendi y en el decisum\u00bb, aunado a que en la sentencia SU034 de 2018 se indic\u00f3 que \u00abno habr\u00eda lugar a imponer una sanci\u00f3n por desacato en los casos en que la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determin\u00f3 qui\u00e9n deb\u00eda cumplirla o porque su contenido es difuso (\u2026), en este orden de ideas, al existir una orden difusa, los jueces no debieron imponer sanci\u00f3n alguna, como en su defecto lo hicieron\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga se opuso al ruego, por cuanto la accionante expresa su desacuerdo con \u00abuna decisi\u00f3n de naturaleza constitucional\u00bb. <\/p>\n
El Tercero Civil Municipal de Floridablanca relat\u00f3 la actuaci\u00f3n desplegada y defendi\u00f3 la legalidad del prove\u00eddo atacado. <\/p>\n
3.- El a quo neg\u00f3 el amparo porque \u00abno se evidencia que de forma alguna los accionados incurrieran en defecto f\u00e1ctico o una de las causales especiales de procedibilidad al proferir las decisiones atacadas, como quiera que estas son el resultado de la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas que militan al expediente, por lo que lucen razonables y atendibles a las circunstancias f\u00e1cticas del caso estudiado, lo que permite concluir que el promotor acude a esta v\u00eda residual, a controvertir la tesis del fallador ordinario, pretendiendo que el juez de tutela acoja su posici\u00f3n como m\u00e1s id\u00f3nea, cuesti\u00f3n que excede los prop\u00f3sitos de este escenario constitucional\u00bb. <\/p>\n
4.- Impugn\u00f3 la tutelante insistiendo en las alegaciones inaugurales, agregando que \u00absi se revisa el tr\u00e1mite del incidente de desacato se puede observar que ni siquiera el juez que sanciona el incidente tiene claridad en como se da cumplimiento a la orden emitida, solo hasta esta instancia, el juez sexto del circuito expresa que su cumplimiento radica en pagar todos los emolumentos adeudados, supuesto f\u00e1ctico que no se extrae de la orden dada porque esta gira en torno a una presunta suspensi\u00f3n contractual que viol\u00f3 el debido proceso, raz\u00f3n por la cual, es necesario ahondar en cuanto a la claridad de la orden cuyo incumplimiento fue objeto de sanci\u00f3n por incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte la improcedencia del resguardo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, en tanto la gestora, como persona jur\u00eddica, no es la titular de la dispensa infringida, ni act\u00faa en nombre o como agente oficioso del perjudicado. <\/p>\n
Lo que se colige del \u00abtr\u00e1mite incidental\u00bb rebatido es que, quien funge como \u00absancionado\u00bb es Nelson Arenas Neira; de suerte que las disertaciones de la Operadora de Transporte Masivo Movilizamos S.A. apuntan al anhelo de eventuales \u00abprerrogativas\u00bb de las que no es \u00abtitular\u00bb. As\u00ed lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 2591 de 1991: <\/p>\n
[t]oda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos que se\u00f1ale este Decreto. <\/p>\n
Por consiguiente, a estas diligencias deben comparecer los \u00abtitulares de los derechos afectados\u00bb, bien directamente o a trav\u00e9s de su \u00abrepresentante\u00bb, salvo que se encuentren impedidos para ejercerlos, evento en el cual un tercero podr\u00e1 agenciarlos. <\/p>\n
En el sub lite la sociedad actora carece de \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para incoar la guarda frente a la providencia que impuso sanci\u00f3n por desacato (14 dic. 2021) y la que la confirm\u00f3 en sede de consulta (12 en. 2022), comoquiera que el \u00abtitular de las prerrogativas\u00bb cuya custodia anhela es Arenas Neira, por ser el destinatario de la penalidad fustigada, pues obs\u00e9rvese que la compa\u00f1\u00eda viene actuando \u00aba trav\u00e9s de su representante legal\u00bb, sin que en el escrito genitor se invoque los \u00abderechos\u00bb de \u00e9ste como persona natural. <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n es constante y reiterativa en afirmar que, superada la \u00abimprocedencia\u00bb que en principio se predica del auxilio contra lo resuelto en un \u00abincidente de desacato\u00bb, la legitimaci\u00f3n en causa por activa para hacer efectivo tal reproche recae: <\/p>\n
\u00ab\u00fanicamente la persona natural a quien se impuso multa y arresto, si estimaba que se hab\u00edan quebrantado sus garant\u00edas, estaba legitimada para recurrir a la herramienta constitucional, a efectos de solicitar su protecci\u00f3n, lo que pod\u00eda hacer, bien directamente, o a trav\u00e9s de mandatario especialmente constituido para la acci\u00f3n, comoquiera que cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garant\u00edas que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, calidad que en el presente asunto no puede hacerse extensible [a la instituci\u00f3n] tutelante ni siquiera como sucesor procesal (\u2026), toda vez que la sanci\u00f3n no se dirigi\u00f3 contra dicho ente sino, se itera, contra [la funcionaria]\u00bb, advirtiendo que \u00abla reclamante tampoco manifest\u00f3 que actuara [como agente oficioso] ante la imposibilidad de la funcionaria sancionada de procurar su defensa, como tampoco acredit\u00f3 la existencia de mandato judicial para este tr\u00e1mite, lo que de manera liminar se traduce en la improcedencia de la solicitud de amparo\u00bb (STC, 16 ag. 2012, rad. 01701-00, reiteradas en STC1148-2021, STC5118-2021 y STC9805-2021), Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
2.- Ergo, se avalar\u00e1 el fallo impugnado, pero por la raz\u00f3n aqu\u00ed decantada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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