STC1389-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1389-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2021-00665-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de enero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que M\u00e1xima Racing S.A.S. le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades -Intendencia Regional de Medell\u00edn. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, defensa e igualdad\u00bb, para que se ordenara a la autoridad querellada \u00ab(\u2026) deje sin efectos las siguientes providencias: a) Auto No. 2021-02-024726 de fecha 07 de octubre de 2.021, mediante el cual rechaz\u00f3 la admisi\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n judicial y (b) Auto No. 610-002695 de fecha 22 de noviembre de 2.021, mediante el cual resuelve de forma negativa recurso de reposici\u00f3n y confirma la decisi\u00f3n de rechazar la admisi\u00f3n al proceso concursal de la aqu\u00ed accionante\u00bb y, en consecuencia, \u00abproceda a expedir nueva actuaci\u00f3n judicial mediante la cual se admita al procedimiento de liquidaci\u00f3n judicial simplificada a la sociedad MAXIMA RACING S.A.S. ante el cumplimiento de los presupuestos y requisitos contenidos en la Ley 1116 de 2.006 y decreto 772 de 2.020\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que la Superintendencia de Sociedades -Intendencia Regional de Medell\u00edn rechaz\u00f3 su solicitud de \u00abapertura a la liquidaci\u00f3n judicial simplificada conforme los lineamientos que trata la Ley 1116 de 2006 y el decreto 772 de 2.020, requerimiento que fue ingresado con radicado No. 2021-01-587150\u00bb; porque \u00ablos activos de la sociedad para el momento de la solicitud ascend\u00edan a cero ($0), encontrando que por esta raz\u00f3n no es posible adelantar un reintegro de activos al mercado a trav\u00e9s de una liquidaci\u00f3n judicial conforme los lineamientos de la Ley 1116 de 2.006 al ser contrario con su finalidad de \u201caprovechamiento del patrimonio del deudor\u201d\u00bb (7 oct. 2021). <\/p>\n
Sostuvo que recurri\u00f3 esa determinaci\u00f3n por constituir \u00abuna barrera arbitraria e innecesaria que impide el acceso al procedimiento de liquidaci\u00f3n judicial simplificada\u00bb, pero se mantuvo inc\u00f3lume porque \u00ab(i) La pretensi\u00f3n de los acreedores en satisfacer su cr\u00e9dito no se honra ante la inexistencia de activos; (ii) Que la solicitante cuenta con la posibilidad de acudir al procedimiento del c\u00f3digo de comercio \u2013 art 218 s.s., a la ley 1429 de 2010 y al procedimiento de los art\u00edculos 524 al 530 del CGP por solicitud de alguno de los socios, raz\u00f3n por la cual tiene mecanismos diferentes a la Ley 1116 de 2006 y no hay impedimento en el acceso a la justicia; (iii) Que con la decisi\u00f3n se protege el sistema judicial de un desgaste innecesario de sus instituciones, pues en su entender la liquidaci\u00f3n debe realizarse en un marco donde no se tenga que designar un liquidador que se subsidie por la Superintendencia conforme el DR 1074 de 2015 (\u2026) (v) Que los pasivos no tienen expectativa de recuperar y el estado no debe suplir la necesidad de una liquidaci\u00f3n donde se debe designar un auxiliar que no podr\u00e1 adjudicar absolutamente nada, desnaturalizando la finalidad de la liquidaci\u00f3n, por lo que la responsabilidad del deudor es liquidarse de forma voluntaria (imposible por la existencia de pasivos y la cesaci\u00f3n de pagos) o acudiendo al Juez del Circuito de manera directa\u2026\u00bb (22 nov.). <\/p>\n
Acus\u00f3 al organismo reprochado de incurrir en las siguientes v\u00edas de hecho, <\/p>\n
a)- \u00abDefecto sustantivo\u00bb al desbordar su interpretaci\u00f3n de \u00abla Ley 1116 para restringir la aplicaci\u00f3n de la Ley 1116 de 2006 a eventos que \u00e9sta considera aptos, exigiendo la existencia de activos como si se tratara de un requisito de absoluto rigor que solo puede justificar con una interpretaci\u00f3n excesiva de la finalidad de la insolvencia\u00bb; y <\/p>\n
b).- \u00abDefecto procedimental\u00bb por cuanto desvi\u00f3 \u00ablas formas propias de la liquidaci\u00f3n de sociedades ante la Superintendencia de Sociedades, vulnerando los derechos y garant\u00edas de MAXIMA RACING S.A.S. con transgresi\u00f3n directa al debido proceso, negando la aplicaci\u00f3n de una Ley que persigue la liquidaci\u00f3n ordenada de los pasivos de una sociedad y que comporta beneficios \u00fanicos y exclusivos como la descarga de pasivos insolutos, la terminaci\u00f3n de procedimientos judiciales y coactivos de cobro, la aplicaci\u00f3n de criterios de universalidad del patrimonio, la cesaci\u00f3n de acciones penales por delitos de omisi\u00f3n de agente retenedor conforme estatuto tributario, etc\u00bb. <\/p>\n
Adver\u00f3, que lo prove\u00eddo reduce \u00abel an\u00e1lisis de procedencia a una imposici\u00f3n de criterios subjetivos que simplific\u00f3 la argumentaci\u00f3n de la autoridad en la ausencia de activos por parte de la deudora, seg\u00fan un par\u00e1metro de rigor que se define en s\u00ed misma como una postura exeg\u00e9tica al crear requisitos inexistentes en la norma concursal\u00bb; adem\u00e1s, no tiene en cuenta que frente al \u00abrequisito de procedencia la existencia de activos superior a cero (0)\u00bb no existe precepto que obligue a cumplir tal par\u00e1metro de procedibilidad ni puede asumirse como necesario por la entidad acusada y, \u00abs\u00ed existe un patrimonio que, aunque carente de activos, comporta una universalidad de pasivos que deben someterse a las reglas de liquidaci\u00f3n establecidas en la Ley 1116 de 2.006, lo cual desconoce abiertamente la autoridad en su posici\u00f3n de rechazo\u00bb. <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Sociedades defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado y se opuso el ruego, dado que es \u00ab(i) improceden[te] al pretender revivir instancias ya consolidadas y en firme, (ii) utilizar la acci\u00f3n de tutela para sustituir el recurso de reposici\u00f3n y constituir una segunda instancia por no estar de acuerdo con los argumentos objetivos, legales y constitucionales de esta Superintendencia y, (iii) por carencia de causales espec\u00edficas de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de Medell\u00edn hall\u00f3 acreditada la v\u00eda de hecho por \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb y accedi\u00f3 al amparo, en tanto \u00ab(\u2026) se observa, el Intendente Regional realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n subjetiva de los presupuestos formales que debe acreditarse en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial simplificado para peque\u00f1as insolvencias previstos en el art\u00edculo 12 del Decreto 772 del 2020, como exigir impl\u00edcitamente que s\u00f3lo pueden acceder a dicho tr\u00e1mite las empresas cuyo estado financiero permita solventar el patrimonio de sus acreedores, desconociendo, en consecuencia, que las bases contables del valor neto de las liquidaciones de una sociedad tambi\u00e9n puede recaer en sus pasivos\u00bb. <\/p>\n
Cavil\u00f3 que \u00ab(\u2026) la autoridad administrativa carece de competencia para determinar de un lado el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n que quiera adoptar el deudor y a su vez, exigir requisitos que la ley no contempla bajo interpretaciones ajenas a lo dispuesto por el legislador, conllevando a un pleno desconocimiento de los deberes previstos en el art\u00edculo 13 del C.G.P., al adoptar una l\u00ednea jurisprudencial que difiere de las normativas que regulan la materia y una decisi\u00f3n que desconoce el estudio de constitucionalidad que abord\u00f3 el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional en el estudio del Decreto legislativo al declarar la inexequibilidad de la exigencia de recursos econ\u00f3micos\u00bb; y, que tampoco le era dable \u00absoportar su decisi\u00f3n de rechazar la demanda bajo la existencia de estados financieros en cero y menos a\u00fan condicionar al peticionario adelantar otros mecanismos judiciales para tal fin, como si se tratara de un asunto de cl\u00e1usula residual de competencia, cuando realmente la norma que le es aplicable al caso no puede ser otra que la misma estudiada por la Superintendencia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00absi los anteriores argumentos no revisten la fuerza suficiente para configurar la existencia de una v\u00eda de hecho, bastar\u00e1 indicar que, si la accionada carec\u00eda de competencia para conocer el asunto, debi\u00f3 disponer la remisi\u00f3n a la autoridad judicial que consideraba competente y no disponer al rechazo in limine de la demanda\u00bb. Por lo tanto, dej\u00f3 sin efectos las providencias confutadas y orden\u00f3 a la entutelada \u00ab(\u2026) estudie y decida de fondo el recurso de apelaci\u00f3n formulado, sin que sea de recibo rechazar la acci\u00f3n por ausencia de recursos econ\u00f3micos, bajo los argumentos expuestos en el sub judice\u00bb. <\/p>\n
Apel\u00f3 el Intendente Regional de Medell\u00edn de la Superintendencia de Sociedades porque, en su opini\u00f3n, la decisi\u00f3n del a quo desconoce \u00abel r\u00e9gimen de insolvencia\u00bb y los \u00ablineamientos objetivos que fueron explicados en la contestaci\u00f3n de la primera instancia\u00bb; toda vez que carece de uno de los requisitos de car\u00e1cter general de \u00abacciones de tutela contra providencias judiciales\u00bb, tal como \u00abque la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional\u00bb, pues \u00ablas controversias que se sometan a su consideraci\u00f3n deben tener alcance constitucional y no legal\u00bb y, como \u00abel asunto sometido a consideraci\u00f3n del juez de tutela tiene car\u00e1cter legal, pues, de una parte, concluy\u00f3 que se actu\u00f3 de manera subjetiva al no admitirse a una sociedad a la liquidaci\u00f3n judicial, cuando el propio r\u00e9gimen de insolvencia y las leyes contables excluyen del mismo a las sociedades que no se encuentran dentro de la finalidad consagrada en el art\u00edculo 1 de la ley 1116 de 2006, imponiendo su criterio por defecto procedimental absoluto\u00bb; concluy\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo para sustraer el cumplimiento de la ley ni mucho menos para alterar el desarrollo de procesos judiciales, como tampoco para comprometer la independencia de la autoridad que cumple funciones judiciales\u00bb. Aunado a ello, refiri\u00f3 que \u00ablos procesos de liquidaci\u00f3n judicial regulados en la ley 1116 de 2006 y en el decreto 772 de 2020, buscan el aprovechamiento de recursos existentes para la satisfacci\u00f3n de los cr\u00e9ditos u obligaciones, pero en ellos no es aceptable una situaci\u00f3n financiera con activos en cero ($0), ya que el auxiliar de la justicia que se designe como liquidador no va a tener absolutamente nada que liquidar\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, rese\u00f1\u00f3 que se extra\u00f1a el \u00abrequisito\u00bb de car\u00e1cter espec\u00edfico, en la modalidad de \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, ya que \u00abel procedimiento que se llev\u00f3 a cabo, atiende al no cumplimiento de la finalidad del r\u00e9gimen de insolvencia que se encuentra consagrado en el art\u00edculo 1 de la ley 1116 de 2006 y las normas contables que regulan la materia, y no desde la \u00f3rbita exclusiva que estudio el Honorable Tribunal respecto de la aplicaci\u00f3n de la Sentencia C-378 De 2020 que declar\u00f3 la inexequibilidad del par\u00e1grafo 3 de los art\u00edculos 12 y 13 del Decreto 772 de 2020, al excluir la suficiencia de recursos para ser admitido a un proceso de liquidaci\u00f3n judicial simplificada (\u2026) lo que se hace es reprochar una conducta que no fue evaluada en su integridad, teniendo en cuenta que se tuvieron en cuenta lineamientos jur\u00eddicos, econ\u00f3micos y contables que se encuentran consagrados en el r\u00e9gimen de insolvencia colombiano y que no fueron estudiados por el juez constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Cotejado el haz probatorio con los argumentos de disenso y la normativa aplicable a la materia, se vislumbra, ab initio, la convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado, porque emerge la configuraci\u00f3n de una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb en la modalidad de \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb y, por ende, este asunto reviste \u00abrelevancia constitucional\u00bb, seg\u00fan se expone enseguida. <\/p>\n
1.1.- En efecto, frente a la \u00abausencia del requisito de la relevancia constitucional\u00bb, la jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos generales que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del \u00abjuez de tutela\u00bb., Espec\u00edficamente en el punto aludido, recientemente se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: \u201c(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acci\u00f3n de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acci\u00f3n de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces\u201d [Sentencia SU-573 de 2019, M.P Carlos Bernal Pulido]. Con fundamento en estas consideraciones, la Sentencia SU-573 de 2019 reiter\u00f3 tres criterios de an\u00e1lisis para establecer si una tutela es de relevancia constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.5. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal y\/o econ\u00f3mico. Las discusiones de orden legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho econ\u00f3mico deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su tr\u00e1mite, toda vez que \u201cle est\u00e1 prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de car\u00e1cter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes\u201d [Sentencia T-136 de 2015, M.P. Mar\u00eda Victoria Calle Correa]. Un asunto carece de relevancia constitucional cuando: (i) la discusi\u00f3n se limita a la mera determinaci\u00f3n de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma procesal, salvo que de \u00e9sta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido econ\u00f3mico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, \u201cque no representen un inter\u00e9s general. [Sentencia T-610 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado]. <\/p>\n
4.6. Segundo, \u201cel caso [debe involucrar] alg\u00fan debate jur\u00eddico que gire en torno al contenido, alcance y goce de alg\u00fan derecho fundamental\u201d [Sentencia SU-439 de 2017, M.P. Alberto Rojas R\u00edos]. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la cuesti\u00f3n debe revestir una \u201cclara\u201d, \u201cmarcada\u201d e \u201cindiscutible\u201d relevancia constitucional [Sentencia T-136 de 2015, M.P. Mar\u00eda Victoria Calle Correa.]. Dado que el \u00fanico objeto de la acci\u00f3n tutela es la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales, es necesario que el asunto que origina la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n contra una providencia judicial tenga trascendencia para la aplicaci\u00f3n y el desarrollo eficaz de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, as\u00ed como para la determinaci\u00f3n del contenido y alcance de un derecho fundamental. Por tal raz\u00f3n, los asuntos en los que se invoca la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, pero cuya soluci\u00f3n se limita a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional. <\/p>\n
4.7. Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, \u201cla tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios\u201d [Sentencia T-102 de 2006, Humberto Sierra Porto], pues la competencia del juez de tutela se restringe \u201ca los asuntos de relevancia constitucional y a la protecci\u00f3n efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de car\u00e1cter legal\u201d [Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas]. En ese orden de ideas, la tutela en contra de un auto o una sentencia exige valorar si la decisi\u00f3n se fundament\u00f3 en una actuaci\u00f3n ostensiblemente arbitraria e ileg\u00edtima de la autoridad judicial, violatoria de las garant\u00edas b\u00e1sicas del derecho al debido proceso. (\u2026)\u00bb (CC. Sentencia SU-128 de 2021) -Se resalta Adrede-. <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces, que en el examen previo se constate la presencia de las indicadas exigencias, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el resguardo no puede prosperar. <\/p>\n
1.2. En el sub lite, contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Sociedades, el asunto s\u00ed es constitucionalmente transcendente, en tanto se debate el quebranto de la garant\u00eda al debido proceso, por la incursi\u00f3n del fallador en un defecto f\u00e1ctico; adem\u00e1s, cabe a\u00f1adir que la tem\u00e1tica en comento \u00abgoza de dicha relevancia\u00bb, ya que limitar la posibilidad de la concursada de combatir las decisiones que contrar\u00eden sus intereses y pedir la apertura del tr\u00e1mite liquidatorio, porque \u00ablos procesos de liquidaci\u00f3n judicial regulados en la ley 1116 de 2006 y en el decreto 772 de 2020, buscan el aprovechamiento de recursos existentes para la satisfacci\u00f3n de los cr\u00e9ditos u obligaciones, pero en ellos no es aceptable una situaci\u00f3n financiera con activos en cero ($0), ya que el auxiliar de la justicia que se designe como liquidador no va tener absolutamente nada que liquidar\u00bb, se traduce en una inadmisible restricci\u00f3n al \u00abdebido proceso\u00bb de \u00edndole procedimental. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque si bien, por esta v\u00eda excepcional se atacan \u00abprovidencias judiciales\u00bb, en el sub judice se hallan cumplidos los tres criterios de an\u00e1lisis para establecer \u00absi una tutela es de relevancia constitucional\u00bb (C.C. SU-573 de 2019), echados de menos por la impugnante, en tanto: (i) La discusi\u00f3n no se limita al mero establecimiento de aspectos legales, porque de los interlocutorios se desprende transgresi\u00f3n al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al \u00abdebido proceso\u00bb que asiste a la parte demandante, al rechazarse in limine la \u00absolicitud de liquidaci\u00f3n judicial simplificada\u00bb; (ii) Con base en ello, resulta indispensable el \u00abasunto que origina la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n contra una providencia judicial\u00bb, debido a su \u00abtrascendencia\u00bb para la aplicaci\u00f3n y el desarrollo eficaz de la Carta Pol\u00edtica, as\u00ed como para la determinaci\u00f3n del contenido y alcance de los atributos invocados y, (iii) Comprobado est\u00e1 que las resoluciones se fundamentaron en \u00abuna actuaci\u00f3n ostensiblemente arbitraria e ileg\u00edtima de la autoridad judicial, violatoria de las garant\u00edas b\u00e1sicas del derecho al debido proceso\u00bb, como se analizara en el desarrollo de la v\u00eda de hecho abordada por el a quo. <\/p>\n
1.3.- La revisi\u00f3n del \u00abescrito de tutela\u00bb y la documental anexa al paginario, permiten a la Corte concluir que las actuaciones confutadas, ciertamente ostentan un \u00abdefecto\u00bb constitutivo de causal de procedencia de la salvaguarda que a trav\u00e9s de esta v\u00eda se reclama, al \u00abincurrirse en defecto procedimental absoluto\u00bb, circunstancia que devino en la vulneraci\u00f3n de las \u00abprerrogativas superiores invocadas\u00bb por la gestora. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, por cuanto lo que motiv\u00f3 el \u00abrechazo in limine de la demanda para liquidaci\u00f3n judicial simplificada\u00bb, esto es, que los activos a liquidar relacionados por la promotora \u00abpara el momento de la solicitud ascend\u00edan a cero ($0), encontrando que por esta raz\u00f3n no es posible adelantar un reintegro de activos al mercado a trav\u00e9s de una liquidaci\u00f3n judicial conforme los lineamientos de la Ley 1116 de 2.006 al ser contrario con su finalidad de \u201caprovechamiento del patrimonio del deudor\u201d\u00bb (7 oct. 2021), no est\u00e1 expresamente consagrado en el C\u00f3digo General del Proceso, ni en la Ley 1116 de 2006, mucho menos en los Decretos 560 y 772 de 2020 como causal para el rechazo del libelo, lo que impide negar el curso legal de la misma con sustento en ese argumento, el cual, en manera alguna constituye un \u00ablineamiento objetivo del juzgador\u00bb ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la inadmisi\u00f3n y el rechazo de la demanda s\u00f3lo puede darse por las causales que taxativamente contempla el estatuto procesal, en tanto que la introducci\u00f3n de motivos ajenos a los all\u00ed dispuestos, en \u00faltimas, limita el derecho que tienen los coasociados a acceder a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026) En cuanto al particular, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
(\u2026) no debe perderse de vista que por expreso mandato del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso las declaraciones de \u00abinadmisibilidad\u00bb y \u00abrechazo\u00bb de la demanda \u00absolo\u00bb se justifican de cara a la omisi\u00f3n de \u00abrequisitos formales\u00bb (cfr. Arts. 82, 83 y 87 ib\u00edd.), la ausencia de los \u00abanexos ordenados por la ley\u00bb (cfr. Arts. 26, 84, 85, 89, 206 ib\u00edd.), la inadecuada \u00abacumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb (cfr. Art. 88 ib\u00edd.), la \u00abincapacidad legal del demandante que no act\u00faa por conducto de representante\u00bb y la \u00abcarencia de derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (cfr. Art. 73 y ss. Ib\u00edd.), ninguna de las cuales parecen ajustarse a las puntuales circunstancias esgrimidas en el sub lite. <\/p>\n
Y aunque en algunas ocasiones esta Corporaci\u00f3n ha visto con buenos ojos la posibilidad de adelantar en esa etapa preliminar las \u00abpesquisas necesarias\u00bb para \u00abaclara[r] aspectos oscuros del libelo inicial\u00bb, como una \u00abexpresi\u00f3n fiel de los deberes que como director del proceso le asisten [al] funcionario\u00bb (CSJ, STC16187-2018), lo cierto es que tal privilegio no constituye una patente de cor[s]o para restringir la prerrogativa prevista en el canon 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, menos a\u00fan, para comprometer el debido proceso de las personas que elevan sus s\u00faplicas ante la justicia con criterios puramente subjetivos de quienes est\u00e1n llamados a impulsarlas\u00bb (CSJ STC2718-2021 y STC4698-2021, citadas en STC11678-2021). <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, la Corte Constitucional ha predicado: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto al tema particular del auto de admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de una liquidaci\u00f3n judicial de una sociedad, la Superintendencia de Sociedades, ni puede exigir requisitos adicionales a los que la ley determina, ni puede entrar en consideraciones ni an\u00e1lisis relacionados con el contenido de la informaci\u00f3n para resolver si admite o rechaza la solicitud. La labor de esa entidad, es cerciorarse que la sociedad deudora \u2013quien se va a liquidar- cumpla todos los requisitos, tanto sustanciales como formales, exigidos en la Ley 1116 de 2006 para efectos de su liquidaci\u00f3n judicial\u00bb (C.C., SU773-2014, reiterada en STC11678-2021). <\/p>\n
Corolario de lo pret\u00e9rito, se avizora que el despacho censurado s\u00ed cometi\u00f3 un \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, supuesto suficiente para la viabilidad de la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, sobre el cual el Tribunal Constitucional ha indicado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u00bb (CC T-204\/18, reiterado en STC7727-2020 y STC13160-2021). <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, en el sub ax\u00e1mine no precisaba el an\u00e1lisis de \u00abcar\u00e1cter legal\u00bb planteado por la Superintendencia, de cara las Leyes 1116 de 2006, 1429 de 2010 y 2069 de 2020; los Decretos 2420 de 2015, 2101 de 201 y 772 de 2020; los art\u00edculos 24 inc. 4\u00ba y p\u00e1r. 5\u00ba, 42 n\u00fam. 6\u00ba, 524 al 530 de la Ley 1564 de 2012 y dem\u00e1s preceptos en los que bas\u00f3 el \u00abrechazo in limine de solicitud de apertura a la liquidaci\u00f3n judicial simplificada\u00bb (7 oct. Y 22 nov. 2021), dado que en virtud de la \u00abrelevancia constitucional\u00bb ya estudiada, dicho cometido es ajeno a este especial sendero. <\/p>\n
S\u00famese a lo anterior, el hecho que configurado est\u00e1 el \u00abvicio en el procedimiento\u00bb cometido por el juzgador al producir dos autos irrazonables, cuyas reflexiones son meramente subjetivas, en la medida que su postura, lejos de evitar un desgaste para la administraci\u00f3n de justicia o una salida inconveniente para la situaci\u00f3n de iliquidez denunciada por M\u00e1xima Racing S.A.S., termina siendo una aut\u00e9ntica conculcaci\u00f3n al \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, al impedir a esta tramitar el proceso concebido para la liquidaci\u00f3n de la \u00fanica garant\u00eda que tiene para la satisfacci\u00f3n de sus deudas. <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se ratificar\u00e1 el veredicto confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas, y se CORRIGE su ordinal segundo, en el sentido de \u00abORDENAR al Intendente Regional de la SuperSociedades \u2013Sede Medell\u00edn- que en el t\u00e9rmino de (48) horas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, estudie y decida la solicitud de liquidaci\u00f3n judicial formulada, sin que sea de recibo rechazar la acci\u00f3n por ausencia de recursos econ\u00f3micos, bajo los argumentos expuestos en el sub judice\u00bb. En lo dem\u00e1s, la providencia quedar\u00e1 inc\u00f3lume. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1389-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC1389-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2021-00665-01 (Aprobado en Sala de nueve de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de enero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61211","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61211"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61211\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}