STC1463-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1463-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00361-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Grupo Ticma SAS contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva Sala Civil Familia Laboral, y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El apoderado judicial de la sociedad actora, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados con la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal accionado en sede de apelaci\u00f3n el 17 de enero de 2022, dentro del proceso ejecutivo No. 005 2016 00117 00, que promovi\u00f3 contra Uni\u00f3n Temporal Tesalia 2014, y solicita en consecuencia, que se declare sin valor y efecto la decisi\u00f3n atacada y se emita una nueva que se pronuncie sobre lo decidido por el juez de primera instancia. <\/p>\n
En sustento de lo pretendido, manifest\u00f3 que el citado asunto curs\u00f3 en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, mediante el cual se pretendi\u00f3 el cobro de $1.875\u2019423.348 que correspond\u00eda a una obligaci\u00f3n adquirida por la demandada, que se encuentra contenida en las facturas 27, 28, 29, 30 y 31. <\/p>\n
Narr\u00f3 que, luego de librarse el mandamiento de pago, se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n de las empresas que conforman la parte demandada, quienes formularon excepciones previas, no obstante, el Juzgado accionado resolvi\u00f3 el 19 de octubre de 2016 rechazar la demanda, porque exist\u00eda cl\u00e1usula compromisoria, decisi\u00f3n apelada, y revocada por el Tribunal de Neiva, quien orden\u00f3 en su lugar que se continuara con el proceso. <\/p>\n
Una vez vencido el t\u00e9rmino de traslado de los medios exceptivos propuestos, el 13 de marzo de 2020 profiri\u00f3 auto que \u00abtermina el proceso por las excepciones previas\u00bb invocadas mediante recurso de reposici\u00f3n, con el argumento que exist\u00eda un contrato de obra con la demandada, pese a que siempre se reiter\u00f3 que las facturas eran totalmente aut\u00f3nomas e independientes de dicho convenio. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en Juzgado tambi\u00e9n adujo que \u00aben los t\u00edtulos no exist\u00eda constancia de recibo con la indicaci\u00f3n o firma de la persona encargada de recibirla\u00bb, ni estaban aceptadas por el deudor de acuerdo con los art\u00edculos 773 y 774 del C\u00f3digo de Comercio, desconociendo la figura de la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita. <\/p>\n
Inconforme con lo resuelto, interpuso el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia anticipada, y el Tribunal, no obstante haberle dado la raz\u00f3n, pues no se trataba de un t\u00edtulo complejo, porque era un documento independiente, y porque si bien no estaba con las firmas de recibido, \u00abse configuraba la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita porque se enviaron por correo\u00bb, la confirm\u00f3 el 17 de enero de 2022 y fund\u00f3 su decisi\u00f3n sobre un punto que no fue controvertido en la primera instancia en el auto de 13 de marzo de 2020, porque nunca se refut\u00f3 \u00absi los t\u00edtulos fueron entregados a una direcci\u00f3n que no correspond\u00eda, a una de la ejecutadas\u00bb, existiendo una extralimitaci\u00f3n respecto de las potestades otorgadas en el inciso 1\u00ba del art. 328 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Considera que, la decisi\u00f3n adoptada por el funcionario en segunda instancia, desbord\u00f3 las facultades que la ley le otorg\u00f3, como quiera que, la competencia se encuentra limitada a las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el escrito de sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, en relaci\u00f3n con el proceso ejecutivo No. 2016 00117 00. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juez Quinto Civil del Circuito de Neiva, se limit\u00f3 a remitir el expediente digital. <\/p>\n
La Magistrada sustanciadora respondi\u00f3 que, el 17 de enero de 2022 resolvi\u00f3 la alzada confirmando el auto de primer grado, decisi\u00f3n que se fundament\u00f3 en las normas aplicables al caso concreto y el material probatorio incorporado oportunamente por las partes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En principio, se precisa que unicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La inconformidad del accionante, se encuentra sustentada en el hecho que el Tribunal Superior de Neiva, cuando resolvi\u00f3 la alzada desbord\u00f3 las facultades conferidas en el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, y se pronunci\u00f3 sobre un punto que no fue controvertido en la primera instancia, esto es, \u00ablos t\u00edtulos fueron enviados a una direcci\u00f3n que no correspond\u00eda a una de las ejecutadas (UTT2014)\u00bb. <\/p>\n
En el caso en estudio, observa la Sala, que en el proceso ejecutivo promovido por Grupo Ticma SAS contra Uni\u00f3n Temporal Tesal\u00eda 2014 conformada por Marco Obra P\u00fablica SA Sucursal Colombia, Edival SA, Perlum Ltda y Constructora de Obras Municipales SAS Comsa Sucursal Colombia, que curs\u00f3 en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, el 12 de julio de 2016 se libr\u00f3 mandamiento de pago por las siguientes sumas de dinero: <\/p>\n
\u00abA) $968.778.101 contenida en la factura No. 027. <\/p>\n
B) $288.991.188 contenida en la factura No. 28. <\/p>\n
C) $-214.828.090 contenida en la factura No. 029, <\/p>\n
D) $-114.367.383 contenida en la factura No. 030, y <\/p>\n
E) $-189.463.383. contenida en la factura No. 031\u00bb <\/p>\n
Notificadas las sociedades que conforman la UTT2014, formularon recursos de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, quienes invocaron excepciones previas, entre ellas, Edival SA y Perlum Ltda, alegaron entre otras cosas, la falta de requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo, y solicitaron \u00abse revoque el mandamiento de pago emitido por el juez 5\u00ba Civil del Circuito de Neiva, el 12 de julio de 2016, dentro del proceso radiaci\u00f3n No. 206-00117-00 promovido por Grupo Ticma SAS y declare terminado el proceso ejecutivo por ausencia de requisitos del t\u00edtulo ejecutivo, porque: i) no se aport\u00f3 el original de la factura, el que contiene la firma del obligado, no tiene los sellos y firma del vendedor, ni la del obligado, o sello de recibido de la factura, ii) las facturas no tienen requisito de claridad, porque en las pretensiones 29, 30 y 31 en cu\u00e1nto a las sumas cobradas, se libr\u00f3 mandamiento por valores negativos, y mayores al valor real de las facturas No. 29, 30 y 31\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, cuando resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, en providencia de 13 de marzo de 2020, respecto del primer punto consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab…evidentemente examinadas las facturas aportadas con la demanda, no se observa que las mismas aparezcan aceptadas por el comprador o beneficiario del servicio, ni aparece la fecha de recibo, requisito que debe reunir como lo establece el numeral 2\u00ba del art. 774 del C.Co\u2026.\u00bb, tambi\u00e9n dijo que: \u00abNo podr\u00e1 aceptarse que como las facturas fueron remitidas por oficina de correa (sic), ello exonera al tenedor de las mismas, perse de que aparezca en el cuerpo de los instrumentos la correspondiente constancia de recibido…\u00bb. <\/p>\n
Finalmente resolvi\u00f3, declarar probadas las exceptivas de falta de requisitos legales y contractuales requeridos para que las facturas presentadas se consideren t\u00edtulo valor formuladas por las citadas sociedades, revocar el auto de 12 de julio de 2016, para en su lugar, negar la orden de pago, y decretar el levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
La Sociedad ejecutante formul\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, manifestando los reparos que se hac\u00edan a la decisi\u00f3n, para lo cual adujo entre otras cosas: <\/p>\n
\u00abSe aclar\u00f3 al juzgado que no existe tal incumplimiento porque bien lo enuncia el art\u00edculo; la aceptaci\u00f3n se da con la aceptaci\u00f3n en el mismo documento o aparte, indicando el nombre, identificaci\u00f3n o la firma de quien recibe y la fecha en la que se recibi\u00f3. Como bien ya se puntualiz\u00f3, consta a folios 12, 14 y 20 del expediente de la presente demanda dicho recibido, a trav\u00e9s de correo certificado allegado a la UNI\u00d3N TEMPORAL TICMA S.A.S; figurando as\u00ed con fecha de envi\u00f3 del siete (07) de enero de 2016 y fecha de entrega del ocho (08) de enero del 2016 y recibido por la se\u00f1ora Navia Rojas Cabrera. Teniendo en cuenta lo manifestado, argumentar la inexistencia de requisitos formales carece totalmente de validez y desconoce el derecho adquirido por mi representado de exigir las sumas adeudadas y a la que es acreedor\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Neiva en auto de 17 de enero de 2022, al resolver la alzada respecto a este t\u00f3pico, dijo que: <\/p>\n
\u00abEn el sub judice, el juez de primer grado estim\u00f3 que los t\u00edtulos no pose\u00edan la constancia de recibido con la indicaci\u00f3n del nombre, identificaci\u00f3n o firma de la persona encargada de recibirla; aseveraci\u00f3n que resulta parcialmente acertada, pues en el cuerpo de \u00e9stos no aparece el acuso de recibo asentado por las demandadas; sin embargo, no era un argumento suficiente para despachar favorablemente las reclamaciones del extremo pasivo, pues desde el escrito promotor se dej\u00f3 claro que la entrega de los instrumentos se produjo mediante env\u00edo por correo certificado (hecho 6\u00ba), de ah\u00ed que ten\u00eda que verificarse que los cartulares hubieren sido efectivamente despachados a la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n de la entidad que aglutinaba a este grupo empresarial, es decir, al de la \u201cUni\u00f3n Temporal Tesalia 2014\u201d, para que a partir de all\u00ed, se contabilizara el plazo de 3 d\u00edas para que se entendieran aceptadas en forma t\u00e1cita las facturas\u2026\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Es as\u00ed, que analizada la gu\u00eda de env\u00edo de las facturas, se advierte que estas fueron destinadas a la carrera 7 # 4-68 de Neiva, direcci\u00f3n que no corresponde a la registrada por la Uni\u00f3n Temporal Tesalia 2014 en el formato de conformaci\u00f3n que la parte actora incorpor\u00f3 con el escrito inicial, seg\u00fan el cual el domicilio principal de aquella fue establecido en la carrera 13 No. 7A-02 de Neiva, que es coincidente con el reflejado en el RUT, y que adem\u00e1s corresponde a la direcci\u00f3n de notificaciones que aparece en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de PERLUN LTDA, una de las empresas integrantes de dicha uni\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por tanto, se colige que las facturas ejecutadas no cumplen con el presupuesto de tener la fecha de recibido, con indicaci\u00f3n del nombre, o identificaci\u00f3n o firma de quien sea el encargado de recibirla, pues se prob\u00f3 que aquellas no se enviaron al domicilio de la UNI\u00d3N TEMPORAL TESALIA 2014 ni a ninguna de las entidades que la conforman; aspecto que resulta suficiente para confirmar el auto apelado, pues no concurren en ellas la totalidad de los requisitos formales exigidos por la ley para que puedan ser consideradas como t\u00edtulos valores(\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y contrario a lo afirmado por la sociedad accionante, uno de sus \u00abreparos\u00bb contra la decisi\u00f3n de primer grado, fue respecto a la aceptaci\u00f3n de las facturas, al argumentar que \u00abse enviaron por correo a la sociedad demandada\u00bb, por tal motivo, el Tribunal Superior de Neiva se pronunci\u00f3 con relaci\u00f3n al mismo, manifestando que, ese no era un argumento suficiente para revocar la orden de apremio, pues desde un comienzo se inform\u00f3 que estas hab\u00edan sido remitidas por correo a la demandada; precisando que deb\u00eda verificarse si las mismas fueron entregadas a la direcci\u00f3n del domicilio de la persona jur\u00eddica demandada. <\/p>\n
De donde evidenci\u00f3, que los documentos cambiarios se despacharon a un sitio distinto a la nomenclatura registrada por la Uni\u00f3n Temporal Tesalia 2014 en el Registro \u00danico Tributario \u2013 RUT; por tanto, no se pod\u00edan contar los tres (3) d\u00edas para que se configurara el fen\u00f3meno de la \u00abaceptaci\u00f3n t\u00e1cita\u00bb, ya que no se enviaron a dicha entidad, ni a ninguna de las sociedades que conforman la Uni\u00f3n Temporal Tesalia 2014; y m\u00e1xime cuando en \u00e9stos no se cumpl\u00edan los requisitos de \u00abtener fecha de recibido, con indicaci\u00f3n del nombre o identificaci\u00f3n o firma de quien sea el encargado de recibirla\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, se observa que el Tribunal cuestionado, tambi\u00e9n confirm\u00f3 la decisi\u00f3n porque la obligaci\u00f3n no era clara, toda vez que, en las facturas no se anotaron cu\u00e1les eran los abonos efectuados a la obligaci\u00f3n, de tal suerte, que al revisar las pretensiones y contrastarlas con los documentos base de la acci\u00f3n, se evidenci\u00f3 que la cuant\u00eda de las s\u00faplicas superaban el monto del capital que se dijo adeudaba la demandada, y en los documentos n\u00fameros 29, 30 y 31, pidi\u00f3 el pago de unos saldos negativos. <\/p>\n
Respecto a los requisitos formales del t\u00edtulo, expres\u00f3 que: \u00abel extremo activo menciona que la obligaci\u00f3n total ascend\u00eda a $1.875.432.348.oo, dividida en cinco facturas con igual fecha de emisi\u00f3n por $1.196.041.484.oo, $516.254.571.oo, $12.435.293.oo, $112.896.000.oo y $37.800.000.oo, respectivamente, a las que se hab\u00eda realizado abonos por $1.136.316.917.oo (hecho 2\u00ba), mismos que no aparecen reflejados en el cuerpo de los t\u00edtulos, tal como lo ordena el art\u00edculo 774 del C. de Co. Adem\u00e1s, se indica como saldo insoluto a cargo de las demandadas $739.110.433.oo (hecho 3\u00ba), pero la sumatoria de las pretensiones primera y segunda exceden dicho quantum, sin que se pueda obviar que en las reclamaciones contenidas en los numerales tres, cuatro y cinco se incluyen valores negativos, aspecto que desquicia el presupuesto de claridad que exige el art\u00edculo 422 del CGP como requisito para librar una orden de pago como la reivindicada\u00bb. <\/p>\n
Ha de tenerse en cuenta, que la revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, como lo establece la norma procesal, debe ser preliminar al librarse la orden de apremio, pero tambi\u00e9n se puede hacer en la sentencia, de primera o segunda instancia, y especialmente cuando ese punto se discute mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento, como aqu\u00ed aconteci\u00f3; por tanto, no se puede atribuir un desafuero o una extralimitaci\u00f3n al momento de desatar la alzada, pues el motivo para revocar el mandamiento de pago fue precisamente que evidenci\u00f3 que la obligaci\u00f3n demanda no cumpl\u00eda las exigencias contenidas en el art. 422 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre la revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo ejecutivo esta Sala precis\u00f3, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abLos funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada \u201d. <\/p>\n
\u201cEntre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2\u00ba y 430 inciso 1\u00ba ej\u00fasdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido\u201d. <\/p>\n
\u201cPor ende, mal puede olvidarse que, as\u00ed como el legislador estipul\u00f3 lo utsupra preceptuado, asimismo en la \u00faltima de las citadas regulaciones, puntualmente en su inciso primero, determin\u00f3 que \u00ab[p]resentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal\u201d. <\/p>\n
\u201cDe ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem\u201d. <\/p>\n
\u201cY es que, como la jurisprudencia de esta Sala lo pregon\u00f3 en plurales oportunidades relativamente al efecto demarcado por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo cual ahora tambi\u00e9n hace en punto de las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, para as\u00ed reiterar ello de cara al nuevo ordenamiento civil adjetivo, ese proceder es del todo garantista de los derechos sustanciales de las partes trabadas en contienda, por lo que no meramente se erige como una potestad de los jueces, sino m\u00e1s bien se convierte en un \u00abdeber\u00bb para que se logre \u00abla igualdad real de las partes\u00bb (art\u00edculos 4\u00ba y 42-2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso) y \u00abla efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb (art\u00edculo 11\u00ba ib\u00eddem)\u201d. <\/p>\n
\u201cEse entendido hace arribar a la convicci\u00f3n de que el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartici\u00f3n de justicia material. <\/p>\n
Por tanto, as\u00ed la cita jurisprudencial que a continuaci\u00f3n se transcribe haya sido proferida bajo el derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la misma cobra plena vitalidad para predicar que del mismo modo, bajo la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso: [T]odo juzgador, sin hesitaci\u00f3n alguna, [\u2026] s\u00ed est\u00e1 habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del pretenso recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso trasfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jur\u00eddicas de aquel no fueron cuestionadas, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo de fondo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que tal es el primer t\u00f3pico relativamente al cual se ha de pronunciar a fin de depurar el litigio de cualesquiera irregularidad sin que por ende se pueda pregonar extralimitaci\u00f3n o desafuero en sus funciones, m\u00e1xime cuando el proceso perennemente ha de darle prevalencia al derecho sustancial (art\u00edculo 228 Superior) \u201d1. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa (\u2026)\u00bb. (CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01, reiterada en STC 2725 de 2020 Rad. 2020-00675-00) <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, no puede atribuirse al Tribunal, una v\u00eda de hecho, por haber actuado en ese sentido al proferir la providencia aqu\u00ed reprochada pues lo hizo en cumplimiento de las normas sustanciales, as\u00ed como las procesales que rigen la materia, sin que adem\u00e1s se advierta un desvi\u00f3 grosero del ordenamiento procesal que rige el litigio, en especial al examinar los t\u00edtulos objeto del recaudo, providencia que se encuentra motivada y no luce arbitraria, independientemente que se comparta o no la decisi\u00f3n del juez de segundo grado. <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Grupo Ticma SAS contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva Sala Civil, Familia Laboral, y Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC4808 de de abril de 2017, exp. 11001-02-03-000-2017-00694-00, reiterada en STC4053 de 22 de marzo de 2018, exp. 68001-22-13-000-2018-00044-01 <\/p>\n
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STC1463-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1463-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00361-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Grupo Ticma […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61212","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61212","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61212"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61212\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61212"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61212"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61212"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}