STC1474-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1474-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 70001-22-14-000-2021-00240-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 14 de enero de 2022, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, en la tutela instaurada por Oswaldo Pe\u00f1arredonda Rodr\u00edguez, frente al Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo, tr\u00e1mite al cual se dispuso vincular a Milvia Claudeth Villalba Garc\u00eda, Banco Agrario de Colombia, Procurador de familia, Defensor de Familia del ICBF y a las partes e intervinientes en los juicios declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho -disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial-, y en el ejecutivo hipotecario, con radicados 2018-00476 y 2020-00108. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su nombre, el accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y propiedad privada, presuntamente vulnerados por el Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo, en el tr\u00e1mite del proceso declarativo, solicitando para su restablecimiento. <\/p>\n
Solicit\u00f3 \u00abCESAR la medida cautelar que orden\u00f3 el despacho referido (sic) sobre los c\u00e1nones de arrendamiento, en el proceso declarativo con radicado 2018- 476 y enviar todos los t\u00edtulos al despacho promiscuo municipal de Sampues, para que sean colocados a disposici\u00f3n del ejecutante hipotecario en el proceso 2020-108, lo anterior para evitar un perjuicio irremediable, pues de lo contrario se rematar\u00eda el \u00fanico bien inmueble que poseo\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento de lo pretendido, sostuvo que mediante escritura p\u00fablica n\u00b0 185 del 31 de agosto de 2017, constituy\u00f3 hipoteca abierta con el Banco Agrario de Colombia, sobre el inmueble identificado con Matr\u00edcula Inmobiliaria n\u00b0 340-74227. <\/p>\n
Adujo que la se\u00f1ora Milvia Claudeth Villalba Garc\u00eda formul\u00f3 proceso declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho -disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial-, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo bajo el radicado 2018-0476, demanda que fue admitida el 20 de noviembre de 2018. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en el citado proceso, se decretaron varias medidas cautelares, entre ellas, el embargo del inmueble objeto de gravamen, el embargo de los c\u00e1nones de arrendamiento que percibe sobre el mentado bien y el embargo de un establecimiento de comercio de su propiedad. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, con ocasi\u00f3n a la cautela decretada sobre los c\u00e1nones de arrendamiento, no le ha sido posible continuar con el pago de las cuotas pactadas por concepto del negocio de mutuo realizado con el Banco Agrario, al tratarse de su \u00fanico ingreso para cumplir con la obligaci\u00f3n; situaci\u00f3n que conllev\u00f3 a que la referida entidad bancaria promoviera proceso ejecutivo hipotecario, siendo asignado por reparto, al Juzgado Promiscuo Municipal de Sampues Sucre bajo el radicado 2020-0108 y el mandamiento de pago se profiri\u00f3 el 28 de octubre de 2020. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que ese tr\u00e1mite se encuentra en etapa de liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito, y que la \u00faltima realizada fue aprobada por un total de $48.153.503, encontr\u00e1ndose imposibilitado para efectuar el pago, por lo que su \u00fanico inmueble se encuentra a punto de ser rematado. <\/p>\n
Ante tal situaci\u00f3n, agreg\u00f3, que mediante su apoderado judicial, elev\u00f3 petici\u00f3n al Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo el 21 de marzo de 2021, en la que solicit\u00f3 fijaci\u00f3n de cauci\u00f3n para el levantamiento de la medida cautelar decretada en el juicio declarativo, procediendo el despacho a ordenar auto el 27 de agosto de 2021, prestar la cauci\u00f3n por la suma de doce millones de pesos ($12.000.000); no obstante, ante la dificultad de cumplir con las exigencias realizadas por las aseguradoras para adquirir la p\u00f3liza, su apoderado radic\u00f3 el 23 de septiembre, solicitud de cesaci\u00f3n de la cautela decretada. <\/p>\n
Finalmente destac\u00f3 que, a la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el Juzgado accionado no se ha pronunciado frente a tal solicitud, a pesar de los memoriales presentados de manera posterior, de fechas 04 de octubre, 2 y 22 de noviembre de 2021. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
La Jueza Segunda de Familia de Sincelejo, realiz\u00f3 un compendio de las \u00faltimas actuaciones surtidas en el proceso declarativo 2018-0047, enfatizando en que ha resuelto las peticiones tendientes al levantamiento de las medidas cautelares formuladas por el accionante, persona que act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado judicial, siendo este \u00faltimo conocedor de los requisitos establecidos en el art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Dentro de la oportunidad concedida, los vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal de Sincelejo desestim\u00f3 el amparo constitucional por subsidiaridad al considerar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) revisado el acervo probatorio del sumario, resulta palmario que no se satisface de manera ponderada el requisito de subsidiariedad, ya que el petitum que busca satisfacer la incoante, naturalmente que puede ser incardinado por otros cauces judiciales, y que, en su caso particular, por antonomasia viene siendo la propia litispendencia en la que se recaudan coercitivamente las ganancias que percibe de un contrato de arrendamiento el tutelante. <\/p>\n
Y en efecto, el convocante no refiere en alg\u00fan apartado del memorial introductorio, que al haber concurrido a la sede judicial ajusticiada, a tratar de controvertir las afectaciones de las que en este sendero especial se queja, impetr\u00f3 los dispositivos de impugnaci\u00f3n consagrados en el rito procesal civil para enervar los embargos a sus arcas, ya sea cuando se le notific\u00f3 de la imposici\u00f3n de los mismos, o cuando se precis\u00f3 la cauci\u00f3n para neutralizarlos, o incluso ahora cuando se deneg\u00f3 su novel pedimento, el 14 de diciembre de 2021, circunstancia que es revalidada por el informe que bajo juramento rindi\u00f3 su contradictor\u00bb (Derivado 07 del expediente digital ). <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con tal determinaci\u00f3n, el accionante impugn\u00f3 tras considerar que, \u00ab(\u2026) mi primera petici\u00f3n al juzgado solicitando una cauci\u00f3n para el levantamiento de la medida fue el d\u00eda 17 de marzo, sin embargo dicha solicitud fue resuelta hasta el 27 de agosto del 2021, si bien yo hab\u00eda solicitado la cauci\u00f3n y una vez esta se hab\u00eda estipulado por el juzgado accionado decid\u00ed acudir a las aseguradoras, las cuales cuando me respondieron se hab\u00eda sobrepasado el momento procesal para interponer recursos y en tal respuesta de las aseguradoras fue un sin n\u00famero de requisitos que no lograr\u00eda cumplir, como era la contestaci\u00f3n de la demanda entre otros, por tal raz\u00f3n solicite a trav\u00e9s de mi abogado el levantamiento de la medida por parte del juzgado, toda vez que as\u00ed lo permite el Inciso 2 del literal C del art\u00edculo 590 \u201cEl juez establecer\u00e1 su alcance, determinar\u00e1 su duraci\u00f3n y podr\u00e1 disponer de oficio o a petici\u00f3n de parte la modificaci\u00f3n, sustituci\u00f3n o cese de la medida cautelar adoptada\u201d cabe manifestar que la negligencia que ha tenido el juzgado para decidir mis peticiones y resolver de fondo este asunto afecta gravemente mi derecho a un debido proceso y afectando otros pues a\u00fan si fallara en torno a la existencia de uni\u00f3n marital de hecho, la medida persistir\u00eda por un tiempo prolongado afectando gravemente mis inter\u00e9s, pues el proceso ejecutivo que tiene en mi contra el banco agrario cada d\u00eda se acrecienta poniendo en vilo mi \u00fanico bien y quiz\u00e1s la \u00fanica raz\u00f3n por la cual mi contraparte inicio tal proceso ante el juzgado de familia\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que la acci\u00f3n de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y\/o de los particulares, \u00e9stos en los casos que la ley regula, y siempre que el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial. <\/p>\n
Conforme al canon 23 ib\u00eddem, el derecho de petici\u00f3n consiste en la posibilidad que tienen las personas de presentar solicitudes ante las autoridades por motivos de inter\u00e9s general o particular y el deber de \u00e9stas de responder en forma pronta, cumplida y de fondo. <\/p>\n
Ahora bien, cuando se trata de solicitudes que tienen por objeto el pronunciamiento del \u00f3rgano jurisdiccional, la Corte Constitucional en sentencia CC T-272-2006, diferenci\u00f3 dos situaciones as\u00ed: <\/p>\n
[\u2026] Puede concluirse que cuando se trate de solicitudes de las partes de un proceso judicial en el curso, ambas tienen el car\u00e1cter de derecho fundamental; pero para distinguir si se hacen en uso del derecho de petici\u00f3n (art\u00edculo 23 C.P.) o en el de postulaci\u00f3n (art\u00edculo 29 ib\u00eddem), y por tanto, cu\u00e1l ser\u00eda el derecho esencial afectado con su desatenci\u00f3n, es necesario establecer la esencia de la petici\u00f3n, y a ello se llega por la naturaleza de la repuesta; donde se debe identificar si \u00e9sta implica decisi\u00f3n judicial sobre alg\u00fan asunto relacionado con la litis o con el procedimiento; pues en este caso, la contestaci\u00f3n equivaldr\u00eda a un acto expedido en funci\u00f3n jurisdiccional, que por tanto, est\u00e1 reglado para el proceso que debe seguirse en la actuaci\u00f3n y as\u00ed, el juez, por m\u00e1s que lo invoque el petente, no est\u00e1 obligado a responder bajo las previsiones normativas del derecho de petici\u00f3n, sino que, en acatamiento al debido proceso, deber\u00e1 dar prevalencia a las reglas propias del juicio que establecen los t\u00e9rminos, procedimiento y contenido de las actuaciones que correspondan a la situaci\u00f3n, a las cuales deben sujetarse tanto \u00e9l como las partes. <\/p>\n
Igualmente, y trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Sala ha reiterado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (ver entre otras, STC3077-2021 y STC12833-2021). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, cuando los sujetos procesales presentan solicitudes ante el funcionario judicial competente, en el marco de la actuaci\u00f3n en la cual est\u00e1n vinculados, y \u00e9ste no las resuelve, el derecho conculcado no es el de petici\u00f3n sino el debido proceso, en su manifestaci\u00f3n del derecho de postulaci\u00f3n, pues debe tenerse en cuenta que se est\u00e1 frente actuaciones regladas por la ley procesal. <\/p>\n
2. En el evento en estudio, delanteramente anuncia la Sala que la decisi\u00f3n reprochada ser\u00e1 revocada, habida cuenta que en el caso objeto de estudio se hace necesaria la intervenci\u00f3n constitucional en aras de proteger el debido proceso del accionante. <\/p>\n
Lo anterior, en consideraci\u00f3n a que, de la revisi\u00f3n de las piezas digitales allegadas al expediente, es claro para la Sala que, la queja constitucional est\u00e1 dirigida a que el Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo levante la medida cautelar que recae sobre los c\u00e1nones de arrendamiento del inmueble 340-74227, decretada en el proceso declarativo con radicado 2018-476, a fin de que los t\u00edtulos judiciales sean puestos a disposici\u00f3n del proceso ejecutivo 2020-0108, que cursa en el Juzgado Promiscuo Municipal de Sampues; pretensi\u00f3n que fue denegada por el a quo constitucional, al considerar que la salvaguarda carec\u00eda del requisito de subsidiaridad. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala observa, que tanto en el escrito tutelar como en los reparos presentados en sede de impugnaci\u00f3n, el promotor se duele de la negligencia del funcionario judicial de dar tr\u00e1mite a la petici\u00f3n por \u00e9l radicada, el pasado 23 de septiembre de 2021 y reiterada en memoriales del 4 de octubre, 2 y 22 de noviembre de esa misma calenda, en la que pretende la cesaci\u00f3n de la cautela decretada, dando aplicaci\u00f3n a lo contemplado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por lo anterior, corresponde efectuar un estudio minucioso frente a tales pedimentos, a fin de establecer si se transgredi\u00f3 alguna de las garant\u00edas constitucionales imploradas por el actor. <\/p>\n
En efecto, de la foliatura se extrae que, mediante apoderado judicial, el aqu\u00ed accionante radic\u00f3 ante el Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo, petici\u00f3n el 21 de marzo de 2021, a trav\u00e9s de la cual rog\u00f3 la fijaci\u00f3n de cauci\u00f3n para el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el proceso declarativo. <\/p>\n
Misma que fue objeto de pronunciamiento por parte del accionado en auto del 27 de agosto de 2021 en el que se dispuso \u00abOrdenar prestar cauci\u00f3n al demandado, en el porcentaje del 20% sobre la suma de DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000.), en cualquiera de las formas previstas en el C.G.P. Para tal fin se le concede un t\u00e9rmino de ocho (8) d\u00edas\u00bb. (derivado 07 del expediente digital) <\/p>\n
Acto seguido, el apoderado judicial del actor constitucional, present\u00f3 memorial el 23 de septiembre de 2021, en el que expres\u00f3 \u00abSolicito de conformidad con el inciso 2 del literal C del art\u00edculo 590 del c\u00f3digo general del proceso, el cese de la medida cautelar adoptada sobre los c\u00e1nones de arrendamiento que cancela movistar a mi poderdante y deje vigente si usted lo considera, las dem\u00e1s medidas cautelares que usted decreto en este proceso referenciado. Inciso 2 del literal C del art\u00edculo 590 \u201cEl juez establecer\u00e1 su alcance, determinar\u00e1 su duraci\u00f3n y podr\u00e1 disponer de oficio o a petici\u00f3n de parte la modificaci\u00f3n, sustituci\u00f3n o cese de la medida cautelar adoptada\u00bb (derivado 01 del expediente digital) <\/p>\n
Petici\u00f3n esta, que luego de ser reiterada en 3 oportunidades [memoriales del 04 de octubre, 2 y 22 de noviembre de 2021], adujo el accionado, haber sido resuelta en auto de 14 de diciembre de 2021 a trav\u00e9s del cual, deneg\u00f3 la solicitud de levantamiento de medidas cautelares bajo los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00abVista la nota secretarial que antecede y revisado el expediente se observa que el apoderado judicial de la parte demandante Doctor YOSSY MANUEL ACU\u00d1A ACEVEDO present\u00f3 escrito solicitando decretar el levantamiento de unas medidas cautelares decretadas dentro del presente asunto. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, esta judicatura en auto de fecha 27 de agosto del a\u00f1o que discurre al resolver un escrito del mismo apoderado judicial sobre la fijaci\u00f3n de la cauci\u00f3n para levantar la medida cautelar indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cSe\u00f1ala el art\u00edculo 590 del C.G.P., que: \u201cCuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podr\u00e1 impedir su pr\u00e1ctica o solicitar su levantamiento o modificaci\u00f3n mediante la prestaci\u00f3n de una cauci\u00f3n para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podr\u00e1 prestarse cauci\u00f3n cuando las medidas cautelares no est\u00e9n relacionadas con pretensiones econ\u00f3micas o procuren anticipar materialmente el fallo. 2. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deber\u00e1 prestar cauci\u00f3n equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su pr\u00e1ctica. Sin embargo, el juez, de oficio o a petici\u00f3n de parte, podr\u00e1 aumentar o disminuir el monto de la cauci\u00f3n cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida. No ser\u00e1 necesario prestar cauci\u00f3n para la pr\u00e1ctica de embargos y secuestros despu\u00e9s de la sentencia favorable de primera instancia.\u201d A su vez el art\u00edculo 603 ib\u00eddem se\u00f1ala: \u201cCLASES, CUANT\u00cdA Y OPORTUNIDAD PARA CONSTITUIRLAS. Las cauciones que ordena prestar la ley o este c\u00f3digo pueden ser reales, bancarias u otorgadas por compa\u00f1\u00edas de seguros, en dinero, t\u00edtulos de deuda p\u00fablica, certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino o t\u00edtulos similares constituidos en instituciones financieras. En la providencia que ordene prestar la cauci\u00f3n se indicar\u00e1 su cuant\u00eda y el plazo en que debe constituirse, cuando la ley no las se\u00f1ale. Si no se presta oportunamente, el juez resolver\u00e1 sobre los efectos de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en este c\u00f3digo. Las cauciones en dinero deber\u00e1n consignarse en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del respectivo despacho\u2026\u201d (resaltado fuera de texto) <\/p>\n
Al respecto este despacho judicial resolvi\u00f3 acceder a su pretensi\u00f3n as\u00ed: <\/p>\n
\u201cHaciendo la proyecci\u00f3n de lo anterior la parte demandada deber\u00e1 constituir cauci\u00f3n sobre el 20% de los valores recaudados seg\u00fan el extracto bancario de Banco Agrario de Colombia de esta municipalidad. En consecuencia, de lo anterior, el Juzgado, RESUELVE: 1.- ORDENAR prestar cauci\u00f3n al demandado, en el porcentaje del 20% sobre la suma de DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000.), en cualquiera de las formas previstas en el C.G.P. Para tal fin se le concede un t\u00e9rmino de ocho (8) d\u00edas.\u201d <\/p>\n
No obstante, lo anterior luego de haberle resuelto de manera oportuna, y no habi\u00e9ndose presentado recurso alguno como tampoco el pago de la cauci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado el prove\u00eddo antes transcrito quedo en firme. <\/p>\n
Por lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art\u00edculo 597 del C.G.P. que indica al tenor: \u201cSe levantar\u00e1n el embargo y secuestro en los siguientes casos: 1. Si se pide por quien solicit\u00f3 la medida, cuando no haya litisconsortes o terceristas; si los hubiere, por aquel y estos, y si se tratare de proceso de sucesi\u00f3n por todos los herederos reconocidos y el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente. 2. Si se desiste de la demanda que origin\u00f3 el proceso, en los mismos casos del numeral anterior. 3. Si el demandado presta cauci\u00f3n para garantizar lo que se pretende, y el pago de las costas. 4. Si se ordena la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo por la revocatoria del mandamiento de pago o por cualquier otra causa. 5. Si se absuelve al demandado en proceso declarativo, o este termina por cualquier otra causa\u2026\u201d <\/p>\n
Por las anteriores razones no procede su solicitud, y en consecuencia esta judicatura denegar\u00e1 su petici\u00f3n, advirti\u00e9ndole al apoderado judicial, que en auto que precede tal como le fue notificado a su correo electr\u00f3nico, se le orden\u00f3 prestar cauci\u00f3n para darle viabilidad a su pedimento de levantamiento de medidas cautelares\u00bb (derivado 06 del expediente digital). <\/p>\n
Determinaci\u00f3n esta que, en criterio de la Sala, no resolvi\u00f3 la solicitud invocada por el accionante, habida cuenta que, lo pretendido se centraba, en que el funcionario accionado estudiara la posibilidad del levantamiento de la medida cautelar adoptada sobre los c\u00e1nones de arrendamiento, dejando vigente las dem\u00e1s cautelas decretadas; lo anterior, con fundamento en lo contemplado en el inciso 2\u00b0 del literal C del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ante tal panorama, resulta perceptible que el despacho accionado, no emiti\u00f3 pronunciamiento ante los requerimientos efectuados por el actor constitucional, pues simple y llanamente, en la providencia de 14 de diciembre de 2021, se limit\u00f3 a realizar un compendio de las actuaciones surtidas con ocasi\u00f3n a la solicitud de fijaci\u00f3n de la cauci\u00f3n para el levantamiento de la medida cautelar, con la transcripci\u00f3n de las normas que rigen la materia, soslayando el fondo de lo solicitado por el accionante. <\/p>\n
3. De acuerdo con lo discurrido, al confrontar la contestaci\u00f3n emitida por el accionado frente a las exigencias del actor, se evidencia que el Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo, omiti\u00f3 pronunciarse ante tales pedimentos, lesionando as\u00ed el derecho fundamental al debido proceso del se\u00f1or Oswaldo Pe\u00f1arredonda Rodr\u00edguez, raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para revocar el fallo censurado y en su lugar, conceder el amparo de la citada garant\u00eda. <\/p>\n
En consecuencia, se ordenar\u00e1 al juzgado accionado que, dentro del t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este amparo, se pronuncie de fondo frente a la petici\u00f3n radicada por el accionante de fecha 23 de septiembre de 2021. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y en su lugar, CONCEDER la tutela implorada por Oswaldo Pe\u00f1arredonda Rodr\u00edguez. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Segundo de Familia de Sincelejo, dentro del t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este amparo, se pronuncie de fondo frente a la petici\u00f3n radicada por el accionante de fecha 23 de septiembre de 2021. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia del mismo. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1474-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1474-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 70001-22-14-000-2021-00240-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 14 de enero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61223","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61223","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61223"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61223\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61223"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61223"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61223"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}