STC1482-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1482-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2022-00003-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 25 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que concedi\u00f3 el amparo reclamado por la sociedad Mineros de Colombia S.A., contra el Juzgado Segundo de Familia de Neiva, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n radicado 2016-00519. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, propiedad privada, confianza leg\u00edtima, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y buena fe, presuntamente vulnerados la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En sustento se\u00f1al\u00f3 que, en el Juzgado Segundo de Familia de Neiva cursa el proceso de sucesi\u00f3n de la causante Luz Mary Chala Zambrano, dentro del cual se orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que ten\u00eda con Leonel Vargas Camacho. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, Leonel Vargas Camacho \u00abhace parte de la sociedad an\u00f3nima MINEROS DE COLOMBIA S.A.\u00bb, sociedad que en el a\u00f1o 2018 aprob\u00f3 el aumento del capital, no obstante, el se\u00f1or Vargas Camacho \u00abal no hacer uso de al derecho de preferencia consagrado en los estatutos de la sociedad, su participaci\u00f3n porcentual se vio disminuida, conservando el mismo n\u00famero de acciones comunes ordinarias, quedando con el porcentaje de participaci\u00f3n en el 12.91%\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, el Juzgado Segundo de Familia de Neiva en sentencia de 27 de septiembre de 2021, aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n de la sucesi\u00f3n de Luz Mary Chala Zambrano, en la que, err\u00f3neamente tuvo como porcentaje de participaci\u00f3n en la sociedad sobre el 17.46%, pese a que mediante oficio de 31 de mayo de 2021, la representante legal de la sociedad, le inform\u00f3 que como Leonel Vargas no hizo uso del derecho de preferencia \u00abSU PARTICIPACI\u00d3N PORCENTUUAL SE VIO DISMINUIDA\u2026quedando con el porcentaje de participaci\u00f3n en 12.91% y no en 17.46%\u00bb. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que, los demandantes en el proceso de sucesi\u00f3n no dieron informaci\u00f3n oportuna y acertada, frente al actual porcentaje de participaci\u00f3n del se\u00f1or Vargas Camayo en la Sociedad accionante \u00abpese a tener la informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 el amparo sus derechos fundamentales y ordenar al Juzgado accionado declarar \u00abla nulidad de la sentencia de fecha 27 de octubre\u2026aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n en lo que respecta al porcentaje real de participaci\u00f3n del c\u00f3nyuge y herederos del 12.91% dentro de la SOCIEDAD DE MINEROS DE COLOMBIA S.A.\u00bb, practicando las pruebas que resulten necesarias \u00aba fin de verificar el porcentaje que les corresponde del 12.91%\u00bb. (May\u00fasculas fijas y negrilla en texto), <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Segundo de Familia de Neiva alleg\u00f3 el link del expediente digitalizado, y realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso, y sostuvo que, \u00abla sociedad mineros de Colombia S.A, no es parte dentro del presente asunto, por lo que no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa para actuar dentro del presente asunto, ni invocar la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, cuando ni si quiera ha acudido a las acciones procesales que se establece para el caso de terceros que aleguen un derecho sobre el cual est\u00e1n siendo presuntamente enajenados\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, resalt\u00f3 que \u00aben prove\u00eddo del 17 de mayo de 2017, se dispuso decretar el embargo y secuestro de las acciones que pose\u00eda el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite Leonel Vargas Camacho en la Sociedad Mineros de Colombia en proporci\u00f3n del 17.46% de partici\u00f3n econ\u00f3mica; decisi\u00f3n comunicada a trav\u00e9s de oficio No. 1347 del 19 de mayo de 2017 a la respectiva sociedad y respecto de la cual se tom\u00f3 nota seg\u00fan documento calendado el 30 de mayo de 2017 emitido por esa misma sociedad\u00bb. <\/p>\n
El Procurador 19 de Familia de Neiva, consider\u00f3 que el amparo era procedente \u00absiempre y cuando se avizore por los medios legales de prueba, que efectivamente se le est\u00e1 vulnerando sus derechos fundamentales invocados, estableci\u00e9ndose si la afirmaci\u00f3n que hace es cierta\u00bb. <\/p>\n
El apoderado Judicial de Leonel Vargas Camacho y Jaideline Vargas Chala, se opuso a las pretensiones de la tutela, pues consider\u00f3 que, la sociedad accionante \u00abcuenta con otros mecanismos judiciales para tal fin, pues como se dijo antes, no es la acci\u00f3n de tutela el mecanismo judicial para reclamar la protecci\u00f3n de derechos patrimoniales\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, afirm\u00f3 que en el trabajo de partici\u00f3n \u00abno se adjudicaron acciones, sino sumas de dinero representados en derechos en com\u00fan y proindiviso en porcentajes con base en el aval\u00fao de la totalidad de las acciones, lo que no afecta en nada, los porcentajes a que se refiere la demanda de tutela, pues en la forma como quedaron distribuidas las acciones, solo representan sumas de dinero que al sumarlas, arrojan en el valor total que el se\u00f1or LEONEL VARGAS CAMACHO tiene en acciones\u00bb. <\/p>\n
No se observan respuestas de los dem\u00e1s vinculados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Neiva concedi\u00f3 el amparo, y fundament\u00f3 la decisi\u00f3n en que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el 31 de agosto de 2021, se orden\u00f3 por la juzgadora de conocimiento la realizaci\u00f3n de trabajo de partici\u00f3n, el cual se efectu\u00f3 por los apoderados judiciales de los intervinientes, recalcando que la proci\u00f3n accionaria del se\u00f1or Vargas Camacho en la entidad accionante era de 17.46% valorado de $170.000.000, siendo as\u00ed, el 27 de octubre de ese a\u00f1o, fue aprobado mediante sentencia (\u2026)\u00bb <\/p>\n
\u00abComo se indic\u00f3 l\u00edneas anteriores, desde el 4 de junio de 2021, el juzgado accionado tuvo conocimiento de que el porcentaje accionario de participaci\u00f3n que se deb\u00eda otorgar equival\u00eda al 12.91% y no sobre el que se realiz\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, por cuanto la hoy accionante, as\u00ed se lo hizo saber, sin que se desplegara gesti\u00f3n alguna para su verificaci\u00f3n. Lo que llev\u00f3 a que en la actualidad se acudiera a la v\u00eda constitucional (\u2026) <\/p>\n
Ahora, dentro del tr\u00e1mite de tutela, consider\u00f3 la Sala necesario requerir mediante auto de 20 de enero de 2022, a la entidad accionante para que informara, cu\u00e1l era el monto de las acciones (\u2026) siendo as\u00ed el 24 de enero de 2022, se dio respuesta lo solicitado, precisando que el se\u00f1or Leonel Vargas Camacho, identificado (\u2026) es accionista de Mineros de Colombia S.A., que, para el 7 de mayo de 2021, \u00e9ste pose\u00eda un total de 33.986 acciones comunes ordinarias de valor nominal cada una de $1.000para un total de $33.986.000 con una participaci\u00f3n porcentual del 12.91 %, la cual no ha cambiado. Que en la actualidad la sociedad tiene total de 263.254 acciones, por valor de $263.254.000 (\u2026) Aportando los documentos que dan cuenta de lo informado\u00bb <\/p>\n
Agreg\u00f3 a continuaci\u00f3n, \u00abDe lo anterior, encuentra la Sala que la juzgadora de conocimiento pas\u00f3 por alto, lo informado por la Sociedad MINEROS DE COLOMBIA S.A., el 4 de junio de 2021,pues como se dijo en l\u00edneas anteriores, nada dijo frente a la variaci\u00f3n del porcentaje de acciones, dejando de lado que en su calidad de directora del proceso, pod\u00eda haber realizado un control oficioso de las actuaciones adelantadas m\u00e1s exactamente a los inventarios y aval\u00faos, pudiendo decretar pruebas de oficio o exigiendo de la parte demandante se actualizara el certificado emitido por la entidad el 16 de marzo de 2015, que incluso es anterior a la presentaci\u00f3n de la demanda (26 de octubre de 2016) a fin de corroborar o esclarecer la informaci\u00f3n brindada por MINEROS DE COLOMBIA S.A., conforme a los art\u00edculos (\u2026) y pudiendo as\u00ed obtenerlos medios de convicci\u00f3n para corroborar que dicha diligencia estuviese acorde con la realidad probatoria o si era necesario sanear dicha irregularidad\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento y al analizar cu\u00e1les fueron los derechos fundamentales vulnerados, concluy\u00f3 que el debido proceso no hac\u00eda parte de los mismos, en tanto la nombrada sociedad no intervino como interesado en el tr\u00e1mite liquidatorio, pero en cuanto a la buena fe y confianza leg\u00edtima de la sociedad accionante, estim\u00f3 que fueron transgredidos, puesto que, tal sociedad \u00abconfi\u00f3 en que la certificaci\u00f3n enviada el 31 de mayo de 2021 y remitida el 4 de junio de ese a\u00f1o, en la cual se advert\u00eda la reducci\u00f3n de la participaci\u00f3n accionaria del se\u00f1or Vargas Camacho iba a ser tenida en cuenta por la juzgadora, sin embargo, esta se abstuvo de apreciarla, como medio probatorio, lo cual se tradujo en la aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n con las falencias advertidas por la sociedad accionante\u00bb <\/p>\n
De lo anterior concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00abla accionada debi\u00f3 ante la informaci\u00f3n recibida, en ejercicio del control de legalidad establecer la participaci\u00f3n real y actual para ese momento del se\u00f1or Vargas Camacho, en la sociedad MINEROS DE COLOMBIA S.A., y requerir de quien ella considerara los elementos de prueba que le permitieran establecer el porcentaje accionario, para as\u00ed ordenar si ello ten\u00eda lugar, corregir la partida correspondiente, y al no hacerlo incurri\u00f3 en una vulneraci\u00f3n a su derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, orden\u00f3 al Juzgado accionado, dejar sin efectos la sentencia del 27 de octubre de 2021 \u00abpara que en un t\u00e9rmino no superior a 15 d\u00edas h\u00e1biles, adelante las acciones procesales que estime pertinentes y subsane los errores advertidos y profiera una nueva decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la titular del Juzgado Segundo de Familia de Neiva, quien insisti\u00f3 en los argumentos planteados el momento de contestar la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la evidencia allegada a este tr\u00e1mite, muy pronto se advierte que el fallo impugnado deber\u00e1 ser confirmado, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, la revisi\u00f3n del expediente digital permite a la Sala constatar, que en el proceso de sucesi\u00f3n de la causante Luz Mary Chala Zambrano, dentro del cual se orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que ten\u00eda con Leonel Vargas Camacho, el Juzgado Segundo de Familia de Neiva mediante auto de 17 de mayo de 2017 decret\u00f3 el embargo y secuestro de las acciones que pose\u00eda el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite Leonel Vargas Camacho en la Sociedad Mineros de Colombia en proporci\u00f3n del 17.46% de partici\u00f3n econ\u00f3mica, decisi\u00f3n comunicada a trav\u00e9s de oficio No. 1347 del 19 de mayo de 2017. <\/p>\n
La Sociedad Mineros de Colombia S.A., mediante oficio de 31 de mayo de 2021, remitido el 4 de julio siguiente, le comunic\u00f3 al Juzgado nombrado, que el 26 de febrero de 2018 la Asamblea General de esa Sociedad, aprob\u00f3 el capital autorizado de la sociedad y estableci\u00f3 que los accionistas ten\u00edan 12 meses \u00abcontados a partir del mes de Marzode (sic) 2018\u00bb para hacer uso del derecho preferente, del cual el accionista Leonel Vargas Camacho no hizo uso, raz\u00f3n por la cual, aunque el porcentaje accionario del se\u00f1or Vargas sobre la Sociedad se redujo de un 17.45% a un 12.91%, sigue representando la misma cantidad de acciones, esto es 33.986. <\/p>\n
Empero, el Juzgado de conocimiento mediante sentencia del 27 de octubre de 2021 aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n presentado, y estableci\u00f3 que el porcentaje accionario de Vargas Camacho sobre la Sociedad Mineros de Colombia S.A. era del 17.45%, sin tener en cuenta la informaci\u00f3n remitida previamente por la accionante. <\/p>\n
Lo anterior significa, que el Juzgado Segundo de Familia de Neiva ante los inventarios y aval\u00faos presentados y teniendo la informaci\u00f3n suministrada meses atr\u00e1s por la sociedad aqu\u00ed accionante, debi\u00f3 antes de aprobar el trabajo de partici\u00f3n, esclarecer la situaci\u00f3n conforme a lo establecido en los art\u00edculos 132, 167, 170 y 171 del C\u00f3digo General del Proceso, y conforme a ella, realizar los ajustes pertinentes al trabajo de partici\u00f3n presentado. <\/p>\n
Sobre la procedencia de la acci\u00f3n de tutela en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[u]no de los supuestos que estructura aquella es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u00bb (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01 y STC13211-2021, entre otras). <\/p>\n
3. De conformidad con lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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