STC1511-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1511-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00234-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Auto Taxi Ejecutivo Barranquilla S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Trece Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual 2018-00189. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Dice que Jassir Enrique Lara Barros formul\u00f3 demanda verbal de responsabilidad civil extracontractual contra Francisco Jos\u00e9 Locarno Alvarado y la empresa Auto Taxi Ejecutivo Barraquilla S.A.S.1, buscando la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios sufridos como consecuencia del accidente automovil\u00edstico acaecido el 4 de agosto de 2013 ocasionado por el veh\u00edculo de transporte p\u00fablico tipo taxi, de placa TDW365. <\/p>\n
Refiere que dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, despacho que la admiti\u00f3 el 9 de agosto de 2018 y, posteriormente, el 14 de septiembre del mismo a\u00f1o, decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n con el proceso iniciado por los familiares de la v\u00edctima que se adelantaba en el Juzgado D\u00e9cimo Hom\u00f3logo. <\/p>\n
Comenta que, \u00abdespu\u00e9s de surtirse todas las etapas del proceso\u00bb el 17 de febrero de 2021 el despacho cognoscente profiri\u00f3 sentencia desestimatoria, declarando probada la excepci\u00f3n \u00abinexistencia del nexo causal\u00bb, determinaci\u00f3n contra la cual la parte demandante interpuso el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, mediante fallo del pasado 7 de diciembre, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla revoc\u00f3 el prove\u00eddo impugnado y, en su lugar, accedi\u00f3 a las pretensiones de las demandas. <\/p>\n
3. Para la gestora, la decisi\u00f3n de segundo grado adolece de defecto f\u00e1ctico pues carece \u00abde apoyo probatorio para haber aplicado el supuesto legal aplicado [sic]\u00bb. <\/p>\n
En efecto, aduce que \u00abel Tribunal Superior\u2026 soporta su fallo en darle valor probatorio a un informe policivo que quienes lo levantaron violaron las normas propias de la ley 769 de 2002\u2026 el art\u00edculo 149\u2026 [sic]\u00bb, pues los \u00abagentes de tr\u00e1nsito desconocieron el procedimiento y desconocieron la reglamentaci\u00f3n y esto se le dijo al fallador\u2026 pero nada dijo sobre esta violaci\u00f3n de la norma de tr\u00e1nsito, como si violar las normas no tuviesen ning\u00fan tipo de relevancia en nuestro ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Afirma, adem\u00e1s, que el ad quem \u00abtampoco tuvo en cuenta la violaci\u00f3n de la norma de tr\u00e1nsito por parte del demandante\u00bb, quien admiti\u00f3 que, al momento del siniestro, no llevaba abrochado el cintur\u00f3n de seguridad, con lo que trasgredi\u00f3 el deber consagrado en el art\u00edculo 82 de la Ley 769 de 2002 y en la Resoluci\u00f3n 19200 de 2002. <\/p>\n
Por otra parte, tacha de \u00absospechosos\u00bb los dict\u00e1menes periciales allegados por el impulsor de la demanda con los que se pretend\u00eda soportar los ingresos mensuales de la v\u00edctima y su condici\u00f3n psicol\u00f3gica posterior al accidente. <\/p>\n
4. Solicita, en consecuencia, \u00abordenar la revisi\u00f3n [sic] de la sentencia proferida por el Tribunal Superior\u2026 a fin de que se garantice el debido proceso y el acceso a la justicia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Barranquilla, por conducto de la magistrada ponente de la sentencia de segundo grado dijo que la determinaci\u00f3n \u00abse profiri\u00f3 con respeto a los derechos fundamentales\u2026 de todas las partes involucradas, siendo evidente\u2026 que el accionante pretende utilizar este mecanismo como una instancia adicional para imponer su criterio sobre la valoraci\u00f3n que el despacho realiz\u00f3 al respecto\u00bb. <\/p>\n
Se opuso a la prosperidad del resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad habida cuenta que lo perseguido por el gestor es \u00abreabrir el debate probatorio y la discusi\u00f3n acerca de la existencia o no de responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Trece Civil del Circuito de Barranquilla, pidi\u00f3 \u00abnegar cualquier pretensi\u00f3n respecto a este juzgado\u2026 por no ser de nuestro soporte lo atacado por el accionante\u00bb, pues la queja se dirige exclusivamente contra su superior funcional. <\/p>\n
3. Una abogada que dijo \u00abactuar como apoderada judicial de la parte demandante dentro del proceso objeto de reproche2\u00bb solicit\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n constitucional toda vez que \u00abla parte actora no identifica ni los hechos ni tampoco da claridad de los derechos afectados, pues\u2026 sobre la prueba objeto de discusi\u00f3n los accionantes nunca la controvirtieron ni tampoco la tacharon estando en oportunidad procesal para hacerlo\u00bb, observ\u00e1ndose \u00abuna clara intenci\u00f3n de reemplazar los recurso de ley por una v\u00eda de tutela que no est\u00e1 llamada prosperar [sic]\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Barranquilla vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la sociedad accionante con la expedici\u00f3n del fallo de 7 de diciembre de 2021 a trav\u00e9s del cual revoc\u00f3 la sentencia desestimatoria proferida por el Juzgado Trece Civil del Circuito de la misma ciudad, por realizar, supuestamente, una deficiente valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultados los argumentos en que se sustenta la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se deriva del fallo del pasado 7 de diciembre, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que la determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ordinario. <\/p>\n
En efecto, en la aludida providencia, la colegiatura accionada, luego de hacer un recuento de los antecedentes procesales relevantes y de identificar los reparos formulados por los demandantes en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, se adentr\u00f3 en el examen de la responsabilidad de la parte demandada, se\u00f1alando lo siguiente respecto del informe policial de accidente de tr\u00e1nsito allegado a la actuaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) relaciona en el siniestro a tres veh\u00edculos\u2026 figurando como causa del mismo [siniestro], para el conductor [del veh\u00edculo de placa TDW365 propiedad del demandado y afiliado a la empresa accionante]\u2026 \u201cno mantener distancia de seguridad\u201d y cuya descripci\u00f3n es la siguiente: \u201cconducir muy cerca del veh\u00edculo de adelante, sin guardar las distancias previstas por el C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito para las diferentes velocidades\u201d. <\/p>\n
(\u2026) En dicho documento se observa, en el ac\u00e1pite \u201ccontroles\u201d que la se\u00f1al de tr\u00e1nsito del lugar estaba \u201coperando\u201d, graficada en el croquis junto con los veh\u00edculos involucrados, im\u00e1genes que coinciden con el dicho del actor en cuanto a que el veh\u00edculo en el que se transportaba se encontraba detenido a la espera del cambio de sem\u00e1foro cuando fue impactado (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Ahora, frente al valor probatorio del documento \u00abcroquis\u00bb, que hab\u00eda sido desechado por el juzgador a quo, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el fallador rest\u00f3 valor probatorio a dicha prueba, argumentando que por s\u00ed sola no era demostrativa de la responsabilidad, sin allegarse otras y enfatizando en la renuncia del testimonio de la persona que acompa\u00f1aba al se\u00f1or Jassir en el taxi en el que se transportaba al momento del accidente. <\/p>\n
(\u2026) el art\u00edculo 2\u00ba del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito Terrestre determina que el croquis es un \u201cplano descriptivo de los pormenores de un accidente de tr\u00e1nsito donde resulten da\u00f1os a personas, veh\u00edculos, inmuebles, muebles o animales, levantado en el sitio de los hechos por el agente, la polic\u00eda de tr\u00e1nsito o por la autoridad competente (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, con apoyo del precedente de esta Corporaci\u00f3n y de la Corte Constitucional, en especial de los fallo SC7978 de 23 de junio de 2015 y T-475 de 10 de diciembre de 2018, dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) presentada esta prueba por la parte actora, la demandada no la cuestion\u00f3 en sus contestaciones, ni solicit\u00f3 la comparecencia de los patrulleros que lo elaboraron en aras de realizar tal contradicci\u00f3n, por el contrario, tanto el apoderado de Auto Taxi Ejecutivo\u2026 como la curadora ad litem del se\u00f1or Francisco Locarno Alvarado, guardaron silencio al respecto y solo al formular sus alegatos de conclusi\u00f3n, el primero se refiri\u00f3 en contra de su contenido, sin especificar los errores o imprecisiones en que presuntamente se hubieren incurrido. <\/p>\n
(\u2026) Lo anterior, en consonancia con lo estipulado por el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 244 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026) <\/p>\n
Para concluir que \u00abno se demostr\u00f3 la existencia de una concurrencia de culpas\u2026 aunado a que tampoco se aleg\u00f3 la culpa de un tercero\u00bb y que, del material probatorio recopilado, se pudieron establecer con meridiana claridad las lesiones sufridas por la parte demandante en la actuaci\u00f3n ordinaria indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) seg\u00fan este an\u00e1lisis, no queda entonces duda alguna para la Sala sobre la ocurrencia del siniestro en el que el promotor del proceso se involucr\u00f3 como pasajero y se le causaron unas lesiones que incluso le dejaron secuelas, acredit\u00e1ndose el hecho antijur\u00eddico y la relaci\u00f3n de causalidad con el perjuicio ocasionado, sin llegar a demostrarse una circunstancia extra\u00f1a que los exonerara de responsabilidad, asistiendo entonces raz\u00f3n a los apelantes en sus reparos al respecto (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que se sustenta en las disposiciones legales pertinentes, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por la empresa accionante y su apoderado son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretenden es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando la gestora del resguardo se\u00f1ala lo que, en su sentir, es un \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb del juzgador ad quem en el ejercicio valorativo y sind\u00e9resis del asunto, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior de este por los funcionarios competentes, con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y la demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular intelecci\u00f3n de las normas llamadas a gobernar el asunto y de las pruebas, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 A la que se acumul\u00f3 la interpuesta por los familiares de la v\u00edctima, que cursaba en el Juzgado 10\u00ba Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
2\u0002 No alleg\u00f3 poder especial conferido por las personas que dice representar, que la autorizara para intervenir en este tr\u00e1mite constitucional <\/p>\n
<\/p>\n
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