STC1516-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1516-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00355-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Arquitectura y Se\u00f1alizaci\u00f3n S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Cincuenta y Seis Civil Municipal y Diecis\u00e9is Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esta capital, as\u00ed como los intervinientes en el proceso monitorio n\u00ba 2018-00341. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la colegiatura convocada. <\/p>\n
2. El mandatario judicial de la compa\u00f1\u00eda accionante relata en s\u00edntesis que, en el proceso monitorio (radicado n\u00ba 2018-00341) que su representada promovi\u00f3 contra la empresa \u00abServicios Especializados Ltda.\u00bb, el Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogot\u00e1, el 11 de septiembre de 2018 dict\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones, ordenando el pago de las sumas de \u00ab$13\u2019621.517 y $7\u2019806.547., por concepto de capital contenidas en los t\u00edtulos n\u00ba 0250 y 0255 pagaderos el 5 de febrero de 2015 y el pago de los intereses moratorios (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, cuenta que encontr\u00e1ndose el litigio en los juzgados de ejecuci\u00f3n de sentencias civiles, el Diecis\u00e9is de esa especialidad de esta capital, decret\u00f3 \u00abembargo y retenci\u00f3n preventiva\u00bb, y fue a partir de la comunicaci\u00f3n de dichas medidas que la empresa \u00abServicios Especializados de Se\u00f1alizaci\u00f3n Ltda.\u00bb, adujo enterarse del tr\u00e1mite judicial, por lo que el 21 de septiembre de 2021 formul\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n, con fundamento en que \u00ab(\u2026) no se hab\u00eda realizado la notificaci\u00f3n personal de la admisi\u00f3n de la demanda, sino que se hab\u00eda realizado una notificaci\u00f3n por aviso por el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso y que pese a esa notificaci\u00f3n se dict\u00f3 sentencia\u00bb. <\/p>\n
Destaca que, mediante providencia del 2 de diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, declar\u00f3 fundada la causal invocada como sustento del recurso extraordinario, numeral 7 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto \u00abno se hab\u00eda realizado la notificaci\u00f3n personal\u00bb a la empresa de \u00abServicios Especializados de Se\u00f1alizaci\u00f3n Ltda.\u00bb. <\/p>\n
Cuestiona con \u00e9nfasis esta \u00faltima determinaci\u00f3n, pues afirma que, contrario a lo se\u00f1alado por el tribunal accionado, se cumpli\u00f3 con la notificaci\u00f3n personal de acuerdo con el art\u00edculo 291 de la codificaci\u00f3n procedimental y se dej\u00f3 la respectiva constancia en el expediente, pero adem\u00e1s, de manera aut\u00f3noma, y con la idea de \u00abser m\u00e1s garantista\u00bb, agot\u00f3 tambi\u00e9n la notificaci\u00f3n por aviso por intermedio de una empresa postal certificada. <\/p>\n
Asegura que, la demandada se enter\u00f3 del juicio desde el interrogatorio que le fue enviado como prueba anticipada, el que absolvi\u00f3 en audiencia el representante legal, \u00absituaci\u00f3n que no tuvo presente el tribunal [\u2026] ignorando por completo que Servicios Especializados de Se\u00f1alizaci\u00f3n Ltda., ten\u00eda todo el conocimiento del caso\u00bb. En suma, sostiene que se incurri\u00f3 por parte del accionado en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, ya que \u00abno tuvo en cuenta la totalidad de los hechos narrados y que fueron probados con los documentos que se allegaron en el traslado del recurso extraordinario de revisi\u00f3n como la debida notificaci\u00f3n personal que se hizo [\u2026] el fallo desconoci\u00f3 la debida notificaci\u00f3n personal que se le hizo a la parte demandada, sino el debido tr\u00e1mite del art\u00edculo 421 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende se revoque \u00ab(\u2026) la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil [\u2026] del 2 de diciembre de 2021 dentro del proceso extraordinario de revisi\u00f3n exp. 2021-01919 que declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso monitorio 2018-00341 desde el auto admisorio (\u2026) consecuencia de lo anterior, quede en firme lo actuado dentro del proceso monitorio [2018-0034100] desde la admisi\u00f3n [\u2026] como la sentencia proferida por [el Juzgado 56 Civil Municipal de Bogot\u00e1] con fecha 11 de septiembre de 2018 [y] las providencias emitidas por el Juzgado 16 de ejecuciones de sentencias de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1 El Juez Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 atenerse a la decisi\u00f3n que se adopte en esta sede dado que, tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo reci\u00e9n el 31 de enero de esta anualidad y el proceso en cuesti\u00f3n fue remitido a los juzgados de ejecuci\u00f3n desde el 25 de abril de 2019 \u00abde ah\u00ed que resulta imposible tener acceso al expediente para rendir un informe pormenorizado en punto de la queja constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n recriminada, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 sin pronunciarse sobre las alegaciones que fundamentan la acci\u00f3n, indic\u00f3 que en la se\u00f1alada providencia de revisi\u00f3n \u00abse explicaron las razones de orden f\u00e1ctico, jur\u00eddico, jurisprudencial y probatorio soporte de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal accionado vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas con la sentencia del 2 de diciembre de 2021 que resolvi\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por la empresa \u00abServicios Especializados de Se\u00f1alizaci\u00f3n Ltda.\u00bb, que tuvo por probada la causal 7\u00aa del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso y por lo tanto invalid\u00f3 la sentencia que finiquit\u00f3 el proceso monitorio, radicado 2018-00341, promovido por la empresa ac\u00e1 accionante; incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho, por indebida valoraci\u00f3n probatoria (defecto f\u00e1ctico). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. La providencia atacada. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al tribunal accionado para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9lla \u2013 sentencia del 2 de diciembre de 2021 que resolvi\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n interpuesto \u2013 no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de los actores. <\/p>\n
En efecto, la corporaci\u00f3n tutelada de cara a auscultar si se present\u00f3 la causal de revisi\u00f3n invocada, preliminarmente precis\u00f3 que, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-726\/14 y C-031\/19) respecto del proceso monitorio consagrado en el art\u00edculo 421 del estatuto adjetivo, la \u00fanica forma de notificaci\u00f3n v\u00e1lida del auto que contiene el requerimiento de pago es la personal. En tal sentido, dej\u00f3 plasmado, con base en la sentencia C-031 de 2019 que examin\u00f3 la exequibilidad del precepto precitado, que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) contrario a como sucede en los juicios de ejecuci\u00f3n, en donde su procedencia est\u00e1 basada en la preexistencia de t\u00edtulo ejecutivo emanado del deudor, en el proceso monitorio dicho t\u00edtulo solo se logra cuando el demandado acepta, de manera cierta y no ficta o presunta, la existencia total o parcial de la obligaci\u00f3n dineraria, o manifiesta los argumentos con los que se opone a la existencia de la misma, escenarios todos ellos que implican su comparecencia material al proceso. As\u00ed, la notificaci\u00f3n por aviso se mostrar\u00eda insuficiente para cumplir con esa condici\u00f3n, lo que valida la opci\u00f3n adoptada por el legislador, al exigir la notificaci\u00f3n personal al demandado dentro del proceso monitorio\u00bb. <\/p>\n
Partiendo de lo anterior, y de lo analizado en el expediente del litigio en cuesti\u00f3n, indic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se evidencia que, en el auto de requerimiento de pago, 8 de mayo de 2018, la Juez 56 Civil Municipal de la ciudad orden\u00f3 \u201cnotificar a la parte demandada lo aqu\u00ed dispuesto de manera personal como lo prev\u00e9n los art\u00edculos 290 a 292 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026\u201d. <\/p>\n
Incurri\u00f3 en contradicci\u00f3n la funcionaria, pues al citar el art\u00edculo 292 se aludi\u00f3 a la notificaci\u00f3n por aviso, as\u00ed se impuls\u00f3 la vinculaci\u00f3n de la demandada y fue por esta modalidad que tuvo por notificado al demandado, como as\u00ed lo reconoci\u00f3 en la sentencia revisada, del 11 de septiembre de 2018; determinaciones equivocadas, comoquiera que la regla especial para el proceso monitorio, a fuerza de ser reiterativos, es que el deudor deba ser notificado personalmente. <\/p>\n
Refulge la ausencia de notificaci\u00f3n personal, configur\u00e1ndose de esa manera la causal invocada como basamento del recurso extraordinario, y a tono con el art\u00edculo 359 de la obra adjetiva civil, se impone declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia confutada, debi\u00e9ndose renovar el tr\u00e1mite notificando en legal forma al demandado el prove\u00eddo que lo requiri\u00f3 para el pago\u00bb. <\/p>\n
En lo que concierne a las alegaciones que en dicho tr\u00e1mite de revisi\u00f3n expuso la hoy accionante, resalt\u00f3 la colegiatura que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) lejos de respaldar una gesti\u00f3n procesal respetuosa del debido proceso, ratifican la indebida notificaci\u00f3n surtida; las certificaciones expedidas por la empresa de correo, solo dan cuenta de la entrega de comunicaciones, a trav\u00e9s de ellas se citaba o convocaba al demandado para que concurriera al juzgado a notificarse personalmente, lo cual no ocurri\u00f3; la remisi\u00f3n de notificaci\u00f3n por aviso a la direcci\u00f3n que aparece en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal no suple, en esta clase de proceso, a la notificaci\u00f3n personal; tampoco es de recibo la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual en otro proceso la apoderada de Servicios Especializados de Se\u00f1alizaci\u00f3n Ltda., dijo que revisaban la p\u00e1gina de la Rama Judicial y hallaron varios procesos iniciados el 5 de febrero de 2015, en todo caso ese supuesto conocimiento, del que no hay otra prueba, no reemplaza la notificaci\u00f3n personal echada de menos que es el acto exigido legalmente, sin que tal connotaci\u00f3n pueda d\u00e1rsele al \u201cconocimiento\u201d [que ten\u00eda] de los procesos que cursaban en los diferentes juzgados\u201d, lo requerido era el enteramiento personal y directo del auto de 8 de mayo de 2018\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, declar\u00f3 fundado el recurso extraordinario y la consecuente nulidad de lo actuado desde el fallo estimatorio del 11 de septiembre de 2018, y orden\u00f3 rehacer la notificaci\u00f3n a la empresa demandada, ci\u00f1\u00e9ndose a la establecida en el canon 419 del C\u00f3digo General del Proceso y los precedentes jurisprudenciales. <\/p>\n
De manera que, como se anticip\u00f3, la protecci\u00f3n constitucional no puede prosperar, toda vez que, contrario sensu a lo manifestado por la sociedad querellante, la actuaci\u00f3n recriminada no alberga anomal\u00eda que imponga prima facie la salvaguarda suplicada, respecto de la resoluci\u00f3n que le fue desfavorable. <\/p>\n
En todo caso, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n a la que lleg\u00f3 la magistratura acusada, como aquella, en principio se observa sensata, carente de arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable. <\/p>\n
En lo atinente, se ha indicado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Adem\u00e1s, el que la empresa precursora del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; pues es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Y finalmente, respecto de la pretensi\u00f3n de imponer al juzgador un determinado raciocinio probatorio, a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
Por tanto, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
No se demostr\u00f3 la v\u00eda de hecho denunciada que abrir\u00eda paso a la protecci\u00f3n constitucional, por cuanto la providencia cuestionada se advierte razonable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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