STC1525-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1525-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00344-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Carlos Ariel Charry Rodr\u00edguez, Ramiro Rafael Quintero Zuleta, Heriberto Torres Jim\u00e9nez, Olinda D\u00edaz de Mej\u00eda, Margarita Elsa Silva Padilla y Edilia Rosa Quintero contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad, a Drummond Ltda., sucursal Colombia y a las partes del proceso objeto de debate. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- A trav\u00e9s de apoderado judicial, los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja, relataron que son parte de un grupo de familias campesinas, \u00abque se vieron avocadas a enajenar a favor de DRUMMOND LTD, el derecho de propiedad y la posesi\u00f3n que ejerc\u00edan sobre las parcelas ubicadas en la vereda El Platanal, municipio de Agust\u00edn Codazzi Cesar, \u2018por motivos de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s general\u2019, en atenci\u00f3n a que la mencionada empresa, quien fungi\u00f3 como compradora actu\u00f3 en su calidad de operador de los contratos de explotaci\u00f3n minera de La Loma 078\/88 y El Descanso 144\/97 suscritos con el Estado Colombiano\u00bb. <\/p>\n
El precio de los inmuebles se estableci\u00f3 teniendo en cuenta \u00fanicamente el valor de la tierra, esto es, $6\u2019000.000 por hect\u00e1rea, cuando el valor real, incluyendo las mejoras, seg\u00fan los tutelantes, era de $14\u2019000.000. En esa medida, como lo pagado por la Drummond resultaba inferior al 50% del justo precio, iniciaron un proceso verbal de mayor cuant\u00eda, por lesi\u00f3n enorme, que correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, bajo el radicado 20001310300320140001800. <\/p>\n
Afirmaron que el Juzgado \u00aborden\u00f3 de manera oficiosa la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial sobre los predios objeto de la Litis, con el fin de determinar si se configuraba o no la lesi\u00f3n enorme invocada\u00bb, mientras que, en la contestaci\u00f3n de la demanda, Drummond Ltda. aport\u00f3 otro, que fue practicado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi. Por su parte, los demandantes allegaron otro dictamen en respuesta, de modo que \u00abcada una de las partes del proceso, incluido el Juez del conocimiento del proceso, haciendo uso de la prerrogativa legal contemplada en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso hab\u00eda ejercido su facultad de presentar \u2018sobre un mismo hecho o materia\u2026\u2019 \u2018s\u00f3lo\u2026 un dictamen pericial\u2019\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, en la audiencia de instrucci\u00f3n, el Despacho \u00abdispuso de oficio, la pr\u00e1ctica de un nuevo Peritazgo, sobre el mismo hecho o materia sobre el cual se hab\u00edan rendido los anteriores dict\u00e1menes\u00bb y, el 31 de mayo de 2018, dict\u00f3 fallo accediendo a las pretensiones de los demandantes, decisi\u00f3n que la parte demandada apel\u00f3. <\/p>\n
Adujeron que \u00abLa sentencia de primera instancia (\u2026) desatendi\u00f3 la prueba pericial contenida en el dictamen rendido por el se\u00f1or Helcias Rodolfo Castilla Valera, a instancia del ejercicio de una segunda facultad oficiosa del despacho, en contrav\u00eda de lo dispuesto en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 226 del C.G.P.\u00bb. El 17 de septiembre de 2020, el Tribunal accionado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y, en su lugar, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexistencia de derecho y causa para pedir, decisi\u00f3n que, seg\u00fan los accionantes, \u00abtuvo como fundamento probatorio, \u00fanico y exclusivo el dictamen pericial presentado por el se\u00f1or HELCIAS RODOLFO CASTILLA VALERA\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, los actores sostuvieron que, en el proceso referido, se practicaron cuatro dict\u00e1menes periciales sobre el mismo hecho o materia, dos de lo cuales fueron decretados de oficio por el a quo, lo que contrari\u00f3 lo dispuesto en el inciso segundo del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, de suerte que, al \u00abhaber hecho uso de la facultad legal contenida en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 230 del C\u00f3digo General del Proceso en dos (2) oportunidades, el se\u00f1or juez del conocimiento vulner\u00f3 el debido proceso en la producci\u00f3n de esta prueba, afectando con nulidad de pleno derecho el dictamen pericial practicado por el doctor HELCIAS RODOLFO CASTILLA VALERA, por cuanto no est\u00e1 permitido por la ley un segundo dictamen sobre un mismo hecho o materia por el mismo sujeto procesal, en este caso el Juez del conocimiento, raz\u00f3n por la cual esta pericia no pod\u00eda valorarse probatoriamente dentro del proceso, para efectos de proferir sentencia, como se hizo por el fallador de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
El apoderado de los demandantes en el proceso de marras promovi\u00f3 un incidente de nulidad ante el Tribunal accionado, que fue rechazado de plano el 14 de septiembre de 2021, \u00abconsiderando que la nulidad alegada con fundamento en el inciso final del art\u00edculo 29 constitucional debe ser invocada alegando de manera excepcional la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales y en el presente caso, seg\u00fan el prove\u00eddo no se hizo de tal manera\u00bb. <\/p>\n
3.- Instaron, de acuerdo con lo relatado, dejar sin efectos la providencia del 14 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Valledupar, que rechaz\u00f3 el incidente de nulidad propuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de septiembre de 2020 de la misma autoridad judicial y, \u00aben su lugar se [ordene] anular dicha sentencia y disponer que el accionado profiera sentencia de reemplazo que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n de la demandada, sin atender el dictamen pericial rendido por el se\u00f1or Helcias Rodolfo Castilla Valera\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar pidi\u00f3 denegar la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
2.- El apoderado judicial de Drummond Ltda. solicit\u00f3 negar la tutela, por improcedente, y porque el Tribunal accionado no incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico ni procedimental alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, los accionantes persiguen la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que consideran vulnerados por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, al proferir el auto del 14 de septiembre de 2021, en el proceso con radicado 2014-00018, que rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad que promovi\u00f3 la parte demandante contra la sentencia de 17 de diciembre de 2020, proferida por la misma autoridad, pues consideran que ese fallo se bas\u00f3 en una pericia que no debi\u00f3 ser tenida en cuenta. <\/p>\n
2.- En primer lugar, se observa que los reproches se enfilan contra la sentencia proferida por el Tribunal accionado el 17 de septiembre de 2020, cuyas solicitudes de adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n deneg\u00f3 el Colegiado en providencia del 11 de noviembre de 2020, por lo que no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez, pues la acci\u00f3n constitucional se radic\u00f3 el 2 de febrero de 2022, esto es, despu\u00e9s de m\u00e1s de los 6 meses que la jurisprudencia ha considerado razonables para acudir a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2.1.- En cuanto al presupuesto de la inmediatez, ha de precisarse que, aunque no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo dentro de un plazo razonable, a fin de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se subraya). <\/p>\n
2.2.- Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del accionante para impetrar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb1. <\/p>\n
2.3.- En las presentes diligencias, como se indic\u00f3, los tutelantes radicaron su solicitud de amparo constitucional despu\u00e9s de 6 meses de dictarse los prove\u00eddos referidos, sin que se evidencie alg\u00fan hecho que justifique su inactividad, en tanto no dan cuenta de situaciones espec\u00edficas que le hayan impedido reclamar, oportunamente, por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
Y, aunque la parte actora promovi\u00f3 un incidente de nulidad contra la sentencia referida y el Tribunal se pronunci\u00f3 al respecto en prove\u00eddo del 14 de septiembre de 2021, es palmario que esta providencia no fue la decidi\u00f3 el fondo del asunto que se cuestiona, sino que rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad promovido por la parte demandante. <\/p>\n
Adicionalmente, debe ponerse de presente que las solicitudes subsiguientes no reanudan la posibilidad de formular la petici\u00f3n de amparo, pues \u00abel hecho de que con posterioridad a la ejecutoria de los autos cuestionados se presente una petici\u00f3n de ilegalidad en modo alguno revive la oportunidad para acudir a este mecanismo excepcional, puesto que, de ser as\u00ed, la interposici\u00f3n del amparo quedar\u00eda al arbitrio del tutelante, dado que podr\u00eda simplemente reanudar el t\u00e9rmino para impetrar la acci\u00f3n constitucional con la formulaci\u00f3n de una solicitud de ilegalidad posterior, cuesti\u00f3n que afectar\u00eda, sin duda, la seguridad jur\u00eddica y la firmeza que acompa\u00f1an y caracterizan a las providencias judiciales\u00bb (STC14378-2021, se subraya). <\/p>\n
3.- Ahora, en lo que ata\u00f1e con la censura dirigida contra el auto de 14 de septiembre de 2021, a trav\u00e9s del cual el Tribunal convocado2 rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad promovido por los ahora tutelantes, se observa que no interpuso recurso de s\u00faplica contra esa decisi\u00f3n3. Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. Sobre la importancia de dicha figura, esta Sala ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
4.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
2\u0002 Auto dictado por el Magistrado ponente del proceso. <\/p>\n
3\u0002 As\u00ed se constata al consultar el estado del proceso en el portal de la Rama Judicial. <\/p>\n
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