STC1544-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1544-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01948-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 5 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Hugo Monta\u00f1o Lobelo contra la Sala de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas a la seguridad social, debido proceso, m\u00ednimo vital, igualdad, subsistencia, vida, vida digna y protecci\u00f3n especial de las personas de la tercera edad, que dice vulneradas por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos la sentencia de\u2026 27 de junio de 2018\u2026, la cual no caso, [el fallo] proferid[o] en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. V\u00edctor Hugo Monta\u00f1o Lobelo promovi\u00f3 demanda laboral contra la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica SA ESP (CORELCA) y Generadora y Comercializadora de Energ\u00eda del Caribe SA ESP (GECELCA), con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago \u00abde la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 33 de 1985 y los art\u00edculos 8 (literal e) y 16 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1989\u00bb, que fue negada con sentencia del 16 de diciembre de 2010, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante, siendo confirmada con fallo del 29 de febrero de 2012. <\/p>\n
2.2. Contra esta \u00faltima determinaci\u00f3n el actor interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n que fue desestimado con providencia del 27 de junio de 2018. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que, a otras personas, \u00abquienes poseen [las] mismas condiciones f\u00e1cticas que \u00e9l\u2026\u00bb les fue reconocida la pensi\u00f3n convencional que reclamaron por v\u00eda judicial, pero que \u00abbajo el estudio de otros operadores judiciales distintos\u2026, [su] caso en abstracto vari\u00f3 y cambi\u00f3 la argumentaci\u00f3n\u00bb, con miras a negarle la citada prestaci\u00f3n; y que las sedes judiciales acusadas \u00abno acataron lo resuelto a trav\u00e9s del concepto proferido por el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil.. de fecha 14\u2026 de noviembre\u2026 2002, en lo pertinente a que el derecho a la pensi\u00f3n convencional colectiva deber\u00e1 ser reconocido aun siendo ex trabajadores de las entidades que suscribieron convenci\u00f3n colectiva\u00bb. <\/p>\n
2.4. Adicion\u00f3 que \u00abexiste un reciente pronunciamiento por la Corte Constitucional a trav\u00e9s de la Sentencia\u2026 SU-027 del 5 de febrero de\u2026 2021\u2026 donde\u2026 se analiz\u00f3 un caso con perfecta similitud al [suyo], donde revocaron las sentencias de tutelas falladas de forma desfavorable\u2026 y\u2026 dejaron sin efecto las sentencias de casaci\u00f3n y de segunda instancia\u2026 y en consecuencia ordenaron a la Gobernaci\u00f3n de Antioquia que\u2026 inicie el tr\u00e1mite de reconocimiento, liquidaci\u00f3n y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u2026\u00bb; y que en dicha providencia, adem\u00e1s, la citada Corporaci\u00f3n \u00abdej\u00f3 plasmad[as] las excepciones precisas para continuar interponiendo acci\u00f3n de tutela sin que sean consideras temerarias\u00bb, supuesto f\u00e1ctico que se cumple en este asunto, por lo que puede formular este nuevo ruego constitucional, a pesar de haber incoado otro previamente. <\/p>\n
2.5. Finalmente, resalt\u00f3 que es una persona \u00aben condici\u00f3n de discapacidad, sin un medio de subsistencia suficiente con que pueda sostenerse en condiciones dignas acorde al tratamiento que [su] enfermedad requiere, la cual es de alto costo\u2026\u00bb. <\/p>\n
1. GECELCA SA ESP precis\u00f3 que \u00aben el caso concreto se configura la cosa juzgada [constitucional], toda vez que, conforme sentencia del 24 de enero de 2019\u2026, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, fueron negadas las s\u00faplicas dadas dentro de la acci\u00f3n de tutela presentada por\u2026 V\u00edctor Hugo Monta\u00f1o Lobelo, las cuales\u2026 coinciden con aquellas que ocupan nuestra atenci\u00f3n\u00bb y, adicionalmente, indic\u00f3 que no se cumple con el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
2. El Ministerio de Minas y Energ\u00eda destac\u00f3 que \u00abel accionante no cumple\u2026 con uno de los requisitos de procedibilidad como es la inmediatez\u00bb; y que el actor \u00abcuenta con pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, lo que hace, que no se encuentre afectado en un [m\u00ednimo] vital, ni que se configure un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
4. La Sala de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n manifest\u00f3 que \u00abno se configur\u00f3 ning\u00fan defecto que pudiera dar lugar al amparo constitucional deprecado, en la medida que la decisi\u00f3n adoptada se ajust\u00f3 a los lineamientos legales y jurisprudenciales que sobre el particular ha edificado la Sala\u00bb; y que \u00abla acci\u00f3n de tutela se instaura tres a\u00f1os despu\u00e9s a la emisi\u00f3n de la providencia atacada, por lo que se desconoce el principio de inmediatez que rige en este tipo de acciones constitucionales\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el amparo por temeridad, \u00aben tanto los aspectos que trae a la v\u00eda de tutela han sido analizados previamente por esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, adicion\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 si bien el accionante afirma que la sentencia SU-027 de 2021 habilit\u00f3 rebatir la temeridad en casos como el presente, debe aclararse que en dicha sentencia se estableci\u00f3 que \u201c[s]e puede interponer una nueva acci\u00f3n de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificaci\u00f3n, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Puntualmente, la sentencia de unificaci\u00f3n que configur\u00f3 un hecho nuevo fue la SU-267 de 2019, en la que se analiz\u00f3 \u201cde manera espec\u00edfica la cl\u00e1usula 12\u00aa de la Convenci\u00f3n Colectiva del 9 de diciembre de 1970, suscrita entre el Departamento de Antioquia y Sintradepartamento\u201d, para reconocer la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a todos los trabajadores del Gobierno Departamental que cumplan 20 a\u00f1os de trabajo y 50 a\u00f1os de edad. <\/p>\n
Ahora, si bien se estudi\u00f3 el principio de favorabilidad, como se ve, el hecho diferenciador result\u00f3 de la expedici\u00f3n de una sentencia que cambi\u00f3 la l\u00ednea jurisprudencial frente a la interpretaci\u00f3n de una convenci\u00f3n colectiva particular, que no tiene relaci\u00f3n ni comparte sus requisitos con la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1989 celebrada entre la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica \u2013CORELCA S.A. E.S.P- y el Sindicato Mayoritario de Trabajadores de la Electricidad de Colombia -SINTRAELECOL-. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del resguardo expres\u00f3 que la providencia objeto de impugnaci\u00f3n \u00abse limit\u00f3 a se\u00f1alar una presunta temeridad que no existe en ning\u00fan escenario judicial, pues\u2026 esta presunci\u00f3n de temeridad se encuentra exceptuad[a] en el caso de marras bajo los lineamientos y preceptos esgrimidos en la sentencia\u2026 SU-027 de 2021\u00bb, comoquiera que en dicha providencia: <\/p>\n
\u2026 se hace un recuento jurisprudencial de la l\u00ednea base en que puede fundamentarse este nuevo operador judicial al analizar de lleno esta nueva acci\u00f3n de tutela con hechos relevantes y nuevos pronunciamientos jurisprudenciales que dar\u00edan base al honorable magistrado para que fallara acorde a derecho y a la fuente formal de derecho como es la jurisprudencia, donde establecieron m\u00e1s de 20 a 30 sentencias sobre pronunciamientos judiciales de la corte suprema de justicia con aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad en materia de pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y la garant\u00eda de obtener el reconocimiento de la prestaci\u00f3n convencional aun estando sin v\u00ednculo laboral con la entidad que suscribi\u00f3 la convenci\u00f3n colectiva\u2026 <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que no se analiz\u00f3 la respuesta que present\u00f3 SINTRAELECOL al presente asunto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinado el presente caso, se verifica que el actor, en s\u00edntesis, cuestion\u00f3 que las sedes judiciales acusadas, le hubiesen negado el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional que reclam\u00f3 en el tr\u00e1mite acusado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de manera liminar se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que resolvi\u00f3, en sede de impugnaci\u00f3n, esta Sala Especializada con sentencia del 27 de febrero de 2019 (STC2296-2019), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella \u00e9poca se destac\u00f3 que: <\/p>\n
1. El accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al debido proceso, a \u00abla favorabilidad\u00bb, a \u00abla confianza leg\u00edtima\u00bb, a \u00abla seguridad jur\u00eddica\u00bb, y a \u00abla buena fe\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con la sentencia de casaci\u00f3n emitida en el marco del proceso declarativo laboral que promovi\u00f3 frente a la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica S.A. E.S.P. \u2013CORELCA, y GECELCA S.A. E.S.P. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando a la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, \u00abdeclarar nulas las sentencias proferidas por las autoridades judiciales dentro del [referido] proceso\u00bb, y en consecuencia, \u00abdeclarar que (\u2026) tiene derecho a la pensi\u00f3n convencional consagrada en el art\u00edculo d\u00e9cimo sexto de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita entre la CORELCA liquidada, y [el] Sindicato de Trabajadores de la Electricidad en Colombia \u2013 SINTRAELECOL el 7 de diciembre de 1989, efectiva a partir de la fecha en que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad, 29 de diciembre de 2004\u00bb, y por ende, se \u00abprofiera un nuevo pronunciamiento a trav\u00e9s del cual [se] resuelva el recurso extraordinario\u00bb (fl. 19, cdno. 1). <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que en las decisiones de fondo emitidas en ambas instancias por las sedes judiciales convocadas, se denegaron las pretensiones que elev\u00f3 contra CORELCA con el prop\u00f3sito de que le fuera reconocida la aludida pensi\u00f3n convencional, pese a que fue despedido sin justa causa de la empresa el 1\u00ba de septiembre de 1999, alcanzando a trabajar all\u00ed m\u00e1s de veinte (20) a\u00f1os ininterrumpidos, y sin que, dice, le fuera exigible que al cumplir los 55 a\u00f1os de edad siguiera vinculado a la entidad para hacerse acreedor al derecho, por ser \u00e9ste \u00abun requisito de mera exigibilidad\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque interpuso recurso de casaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n de segunda instancia, el 27 de junio de 2018 la Sala No. 1 de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral resolvi\u00f3 no casarla, desconociendo que su exempleador reconoc\u00eda tal derecho pensional, como ocurri\u00f3 con Gustavo Adolfo L\u00f3pez Otero mediante Resoluci\u00f3n 0488 del 27 de septiembre de 1999, \u00abquien se hab\u00eda desvinculado desde el 30 de noviembre de 1993\u00bb, lo que evidencia que las autoridades jurisdiccionales que tramitaron su proceso no aplicaron la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador, y pasaron por alto que \u00aben el caso de pensiones de estirpe convencional la causaci\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n la genera el cumplimiento del tiempo de servicio por lo que quienes (\u2026) al momento de terminar el contrato, ten\u00edan el tiempo de servicio exigido por la norma; dejaron causado su derecho pensional, cuando fueron despedidos, no era necesario que la edad se cumpliera estando vinculado a la empresa empleadora\u00bb, conforme, asegura, se ha establecido jurisprudencialmente para casos similares por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Corte Constitucional (SU-241-2015), situaci\u00f3n que, aunada a los problemas de salud que lo aquejan, amerita la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor (fls. 1 al 21, ib\u00eddem). <\/p>\n
Frente a dichos planteamientos, la Sala destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
3. Sin embargo, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, la Sala observa que la salvaguarda reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, si en cuenta se tiene que para arribar a la decisi\u00f3n que el promotor del resguardo cuestiona, la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n de esta Colegiatura, tras hacer un recuento de la demanda y las decisiones adoptadas en cada una de las instancias en el marco del asunto cuestionado, precis\u00f3 lo siguiente, luego de estudiar el \u00fanico cargo formulado: <\/p>\n
\u00abLa censura afirma que es errada la interpretaci\u00f3n que le da el ad quem a la cl\u00e1usula convencional, por cuanto en el contenido de la misma no se hace menci\u00f3n a que este reconocimiento solo sea para quienes se encuentran vinculados con la demandada al momento de cumplir los requisitos para reclamar la acreencia referida, puesto que la norma lo que dice es que el \u00abtrabajador\u00bb se pensionar\u00e1 con 20 a\u00f1os de servicios y 55 de edad, sin el elemento de exigencia de estar activo\u00bb. <\/p>\n
De este modo, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abel debate que propone el casacionista se centra exclusivamente en analizar si era determinante el tema correspondiente a estar vinculado el actor laboralmente con la demandada al momento de cumplir requisitos para reclamar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, o si esta fue una apreciaci\u00f3n equivocada del texto convencional por parte del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, y como el actor pretende que sea estudiado nuevamente estudiado en esta sede dicho problema jur\u00eddico, la autoridad razon\u00f3: <\/p>\n
\u00abesta Corporaci\u00f3n ha reiterado a trav\u00e9s de diferentes pronunciamientos que el error en la interpretaci\u00f3n de una cl\u00e1usula convencional, solo se presenta cuando a la disposici\u00f3n se le da una intelecci\u00f3n totalmente tergiversada a la que la misma contiene. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Deviene de lo expuesto, que no es errada la intelecci\u00f3n que hace el juez colegiado en su an\u00e1lisis al manifestar que la cl\u00e1usula solo ubica como beneficiarios de tal acreencia \u00aba los trabajadores, que no son otros diferentes a los vinculados a la demandada empleadora mediante un contrato de trabajo, contrato que debe encontrarse vigente al momento de satisfacerse los requisitos para obtener la pensi\u00f3n en menci\u00f3n\u00bb, pues esta l\u00f3gica no est\u00e1 separada del contenido del precepto extralegal, toda vez que no le est\u00e1 haciendo decir algo que no expresa y tampoco la desvirt\u00faa o desnaturaliza de forma obvia y evidente. <\/p>\n
Adicional a lo dicho, no se evidencian vac\u00edos que permitan derivar una comprensi\u00f3n diferente a la que el texto convencional ofrece, esto es, que deben ser trabajadores activos, quienes adem\u00e1s de estar laborando en la empresa deben haber cumplido con el servicio durante veinte a\u00f1os a la entidad, y 55 a\u00f1os de edad para la norma general y 50 en caso de la excepci\u00f3n de la misma estipulaci\u00f3n, es decir la exigencia es que sean trabajadores y por tanto no puede extenderse la comprensi\u00f3n a otra clase de personal, como en el caso del actor, quien dej\u00f3 de pertenecer a la empresa a partir del 15 de septiembre de 1999, motivo por el cual no se beneficia de la pensi\u00f3n que solicita. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo expuesto, si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que cabe otra clase de comprensi\u00f3n a la cl\u00e1usula controvertida, esta Corporaci\u00f3n ha ense\u00f1ado que cuando la norma del acuerdo permite varias interpretaciones no puede la Corte considerar error de hecho manifiesto la intelecci\u00f3n de alguna de estas visiones, pues es facultativo del operador judicial en atenci\u00f3n al art\u00edculo 61 del CST hacer uso de la libre formaci\u00f3n del convencimiento, la que no lo libera del error cuando contrario sensu la norma no permite otra clase de interpretaci\u00f3n porque su contenido es claro y no ofrece duda en su texto\u00bb. <\/p>\n
Para finalmente concluir, que <\/p>\n
\u00abel Tribunal no err\u00f3 al considerar que el beneficio convencional solo se hace extensivo para los trabajadores activos que cumplan con las exigencias expuestas en la norma, lo que imped\u00eda otorgar el reconocimiento de la pensi\u00f3n deprecada al actor por ser extrabajador de la demandada cuando cumpli\u00f3 los requisitos que exig\u00eda la convenci\u00f3n\u00bb (fls. 318 al 328, cdno. 1). <\/p>\n
4. De este modo, entonces, no cabe duda para la Sala que en la providencia criticada quedaron expuestos los motivos que llevaron a la Corporaci\u00f3n convocada a no acceder a la casaci\u00f3n pretendida por el aqu\u00ed accionante, atinentes principalmente a que, en suma, a la luz del recurso extraordinario formulado, la determinaci\u00f3n objeto del mismo resultaba apegada a la ley, en tanto era posible interpretar que la convenci\u00f3n de la cual el actor pretend\u00eda derivar su derecho pensional, exig\u00eda tener vigente el v\u00ednculo laboral al momento de cumplirse la edad all\u00ed estipulada, conclusi\u00f3n que al constatarse extra\u00edda de una atendible interpretaci\u00f3n de similares pronunciamientos emitidos sobre el particular por la Sala de Casaci\u00f3n laboral de esta Corporaci\u00f3n, no permite predicar un actuar caprichoso o desconectado del ordenamiento jur\u00eddico por parte de la autoridad accionada en la decisi\u00f3n cuestionada, y por ende imposibilita la intervenci\u00f3n en esta por parte del juez de tutela. <\/p>\n
5. Ahora, respecto al supuesto desapego de dicha decisi\u00f3n a precedentes emitidos sobre el particular, encuentra la Sala que, contrario a lo afirmado por el actor, ha sido postura \u00faltimamente reiterada por la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corte negar la pensi\u00f3n convencional en casos como el presente, tal como se memor\u00f3 en sentencia del pasado 1\u00ba de agosto de 2018, SL3137, donde respecto de la interpretaci\u00f3n de la misma cl\u00e1usula convencional antes citada, en el marco de un proceso seguido contra las mismas demandadas en el juicio aqu\u00ed cuestionado, precis\u00f3 aquella autoridad que, <\/p>\n
\u00abEn torno a tal aspecto, como lo advierte el opositor, esta corporaci\u00f3n sosten\u00eda tradicionalmente que el alcance que le otorgaban los jueces del trabajo a una determinada cl\u00e1usula convencional, entre varias lecturas razonablemente posibles, no resultaba susceptible de correcci\u00f3n en el \u00e1mbito del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues era deber de la Corte respetar la valoraci\u00f3n de las pruebas que se realiza en las instancias. Al amparo de dicha idea, en anteriores oportunidades, la Corte hab\u00eda analizado la misma cl\u00e1usula convencional aqu\u00ed discutida y hab\u00eda prohijado lecturas como la que realiz\u00f3 el Tribunal, en cuanto a que el presupuesto de la edad de 55 a\u00f1os deb\u00eda cumplirse indispensablemente en vigencia de la relaci\u00f3n laboral. De ello es un ejemplo la sentencia CSJ SL, 6 dic. 2011, rad. 41552. <\/p>\n
En forma paralela, bajo una igual l\u00ednea de pensamiento, la Corte hab\u00eda dejado inc\u00f3lumes interpretaciones de la misma cl\u00e1usula convencional radicalmente opuestas, en tanto no era necesario que el presupuesto de la edad de 55 a\u00f1os se cumpliera en vigencia de la relaci\u00f3n laboral. De ello es un ejemplo la sentencia CSJ SL1158-2016. <\/p>\n
Sin embargo, recientemente la Sala ha resaltado el valor esencialmente normativo de las convenciones colectivas de trabajo (CSJ SL4934-2017, CSJ SL16811-2017 y CSJ SL351-2018) y ha avanzado en su jurisprudencia para encontrar entendimientos un\u00edvocos de determinadas cl\u00e1usulas que, por su vocaci\u00f3n general e impersonal, deben encontrar lecturas racionalmente arm\u00f3nicas, que resguarden el principio de igualdad ante la ley. De esta orientaci\u00f3n son un ejemplo las sentencias CSJ SL2733-2015, CSJ SL609-2017, CSJ SL2478-2017, CSJ SL6107-2017, CSJ SL839-2018 y CSJ SL526-2018. <\/p>\n
En ese sentido, a partir de la sentencia CSJ SL11917-2017, esta corporaci\u00f3n replante\u00f3 su visi\u00f3n en torno a la misma cl\u00e1usula convencional materia de an\u00e1lisis y defini\u00f3 que ten\u00eda un solo entendimiento razonable, en virtud del cual estaba dirigida exclusivamente a trabajadores activos y, por lo mismo, la edad era un requisito de causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n all\u00ed prevista y deb\u00eda ser cumplida en vigencia del contrato de trabajo\u00bb. <\/p>\n
6. Del mismo modo, no puede afirmarse que el razonamiento expuesto en la determinaci\u00f3n criticada, desentone con lo que sobre el particular manifest\u00f3 la Corte Constitucional en el fallo SU-241-2015, pues aun dejando de lado los efectos que sobre las decisiones de fondo emitidas dentro del juicio objeto de reproche pudiera tener tal sentencia de unificaci\u00f3n, lo cierto es que la regla de derecho que del contenido de la misma pudiere extraerse no aplica para todos los eventos, de modo que, como recientemente precis\u00f3 esta Sala en un asunto que guarda simetr\u00eda en sus fundamentos con el presente, <\/p>\n
\u00abaunque en la sentencia SU-241 de 2015 proferida por la Corte Constitucional se estableci\u00f3, que \u201csi bien la convenci\u00f3n colectiva se aporta al proceso como una prueba, es una norma jur\u00eddica, la cual debe interpretarse a la luz de los principios y reglas constitucionales, entre ellos el principio de favorabilidad\u201d, por lo que \u201c[s]i a juicio del fallador la norma \u2013y esto incluye a las convenciones colectivas- presenta dos alternativas posibles de interpretaci\u00f3n, el juez debe inclinarse por la m\u00e1s favorable al trabajador, en aplicaci\u00f3n del [aludido] principio\u201d, tambi\u00e9n se advirti\u00f3 acerca de las implicaciones que trajo el Acto Legislativo 01 de 2005, una de ellas, que \u201c[l]as reglas pensionales vigentes al momento de expedir el acto Legislativo, incluidas las contenidas en las convenciones colectivas de trabajo, se mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u201d, sin que se tenga en el sub judice claridad respecto a la vigencia de las cl\u00e1usulas convencionales en que se funda la pretensi\u00f3n del tutelante, en tanto que, de acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada por la Gobernaci\u00f3n de Antioquia, la \u00faltima convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita entre Sintradepartamento y dicho ente territorial, data del 20 de diciembre de 2000, la cual tuvo un t\u00e9rmino inicialmente pactado de duraci\u00f3n de dos (2) a\u00f1os, sin que se tenga conocimiento de que aqu\u00e9llas fueron incluidas o amparadas por dicho instrumento, circunstancia que, desde luego, hace imposible la aplicaci\u00f3n de las mismas, m\u00e1xime cuando ello no se discuti\u00f3 en el litigio objeto de debate constitucional\u00bb (STC1031-2019). <\/p>\n
7. De manera que, como la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, se impone la negativa al resguardo\u2026 <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 el tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que, si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
3. Cabe a\u00f1adir que no desconoce la Sala que la Corte Constitucional, en sentencia SU027 de 2021, contempl\u00f3 ciertos eventos, en los que es posible reexaminar aspectos analizados previamente en fallos de tutela, excepciones que resumi\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u2026 la labor del juez constitucional no es simplemente la de verificar los elementos que constituir\u00edan la triple identidad entre las acciones de tutela para concluir que hay una actuaci\u00f3n temeraria y, en consecuencia, declarar su improcedencia. Si no que, de acuerdo a todo lo expuesto, deben estudiarse las circunstancias actuales que rodean el caso espec\u00edfico2. <\/p>\n
Bajo esta l\u00ednea, la Corte ha establecido algunas excepciones a los supuestos mencionados, aun cuando se llegaren a configurar todos los elementos de la triple identidad. Estos son: <\/p>\n
(i) La condici\u00f3n de ignorancia o indefensi\u00f3n del actor, propia de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe3. <\/p>\n
(ii) El asesoramiento errado de los profesionales del derecho4. <\/p>\n
(iii) La consideraci\u00f3n de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n o que se omitieron en el tr\u00e1mite de la misma, o cualquier otra situaci\u00f3n que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante5. <\/p>\n
(iv) Se puede interponer una nueva acci\u00f3n de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificaci\u00f3n, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensi\u00f3n6. <\/p>\n
En el presente caso, con miras a desvirtuar la temeridad aqu\u00ed imputada, el actor acudi\u00f3 al cuarto de los eventos antes rese\u00f1ados, al considerar que el proferimiento de la citada sentencia SU027 de 2021, le abr\u00eda la posibilidad de instaurar este nuevo ruego constitucional. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, examinada la citada providencia de unificaci\u00f3n, se verifica que la Corte Constitucional centr\u00f3 su estudio, espec\u00edficamente, en \u00abel alcance de la cl\u00e1usula duod\u00e9cima de la Convenci\u00f3n Colectiva suscrita entre el Departamento de Antioquia y Sintradepartamento\u00bb, sin que su an\u00e1lisis se extendiera a la cl\u00e1usulas 8 literal (e) y 16 del acuerdo colectivo suscrito en 1989 entre el sindicato de trabajadores de la electricidad de Colombia (SINTRAELECOL) con Corelca SA ESP, que es la que consagra la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n cuyo reconocimiento persigui\u00f3 el tutelante en el juicio criticado. <\/p>\n
As\u00ed pues, no puede entenderse que los efectos de la anotada sentencia de unificaci\u00f3n (SU027\/21), sean extensivos al actor, pues dicha providencia vers\u00f3 sobre una convenci\u00f3n colectiva diferente a la que \u00e9l invoc\u00f3 como sustento de su demanda laboral ordinaria. <\/p>\n
Luego, no puede predicarse que en el sub lite se re\u00fanan los supuestos f\u00e1cticos de la excepci\u00f3n que invoc\u00f3 el promotor del resguardo para justificar la interposici\u00f3n de esta nueva acci\u00f3n constitucional, lo que impide realizar un an\u00e1lisis de fondo de la controversia planteada. <\/p>\n
4. Finalmente, en lo que ata\u00f1e a la contestaci\u00f3n que aport\u00f3 SINTRAELECOL, baste con decir que el estudio de ese escrito no variar\u00eda la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se adopta, teniendo en cuenta que, se reitera, ante la temeridad detectada, no hay lugar a revisar, nuevamente, las actuaciones surtidas en el juicio laboral acusado. <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional, sentencia T-481 de 2013 (M.P. Alberto Rojas R\u00edos) <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, ver entre otras, las sentencias T-1215 de 2003 (Clara In\u00e9s Vargas Hern\u00e1ndez), T-721 de 2003 (M.P. \u00c1lvaro Tafur Galvis), T-184 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-308 de 1995 (M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo), T-145 de 1995 (M.P. Jorge Arango Mej\u00eda), T-091 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y T-001 de 1997 (M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo). <\/p>\n
4\u0002 Corte Constitucional, sentencia T-721 de 2003 (M.P. \u00c1lvaro Tafur Galvis). <\/p>\n
5\u0002 Sobre este punto, pueden verse las sentencias T-149 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes M\u00fa\u00f1oz), T-566 de 2001, T-458 de 2003, T-919 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-707 de 2003 (M.P. \u00c1lvaro Tafur Galvis). <\/p>\n
6\u0002 Ver, entre otras, la sentencia T-096 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao P\u00e9rez) <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC1544-2022 Magistrado ponente STC1544-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01948-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 5 de octubre de 2021 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61244","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61244","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61244"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61244\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61244"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61244"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61244"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}