STC1546-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1546-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00317-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Soberana S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2019-00459. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 30 de agosto de 2021, mediante el cual el tribunal encartado confirm\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria que su contraparte formul\u00f3 en el proceso de responsabilidad civil contractual que ella promovi\u00f3, pese a que dicha estipulaci\u00f3n, seg\u00fan lo dijo, no fue libremente negociada por los contratantes, ni tampoco cobija a todos los integrantes del extremo demandado. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto dicho prove\u00eddo y que se ordene revocar la terminaci\u00f3n del proceso o, en subsidio, que se le otorgue un t\u00e9rmino adicional de 20 d\u00edas para formular la respectiva demanda ante un centro de arbitramento, dada la prescripci\u00f3n extintiva que para este momento ya se configur\u00f3 respecto de los derechos contractuales que reclama. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. Deep Blue Ship Agency S.A.S. pidi\u00f3 desestimar el pretendido resguardo por considerar que el mismo se est\u00e1 intentando emplear a manera de tercera instancia para revivir un debate jur\u00eddico que ya fue legalmente clausurado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas all\u00ed invocadas que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal encartado refrend\u00f3 la prosperidad de la cl\u00e1usula compromisoria en el juicio declarativo que promovi\u00f3 quien aqu\u00ed acciona, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura precis\u00f3 inicialmente que \u00abel recurrente cimienta su inconformidad, en s\u00edntesis, sobre cuatro argumentos nodales que nomin\u00f3, as\u00ed: \u201cviolaci\u00f3n del principio de voluntariedad del pacto arbitral\u201d, \u201cla cl\u00e1usula compromisoria no ampara al demandado Deep Blue Agency S.A.S. al no ser parte del contrato ni haberla suscrito\u201d, \u201cla cl\u00e1usula compromisoria alegada vulnera el mandato supremo del art\u00edculo 869 del C\u00f3digo de Comercio\u201d y \u201cla cl\u00e1usula arbitral vulnera la [\u2026] Ley de arbitramento 1563 de 2012 y hace inocua su aplicaci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, pas\u00f3 a estudiar cada una de esas inconformidades, y sobre el particular, indic\u00f3: \u00abFrente al primer punto, cabe resaltar que no toda cl\u00e1usula predispuesta que modifique elementos accidentales de la convenci\u00f3n, como acontece en el subjudice, es abusiva per se, sino que, para dictar dicho calificativo se requiere, adem\u00e1s de la unilateralidad impuesta, que \u00e9sta sea contraria a la buena fe y encarne un verdadero desequilibrio contractual entre las cargas y derechos de los contratantes Pues bien, revisado el clausulado negocial de adhesi\u00f3n puesto bajo escrutinio, se observa que no contiene la desproporci\u00f3n cuya injusticia se denuncia, juicio que, por dem\u00e1s, debe decirse, corresponde a la sustancialidad de la litis, sin que sea posible en este estadio inicial de la causa judicial descartar su aplicaci\u00f3n invocando tal caracter\u00edstica\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al segundo reparo, se\u00f1al\u00f3 que \u00absobre la extensi\u00f3n del compromiso arbitral, es evidente que la demandada Deep Blue Ship Agency S.A.S. no suscribi\u00f3 el acuerdo; no obstante, tal escollo no demerita la remisi\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n privada, como quiera, que la sociedad convocada no s\u00f3lo ratific\u00f3 su adhesi\u00f3n al pacto, sino que, a\u00fan sin su convalidaci\u00f3n, no es admisible restringir su participaci\u00f3n procesal y privarla de la posibilidad de proponer dicho medio exceptivo. N\u00f3tese que el recurrente, propone una teor\u00eda netamente contractualista del arbitraje, la cual se construye a partir del principio de la relatividad de los contratos y, por lo mismo, propugna una limitad\u00edsima intervenci\u00f3n al litigio de los extremos procesales que no hubieren participado en el contrato, postura que se opone a la escuela procesalista que aboga por la naturaleza jurisdiccional de este mecanismo alternativo de resoluci\u00f3n de conflictos, y, en ese sentido, deben concurrir al tr\u00e1mite, todos los sujetos que resulten afectados por la sentencia, sean partes, litisconsortes o terceros. Este particular resulta una cuesti\u00f3n, por decir lo menos, espinosa y que ha suscitado un amplio debate a nivel doctrinal y jurisprudencial y desborda los l\u00edmites del presente asunto, por lo tanto, para desanudar este argumento, basta brevemente precisar que la Corte Constitucional ha pregonado que el sistema de arbitraje adoptado por Colombia no supone una estructura qu\u00edmicamente pura ce\u00f1ida, de manera decidida, a una u otra tesis, pues se trata realmente de una mixtura entre ambas teor\u00edas que se manifiesta de manera independiente seg\u00fan la instituci\u00f3n que se analice. Ahora, en lo que ata\u00f1e al subexamine, conviene relievar el art\u00edculo 37 de la Ley 1563 de 2012 denominado intervenci\u00f3n de otras partes y terceros, el cual, a la letra, se\u00f1ala: \u201cLa intervenci\u00f3n en el proceso arbitral del llamado en garant\u00eda, del denunciado en el pleito, del interviniente excluyente y dem\u00e1s partes, se someter\u00e1 a lo previsto en las normas que regulan la materia en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026) (Ahora, C\u00f3digo General del Proceso)\u201d. Se extrae que, para este preciso punto, la normatividad asume una postura procesalista y permite la completa integraci\u00f3n del contradictorio, sin consideraci\u00f3n al acuerdo de voluntades que diere inicio a la litis, siempre y cuando se verifique, a priori, el cobijo de la cl\u00e1usula para dirimir lo atinente a un respectivo contrato o contienda que habilite la competencia de los \u00e1rbitros. Lo anterior, refleja que, para el Tribunal, no es de recibo el reparo del censor, toda vez que, por una parte, no es posible restringir la participaci\u00f3n del demandado \u2013solidariamente- en el proceso arbitral, y, por la otra, su ajenidad frente al compromiso no descarta, en este escenario, la posibilidad de invocar el enervante procesal, m\u00e1xime si en cuenta se tiene que, \u00e9ste ha ratificado la convenci\u00f3n que difiere la causa judicial a la justicia privada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abRespecto de los dos \u00faltimos reparos, cabe precisar que ser\u00e1n despachados conjuntamente, pues comparten identidad argumentativa. El recurrente acusa la invalidez del compromiso porque en su interpretaci\u00f3n, desconoce el art\u00edculo 869 del C\u00f3digo de Comercio, al estatuir que la controversia se dirimir\u00e1 por sendas leyes extranjeras, sin considerar que el lugar de cumplimiento es el territorio colombiano y, por lo tanto, resulta de forzosa aplicaci\u00f3n la normatividad nacional. Si bien, es evidente la territorialidad de la ley aplicable, resulta de una importancia may\u00fascula, que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no representa un vicio de invalidez que, prima facie, suponga la anulaci\u00f3n de la cl\u00e1usula, pues semejante pronunciamiento pertenece al fondo del asunto. En todo caso, a\u00fan en gracia de discusi\u00f3n, una anomal\u00eda de ese tipo no demeritar\u00eda el rechazo del conocimiento de la causa llevado a cabo por el Funcionario de primer grado, ya que, en aplicaci\u00f3n del principio kompetenz- kompetenz del art\u00edculo 5 de la pluricitada Ley de arbitraje, corresponde a los \u00e1rbitros dirimir su propia competencia, restando al Juez del Estado, \u00fanicamente, verificar un principio de existencia formal suficiente que desembocase y conllevase a la justicia arbitral, restando a \u00e9sta \u00faltima, el examen profundo sobre las vicisitudes de la estipulaci\u00f3n contractual\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, sino que es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras providencias, en STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad esta que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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