STC1548-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1548-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00431-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Juan Carlos Villabona Maldonado contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio, la Procuradur\u00eda 12 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, a Rosalina Parra, Jorge Eli\u00e9cer, Alfredo, Jasm\u00edn Esther, Mar\u00eda Ludys y Dorys Garz\u00f3n Parra y a Luz Marina y Mar\u00eda Helena Calder\u00f3n Parra. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- A trav\u00e9s de apoderado judicial, el gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, buena fe, propiedad, igualdad y confianza leg\u00edtima, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja, relat\u00f3 que Rosalina Parra, Jorge Eli\u00e9cer, Alfredo, Jasm\u00edn, Mar\u00eda Ludys y Dorys Garz\u00f3n Parra y Luz Marina y Mar\u00eda Helena Calder\u00f3n Parra radicaron solicitud de restituci\u00f3n ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n para la Restituci\u00f3n de Tierras, en relaci\u00f3n con el predio denominado Villa Rosa, ubicado en la vereda Moya Jovina del Municipio de Simacota (Santander), distinguido con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 321-13768, entidad que present\u00f3 la demanda en representaci\u00f3n de \u00e9stos, la cual correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga bajo el radicado 68001312100120160013400, proceso al cual fue vinculado el tutelante, en calidad de titular del derecho de dominio del inmueble en disputa. <\/p>\n
Frente a su gesti\u00f3n para comprar el bien reclamado, el actor destac\u00f3 que \u00abdescribi\u00f3 las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales adquiri\u00f3 el predio objeto de restituci\u00f3n, entre las cuales que fue su primera negociaci\u00f3n sobre un inmueble, dado que viv\u00eda en Bucaramanga en arriendo y se dedicada a actividades comerciales como la venta de insumos o repuestos para lavadora entre otros. Tambi\u00e9n adujo que era oriundo del Municipio de Simacota y antes de la compra no conoc\u00eda la regi\u00f3n del bajo Simacota, por lo que era ajeno a cualquier situaci\u00f3n de violencia que se haya presentado en la zona o en intermediaciones de la finca\u00bb. <\/p>\n
Admitida la oposici\u00f3n del ahora tutelante, el Juzgado envi\u00f3 el proceso a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, para lo de su competencia, colegiado que profiri\u00f3 fallo el 14 de julio de 2021, amparando el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de los reclamantes y declarando impr\u00f3spera la oposici\u00f3n, por no haberse acreditado la calidad de adquirente de buena fe exenta de culpa. El accionante pidi\u00f3 adici\u00f3n de la sentencia, pero el Tribunal no accedi\u00f3, seg\u00fan lo se\u00f1alado en prove\u00eddo del 4 de agosto de 2021. <\/p>\n
El promotor censur\u00f3 dicha sentencia, por contener una \u00abindebida apreciaci\u00f3n probatoria\u00bb y por omitir valorar otros medios de prueba que daban cuenta de su calidad de adquirente de buena fe exenta de culpa, como el hecho de haber comprado el inmueble 5 a\u00f1os despu\u00e9s de las situaciones de violencia que sufrieron los demandantes, que su amigo Josel\u00edn Vera indag\u00f3 sin obtener noticias al respecto, que el gestor no era de la regi\u00f3n, pero a\u00fan as\u00ed visit\u00f3 la zona en tres ocasiones y pregunt\u00f3 a los vecinos sobre la situaci\u00f3n del lugar, sin recibir informaci\u00f3n sobre presuntas irregularidades, que el vendedor \u00able ocult\u00f3 u omiti\u00f3 el homicidio que hab\u00eda sucedido en el predio 5 a\u00f1os antes, (\u2026) a pesar de haberle\u00bb preguntado, que ni vendedor ni \u00e9l pertenecieron a grupos al margen de la ley y que hizo un estudio de t\u00edtulos antes de cerrar el acuerdo, por lo que su negocio fue legal. <\/p>\n
Indic\u00f3, que la decisi\u00f3n del Tribunal convocado contravino lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-327 de 2020, precedente que, afirm\u00f3, fue aplicado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali, al resolver un asunto similar. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar sus derechos fundamentales y ordenar a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta dejar sin efecto el fallo del 14 de julio de 2021 o, en su defecto, modular la decisi\u00f3n, \u00abresolviendo la situaci\u00f3n del opositor con enfoque diferencial a la luz de la calidad de v\u00edctima de la situaci\u00f3n de Colombia y la buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta pidi\u00f3 denegar el amparo, porque no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno al opositor, ahora tutelante. <\/p>\n
2.- La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD- aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y solicit\u00f3 ser desvinculada de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, con ocasi\u00f3n de la sentencia del 14 de julio de 2021, en tanto no reconoci\u00f3 su calidad de adquirente de buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
2.- En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3.- Sobre el particular, se observa que el Tribunal accionado, al proferir sentencia en el proceso de marras, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a amparar el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de los reclamantes, declarar impr\u00f3spera la oposici\u00f3n del ahora tutelante y negarle la compensaci\u00f3n por no hallar acreditada la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
3.1.- As\u00ed, dado que el opositor puso en duda la extensi\u00f3n, delimitaci\u00f3n y ubicaci\u00f3n del inmueble objeto de restituci\u00f3n, el Colegiado analiz\u00f3 la normativa aplicable y estudi\u00f3 el material probatorio aportado, de lo cual concluy\u00f3 que dicho reparo no ten\u00eda sustento, pues \u00abla identificaci\u00f3n del predio fue cabalmente realizada desde que bastaba que hubieren suficientes elementos que autorizaren \u2018distinguirlo\u2019 de cualquier otro y especificarlo debidamente\u00bb. <\/p>\n
3.2.- A continuaci\u00f3n, estableci\u00f3 la relaci\u00f3n jur\u00eddica de los reclamantes con el bien, advirtiendo que fueron propietarios del mismo antes de venderlo a un tercero y, a rengl\u00f3n seguido, se refiri\u00f3 al contexto de violencia de Simatoca, donde estaba ubicado el predio, destacando que \u00aben esa regi\u00f3n (\u2026) hac\u00edan presencia diversos grupos armados al margen de la ley como paramilitares y guerrilla de las FARC y ELN, los que entre 1994 y 2002 incurrieron en manifiestos actos lesivos constitutivos de graves infracciones a los derechos humanos\u00bb. Para el efecto, cit\u00f3 documentos del Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica, la Consultor\u00eda para los Derechos Humanos y el Desplazamiento y de la propia Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, as\u00ed como los testimonios de Carlos Vergara Vergara, Javier Mart\u00ednez Romero, Luis Mar\u00eda R\u00edos Mej\u00eda, Jorge Vargas y del mismo David Dur\u00e1n Dur\u00e1n -quien compr\u00f3 el inmueble a los reclamantes por primera vez-, entre otros, rendidos en el curso del proceso. <\/p>\n
3.3.- Frente a la calidad de v\u00edctimas de los solicitantes destac\u00f3 que Rosalina Parra aparece inscrita en el Registro \u00danico de V\u00edctimas, en el que consta que, en 1998, vendi\u00f3 el inmueble Villa Rosa y que las autodefensas asesinaron a sus hijos Luis Eduardo Garz\u00f3n Parra y Omar Guaspa, lo cual reiter\u00f3 en su declaraci\u00f3n ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y el Juzgado de conocimiento. <\/p>\n
Al respecto, el Colegiado convocado sostuvo que \u00abSuficiente cuanto transcrito se deja para prontamente concluir que la condici\u00f3n de v\u00edctima de ROSALINA y su familia, no halla valladar. Pues al margen que las dif\u00edciles situaciones explicadas por ella se equiparan con supuestos muy propios y anejos con la noci\u00f3n de \u2018conflicto armado interno\u2019 (particularmente las muertes violentas de sus hijos LUIS EDUARDO y \u00d3MAR), sus manifestaciones concernientes con que fueron justamente esas circunstancias las que determinaron que luego se vendiere el predio, se encuentran vigorosamente blindadas con el manto de la confianza, de contener \u2018verdad\u2019\u00bb. Y agreg\u00f3 que los testimonios de Guillermo Vargas Atuesta y de Luis Mar\u00eda R\u00edos Mej\u00eda confirmaron lo declarado por la reclamante en su versi\u00f3n y que las probanzas llevaban a concluir que fue el asesinato de Luis Eduardo Garz\u00f3n -hijo de Rosalina Parra y Crist\u00f3bal Garz\u00f3n- en marzo de 1998, lo que motiv\u00f3 la venta del inmueble a David Dur\u00e1n Dur\u00e1n en abril de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
En ese sentido, el Tribunal procedi\u00f3 a descartar la versi\u00f3n del opositor, quien aleg\u00f3 que la venta del inmueble tuvo como m\u00f3vil principal el pago de obligaciones pendientes que ten\u00edan Rosalina Parra y Crist\u00f3bal Garz\u00f3n, dado que no se allegaron medios prueba que permitieran llegar a esa concusi\u00f3n y porque, aunque se pudiera probar que vendieron en parte forzados por el peso de las deudas, lo cierto era que \u00abapenas si basta con que entre ellos asomare siquiera uno tocante con el \u2018conflicto armado\u2019 para darle a este significativa eficacia y preeminencia por aquello del favorecimiento que supone aplicar el enfoque pro homine y considerarlo as\u00ed como causa eficiente del abandono y\/o despojo\u00bb. <\/p>\n
El Colegiado tambi\u00e9n descart\u00f3 las acusaciones relacionadas con que Luis Eduardo Garz\u00f3n, hijo asesinado, fuera un \u00abreconocido \u2018ladr\u00f3n\u2019 en la zona\u00bb, pues consider\u00f3 que aquello resultar\u00eda irrelevante -a\u00fan si se hubiera acreditado \u00abque se itera NO existe\u00bb- para desacreditar la calidad de v\u00edctimas de los reclamantes, en raz\u00f3n a que \u00ablas hip\u00f3tesis que refieren los par\u00e1grafos 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011 y que excluyen esa calidad, ni de lejos se equiparan con lo que ac\u00e1 se sugiere desde que, por un lado, aluden con los \u2018(\u2026) miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley (\u2026)\u2019 (lo que no es del caso) o de sus \u2018parientes\u2019 y de otro, que tampoco se trata de sucesos provocados por la \u2018delincuencia com\u00fan\u2019. Por lo menos el opositor nunca lo demostr\u00f3 y en contrario median bastantes fundamentos para concluir que fue de veras por la presencia e intermediaci\u00f3n de organizaciones ilegales\u00bb. <\/p>\n
A su vez, desestim\u00f3 lo alegado frente a que algunos familiares de Rosalina permanecieron en la zona, toda vez que \u00abel mero hecho de que acaso algunos de aquellos tuvieren mayores niveles de tolerancia, resistencia y tenacidad frente a la grave situaci\u00f3n del orden p\u00fablico del que quiz\u00e1s no participen otros, es postura que, con todo y lo plausible y valerosa que eventualmente fuere, no solo no comportar\u00eda propiamente un signo realmente generalizado sino que tampoco cabr\u00eda plantarla como leg\u00edtima regla fija de conducta que fuere ineludiblemente aplicable y esperable de todos los dem\u00e1s; incluso de ROSALINA\u00bb; y, aunque algunos de los testigos indicaron que las v\u00edctimas estaban interesados en vender antes la muerte de Luis Eduardo, el Tribunal consider\u00f3, tras valorar en detalle cada declaraci\u00f3n, que no eran suficientemente claras y que \u00ablas complejas situaciones padecidas por los reclamantes, tanto por la manera en que ocurrieron como por el entorno violento que para entonces rondaba la zona y hasta teniendo en consideraci\u00f3n qui\u00e9nes las perpetraron, se enmarcaban f\u00e1cilmente \u00aben hechos propios del \u2018conflicto armado interno\u2019 (\u2026) que fueron estos los que derechamente y a su turno, provocaron ese alegado desplazamiento\u00bb. <\/p>\n
Entonces, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abEn suma: brota con nitidez ese indispensable hilo conductor que asocia la enajenaci\u00f3n del predio con los sucesos propios violentos que le antecedieron. Y a partir de all\u00ed, entonces, cabe concluir por contera que el pretenso asenso dado por los reclamantes al efectuar ese negocio, result\u00f3 efectivamente viciado por el fen\u00f3meno de la \u2018fuerza\u2019 anejo con el conflicto. Lo que de suyo significa la invalidez del se\u00f1alado convenio; justamente por la falta de consentimiento que lo hace anulable. Tanto m\u00e1s, al tenor de las especiales presunciones que aplican para este linaje de asuntos, particularmente, la prevista en el literal a) del numeral 2 del art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
3.4.- Acreditada la existencia de los presupuestos axiol\u00f3gicos de la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n del inmueble, el Tribunal procedi\u00f3 a estudiar la oposici\u00f3n del ahora tutelante, empezando por indicar que, en el contexto de la Ley de V\u00edctimas, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de poco puede servirle a quien dice haber actuado con esta especial buena fe, apenas alegar que compr\u00f3 tal cual se har\u00eda en el tr\u00e1fico ordinario, frecuente y usual de las cosas, esto es, verificando sin m\u00e1s lo que muestran los registros p\u00fablicos sobre el estado de la propiedad. Pues si en cuenta se tiene que el fen\u00f3meno del despojo y abandono de las tierras provocado por acontecimientos devenidos del \u2018conflicto armado\u2019, dif\u00edcilmente puede encuadrarse dentro de esa situaci\u00f3n de \u2018normalidad\u2019, era casi que de sentido com\u00fan demandar de quien se arriesgase a negociar un fundo en escenarios semejantes, que multiplicare sus precauciones y demostrara adem\u00e1s qu\u00e9 previas gestiones y averiguaciones hizo para garantizar as\u00ed la plena legalidad del pacto. Exigencia que a decir verdad se justifica en tanto que el legislador parti\u00f3 de dos claros supuestos que se complementan y que fueron ideados con el preciso fin de dotar de especial protecci\u00f3n a los aqu\u00ed reclamantes: uno primero, consistente en allanarles el camino para que de ese modo le sea mucho muy f\u00e1cil y expedito alcanzar y probar su derecho en tanto que, de otro lado, y en contraste, que fuere mejor su contradictor el llamado a soportar el oneroso gravamen de justificar plenamente y m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, la raz\u00f3n que le facultaba a estar en el bien. Ambos destinados a evitar que se terminase cohonestando lo mal habido bajo la sola apariencia de legalidad. <\/p>\n
Por razones como esas, en estos asuntos la demostraci\u00f3n de la buena fe cimentada en un error no culpable envuelve, sin duda, una ardua tarea: de un lado, d\u00e9bense derruir cabalmente las presunciones que la propia Ley consagra a favor de la v\u00edctima1 y que apliquen para el caso en concreto y, del otro, quiz\u00e1s m\u00e1s dif\u00edcil pero no por eso relevado de cumplirlo: acreditar debidamente la realizaci\u00f3n de gestiones de aquellas que aconseja la prudencia; mismas con las que actuar\u00eda una persona en mucho sensata en un entorno relativamente similar para as\u00ed obtener la debida certeza sobre la legitimidad del negocio. Se trata, pues, de soslayar cualquier posibilidad de m\u00e1cula que pueda recaer sobre su correcto comportamiento. <\/p>\n
En buen romance: que el interesado sea capaz de hacer creer, fundadamente, que fue vivamente escrupuloso al efecto de cerciorarse acerca de lo que por entonces acontec\u00eda respecto del inmueble y que, a pesar de semejante aplicaci\u00f3n, dedicaci\u00f3n y precauci\u00f3n, no pudo sin conocer, percibir o advertir alguna irregularidad que pudiere afectar la contrataci\u00f3n que se hiciere sobre \u00e9ste. O como lo explicase con suficiencia la H. Corte Constitucional, la buena fe aqu\u00ed exigida se \u2018(…) acredita demostrando no solo la conciencia de haber actuado correctamente sino tambi\u00e9n la presencia de un comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la situaci\u00f3n (…)\u2019\u2026 <\/p>\n
Obviamente que ese designio no se consigue con d\u00e9biles inferencias o argumentos m\u00e1s o menos veros\u00edmiles sino que solo se tendr\u00e1 por colmada la misi\u00f3n cuando se suministre una prueba s\u00f3lida, plena, segura y completa. Por modo que el opositor deb\u00eda ser consecuente con ello y orientar as\u00ed una actividad probatoria destinada al acopio de elementos persuasivos que sirviesen al designio de patentizar su diligencia en esas gestiones de indagaci\u00f3n. Indefectiblemente era esa su carga demostrativa\u00bb. <\/p>\n
Establecidos estos presupuestos, el Colegiado resalt\u00f3 que el opositor aleg\u00f3 que hab\u00eda adquirido el bien con buena fe exenta de culpa, proponiendo similares argumentos tra\u00eddos a colaci\u00f3n en la presente tutela, esto es, que <\/p>\n
\u00abse encontraba en Bucaramanga y dedicado a los diferentes negocios que all\u00ed ten\u00eda, fue enterado merced a su viejo amigo y vecino JOSEL\u00cdN VERA, que hab\u00edan unas tierras en venta en el Bajo Simacota, idea con la que aquel se entusiasm\u00f3 a pesar de no tener la experiencia para ese comercio inmobiliario por lo que luego de conocer el terreno entabl\u00f3 conversaciones con DAVID DUR\u00c1N DUR\u00c1N y pasados unos tres meses hizo el negocio de compra pagando para ello $36.000.000.oo en cuatro cuotas, cumplidas las cuales se elev\u00f3 a Escritura P\u00fablica el contrato; con posterioridad, obtuvo un cr\u00e9dito hipotecario para adecuar la parcela y dejarla productiva. Igualmente mencion\u00f3 que en \u2018(…) el momento en que compr\u00f3 (…) la finca (\u2026) era totalmente ajeno a cualquier situaci\u00f3n de conflicto que se haya presentado en inmediaciones de la finca (…)\u2019 (sic) pues no conoc\u00eda el sector ni el municipio adem\u00e1s que el convenio se logr\u00f3 a trav\u00e9s de un intermediario \u2018(…) en una \u00e9poca en la que no exist\u00edan dificultades de orden p\u00fablico en la zona (…)\u2019 y sin que el vendedor le hubiere puesto de presente alguna dificultad relacionada con la seguridad de la zona (tampoco desde el momento en que se convirti\u00f3 en propietario) am\u00e9n que no aparec\u00edan anomal\u00edas en los t\u00edtulos ni la tradici\u00f3n \u2018(…) sumado a que los colindantes del predio viv\u00edan desde hace muchos a\u00f1os all\u00ed (…)\u2019 lo que le gener\u00f3 absoluta confianza para realizar la negociaci\u00f3n que \u2018(…) era imposible que conociera las situaciones pasadas y los posibles hechos de violencia que se hayan podido presentar en ese municipio (…)\u2019 reiterando que \u2018(…) ejerci\u00f3 acciones positivas tendientes a convencerse de la legalidad del mismo (…) el vendedor ten\u00eda una sana intenci\u00f3n de vender, no hab\u00eda presencia de grupos armados ilegales (…) el precio era justo, la tradici\u00f3n del predio seg\u00fan el correspondiente certificado no arroja sospechas de ilegalidad, todos los intervinientes en el negocio son personas que nunca han tenido relaci\u00f3n con el conflicto armado interno, y sobre todo, esta era su primer experiencia en la compra de un bien inmueble; no obstante, realiz\u00f3 las respectivas indagaciones que lo llevaron a convencerse de lo aqu\u00ed descrito y por ende, de la legalidad del negocio jur\u00eddico\u2026\u00bb. <\/p>\n
Frente a ello, el Tribunal reconoci\u00f3 que, aunque no hab\u00eda prueba que dejara ver que el opositor \u00abhubiere sido part\u00edcipe de los hechos que propiciaron el despojo del predio de que aqu\u00ed se trata ni que all\u00ed lleg\u00f3 por permisi\u00f3n de las organizaciones ilegales a las que se acus\u00f3 de ser las causantes de esas desventuras ni que para hacerse con los derechos sobre el fundo, estuviere movido de la proterva intenci\u00f3n de aprovecharse de la situaci\u00f3n\u00bb, no acredit\u00f3 lo que le correspond\u00eda. <\/p>\n
Al respecto, precis\u00f3 que la buena fe exenta de culpa no se presum\u00eda ni se sobrentend\u00eda, pues a cargo del opositor estaba \u00abdemostrar irrefragablemente esa condici\u00f3n\u00bb, de manera que deb\u00eda acreditar sus propios dichos, sin embargo, \u00absu comportamiento no fue precisamente el m\u00e1s acucioso en orden a establecer las circunstancias de la negociaci\u00f3n de la que se ha hecho destacada evocaci\u00f3n sino todo lo contrario\u00bb. <\/p>\n
\u00abam\u00e9n que lo concerniente con el previo estudio de antecedentes (de t\u00edtulos) fue asunto cuya demostraci\u00f3n qued\u00f3 s\u00f3lo en su dicho (nada m\u00e1s se aport\u00f3 a ese respecto) y que en cualquier caso aspecto tal ata\u00f1er\u00eda con esa m\u00ednima actividad que ser\u00eda esperable de todo aquel que pretendiere comprar un inmueble -lo que por a\u00f1adidura permite descartarlo como acto eficiente para derivar de all\u00ed la exigida buena fe \u2018exenta de culpa\u2019 cuanto que apenas la simple (que no basta en estos asuntos)-, es de ver asimismo que esa alegada labor adicional de investigaci\u00f3n que dijo haber adelantado y relacionada con la averiguaci\u00f3n acerca de la \u2018tranquilidad\u2019 del orden p\u00fablico en la zona, tampoco fue tan veraz am\u00e9n de ineficaz. <\/p>\n
Lo que por un lado acaece reparando en que esa esmerada gesti\u00f3n no pod\u00eda confinarse, como aqu\u00ed dijo hacer, nada m\u00e1s que a la pretendida averiguaci\u00f3n sobre las condiciones de \u2018tranquilidad\u2019 o \u2018seguridad\u2019 del sector pero, y en ello vale la precisi\u00f3n, s\u00f3lo la vigente a la saz\u00f3n, esto es, para el tiempo de la adquisici\u00f3n (que en cualquier caso todav\u00eda resultaba siendo violenta seg\u00fan se infiere de los informes de contexto arrimados). Pues que, atendiendo que el bien se ubicaba en una dif\u00edcil regi\u00f3n que de anta\u00f1o -y a\u00fan para la \u00e9poca de la compra- notoriamente se conoc\u00eda que hab\u00eda sido tocada por diversos actores de la violencia, lo cual incluso dijo \u00e9l saber pues \u2018(…) me comentaron que hab\u00eda, pero yo nunca tuve relaci\u00f3n ni tuve que irlos a visitarlos (…) hab\u00eda habido grupos armados (…)\u2019, era apenas natural que la investigaci\u00f3n comprendiere por igual las situaciones que a ese mismo respecto quiz\u00e1s habr\u00edan tocado con anterioridad esas zonas, por ejemplo, la eventual injerencia de organizaciones ilegales. No fuera a ser que all\u00ed se hubieren sucedido delicados sucesos concernientes con afectaciones al orden p\u00fablico que de alg\u00fan modo y otrora alcanzaren a incidir en la justa y legal transmisi\u00f3n de los derechos sobre el predio. Mas de ello no se arrim\u00f3 prueba. <\/p>\n
Tampoco la prueba echada de menos aparece con s\u00f3lo decir que estuvo presto a cuestionar a la \u2018gente\u2019 sobre el \u2018predio\u2019. Pues sin dejar de reiterar que se trata de sus solas afirmaciones -cuya aptitud demostrativa resulta ser bien exigua cual se hizo notar- am\u00e9n de relievar tambi\u00e9n ahora que esa indagaci\u00f3n deber\u00eda haber involucrado tiempos \u2018anteriores\u2019 a ese de la fecha de la compra y tal no se hizo, igual se advierte que esa exposici\u00f3n acab\u00f3 siendo insuficiente e incompleta; pues que, sin ir m\u00e1s all\u00e1, al final s\u00f3lo se habl\u00f3 de manera francamente generalizada respecto de esas personas a quienes \u2018pregunt\u00f3\u2019 de los que nunca se supo qui\u00e9nes eran pues jam\u00e1s se mencion\u00f3 su nombre o alg\u00fan dato que permitiera acaso identificarlo para eventualmente confrontar con ellos esa acotaci\u00f3n. Pero nunca se supo cu\u00e1les eran. <\/p>\n
Cierto que de manera concreta refiri\u00f3 que le pregunt\u00f3 al \u2018lechero\u2019 (del cual no se sabe qui\u00e9n es) y a otros \u2018vecinos\u2019 del sector como PEDRO GUEVARA y GUILLERMO VARGAS; sin embargo, al parecer esos encuentros con \u00e9stos apenas si sirvieron, cual reconoci\u00f3 el opositor, para \u2018(…) saludarlos, despu\u00e9s ya nos encontramos por ah\u00ed, iba los domingos y nos encontramos ah\u00ed (…)\u2019 sin que aparezca que se hubiere interesado por preguntarles por ejemplo sobre el orden p\u00fablico del sector (ni antes ni para el momento de esa compra) a pesar que por su relaci\u00f3n de vecindad de tanto tiempo por pura regla de experiencia l\u00f3gica, era altamente factible que tuvieran un conocimiento poco m\u00e1s profundo y certero sobre la situaci\u00f3n. <\/p>\n
Indagaciones esas que a lo mejor le hubieren permitido saber, como lo narr\u00f3 el propio GUILLERMO, que \u2018(…) all\u00e1 mandaba la guerrilla en ese tiempo, como el caso cuando fue la muerte de mi pap\u00e1 hasta (…) el ochenta y siete, m\u00e1s o menos fue que ya se descompuso, bajaron el grupo de \u2018Isidro Carre\u00f1o\u2019 y ya se nombraban los paramilitares; en ese tiempo no hab\u00edan paramilitares, en eso figuraban los \u2018Isidro Carre\u00f1o\u2019 (…) esos ten\u00edan otro nombre antes de llamarse paramilitares, el \u2018m\u00e1s\u2019 (…) \u2018muerte a secuestradores\u2019; de ese tiempo para ac\u00e1 ellos llegaron a una vereda llamada La Explanaci\u00f3n y que mataron, ah\u00ed empezaron a matar gente y comenz\u00f3 a extender de todo ese lado y entonces ah\u00ed fue cuando hubieron los desplazamientos y toda esa vaina; eso se descompuso muy maluco por all\u00e1 (…) Eso fue m\u00e1s o menos, esos grupos aparecieron m\u00e1s o menos en el ochenta y siete, ochenta y ocho, ochenta y nueve; toda la gente, as\u00ed ya lleg\u00f3 la violencia, los paramilitares y entonces la guerrilla los desplazaba, eran objetivo militar (…) amenazaron que poner campos minados y entonces ya la gente se empez\u00f3 a desplazar (…)\u2019 (Subrayas del Tribunal). <\/p>\n
O eso otro alusivo a que el declarante conoci\u00f3, y muy bien por cierto, a CRIST\u00d3BAL y a ROSALINA -por supuesto que estaba casado con DORYS, hija de \u00e9stos-, lo que tambi\u00e9n le habr\u00eda permitido al opositor estar al tanto por boca de aquel, por un lado, que la familia GARZ\u00d3N PARRA, hacia el a\u00f1o 1989 ya hab\u00eda tenido un previo desplazamiento pues que \u2018(…) sacaron un decreto all\u00e1 los paramilitares, que dos o tres hijos varones se ten\u00edan que ir con ellos a patrullar y entonces ellos se vinieron para ac\u00e1 para El Centro (…)\u2019 y asimismo, por sobre todo, para que le hablase con toda propiedad en torno de lo que le sucedi\u00f3 a LUIS EDUARDO GARZ\u00d3N PARRA, descendiente de aquellos, cuando \u2018(…) En el a\u00f1o noventa y ocho (…) los paramilitares lo sacaron de la casa y al lado que hab\u00eda una tienda en \u2018No te pases\u2019, ah\u00ed lo mataron (…)\u2019 o que tiempo despu\u00e9s esas mismas autodefensas ajusticiaron a \u00d3MAR, otro miembro de esa familia, quien fue ultimado por orden del comandante \u2018(…) \u2018Nicol\u00e1s\u2019; los paramilitares (…) Los mismos (que asesinaron a LUIS EDUARDO), el mismo grupo (…)\u2019 (Subrayas del Tribunal) y hasta percatarse del c\u00f3mo y cu\u00e1ndo y en qu\u00e9 circunstancias termin\u00f3 muerta ESPERANZA, la compa\u00f1era de ADR\u00d3NICO LOZADA, quien sali\u00f3 de all\u00ed en 2002, esto es, apenas un a\u00f1o antes de que JUAN CARLOS comprara. <\/p>\n
Es que tampoco aparece muy claro que esa tarea de escrutinio se hubiere procurado siquiera respecto del diciente vendedor DAVID DUR\u00c1N DUR\u00c1N, quien igual les podr\u00eda haber dicho todo lo que \u00e9l mismo tuvo que padecer por la violencia y de lo que adem\u00e1s conoci\u00f3 a esos respectos. <\/p>\n
Estado de cosas que de inmediato revelan que si quiz\u00e1s el opositor se hubiera dedicado con un poco de atenci\u00f3n a esa faena de pesquisa que aqu\u00ed se echa de menos, era harto probable que hubiere sabido no solo sobre esos \u2018detalles\u2019 que narr\u00f3 el mentado declarante y otros vecinos acerca de c\u00f3mo estaba la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico por all\u00ed sino adem\u00e1s enterarse particularmente de la existencia de ROSALINA y CRIST\u00d3BAL, su propiedad anterior sobre el predio (quienes adem\u00e1s aparec\u00edan en el certificado de tradici\u00f3n del bien que compr\u00f3) y sobre todo lo que les ocurri\u00f3 con sus hijos; y a partir de conocimiento tal, haber obrado en consecuencia, esto es, de la manera en que lo har\u00eda una generalidad de personas sensatas situadas en un escenario similar. Por supuesto que se trataba de datos que por pura regla de experiencia, seguramente provocar\u00edan algo de recelo, prevenci\u00f3n o a lo menos intriga antes de celebrar un negocio como el de marras. <\/p>\n
Todo, sin dejar a un lado que las particulares referencias sobre el predio como el contexto de violencia rondante, eran datos todos que podr\u00edan haberse obtenido incluso sin mayor dificultad si se advierte que el tiempo que medi\u00f3 desde el desplazamiento de los solicitantes (1998) y la fecha en la que el opositor compr\u00f3 el terreno (2003), apenas si se sucedieron cerca de cinco a\u00f1os y que, para entonces, por esa misma zona a\u00fan resid\u00edan suficientes personas, como los que aqu\u00ed dieron testimonio, quienes de haber sido cuestionados sobre el particular, le habr\u00edan dado clara noticia de qu\u00e9 les pas\u00f3 a los anteriores due\u00f1os y en qu\u00e9 circunstancias. Pero no lo hizo. <\/p>\n
Tampoco las declaraciones aportadas apuntalan esas alegaciones pues a la postre nada dicen en torno de esas previas gestiones averiguativas cuanto suficientes del opositor para hacerse con el predio que en realidad era cuanto importaba acreditar m\u00e1s all\u00e1 de toda duda. <\/p>\n
Para rematar, las inversiones que eventualmente se hubieren realizado sobre el terreno, no son diques para apuntalar la buena fe exenta de culpa que aqu\u00ed se reclama; pues cual se ha sostenido repetidamente, tal gesti\u00f3n debe dirigirse indefectiblemente hacia la prueba de aquellas adecuadas y prudentes conductas que antecedieron a la adquisici\u00f3n del inmueble y con ese prop\u00f3sito y no precisamente a lo que se haga luego con \u00e9l. <\/p>\n
De d\u00f3nde no puede sino seguirse que el opositor incumpli\u00f3 en ese aspecto el exigente deber probatorio que repetidamente se reliev\u00f3. Pues su comportamiento no califica propiamente de diligente cuanto que al contrario, m\u00e1s bien de desidioso y hasta descuidado\u00bb. <\/p>\n
Con base en este razonamiento, el Tribunal declar\u00f3 impr\u00f3spera la oposici\u00f3n del ahora tutelante y le neg\u00f3 la compensaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- De lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n rebatida, independientemente de que la postura sea o no compartida por esta Sala, no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente ilegal, pues se sustent\u00f3 razonadamente, teniendo en cuenta la normativa aplicable, las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite, las probanzas y jurisprudencia relacionada, todo lo cual llev\u00f3 al Tribunal a denegar la oposici\u00f3n de la ahora tutelante en el proceso de marras. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal encontr\u00f3 debidamente probados los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras y, tras el estudio motivado del material probatorio, de las normas aplicables al caso y la jurisprudencia relacionada, concluy\u00f3 que, en el sub examine, el opositor no hab\u00eda demostrado las gestiones que dijo haber realizado, a efectos de hacer valer sus derechos a la propiedad. <\/p>\n
4.1. Sobre la interpretaci\u00f3n que debe hacerse al principio de buena fe exenta de culpa en proceso de restituci\u00f3n de tierras, la Corte Constitucional, en sentencia C-330 de 2016, se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab88. De lo anterior pueden extraerse algunas diferencias precisas entre la buena fe simple y la buena fe exenta de culpa. Si bien es cierto que en los dos eventos se parte del supuesto de que la persona obr\u00f3 con lealtad, rectitud y honestidad, la buena fe simple se presume de todas las actuaciones o gestiones que los particulares realizan ante el Estado, de ah\u00ed que sea \u00e9ste quien deba desvirtuarla. Por su parte, la buena fe exenta de culpa exige ser probada por quien requiere consolidar jur\u00eddicamente una situaci\u00f3n determinada.
As\u00ed, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realizaci\u00f3n actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza. <\/p>\n
89. En relaci\u00f3n con el tema que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, vale decir que la aplicaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa a que se refiere la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras en los art\u00edculos demandados se circunscribe a la acreditaci\u00f3n de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relaci\u00f3n con la tenencia, la posesi\u00f3n, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restituci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
90. En ese sentido (como se profundizar\u00e1 posteriormente) la regulaci\u00f3n obedece a que el Legislador, al revisar las condiciones de violencia generalizada que se dieron en el marco del conflicto armado y que originaron el despojo, hall\u00f3 un sinn\u00famero de modos de dar apariencia de legalidad a los actos de usurpaci\u00f3n y despojo y, en consecuencia, previ\u00f3 medidas estrictas hacia los opositores, dirigidas a evitar una legalizaci\u00f3n basada en tres factores inadmisibles constitucionalmente: el aprovechamiento abusivo de las condiciones de violencia, que viciaron el consentimiento jur\u00eddico de las v\u00edctimas; la corrupci\u00f3n, que puso parte de la institucionalidad al servicio de los despojadores; y el formalismo del derecho, que favoreci\u00f3 a la parte m\u00e1s poderosa en el \u00e1mbito administrativo y judicial. <\/p>\n
91. Adem\u00e1s, la norma guarda relaci\u00f3n con la eficacia de las presunciones establecidas en el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, previstas por el legislador, considerando que el contexto de violencia permite presumir un desequilibrio en las relaciones entre particulares y favorece las din\u00e1micas de despojo y abandono forzado. Es as\u00ed como, en un marco de justicia hacia la transici\u00f3n a la paz, la l\u00f3gica que irradia el proceso es fuerte en relaci\u00f3n con el opositor para ser flexible con las v\u00edctimas\u00bb (Subraya esta Sala). <\/p>\n
Y, en concreto, esa Corporaci\u00f3n sostuvo que, \u00abLa buena fe exenta de culpa, en el contexto de la ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras es un est\u00e1ndar de conducta calificado, que se verifica al momento en que una persona establece una relaci\u00f3n (jur\u00eddica o material) con el predio objeto de restituci\u00f3n. La carga de la prueba para los opositores es la que se establece como regla general en los procesos judiciales: demostrar el hecho que alegan o que fundamenta sus intereses jur\u00eddicos\u00bb (Subraya esta Sala). <\/p>\n
De manera que, cuando lo pretendido no se demuestra en debida forma, dicha figura no tiene prosperidad. <\/p>\n
4.2.- As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por el accionante con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Asimismo, esta Sala ha considerado, en reiterada y profusa jurisprudencia, que \u00abal sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u2019\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01). <\/p>\n
Adicionalmente, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…)\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
5.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 78 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
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STC1548-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC1548-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00431-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Juan Carlos Villabona Maldonado contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61248","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61248","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61248"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61248\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61248"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61248"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61248"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}