STC1559-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1559-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2021-00645-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfredo Le\u00f3n V\u00e9lez Cadavid contra la Superintendencia de Industria y Comercio, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se \u00abexija una explicaci\u00f3n jur\u00eddica, puntual y detallada a la Superintendencia\u2026 porque desestim\u00f3 3 hechos con connotaci\u00f3n de delitos en la venta del apartamento\u00bb, a saber \u00abA. inducci\u00f3n de los vendedores con informaci\u00f3n falsa a diligenciar un documento p\u00fablico y oficial sobre como solicitar un subsidio gubernamental\u00bb, \u00abB. intimidaci\u00f3n y coacci\u00f3n al consumidor con demandarlo penalmente, si continuaba con la reclamaci\u00f3n por la forma como le vendieron el apartamento\u00bb, y \u00abC. respuestas y explicaciones falsas a las inquietudes y dudas del consumidor en la fase contractual del negocio del apartamento\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso de protecci\u00f3n al consumidor interpuesto por Alfredo Le\u00f3n V\u00e9lez Cadavid contra Inversiones Sandapava, la Superintendencia de Industria y Comercio dict\u00f3 sentencia el 12 de octubre de 2021, en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexistencia de publicidad e informaci\u00f3n enga\u00f1osa y deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el gestor que en agosto de 2020 compr\u00f3 un apartamento en un proyecto de vivienda de inter\u00e9s social en el Municipio de San Pedro de los Milagros (Antioquia); y que dicho inmueble le fue vendido con una informaci\u00f3n y publicidad falsa, enga\u00f1osa, intimidante e inconsistente, en precios, subsidios, fechas y datos en general. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que los vendedores ofrecieron el inmueble en 6 precios, los primeros d\u00edas de mayo de 2020 desde $92.914.000 y ning\u00fan subsidio; el 15 de mayo desde $106.834.00 y subsidio $34.679.000; el 16 del mismo mes desde $98.488.850 y subsidio $26.500.000 -por whatsApp y llamada telef\u00f3nica, en que pact\u00f3 el negocio-; en la misma fecha desde $92.914.860 netos y subsidio $24.843.480 -usando un documento para generar confusi\u00f3n-; el 8 de junio de 2020 desde $106.834.000 y subsidio $26.334.000; y 18 de noviembre desde $110.000.000, con una utilidad de $3.166.000. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que la demandada justific\u00f3 las aludidas ambig\u00fcedades aduciendo que todas las constructoras del pa\u00eds, por costumbre comercial, pod\u00edan subir e incluso bajar el precio de acuerdo a las condiciones econ\u00f3micas o a la voluntad privada de la parte vendedora; y que le cambiaron las reglas del negocio acordado el 16 de mayo y el 1 de junio de 2020, pues se pas\u00f3 de un precio de $98.488.850 a $106.834.000. <\/p>\n
2.5. Refiri\u00f3 que por tel\u00e9fono los vendedores le indicaron que lo acompa\u00f1ar\u00edan y asesorar\u00edan en todos los tr\u00e1mites; que lo indujeron a error en la forma de diligenciar el formulario oficial para pedir el subsidio; que posteriormente se cambi\u00f3 el precio del apartamento y ante la ansiedad y necesidad de la vivienda acept\u00f3 la explicaci\u00f3n de que pagar\u00eda pocos intereses por la tasa preferencial y subsidio otorgado, con el temor de que no le vendieran el bien; y que cumpli\u00f3 con sus deberes de consumidor. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que radic\u00f3 la demanda, no obstante, la autoridad administrativa, una vez culminada todas las etapas procesales, concluy\u00f3 que no hubo informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa por parte de los vendedores; y que no se tuvieron en cuenta los hechos relevantes de los vendedores que usaron informaci\u00f3n falsa, intimidaci\u00f3n y coacci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 no se debati\u00f3 sobre las explicaciones falsas que la constructora brind\u00f3; que no se decretaron pruebas de oficio para verificar, investigar y confrontar lo expuesto en la demanda; que lo condenaron por \u00abhaber sido un \u2018consumidor consciente\u2019 en conocer dicha informaci\u00f3n y publicidad enga\u00f1osa\u00bb; y que no hubo igualdad de partes. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Industria y Comercio indic\u00f3 que la providencia emitida fue precedida del agotamiento de las etapas de rigor y se bas\u00f3 en las pruebas oportunamente decretadas y practicadas, as\u00ed como la Ley 1480 de 2011; que no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno; que las pretensiones de la demanda estaban dirigidas a obtener una indemnizaci\u00f3n de perjuicios como consecuencia de una informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa, por lo que el accionante ten\u00eda el deber de probar los hechos en los que fund\u00f3 sus pretensiones, siguiendo los par\u00e1metros del art\u00edculo 58 \u00eddem, esto es, anexar la prueba documental en que se sustentaba y explicar cabalmente la vulneraci\u00f3n; que tampoco se observ\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso; que no se alleg\u00f3 al expediente una publicidad que probara plenamente la falla en la que incurri\u00f3 el demandado, sino la escritura firmada por el gestor, en donde se visualizaba el precio a pagar; que si bien el promotor se\u00f1alaba que suscribi\u00f3 los documentos de buena fe, lo cierto era que el art\u00edculo 3 de la anotada Ley 1480 preve\u00eda que el consumidor ten\u00eda el deber de informarse respecto del producto que estaba adquiriendo; que el peticionario se quejaba que el fallador no hubiese decretado pruebas de oficio, empero, no se encontraba obligado a subsanar los errores del demandante ni a decretar pruebas a su favor; que el actor no descorri\u00f3 el traslado de las excepciones de m\u00e9rito; y que no advert\u00eda la existencia de alguna causal de procedencia del resguardo. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que se emiti\u00f3 una decisi\u00f3n ajustada a derecho, la que se fundament\u00f3 en que no se encontr\u00f3 probado el presupuesto axiol\u00f3gico de la pretensi\u00f3n, es decir, de la publicidad o informaci\u00f3n enga\u00f1osa, en virtud de la ausencia de medios de convicci\u00f3n que sirvieran de soporte a dicha queja; que la facultad de la Superintendencia convocada de decretar pruebas de oficio, no pod\u00eda ser utilizada para suplir las deficiencias de las partes en la demostraci\u00f3n de los hechos, pues ello solo proced\u00eda cuando el fallador tuviera dudas en cuanto a los extremos del litigio; y que el demandante se limit\u00f3 a afirmar la existencia de una publicidad o informaci\u00f3n enga\u00f1osa, sin cumplir de modo alguno la carga probatoria que le asist\u00eda. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no exist\u00eda ley que consignara que \u00abun consumidor inmobiliario al firmar la escritura es consiente y acepta lo registrado en ella, y que los errores y derechos vulnerados por parte de los vendedores presentados en la fase contractual del negocio caducan o prescriben con este tr\u00e1mite\u00bb; que no se tuvo en cuenta que el consumidor era la parte d\u00e9bil del negocio; y que se dejaron de lado las facultades para fallar infra, extra y ultrapetita previstas en el Estatuto del Consumidor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Superintendencia acusada, en la providencia definitoria del asunto de 12 de octubre de 2021, tras hacer referencia a los par\u00e1metros aplicables de la Ley 1480 de 2011, los bienes y servicios ofrecidos, la relaci\u00f3n de consumo, la reclamaci\u00f3n directa ante el productor o proveedor, la prueba del defecto o el da\u00f1o, la publicidad e informaci\u00f3n, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026si bien es cierto la parte demandante hace referencia a que no se le inform\u00f3 que era un precio u otro, quiero partir de la preposici\u00f3n \u201cdesde\u201d, cuando hablamos desde 19 millones y algo, que constaba, primer aviso, no significa que este sea el precio\u2026 que gener\u00f3 la relaci\u00f3n de consumo. Objetivamente hay unas pruebas documentales all\u00ed que son claras, como el contrato de vinculaci\u00f3n o contrato fiduciario, que por dem\u00e1s la parte demandante manifest\u00f3 haberlo firmado y lo puse de presente, lo compart\u00ed, lo ratific\u00f3, promesa de compraventa donde est\u00e1 una informaci\u00f3n objetiva, caracter\u00edsticas, precio, art\u00edculo, cl\u00e1usula 8 del contrato de promesa de compraventa, precio, forma de pago. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n como ha quedado acreditado y lo ha ratificado el se\u00f1or Alfredo en el interrogatorio que le efectu\u00f3 el despacho, le inform\u00f3 la se\u00f1ora Liliana Molina, le inform\u00f3 $106.834.000 con un subsidio de 26 millones y tanto, pero a rengl\u00f3n seguido, forma de pago, hace referencia obviamente a la cantidad que deb\u00eda pagar $17.000.000, el valor del subsidio y lo dem\u00e1s con un cr\u00e9dito, lo que significa que s\u00ed ten\u00eda conocimiento, pero adem\u00e1s tuvo el acompa\u00f1amiento\u2026 de la funcionaria y cuando le pregunta\u2026 el despacho \u00bfusted llen\u00f3 los formularios, el documento, el contrato de promesa, firm\u00f3 todos los documentos? Si, y volvemos a la publicidad objetiva, si ha sido aceptada, pues no podemos hablar de informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa, a pesar, obviamente, de lo que ha manifestado la parte demandante y que sigue manifestando que no concuerdan los precios. <\/p>\n
Pero desde el punto de vista de la objetividad de la publicidad o informaci\u00f3n, apartamento, caracter\u00edsticas\u2026, el tema del subsidio\u2026, el tema del cr\u00e9dito y todo el tr\u00e1mite que se efectu\u00f3 y ah\u00ed donde se recalca, el consumidor tiene una obligaci\u00f3n de informarse, cuando se le pregunt\u00f3 s\u00ed ley\u00f3 el contrato de promesa de compraventa, no la notar\u00eda le inform\u00f3 algunos aspectos del contrato, por qu\u00e9 entonces all\u00ed no se opuso obviamente a las caracter\u00edsticas, a las dimensiones o si ten\u00eda alguna inconformidad frente al precio. <\/p>\n
Objetivamente esta planteada la negociaci\u00f3n y eso es lo que ha quedado acreditado mas all\u00e1 de todas las solas manifestaciones de parte que, como lo ha zanjado la jurisprudencia tambi\u00e9n, las solas manifestaciones de parte no son suficientes para demostrar determinado hecho, desde el punto de vista de la valla, es clara la informaci\u00f3n all\u00ed, desde19, no significa que ese sea el precio y que ese fue el precio que se negoci\u00f3 y acept\u00f3 firmando la escritura p\u00fablica y firmando el contrato de vinculaci\u00f3n\u2026 desde, es una preposici\u00f3n que significa partida, que significa a partir de cuanto parte el precio, a partir de 92, pueden haber de 95, pueden haber de 200, 300 millones, como en muchos proyectos donde se venden apartamentos de menos tama\u00f1o, de m\u00e1s tama\u00f1o, de mayor valor, de menor valor. <\/p>\n
Entonces, no encuentra el despacho desde el punto de vista de la objetividad, acorde con la jurisprudencia, el deber que tiene el consumidor de informarse, el deber que tiene de hacer y valorar, verificar, leer, firmar, obviamente, porque no solamente, como hac\u00eda referencia a la jurisprudencia, de indagar, simple y llanamente, firm\u00f3 en confianza o por miedo de que no me fueran a vender, pero s\u00ed ten\u00eda el conocimiento, si lo ten\u00eda y firm\u00f3 los documentos y quiero traer a colaci\u00f3n la escritura p\u00fablica porque ese documento que no tiene ning\u00fan tipo de discusi\u00f3n, la escritura p\u00fablica clausula 8\u00aa\u2026 precio y forma de pago\u2026 $106.834.000, que fue el precio que se le inform\u00f3, como lo acept\u00f3 que se lo hab\u00eda informado y tambi\u00e9n acept\u00f3 que verific\u00f3 ese precio en la p\u00e1gina el 15 o el 16 de mayo\u2026, como lo dijo en el interrogatorio, del 2020, a trav\u00e9s de la p\u00e1gina de internet\u2026 que fue tambi\u00e9n el precio que le inform\u00f3 la se\u00f1ora Liliana Molina. <\/p>\n
Con todas esas consideraciones, encuentra el despacho que hay una informaci\u00f3n clara en la escritura p\u00fablica, las consideraciones objetivas del apartamento, modelo, cantidad, metraje, ubicaci\u00f3n, precio, forma de pago y todas las caracter\u00edsticas inherentes a esa informaci\u00f3n o esa publicidad objetiva que habla la jurisprudencia o que habla la misma norma, art\u00edculo 23. <\/p>\n
Por estas razones\u2026 y desde el punto de vista de las excepciones de m\u00e9rito, encuentra el despacho acreditad[a] y probad[a] [la] \u201cinexistencia de informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa\u201d\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia criticada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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