STC1564-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1564-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00255-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Christian Fernando Trujillo Granja contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abrevocar o dejar sin efectos el auto No. 192-2021 de fecha 03 de diciembre de 2021\u00bb; y se ordene al accionado \u00abque resuelva el recurso de apelaci\u00f3n invocado por Buenaventura Medio Ambiente SA ESP en contra del auto interlocutorio No. 051 del 11 de marzo de 2021, proferido por el Juez\u2026 decisi\u00f3n que no puede basarse en los mismos defectos sustantivos y procedimentales expuestos y acreditados\u2026\u00bb <\/p>\n
2.1. Dentro de un juicio ejecutivo, adelantado a continuaci\u00f3n de uno de responsabilidad civil y promovido por Christian Fernando Trujillo Granja, cesionario de Clemente S\u00e1nchez, contra Buenaventura Medio Ambiente SA ESP, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura libr\u00f3 mandamiento de pago, decret\u00f3 el embargo de disntintas sumas de dinero y en prove\u00eddo de 9 de septiembre de 2019 dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 15 de agosto de 2019 se decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de las sumas que la empresa de Energ\u00eda del Pac\u00edfico SA ESP deb\u00eda consignar periodicamente o que le correspondan a la sociedad demandada con ocasi\u00f3n del recaudo que por servicio de aseo realiza; y que en prove\u00eddos de 27 de septiembre de 2019 y 24 de noviembre de 2020 se requiri\u00f3 para que se diera cumplimiento a dicha orden. <\/p>\n
2.3. Tras surtirse distintas actuaciones, con providencia de 11 de marzo de 2021 el referido estrado declar\u00f3 terminado el proceso y dispuso la entrega de $249.915.457 tras considerar que en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales se encontraban consignados los dineros necesarios para el pago de las obligaciones demandadas, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n por la ejecutada, por lo que en auto de 6 de abril de 2021 se mantuvo la misma y se concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.4. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Buga en auto de 3 de diciembre de 2021 revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, le orden\u00f3 al a-quo que definiera la titularidad de los recursos retenidos y resolviera la solicitud de levantamiento de la medida cautelar y la devoluci\u00f3n de dineros presentada por Fiducentral SA, para lo cual deber\u00eda analizar el contrato de concesi\u00f3n suscrito entre la ejecutada y el Distrito de Buenaventura, el contrato de Fiducia Mercantil celebrado entre la pasiva y Fiducentral, as\u00ed como el contrato que motiv\u00f3 el proceso de responsabilidad contractual y la consecuente ejecuci\u00f3n suscrito entre la referida empresa y Clemente S\u00e1nchez para verficar su procedencia, conforme a las normas especiales que regulan la fiducia mercantil, especificamente, en lo que se refiere a la calidad de beneficiarios y objeto del fideicomiso. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 el accionante que la decisi\u00f3n criticada excedi\u00f3 el objeto y los limites del recurso de apelaci\u00f3n, adem\u00e1s del principio de congruencia, pues los aspectos que no eran materia de alzada se encuentran excluidos del an\u00e1lisis de segunda instancia. <\/p>\n
2.6. Se\u00f1al\u00f3 que no exist\u00eda incertidumbre de la titularidad de los recursos embargados y dejados a disposici\u00f3n del despacho; que se desconoc\u00eda la cautela dispuesta el 15 de agosto de 2019, reiterada el 24 de noviembre de 2020, la que no fue recurrida y adquiri\u00f3 ejecutoria, tal como lo dej\u00f3 claro el estrado del circuito en prove\u00eddos de 24 de noviembre de 2020, 3 de febrero, 10 de marzo, 16 de marzo y 6 de abril de 2021. <\/p>\n
2.7. Adujo que la falta de resoluci\u00f3n de la solicitud de desembargo y devoluci\u00f3n de dineros no fue invocada en los recursos, lo que supon\u00eda un defecto f\u00e1ctico; que no era procedente a estas instancias que se revocara la orden de embargo en virtud del auto censurado, pues se pretend\u00edan revivir t\u00e9rminos precluidos; y que la alzada era improcedente al no sustentarse en hechos o razones relacionadas con la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
2.8. Sostuvo que en el proceso se encuentra desvirtuada la supuesta cesi\u00f3n de los derechos econ\u00f3micos provenientes del recaudo del servicio de aseo por parte de Buenaventura Medio Ambiente SA ESP a favor de Fiduciaria Central SA \u2013 Fideicomiso Aseo P\u00fablico Buenaventura, por lo que le correspond\u00eda la titularidad de dichos recursos a la demandada y era procedente continuar con la medida cautelar; y que el Tribunal acusado no valor\u00f3 de manera objetiva, razonable e integral todas las actuaciones surtidas en el juicio. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Buga indic\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada no obedec\u00eda a un capricho, ni constitu\u00eda una v\u00eda de hecho, sino que fue proferida tras efectuarse una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, un extenso an\u00e1lisis de las providencias emitidas en primera instancia y su motivaci\u00f3n, con sustento y aplicaci\u00f3n razonable de la normatividad, doctrina y jurisprudencia vigente; y que no se hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura se\u00f1al\u00f3 que conoc\u00eda del proceso criticado, al que se le imprimi\u00f3 el respectivo tr\u00e1mite procesal; que ante la no proposici\u00f3n de excepciones de la ejecutada, dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; que Celsia Colombia SA ESP cumpli\u00f3 con la orden de embargo; que en auto de 11 de marzo de 2021 se dispuso la entrega a la parte demandante de $249.915.457, se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n por pago total de la obligaci\u00f3n y se orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, decisi\u00f3n que al ser recurrida, fue revocada por el ad-quem; que con los argumentos planteados en la apelaci\u00f3n, la ejecutada intent\u00f3 suplir las omisiones en las que incurri\u00f3 por desidia o desconocimiento procesal, pues no se formularon medios de impugnaci\u00f3n frente a las providencias que resolvieron las medidas cautelares; y que en el proceso no exist\u00eda incertidumbre sobre la titularidad de los recursos embargados a la parte pasiva, pues la medida de embargo, ordenada en los autos del 15 de agosto de 2019 y 24 de noviembre de 2020, se adopt\u00f3 teniendo en cuenta el contrato No. EP-CO-206-05. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que no exist\u00eda sucesi\u00f3n contractual, por lo que las partes segu\u00edan siendo las mismas y el contratante Buenaventura Medio Ambiente S.A., quien dispon\u00eda de los recursos en el contrato inicial, como en los adicionales, en donde se establec\u00eda que \u00abluego de realizado el servicio contratado y deducidos los valores por el servicio por parte de EPSA -CELSIA \u2018el remanente se depositar\u00e1 a la contratante en la cuenta corriente que la misma informe\u2019. Por lo que se considera que dichos recursos le corresponden a la entidad demandada en el proceso ejecutivo (BMA)\u00bb; que ante la afirmaci\u00f3n que los dineros embargados le correspond\u00edan a un patrimonio aut\u00f3nomo creado para el cumplimiento de un contrato de fiducia mercantil, es de anotar que, seg\u00fan otrosi n\u00b0 9 al contrato de fiducia mercantil irrevocable de administraci\u00f3n y pagos \u2013 fideicomiso aseo publico de Buenaventura, son bienes fideicomitidos los recursos que ingresen al patrimonio aut\u00f3nomo por el recaudo de concepto de servicio p\u00fablico de aseo, el cual es realizado por la Empresa De Energia Del Pacifico S.A. ESP – Epsa ESP, lo que significa, que al momento de ser consignados los dineros recaudados a la cuenta del patrimonio aut\u00f3nomo corresponden a esa clase de bienes, no de manera anterior; que el accionante pretend\u00eda generar confusi\u00f3n respecto de dos contratos, que aunque ten\u00edan cierta relaci\u00f3n, eran distintos; que su actuaci\u00f3n no pod\u00eda ser considerada como arbitraria ni constitutiva de una v\u00eda de hecho; que acat\u00f3 lo dispuesto por el superior, sin que ello le cercene el derecho a disentir de una actuaci\u00f3n judicial; que revisados los argumentos con los que la ejecutada fund\u00f3 la alzada observaba que no se refer\u00edan exclusivamente a la terminaci\u00f3n del proceso, sino que se limit\u00f3 a debatir las decisiones que se encontraban en firme; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional, pues no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno. Remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
3. Jorge Portocarrero Banguera, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Buenaventura Medio Ambiente SA ESP, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
4. Fiduciaria Central SA adujo que era vocera y administradora del Fideicomiso Aseo P\u00fablico de Buenaventura; que el juzgador del circuito acusado nunca resolvi\u00f3 la petici\u00f3n de levantamiento de medidas cautelares; que se opon\u00eda a las pretensiones del libelo inicial; que se desconoc\u00eda la figura de la fiducia mercantil, concretamente, que los bienes fideicomitidos no pod\u00edan ser objeto de embargo y retenci\u00f3n al ser una individualidad jur\u00eddica distinta del patrimonio del fideicomitente; que el Tribunal criticado dispuso que se precisara la titularidad de los bienes, pues ello no hab\u00eda sido resuelto de fondo por el a-quo; que dicha Corporaci\u00f3n no se excedi\u00f3 en el objeto del recurso, pues adem\u00e1s de los reparos pod\u00eda estudiar cuestiones de oficio, mas cuando se afectaban derechos sustanciales; que no era cierto que se hubiese desvirtuado la cesi\u00f3n de derechos al fideicomiso; que el accionante le daba preponderancia al derecho procesal sobre el sustancial; que el Fideicomiso Aseo P\u00fablico de Buevaventura era \u00abel titular de los derechos econ\u00f3micos y los dineros directos o surgidos en ocasi\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n No. 089 de 2004, en virtud del contrato de fiducia mercantil\u2026\u00bb; y que las actuaciones de la autoridad querellada eran acordes a derecho. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia de 3 de diciembre de 2021, tras advertir que Fiduciaria Central SA present\u00f3 memoriales solicitando se ordenara el levantamiento de la medida cautelar decretada y se le informara el tr\u00e1mite para conseguir la devoluci\u00f3n del dinero cautelado, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el juzgado de primer grado solamente resolvi\u00f3 la solicitud de revocatoria presentada por la empresa demandada, omitiendo pronunciarse sobre la petici\u00f3n realizada por FIDUCENTRAL, respecto del levantamiento y devoluci\u00f3n de los dineros depositados a \u00f3rdenes del despacho\u2026 <\/p>\n
Destacando a continuaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u2026el juez de primer grado declar\u00f3 terminado el proceso y dispuso de los recursos consignados, sin haberse pronunciado sobre la solicitud de levantamiento de embargo y devoluci\u00f3n del dinero retenido, elevada por FIDUCENTRAL, incurriendo en una v\u00eda de hecho vulneratoria del debido proceso\u2026 <\/p>\n
En este estado de cosas\u2026 la falta de resoluci\u00f3n de la solicitud de levantamiento de la medida cautelar (desembargo) y de devoluci\u00f3n de los dineros retenidos, elevada por FIDUCENTRAL imped\u00edan la terminaci\u00f3n del proceso, especialmente porque con dichos dineros es que el juez pretende saldar la obligaci\u00f3n ejecutada, sin analizar si corresponden a recursos de un patrimonio aut\u00f3nomo, s\u00ed pod\u00eda materializarse su retenci\u00f3n, y m\u00e1s a\u00fan resolver sobre su libre disposici\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Por tanto, no son necesarias mayores elucubraciones para REVOCAR el auto apelado\u2026 para que\u2026 proceda a\u2026 resolver la solicitud de levantamiento de medida cautelar (desembargo) y devoluci\u00f3n de dineros presentada por FIDUCENTRAL, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia criticada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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