STC1570-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1570-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00359-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Bernardo Guacaneme Rodr\u00edguez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se \u00abrevoque la parte atinente a la condena en costas en los prove\u00eddos objeto de la censura tutelar, por no aparecer demostrados en el expediente\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Bernardo Guacaneme Rodr\u00edguez promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Gonzalo Forero Noguera y Luz Katerine Mesa Silva, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que el 24 de enero de 2019 libr\u00f3 mandamiento de pago y el 7 de octubre de 2019 declar\u00f3 no probadas excepciones y dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En prove\u00eddo de 12 de diciembre de 2019 fue aprobada la liquidaci\u00f3n de costas, decisi\u00f3n recurrida por el gestor al encontrarse inconforme con la tasaci\u00f3n efectuada, por lo que se mantuvo y se concedi\u00f3 la alzada. Con auto de 13 de marzo de 2020 la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n y conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
2.3. Mediante providencia de 18 de enero de 2021 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n practicada por la secretaria, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, por lo que el 14 de abril de 2021 se mantuvo y concedi\u00f3 la alzada, empero, en prove\u00eddo de 2 de agosto de 2021 el Tribunal acusado la confirm\u00f3 e incluy\u00f3 como agencias 1 salario m\u00ednimo legal mensual vigente. <\/p>\n
2.4. Con auto de 25 de enero de 2022 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n efectuada por la secretaria, decisi\u00f3n que recurrida, se mantuvo. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 el accionante que las decisiones de 13 de marzo de 2020, 18 de enero y 2 de agosto de 2021 incurr\u00edan en defecto f\u00e1ctico, pues fijaban, aprobaban y confirmaban unas costas que no ten\u00edan base objetiva; y que dichas costas no fueron causadas ni demostradas conforme lo exig\u00eda la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2.6. Se\u00f1al\u00f3 que solo se causaban las costas y honorarios de abogado cuando la actuaci\u00f3n procesal de la parte favorecida con la condena hab\u00eda sido determinante en la decisi\u00f3n; y que el tr\u00e1mite de la alzada del auto de 13 de marzo de 2020 se contrajo al estudio de sus argumentos. <\/p>\n
2.7. Adujo que en el auto de 18 de enero de 2021 se aprob\u00f3 la imposici\u00f3n de un monto exagerado en costas, en contrav\u00eda de los preceptos legales; y que dicha condena en costas no operaba de pleno derecho, sino solo si estaban causadas, con criterios verificables. <\/p>\n
2.8. Sostuvo que era sujeto pasivo de una condena carente de base objetiva, verificable y demostrada; que se requer\u00edan dos presupuestos para imponerlas, como lo eran, la resoluci\u00f3n adversa del recurso y la valoraci\u00f3n de si se encontraban acreditadas en el expediente; y que cumpl\u00eda con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues hab\u00eda interpuesto recursos frente a los autos criticados. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que actu\u00f3 en estricta aplicaci\u00f3n del numeral 3 del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que efectu\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas incluyendo las agencias en derecho fijadas en segunda instancia, sin que fuera dable que las desconociera o no las liquidara en contrav\u00eda de lo ordenado por el superior; que el gestor contaba con los recursos de reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n contra el auto de 25 de enero de los corrientes, con los que se aprobaron las mismas; que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez respecto de los autos emitidos en 2020 y 2021; y que el rito legal se hab\u00eda adelantado honrando las normas procedimentales de orden p\u00fablico y el debido proceso. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad se\u00f1al\u00f3 que no se observaba el presupuesto de la inmediatez, en tanto que las providencias criticadas se emitieron el 13 de marzo de 2020 y 2 de agosto de 2021; que dichas determinaciones no adolec\u00edan de irregularidad alguna, pues obedec\u00edan a un an\u00e1lisis del caso concreto, contaban con respaldo legal y probatorio; y que la tutela no era una tercera instancia, m\u00e1xime cuando las decisiones se encontraban ajustadas a derecho y no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre los prove\u00eddos de 12 de diciembre de 2019 y 13 de marzo de 2020; y la interposici\u00f3n de la tutela el 31 de enero de 2022, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Ahora bien, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional tambi\u00e9n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad respecto de la providencia de 2 de agosto de 2021, con la que se confirmaron los autos de 18 de enero anterior, pues all\u00ed el Tribunal convocado consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026La condena en costas se encuentra plasmada en el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso y corresponde su liquidaci\u00f3n al \u201cjuzgado que haya conocido del proceso en primera o \u00fanica instancia\u201d; puntualmente, el art\u00edculo 4\u00b0 la citada norma establece \u201cPara la fijaci\u00f3n de agencias en derecho deber\u00e1n aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un m\u00ednimo, o este y un m\u00e1ximo, el juez tendr\u00e1 en cuenta, adem\u00e1s, la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente, la cuant\u00eda del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el m\u00e1ximo de dichas tarifas\u201d. <\/p>\n
De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 2\u00b0 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, las agencias deben fijarse dentro del rango de las tarifas m\u00ednimas y m\u00e1ximas establecidas por el acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente, la cuant\u00eda del proceso y dem\u00e1s circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jur\u00eddica desarrollada, sin que en ning\u00fan caso se puedan desconocer los referidos l\u00edmites. <\/p>\n
Cuando se trata de recursos interpuestos contra autos, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 5\u00ba ejusdem se\u00f1ala que el l\u00edmite de tales agencias debe ce\u00f1irse entre \u00bd y 4 s.m.l.m.v. <\/p>\n
Descendiendo al caso concreto y al sustrato de la alzada, la queja de la parte actora se contrae a que, de un lado, la causa que gener\u00f3 la condena en costas no est\u00e1 comprobada en el diligenciamiento, y del otro, de ser procedente, la misma result\u00f3 excesiva. <\/p>\n
Sobre el primer t\u00f3pico, resulta imperioso advertir que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C.G.P. contempla que se condenar\u00e1 en costas a quien, entre otras cosas, le hubiere sido resuelto desfavorablemente un recurso de apelaci\u00f3n (como en efecto aqu\u00ed sucedi\u00f3); por lo tanto, el imperativo categ\u00f3rico de la norma impone la obligaci\u00f3n que, en todos los casos, debe imponerse la referida condena, por el simple hecho de que se desate en segunda instancia una providencia. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, al margen de que la contraparte se oponga o no a los argumentos de la censura, ese aspecto es solo uno de los \u00edtems que deben evaluarse al momento de imponer la condena en costas, toda vez que el art\u00edculo 2\u00ba del Acuerdo es muy claro en indicar que deben atenderse otros aspectos como, por ejemplo, la cuant\u00eda del proceso, la naturaleza del asunto, etc. <\/p>\n
Adem\u00e1s, dicho art\u00edculo tambi\u00e9n obliga al operador jur\u00eddico a que fije las agencias en derecho dentro de un rango m\u00ednimo y m\u00e1ximo, sin que pueda escapar a esos l\u00edmites, lo que se traduce en el criterio objetivo. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, como el auto proferido el 13 de marzo de 2020 por esta Corporaci\u00f3n no result\u00f3 avante, ese simple hecho fue el generador de la condena en costas all\u00ed se\u00f1alada. <\/p>\n
Ahora bien, como se indic\u00f3 en precedencia, cuando se trata de recursos contra autos, los l\u00edmites de las agencias en derecho consagradas en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 oscilan entre \u00bd y 4 s.m.l.m.v., motivo por el cual este despacho opt\u00f3 por se\u00f1alar un (1) s.m.l.m.v. que se encuentra dentro del mentado rango. <\/p>\n
De hecho, la raz\u00f3n por la cual no se impuso una condena mayor se debi\u00f3, precisamente, a la inoperatividad de la parte demandada. <\/p>\n
De otro lado, observando los l\u00edmites precitados, resulta evidente que cuando el inconforme solicit\u00f3 en subsidio que se redujera la condena a $50.000.oo, tal petitum ni siquiera se compadece con el monto m\u00ednimo se\u00f1alado en el referido Acuerdo, por lo que resulta completamente irrisorio. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1570-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1570-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00359-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Bernardo Guacaneme Rodr\u00edguez contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61261","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61261","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61261"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61261\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61261"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61261"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61261"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}