STC1576-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1576-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25000-22-13-000-2021-00433-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de diciembre de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Martin Quijano D\u00edaz contra los Juzgados Primero Civil del Circuito Zipaquir\u00e1 y Segundo Civil Municipal de Ch\u00eda, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la C\u00e1rcel Distrital de Varones de Bogot\u00e1 y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se disponga dejar sin efectos \u00abel proceso\u2026 ejecutivo hipotecario\u2026 en tanto all\u00ed se incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto y desconocimiento frontal del art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb, as\u00ed como \u00abel tr\u00e1mite procesal adelantado\u2026 en el que [se] tiene por notificado, sin estarlo\u00bb; que el estrado del circuito accionado \u00abemita auto en el que ordene al demandante notificar[lo] en debida forma\u00bb; y se le exhorte para que no incurra en este tipo de actos. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso ejecutivo promovido por Oscar Le\u00f3n Arcila Buritic\u00e1 contra Juan Martin Quijano D\u00edaz, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 con auto de 23 de enero de 2015 libr\u00f3 mandamiento de pago, en prove\u00eddo de 4 de diciembre siguiente dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n y el 30 de enero de 2019 llev\u00f3 a cabo el remate y adjudicaci\u00f3n del inmueble al ejecutante. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el ejecutado solicit\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n, la que le fue rechazada de plano el 19 de septiembre de 2019. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el gestor que en el juicio criticado se dispuso el embargo, secuestro y remate del inmueble ubicado en el Condominio Rinc\u00f3n de la Floresta de Ch\u00eda, en el que su hija y nietos habitaban; y que en la demanda ejecutiva se consign\u00f3 una direcci\u00f3n para notificaciones en la que nunca ha vivido, lo que el ejecutante conoc\u00eda. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que junto con su descendiente fueron privados de la libertad; que a \u00e9l le concedieron prisi\u00f3n domiciliaria desde marzo del 2019; y que el ejecutante aprovech\u00f3 para promover el proceso cuestionado, suministrando una direcci\u00f3n err\u00f3nea, por lo que nunca se le enter\u00f3 personalmente el mandamiento de pago. <\/p>\n
2.5. Adujo que el despacho no ten\u00eda conocimiento de que estaba en prisi\u00f3n, por lo que el ejecutante en la diligencia de secuestro intimid\u00f3 a sus nietos amenaz\u00e1ndolos con enviarlos al ICBF, no obstante, el mayor s\u00ed inform\u00f3 que estaban recluidos; que el estrado del circuito acusado dispuso su notificaci\u00f3n personal, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de la C\u00e1rcel Distrital, pero ello nunca se cumpli\u00f3, sino que el abogado del demandante lo visit\u00f3 en prisi\u00f3n y le hizo firmar un documento en el que supuestamente ped\u00eda una pr\u00f3rroga de 6 meses para el pago, sin informarle del proceso en su contra. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que en los documentos donde constaban los pagos del cr\u00e9dito estaba la direcci\u00f3n la de su oficina en Bogot\u00e1, lugar al que no lleg\u00f3 comunicaci\u00f3n alguna; que cuando se enter\u00f3 de la existencia del tr\u00e1mite, solicit\u00f3 la nulidad por falta de notificaci\u00f3n personal de la demanda y por mala fe del demandante, petici\u00f3n que le fue desestimada. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que la adjudicaci\u00f3n del inmueble se realiz\u00f3 mientras estaba privado de la libertad; que el ejecutante hizo uso de unos pagar\u00e9s que ya estaban cancelados, pero nunca los devolvi\u00f3; y que pag\u00f3 un segundo cr\u00e9dito hasta septiembre de 2014 cuando detenido, ya que carec\u00eda de recursos, lo que no le daba derecho al ejecutante a iniciar el proceso. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que present\u00f3 denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por fraude procesal, enriquecimiento il\u00edcito y falsedad en documento privado; que se encuentra vigente la orden de desalojo; y que se incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto, en error inducido y en violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Municipal de Ch\u00eda inform\u00f3 que el secuestro del inmueble lo efectu\u00f3 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ch\u00eda, en virtud del despacho comisorio del estrado del circuito acusado; y que no contaba con dichas diligencias. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y refiri\u00f3 que el tr\u00e1mite se surti\u00f3 con apego a la ley; que las decisiones emitidas cobraron ejecutoria sin que se formulara recurso alguno, por lo que la orden de entrega del inmueble embargado, secuestrado, avaluado y rematado, no lesionaba las garant\u00edas fundamentales del petente, quien conoc\u00eda de la actuaci\u00f3n y omiti\u00f3 pronunciarse; y que la tutela no era una instancia adicional o medio alternativo. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el gestor no agot\u00f3 los recursos que ten\u00eda a su alcance, pues no recurri\u00f3 el auto de 19 de septiembre de 2019 con el que se rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n; y que tampoco cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, en tanto que la presente solicitud de resguardo se formul\u00f3 dos a\u00f1os despu\u00e9s de la decisi\u00f3n que desestim\u00f3 la nulidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que cuando se encontraba detenido no ten\u00eda dinero ni abogado; que no lo enteraron del auto que deneg\u00f3 la nulidad deprecada; que una vez obtuvo su libertad interpuso los mecanismos de defensa judiciales que ten\u00eda a su alcance, los que hab\u00edan sido infructuosos; que la tutela la present\u00f3 frente a todo el proceso; que no cont\u00f3 con un apoderado que lo guiara, \u00e9l no ten\u00eda formaci\u00f3n profesional y \u00abla justicia opera a favor de quienes tienen el conocimiento jur\u00eddico\u00bb; que la vulneraci\u00f3n segu\u00eda vigente, pues el inmueble estaba pr\u00f3ximo a ser entregado; que el fallador acusado falt\u00f3 al deber de preservar el debido proceso; y que la C\u00e1rcel vinculada no contest\u00f3 la tutela, por lo que se deb\u00eda aplicar la presunci\u00f3n de veracidad <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el prove\u00eddo de 19 de septiembre de 2019, con el que se rechaz\u00f3 la nulidad impetrada; y la interposici\u00f3n de la tutela el 19 de octubre de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Es de advertirse que no son de recibo los argumentos del gestor con los que pretende superar el requisito de la inmediatez, pues el t\u00e9rmino se contabiliza a partir de la decisi\u00f3n que denuncia como vulneradora de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Ahora bien, se advierte que el promotor desaprovech\u00f3 los mecanismos ordinarios de defensa judicial que tuvo a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantea, pues guard\u00f3 silencio frente al referido prove\u00eddo de 19 de septiembre de 2019, lo que torna improcedente la protecci\u00f3n invocada debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la promotora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
4. Finalmente, respecto del argumento expuesto en la impugnaci\u00f3n atinente a que el accionante no cont\u00f3 con un apoderado que lo guiara, no ten\u00eda formaci\u00f3n profesional y que la justicia operaba a favor de quienes contaban con el conocimiento jur\u00eddico, se le recordaba que: <\/p>\n
(\u2026) la Corte ha dejado claro que el \u2018desconocer los mandatos legales no exime a las personas de observarlos, as\u00ed como tampoco los habilita para acudir a este mecanismo excepcional cuando por dicha ignorancia no han hecho uso de las herramientas que el ordenamiento nacional les otorga. \u2018As\u00ed lo establece el art\u00edculo 9 del C\u00f3digo Civil (\u2026), [que indica] \u2018la ignorancia de las leyes no sirve de excusa\u2019. \u2018Al punto, se explic\u00f3 que \u2018el argumento o justificaci\u00f3n esgrimido por \u00e9stos para no agotar el citado medio de defensa, no resulta admisible en tanto (\u2026) la ignorancia de la ley no sirve de excusa para revivir oportunidades desperdiciadas por las partes\u2019 (10 de agosto de 2009, exp. 00360-01, reiterado, entre otras, en sentencia de 17 de marzo de 2011, exp. 02595-01 y sentencia de 3 de junio de 2012, exp. 00900-01)\u2019 (CSJ STC9118-2015, 23 jul. 2015, rad. 2015-00307-01). <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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