STC1581-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1581-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00386-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el Juzgado Cuarto de Familia de Medell\u00edn y Sigifredo Quiceno V\u00e1squez frente al fallo proferido el 16 de diciembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida contra aquel despacho por Diana Patricia V\u00e1squez Zapata, en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 el resguardo de las garant\u00edas esenciales de su hijo al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, \u00abprevalencia de la ley sustancial y de[re]chos y prevalencias de menor de edad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad encausada al dejar de entregarle los dineros cautelados al padre de \u00e9ste. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos las providencias\u00bb dictadas por el Juzgado acusado el 5 y 23 de noviembre de 2021, y en su lugar, ordenarle \u00abadoptar los correctivos correspondientes, dar tr\u00e1mite a la entrega de los t\u00edtulos a la demandante en calidad de representante legal del menor[,] conforme el auto de octubre 26 de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. El juicio ejecutivo por alimentos impulsado por la accionante, en nombre de su hijo menor de edad, contra Sigifredo Quiceno V\u00e1squez, padre del \u00faltimo, se dio por terminado con auto del 4 de marzo de 2019, por pago total de la obligaci\u00f3n, en el que tambi\u00e9n se orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares all\u00ed dispuestas, sin que en esa decisi\u00f3n se adoptara medida alguna de cara a garantizar los alimentos futuros del ni\u00f1o, como lo impon\u00eda el canon 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
2.2. Luego, por solicitud de las partes, sin que se hubiesen diligenciado los oficios para el levantamiento de las cautelas, el 26 de octubre de 2021 el Juzgado dispuso entregar a la madre del menor los dineros existentes a \u00f3rdenes del proceso, a saber: i) 17 t\u00edtulos, por un total de $1.690.292, que hab\u00edan sido incluidos en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito previa a la finalizaci\u00f3n del juicio; y ii) 136 t\u00edtulos, por un total de $25.993.547, que reposaban all\u00ed \u00aba favor del ejecutado pero que se entender\u00e1n como abono a cuotas causadas con posterioridad\u00bb. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, el 2 de noviembre pasado el ejecutado solicit\u00f3 al estrado judicial abstenerse de entregar los $25.993.547 a su antagonista, porque constituir\u00eda un doble pago, en tanto que las cuotas alimentarias se encontraban satisfechas y esos dineros se le cautelaron con posterioridad a la finalizaci\u00f3n del juicio; ante lo cual el d\u00eda 5 siguiente se dispuso no entregar dicha suma a la quejosa, al hallarle raz\u00f3n al deudor, m\u00e1xime cuando el proceso se hab\u00eda dado por terminado por el pago total de lo debido; decisi\u00f3n que se mantuvo el d\u00eda 23 del mismo mes. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, se\u00f1al\u00f3 la accionante que por la situaci\u00f3n expuesta dejaron de entreg\u00e1rsele los dineros correspondientes a las cuotas alimentarias debidas a su hijo menor de edad, sin que el padre de \u00e9ste le hubiese suministrado directamente las mismas, lo cual lo perjudicaba injustificadamente. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Medell\u00edn deprec\u00f3 declarar que no hay conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales invocadas porque esa sede judicial \u00abha actuado conforme a las normas procesales que rigen la materia y no ha vulnerado los derechos del menor de edad\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, tras historiar las actuaciones all\u00ed surtidas, que \u00ab[l]os t\u00edtulos que pretende la accionante que le sean entregados\u2026 no fueron incluidos como abonos a lo debido dentro del proceso\u2026 cuando oper\u00f3 su terminaci\u00f3n por pago, por tanto, pertenecen al demandado y es [su] deber\u2026 hacer la entrega de los mismos a quien pertenecen, pues no obra decisi\u00f3n judicial que indique que pertenecen a la demandante, no son objeto de una medida cautelar vigente y la decisi\u00f3n del demandado de entregarlos a esta fue revocada expresamente dentro de la oportunidad legal\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador Diecisiete Judicial II de Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres conceptu\u00f3 que el ruego tutelar \u00abse torna en improcedente\u00bb, en la medida en que \u00abno se presenta violaci\u00f3n alguna, que deba ser amparad[a] por la v\u00eda de esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Sigifredo Quiceno V\u00e1squez tambi\u00e9n pidi\u00f3 \u00abnegar la acci\u00f3n\u2026 impetrada porque no existen vicios o nulidades ni mucho menos violaciones de jerarqu\u00eda constitucional\u2026[,] pues, s\u00f3lo por el hecho de establecer con recato, con certeza y buen pulso o convicci\u00f3n, a quien es que verdaderamente corresponde el remanente en un determinado proceso[,] no es suficiente motivo para que prospere la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, en Sala mayoritaria, concedi\u00f3 el amparo y dej\u00f3 \u00absin efecto los autos\u2026 de 4 de marzo de 2019, 26 de octubre, 5 y 23 de noviembre de 2021, y las actuaciones que de los mismos dependan, emitidos por el Juzgado [encausado]\u00bb, y orden\u00f3 a \u00e9ste proceder \u00aba la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito y las costas\u00bb, adoptar \u00ablas previsiones a que hubiere lugar, para asegurar los alimentos del adolescente, en conformidad con los incisos 3\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia\u00bb, as\u00ed como resolver \u00ablas peticiones de los integrantes de ese contradictorio, sobre la entrega de los dineros que est\u00e1n a su cargo\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a tal determinaci\u00f3n, en lo medular, consider\u00f3 que: <\/p>\n
La c\u00e9lula judicial cuestionada, al emitir su prove\u00eddo\u2026 de 4 de marzo de 2019, dando por terminado, motu proprio, el proceso ejecutivo, levantar la expresada cautela y ordenar la devoluci\u00f3n de dineros, al ejecutado\u2026, desatendi\u00f3 la prevalencia de los derechos fundamentales del adolescente, sobre los de las dem\u00e1s personas, su deber de prevenir su amenaza o vulneraci\u00f3n, de garantizar su restablecimiento inmediato (CP, art\u00edculo 44, CIA, art\u00edculos 7 y 8) y de observar que, \u201centre dos o m\u00e1s disposiciones legales,\u2026, la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u201d es la aplicable (art\u00edculo 9 \u00eddem), porque, previamente, al arribo de esas decisiones, se le impon\u00eda tener en cuenta que: <\/p>\n
Trat\u00e1ndose \u201cde un cobro compulsivo respecto de cuotas alimentarias a favor de menores preliminarmente es menester que el director del proceso verifique con claridad y precisi\u00f3n antes de levantar las medidas cautelares que las acreencias futuras en su favor est\u00e9n efectivamente garantizadas por al menos dos a\u00f1os como lo precept\u00faan los incisos 3\u00b0 y 4\u00b0 del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia\u2026 [y es que] Aceptar este tipo de determinaciones, implicar\u00eda inferir que, contrario a lo dispuesto en la preceptiva, no debe asegurar el pago de las cuotas futuras debidas al infante, porque el ejecutado acudi\u00f3 con prontitud a sufragar lo que hasta la liquidaci\u00f3n deb\u00eda, cuando el legislador fue enf\u00e1tico en establecer las cautelas precisamente para respaldar los gastos de sostenimiento y el pleno desarrollo f\u00edsico e intelectual de \u00e9stos\u201d1… <\/p>\n
Adosase a lo anotado que, no obstante que\u2026 Quiceno V\u00e1squez, en su memorial, de 5 de octubre de 2021, de manera inequ\u00edvoca y categ\u00f3rica le expres\u00f3 a la\u2026 juez\u2026 que su hijo adolescente era su acreedor alimentario y que, \u201cMensualmente de [su] salario [le descuentan] para cubrir el valor que respecta a la mencionada cuota\u201d, como tambi\u00e9n que \u201chace mucho tiempo no recibe el dinero el cual [su] hijo tiene derecho\u2026[desconociendo] quien [lo] est\u00e1 recibiendo\u2026 vulnerando el derecho al menor\u2026 [puesto que se le] est\u00e1 descontando [de su] salario, semanalmente ($120.000) pero est\u00e1 siendo destinado para otra parte u otros fines y no el objetivo\u201d\u2026, el juzgado del conocimiento, por medio de sus interlocutorios, de 26 de octubre, 5 y 23 de noviembre de 2021\u2026, antes que corregir la[s] decisiones, plasmadas, en el auto de 4 de marzo de 2019, se fund\u00f3 en este, para emitir aquellas. <\/p>\n
Del expresado modo, la dependencia judicial cuestionada perpetu\u00f3 la transgresi\u00f3n de las prerrogativas ius fundamentales del adolescente alimentario, desconociendo, al paso, su inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus derechos, puesto que, ninguna garant\u00eda se ofreci\u00f3, por el ejecutado, para satisfacer las cuotas alimentarias, que se dicen insolutas, desde marzo de 2019, las cuales requiere, para solventar sus necesidades b\u00e1sicas, con el fin de preservar su existencia e integridad personal, pues tocan con su alimentaci\u00f3n equilibrada, es decir, las necesita, para su establecimiento, con el fin de lograr su adecuado desarrollo arm\u00f3nico e integral y el pleno ejercicio de sus derechos (Carta Pol\u00edtica, art\u00edculo 44), a lo cual se a\u00f1ade que el alimentante, quien es su progenitor, al interior del ejecutivo, en consonancia con lo aseverado por\u2026 Diana Patricia V\u00e1squez Zapata, manifest\u00f3, inclusive, que ese menor, \u201chace mucho tiempo no recibe el dinero el cual [su] hijo tiene derecho\u201d, pidiendo que se lleve a cabo \u201cuna revisi\u00f3n del caso\u2026 y se d\u00e9 pronta soluci\u00f3n al problema\u201d, para que, \u201cse le garantice el derecho al menor y la entrega oportuna del dinero que ha sido destinado para la asistencia alimentaria del mismo\u201d\u2026, invocaciones que, no obstante no hacerse con la asistencia de un togado id\u00f3neo, ni siquiera se tuvieron en cuenta, al expedirse las aludidos interlocutorios. <\/p>\n
De manera que, los pronunciamientos fustigados sumieron en la desprotecci\u00f3n al adolescente\u2026, en cuanto a sus prerrogativas iusfundamentales, a recibir la alimentaci\u00f3n equilibrada y congrua (CIA, art\u00edcu[l]o24) que le debe suministrar su progenitor, cuesti\u00f3n que, como se anunci\u00f3, previno el Legislador, al disponer que el obligado debe respaldarla, con una garant\u00eda suficiente, la cual ni se le exigi\u00f3 ni otorg\u00f3, para poder darse por finalizado el incoativo, circunstancias que conducen a converger, en que el estrado judicial accionado, al emitir los cuestionados pronunciamientos, le viene infringiendo, de tiempo atr\u00e1s y en la hora de ahora, al nombrado menor, los derechos fundamentales, cuya protecci\u00f3n suplic\u00f3. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon el Juzgado acusado y el vinculado Sigifredo Quiceno V\u00e1squez, insistiendo en los argumentos expuestos por cada uno de ellos al contestar la demanda de amparo. <\/p>\n
Destac\u00f3 el estrado judicial inconforme que con la decisi\u00f3n del a-quo constitucional, inviablemente, se revivi\u00f3 un juicio v\u00e1lidamente concluido desde el a\u00f1o 2019; que \u00abla consecuencia de la terminaci\u00f3n del proceso por pago de la obligaci\u00f3n comporta, con la \u00fanica excepci\u00f3n del embargo de remanentes, la CANCELACI\u00d3N concomitante de los embargos que obren en el proceso\u00bb; y que exist\u00eda una clara \u00abdiferencia entre las figuras procesales de LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS y la CANCELACI\u00d3N DE MEDIDAS CAUTELARES, haciendo la primera referencia\u2026 a una posibilidad que existe para que el demandado, durante el curso del proceso, pueda solicitar[lo]\u2026, y para lo cual se exigen unos requisitos necesarios para no dejar el proceso sin la prenda que garantizar\u00eda el pago en el futuro, haciendo relaci\u00f3n exclusivamente a un proceso en curso\u2026 En este caso concreto, la medida cautelar decretada cumpli\u00f3 tal objetivo, pues garantiz\u00f3 el pago de la obligaci\u00f3n, se torn\u00f3 efectiva y eficaz para que, a la fecha de la terminaci\u00f3n del proceso en 2019, se lograra el pago de lo debido\u00bb; mientras que, la segunda, \u00abes una figura aplicable una vez terminado el proceso por pago; lo anterior obedece a la ya mencionada caracter\u00edstica de las medidas cautelares que se conciben como instrumentales, mecanismos legales disponibles para garantizar el pago de una obligaci\u00f3n pendiente y no como garant\u00eda de una obligaci\u00f3n futura a\u00fan no causada, pues de aplicarse en este sentido, luego de terminado el proceso por pago, se estar\u00eda presumiendo -de manera anticipada-, el incumplimiento de una obligaci\u00f3n, la cual al momento de constituirse la medida a\u00fan no es exigible, y la cual no puede perpetuarse en el tiempo so pretexto de garantizar derechos a un menor de edad, en detrimento de los\u2026 fundamentales tambi\u00e9n de su padre[,] s\u00f3lo por ser obligado a suministrar una cuota alimentaria de la cual no hay mora en el pago, pues judicialmente se ha constatado que se encuentra al d\u00eda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De esta manera, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, se tiene que la reclamante, aduciendo conculcaci\u00f3n de los derechos de primer grado prevalentes de su hijo, critic\u00f3 al Juzgado acusado porque, en \u00faltimas, ampar\u00e1ndose en que el juicio ejecutivo por alimentos que en nombre de su descendiente ella inco\u00f3 contra del progenitor de \u00e9ste, culmin\u00f3 mediante auto emitido en marzo del 2019, resolvi\u00f3 no entregarle los dineros retenidos a aqu\u00e9l con posterioridad a esa determinaci\u00f3n, por concepto de la medida de embargo dispuesta sobre su salario, a favor de la ni\u00f1a, vigente por la falta de diligenciamiento de los respectivos oficios con los que se comunicaba su levantamiento. <\/p>\n
3.1. Puestas as\u00ed las cosas, en primer lugar, pertinente es recordar, como lo tiene por sentado la Sala, que los ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior2 y la prevalencia de sus garant\u00edas3 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores4 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n
Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)5, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
3.2. En consonancia con esa singular protecci\u00f3n que le asiste a los menores de edad, el legislador patrio al expedir el C\u00f3digo General del Proceso contempl\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su canon 281 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada\u2026 al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente… y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
A lo cual debe a\u00f1adirse que el precepto 11 del mismo estatuto ense\u00f1a que el juzgador, \u00abal interpretar la ley procesal\u2026[,] deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb; que las eventuales dudas que surjan en esa empresa \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb; y que ha de abstenerse \u00abde exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
4. Ahora, de cara al caso concreto, se tiene que el Juzgado acusado resolvi\u00f3 que los dep\u00f3sitos judiciales por retenciones efectuadas sobre el salario del padre del ni\u00f1o con posterioridad a la orden del 4 de marzo de 2019, de cancelaci\u00f3n de las cautelas debido a la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, deb\u00edan ser devueltos a aqu\u00e9l porque, en lo medular, derivaban de una medida que perdi\u00f3 efectos a partir de dicho momento. <\/p>\n
Pues bien, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que trat\u00e1ndose de procesos de alimentos de menores, \u00abel beneficiario de la prestaci\u00f3n reclamada corresponde a un sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, pues se trata de un menor de edad, lo que implica la imperiosa necesidad de analizar el asunto con mayor rigor\u00bb (CSJ STC18581-2016, 16 dic., rad. 2016-00640-01); y que el juzgador debe \u00abdesplegar todas aquellas acciones para lograr que tal herramienta sea eficaz, pues en esos casos est\u00e1 evidenciada la urgencia del alimentante de percibir esos ingresos a fin de conjurar una eventual situaci\u00f3n de calamidad\u00bb (CSJ STC1314-2017, 7 feb., rad. 2016-00695-01). <\/p>\n
Aplicando tales premisas al caso sub examine, advierte la Corte que el despacho accionado cometi\u00f3 un desafuero que ameritaba la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, en tanto que, contrario a lo sostenido en su escrito de impugnaci\u00f3n, para esta Corporaci\u00f3n el precepto 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, en el caso concreto, al margen de la terminaci\u00f3n por pago del juicio ejecutivo por alimentos, impone al juzgador adoptar las medidas respectivas para garantizar los futuros a favor de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, m\u00ednimo por los dos (2) a\u00f1os siguientes a tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo dicho impon\u00eda al Juzgador acusado un an\u00e1lisis detenido y riguroso de la situaci\u00f3n presentada con el fin de proteger el derecho alimentario del menor de edad involucrado en este tr\u00e1mite y, bajo esa l\u00ednea, la adopci\u00f3n de medidas excepcionales con tal prop\u00f3sito al evidenciar que, por la falta de previsi\u00f3n de esa c\u00e9lula judicial en el auto del 4 de marzo de 2019, no se dispuso ninguna garant\u00eda para satisfacer tal carga ni el padre de aqu\u00e9l, seg\u00fan lo aducido por la quejosa, ven\u00eda satisfaciendo directamente las cuotas alimentarias, a m\u00e1s que fue el mismo ejecutado quien reconoci\u00f3 que no lo hac\u00eda debido a que los descuentos se le segu\u00edan haciendo de forma directa sobre su salario, sin saber, adujo, el destino de tales dineros. <\/p>\n
En este sentido, los dineros recaudados, por lo menos durante los dos (2) a\u00f1os siguientes a la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n en comento, y a pesar de la omisi\u00f3n del juzgador acusado, ciertamente vendr\u00edan a constituir una garant\u00eda fundamental en favor del menor, por lo que, aunque evidentemente esta Corte considera que no se pod\u00eda restar valor al auto que, debidamente ejecutoriado y desde hace m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os -marzo de 2019-, dio por terminado el juicio ejecutivo recriminado, igualmente es innegable que las particularidades del caso, impon\u00edan al fallador natural la adopci\u00f3n, se itera, de alguna medida urgente, especial y excepcional, ultra o extrapetita, en pro de la seguridad alimentaria del menor, bajo una interpretaci\u00f3n anal\u00f3gica y sistem\u00e1tica del contenido de los preceptos 129, 130 y 134 de la Ley 1098 de 2006, la cual no podr\u00eda ser otra que adoptar las decisiones de rigor para reencausar su actuaci\u00f3n, manteniendo cautelados los dineros retenidos al ejecutado en cuant\u00eda suficiente para garantizar \u00abel pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes\u00bb a la culminaci\u00f3n del juicio ejecutivo, sin que de ello se derive afectaci\u00f3n de las prerrogativas del padre del ni\u00f1o, quien, por lo dem\u00e1s, de encontrarlo necesario y para los efectos pertinentes, podr\u00e1 acreditar los pagos correspondientes. <\/p>\n
5. En consecuencia, se modificar\u00e1 la orden del a-quo constitucional, en el sentido de que la concesi\u00f3n del resguardo se da, exclusivamente y de forma excepcional, para que dentro del asunto reprochado, se itera, el Juzgado accionado tome las determinaciones que halle adecuadas para ajustar su proceder, manteniendo cautelados los dineros retenidos al ejecutado en cuant\u00eda suficiente para garantizar \u00abel pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes\u00bb a la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo, advirti\u00e9ndole a la actora que, como es de su conocimiento y si as\u00ed lo desea, le corresponde promover una nueva ejecuci\u00f3n para el cobro de las cuotas alimentarias que aduce insatisfechas. <\/p>\n
Lo dicho implica que las determinaciones adoptadas por la sede judicial recriminada con ocasi\u00f3n del fallo del Tribunal a-quo, diferentes a las relacionadas con el aspecto precisado a espacio, de existir, quedan sin efecto alguno, en aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de lo reglado en el canon 7\u00ba del Decreto 306 de 1992.6 <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica el fallo impugnado en el sentido de que la orden constitucional excepcional que se impone se restringe a que, en el t\u00e9rmino all\u00ed dispuesto, el Juzgado Cuarto de Familia de Medell\u00edn adopte las decisiones de rigor para reencausar su actuaci\u00f3n, manteniendo cautelados los dineros retenidos al ejecutado en cuant\u00eda suficiente para garantizar \u00abel pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes\u00bb a la culminaci\u00f3n del juicio ejecutivo fustigado, con el fin de proteger el derecho esencial alimentario que le asiste al menor involucrado como sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado; sin que ello implique revivir el mentado proceso, conservando plena validez la determinaci\u00f3n adoptada el 4 de marzo de 2019 en torno a disponer la terminaci\u00f3n del asunto por el pago de la obligaci\u00f3n; y advirtiendo a la quejosa que, como es de su conocimiento y si lo considerada necesario, le compete formular un nuevo asunto de ese linaje con miras a obtener la satisfacci\u00f3n de las cargas alimentarias que aduce insatisfechas por el progenitor de su hijo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, oportunamente, env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC2971-2018, 2 mar. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Canon 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01. <\/p>\n
5\u0002 Citada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00. <\/p>\n
6\u0002 Art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 306 de 1992. De los efectos de las decisiones de revisi\u00f3n de la Corte Constitucional y de las decisiones sobre las impugnaciones de fallos de tutela. Cuando el juez que conozca de la impugnaci\u00f3n o la Corte Constitucional al decidir una revisi\u00f3n, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedar\u00e1n sin efecto dicha providencia y la actuaci\u00f3n que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1581-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1581-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00386-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el Juzgado Cuarto de Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61265","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61265","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61265"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61265\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61265"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61265"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61265"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}