STC1587-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1587-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00331-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Uni\u00f3n de Arroceros S.A.S. – Uniarroz S.A.S. contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada al dictar sentencia adversa a sus intereses en el juicio reprochado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse dejen sin efecto o valor las decisiones\u2026 [de] 22 de septiembre\u2026 y 28 de octubre de 2021, ordenando continuar con el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo [fustigado]\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para la definici\u00f3n de este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo que la accionante inco\u00f3 contra Mariela Amado de Cuevas y Oscar Hernando Cuevas Amado (\u00e9ste fue excluido debido al tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas conjunto que iniciaron y al que la primera de los ejecutados renunci\u00f3), exigiendo el pago de un pagar\u00e9 por $2.298.941.576, el 19 de mayo de 2021 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal orden\u00f3 seguir adelante el cobro, al hallar infundadas las excepciones de m\u00e9rito plantadas por la pasiva, de \u00ab\u201cla obligaci\u00f3n del pagar\u00e9 no es clara ni expresa\u201d y \u201cprescri[p]ci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria derivada del pagar\u00e9\u201d\u00bb; decisi\u00f3n que el 22 de septiembre siguiente revoc\u00f3 el Tribunal para, en su lugar, poner fin al proceso al considerar inexigible la obligaci\u00f3n porque las sumas incluidas en el pagar\u00e9 como debidas, inexplicablemente resultaron causadas entre el 11 de abril de 2016 y el 21 de diciembre de 2017, esto es, \u00abcon posterioridad a la fecha de vencimiento del t\u00edtulo\u00bb (15 de marzo de 2016), \u00abfecha en la cual se entienden llenados los espacios en blanco del pagar\u00e9, es decir, que la suma objeto de ejecuci\u00f3n debe cobijar obligaciones adquiridas por la demandada con anterioridad a la fecha de su vencimiento\u00bb, acorde con lo pactado en la carta de instrucciones, lo cual no ocurri\u00f3. <\/p>\n
2.2. El pasado 28 de octubre el Tribunal enjuiciado rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad y control de legalidad que frente a esa sentencia plante\u00f3 la accionante aduciendo que \u00abtuvo en cuenta una presunci\u00f3n para desestimar la exigibilidad del t\u00edtulo valor objeto de recaudo, a pesar de cumplir con los requisitos del art\u00edculo 422 del CGP. Aduce que se present\u00f3 error en la interpretaci\u00f3n respecto de la fecha de diligenciamiento y vencimiento del pagar\u00e9\u00bb, destacando que ese fue un aspecto del que nunca pudo defenderse, comoquiera que no fue objeto de discusi\u00f3n al no haber sido planteado oportunamente dentro de las excepciones propuestas de su antagonista. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela la quejosa sostuvo, en concreto, que el Tribunal incurri\u00f3 en error inducido, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, defectos f\u00e1ctico y procedimental por exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que, a pesar de que lo aleg\u00f3 al descorrer el traslado de la alzada, la Colegiatura refutada no atendi\u00f3 que en la apelaci\u00f3n, novedosa e improcedentemente, se adujo la inexistencia e inexigibilidad de las obligaciones al momento de diligenciar los espacios en blanco, lo que no fue objeto de las defensas de m\u00e9rito all\u00ed propuestas; y fue \u00abun error de interpretaci\u00f3n que se considerara que el diligenciamiento del pagar\u00e9 se efectu\u00f3 el d\u00eda de su vencimiento, esto es, el\u2026 15 de marzo de 2016, siendo lo anterior, una conclusi\u00f3n equ\u00edvoca pues no se encuentra demostrado que tal suceso haya acontecido en el 2016\u00bb, siendo evidente que el t\u00edtulo se diligenci\u00f3 en el a\u00f1o 2018 pero se le puso como el de vencimiento el 2016. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal deprec\u00f3 \u00abdeclarar improcedente y\/o[,] en su defecto[,] negar la acci\u00f3n constitucional\u2026, debido a que no se avizora irregularidad en las providencias atacadas\u00bb. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, al momento de someter a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados se hab\u00eda pronunciado frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, halla la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que no lucen arbitrarias las decisiones reprochadas a la colegiatura acusada. <\/p>\n
2.1. En efecto, en la sentencia a trav\u00e9s de la cual se revoc\u00f3 aquella en la que el a-quo orden\u00f3 continuar la ejecuci\u00f3n, de entrada, el Tribunal enjuiciado anot\u00f3 que el problema jur\u00eddico que deb\u00eda resolver se concretaba \u00aben determinar, si el t\u00edtulo valor (pagar\u00e9) aportado como base de ejecuci\u00f3n, cumple los requisitos de claridad y expresividad exigidos por el art\u00edculo 422 del CGP. Asimismo, establecer la configuraci\u00f3n de su inexigibilidad por no existir ninguna obligaci\u00f3n a cargo de la demandada para la fecha de vencimiento del pagar\u00e9 y si la acci\u00f3n cambiaria se encuentra prescrita, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en la jurisprudencia (CSJ STC3298, 14 mar. 2019; y STC720, 4 feb. 2021) y la normatividad sobre la materia (art\u00edculos 422 del C\u00f3digo General del Proceso, 621, 625 y 709 del C\u00f3digo de Comercio), expuso algunas generalidades en torno a los requisitos de los t\u00edtulos ejecutivos, incluidos los valores, profundizando en los conceptos en torno a los pagar\u00e9s; y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Acorde con los preceptos enunciados y examinado el t\u00edtulo valor pagar\u00e9 objeto de ejecuci\u00f3n, se observa que\u2026 cumple con tales requisitos, pues se menciona el derecho que en el t\u00edtulo se incorpora, est\u00e1n las firmas de quienes lo crearon (Mariela Amado de Cuevas y Oscar Hernando Cuevas Amado), y se encuentran plenamente diligenciados los espacios correspondientes al vencimiento, los sujetos obligados, la indicaci\u00f3n de ser pagadero a la orden y la promesa de pagar una suma determinada de dinero. <\/p>\n
Despu\u00e9s, se ocup\u00f3 de la necesaria claridad de la obligaci\u00f3n y la expresividad que tambi\u00e9n debe satisfacer el t\u00edtulo, dio por acreditada la primera pero no la segunda, la cual, anot\u00f3, se refer\u00eda a que \u00abla obligaci\u00f3n deber ser explicita, esto es, especificada de forma clara y detallada\u00bb, y hall\u00f3 que \u00abla parte actora con el prop\u00f3sito de dilucidar el origen del negocio subyacente y la existencia de la obligaci\u00f3n vigente con el acreedor, aport\u00f3 como medio de prueba documentos en copia donde se relacionan cada uno de los anticipos, facturas e intereses incorporadas en el pagar\u00e9, lo que permiti\u00f3 evidenciar contradicciones entre la literalidad del instrumento cambiario y la realidad de las acreencias que se ejecutan, hecho que no puede pasar desapercibido, pues conlleva a que el t\u00edtulo no pueda ser exigido ejecutivamente\u00bb. <\/p>\n
Y por ese sendero, \u00ab[p]ara mayor claridad\u00bb, opt\u00f3 por estudiar esa situaci\u00f3n de forma conjunta \u00abcon el segundo problema jur\u00eddico planteado\u00bb, esto es, el referente a la \u00abinexigibilidad del t\u00edtulo\u00bb, precisando que aunque ese argumento del apelante, edificado en la inexistencia de la obligaci\u00f3n a su cargo \u00abpara la fecha de vencimiento del pagar\u00e9\u00bb, \u00abno se propuso en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb, se ocupar\u00eda del mismo, en aplicaci\u00f3n del canon 281 del C\u00f3digo General del Proceso, como lo dijera en otra oportunidad esta Sala (CSJ STC1718-2019, rad. 2018-03740-00), por la aparente presencia de un hecho modificativo del derecho sustancial sobre el que reca\u00eda la discusi\u00f3n. As\u00ed lo sostuvo: <\/p>\n
Bajo ese horizonte, es necesario precisar que, en virtud de la norma en cita, la Sala abordar\u00e1 el estudio de la defensa planteada, toda vez que la misma surge con posterioridad a la demanda, incluso a su contestaci\u00f3n y acorde con lo expuesto por el recurrente, evidenci\u00f3 tal circunstancia con los documentos aportados por la parte actora al momento de descorrer el traslado de las excepciones, esto es, las copias de la relaci\u00f3n cronol\u00f3gica de los anticipos realizados a las cuentas personales del se\u00f1or\u2026 CUEVAS AMADO, tambi\u00e9n deudor solidario, con las cuales pretendi\u00f3 soportar la existencia de la obligaci\u00f3n perseguida en el presente proceso. En consecuencia, al invocar la pasiva en los alegatos de conclusi\u00f3n que, todas las obligaciones que el demandante acumul\u00f3 en el valor del pagar\u00e9 no exist\u00edan para la fecha de su vencimiento. Debe la Sala entrar a determinar, si hay lugar a reconocer el hecho modificativo del derecho sustancial sobre el cual versa el litigio, implorado por la parte recurrente en las alegaciones conclusivas y el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En el pagar\u00e9 que sirve de base a esta ejecuci\u00f3n y conforme a la carta de instrucciones para llenar pagar\u00e9s en blanco de fecha abril 02 de 2013, la ejecutada se comprometi\u00f3 a pagar incondicionalmente, a la orden de UNI\u00d3N DE ARROCEROS S.A., una suma determinada de dinero que, por capital, intereses, comisiones, honorarios, gastos, etc. Se genere a su cargo por cualquier concepto que se encuentre vencido, en virtud de mutuo comercial comisiones, intereses, deudores varios, honorarios de abogado, impuestos y en general por cualquier obligaci\u00f3n presente o futura. <\/p>\n
El art\u00edculo 622 del C.Com. refiere el momento en que deben ser llenados los espacios en blanco. Acci\u00f3n que ha de ejecutarse antes de presentarse el t\u00edtulo para [e]l ejercicio del derecho en \u00e9l incorporado y conforme a las instrucciones que haya dejado el suscriptor. <\/p>\n
Revisada la carta de instrucciones para llenar pagar\u00e9s en blanco suscrita por la demandada\u2026 AMADO DE CUEVAS, en la instrucci\u00f3n n\u00famero 1, se indica: <\/p>\n
\u201cIncorporar a este pagar\u00e9 la suma que, por capital, intereses, comisiones, honorarios, gastos, etc. Se genere a mi (nuestro) cargo por cualquier concepto que llegase(mos) a deber que se encuentre vencida sea por un mutuo comercial, comisiones, intereses, deudores varios, honorarios de abogado, impuestos y en general por cualquier obligaci\u00f3n presente o futura que directa o indirectamente, conjunta o separadamente y por cualquier causa que le deba(mos) o llegue (lleguemos) a deber a UNI\u00d3N DE ARROCEROS S.A., el d\u00eda que sea llenado el t\u00edtulo\u201d (negrilla fuera de texto). Y en la instrucci\u00f3n n\u00famero 6 se se\u00f1ala \u201cestipular el vencimiento del pagar\u00e9\u201d. <\/p>\n
Seg\u00fan la literalidad del t\u00edtulo valor, su vencimiento se produjo el 15 de marzo de 2016, fecha en la cual se entienden llenados los espacios en blanco del pagar\u00e9, es decir, que la suma objeto de ejecuci\u00f3n debe cobijar obligaciones adquiridas por la demandada con anterioridad a la fecha de su vencimiento. Para el caso, consonante con el material probatorio aportado por la parte activa en el traslado de las excepciones\u2026, se detalla un cuadro donde se relaciona de manera cronol\u00f3gica, el documento y los saldos de las obligaciones perseguidas en el presente proceso, puntualizando que los anticipos y facturas relacionados datan del 11 de abril de 2016 al 21 de diciembre de 2017. Asimismo, especifican que los intereses cobrados se generan desde el 28 de febrero de 2017 hasta el 01 de junio de 2018. De lo anterior se colige que, las obligaciones objeto de ejecuci\u00f3n se causaron con posterioridad a la fecha de vencimiento del t\u00edtulo, hecho que genera su inexigibilidad. <\/p>\n
En suma, advirti\u00f3 que el pagar\u00e9 aportado como base de recaudo \u00abno cumple con la caracter\u00edstica de expresividad de los t\u00edtulos ejecutivos, aunque aparece la indicaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo de un sujeto y a favor de otro, en cuanto a las especificaciones del objeto de la obligaci\u00f3n indicadas por la parte actora, contradicen el cumplimiento de la instrucci\u00f3n rese\u00f1ada en la carta de instrucciones para llenar [sus] espacios en blanco\u2026, toda vez que las acreencias incorporadas en [su] importe\u2026, no hab\u00edan nacido para la fecha de vencimiento de este instrumento cambiario\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que aunque el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abes claro en indicar que los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo, solo pueden discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo y no se admitir\u00e1 controversia al respecto, cuando no haya sido planteada en su oportunidad, restringiendo la posibilidad al juez para reconocerla o declararla en la sentencia o auto que ordene seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb; lo cierto es que esta Corte en sus pronunciamientos \u00abha insistido en la pertinencia y necesidad de examinar los t\u00edtulos ejecutivos en los fallos, incluidos los de segundo grado, por ser su deber estructurar los presupuestos de los documentos ejecutivos\u00bb (CSJ STC4808-2017, STC4053-2018 y STC3298-2018). <\/p>\n
Con fundamento en todas esas consideraciones, hall\u00f3 pr\u00f3spero el recurso de apelaci\u00f3n sometido a su escrutinio, \u00abal encontrarse probado que el instrumento allegado como t\u00edtulo ejecutivo, no goza de expresividad y las obligaciones incorporadas en el importe del pagar\u00e9 no exist\u00edan para la fecha de su vencimiento, estas surgieron con posterioridad al 15 de marzo de 2016, lo que hace que no pueda ser exigido ejecutivamente\u00bb. <\/p>\n
2.2. A su turno, se tiene que, sumado a que el prove\u00eddo del 28 de octubre \u00faltimo no fue objeto de ning\u00fan recurso ante el fallador ordinario, por lo que frente a \u00e9l est\u00e1 insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, lo cierto es que all\u00ed, razonadamente, el ad-quem rechaz\u00f3 de plano la petici\u00f3n de invalidez formulada por la quejosa, \u00abteniendo en cuenta que la\u2026 nulidad alegada se funda en causal distinta de las determinadas en la ley (CGP. Art. 135)\u00bb; y tambi\u00e9n dispuso que no hab\u00eda \u00ablugar a realizar el control de legalidad (CGP. Art. 132) que se solicita, al haberse ejecutado al momento de desatar el recurso de apelaci\u00f3n objeto de conocimiento en esta instancia\u00bb. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la determinaci\u00f3n que resolvi\u00f3 no seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, bajo un examen oficioso de la virtualidad coercitiva del t\u00edtulo valor allegado como base de recaudo, evidenciando el Tribunal que al pagar\u00e9 se le impuso como fecha de vencimiento el 15 de marzo de 2016, siendo inviable que, como ocurri\u00f3, las obligaciones contenidas en el mismo resultaran causadas con posterioridad, supuesto suficiente para restarle m\u00e9rito ejecutivo a pesar de la interpretaci\u00f3n alternativa que frente al clausulado de la carta de instrucciones aqu\u00ed propuso la accionante; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
2.4. Ahora bien, es preciso destacar que la Corte no advierte quebranto de prerrogativa esencial alguna por la revisi\u00f3n oficiosa que, en \u00faltimas, efectu\u00f3 frente al t\u00edtulo el cuerpo colegiado convocado, pues \u00e9ste ten\u00eda el deber, aun en la sentencia, de revisar el cumplimiento de los requisitos del t\u00edtulo valor -tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, incluso, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso-, pese a que no haya sido objeto de reparo por las partes. <\/p>\n
Al respecto, in extenso, esta Sala ha consignado que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2\u00ba y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido. <\/p>\n
Por ende, mal puede olvidarse que as\u00ed como el legislador estipul\u00f3 lo ut supra preceptuado, asimismo en la \u00faltima de las citadas regulaciones, puntualmente en su inciso primero, determin\u00f3 que \u00ab[p]resentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal\u00bb (se relieva). <\/p>\n
De ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem. <\/p>\n
Y es que, como la jurisprudencia de esta Sala lo pregon\u00f3 en plurales oportunidades relativamente a lo al efecto demarcado por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo cual ahora tambi\u00e9n hace en punto de las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, para as\u00ed reiterar ello de cara al nuevo ordenamiento civil adjetivo, ese proceder es del todo garantista de los derechos sustanciales de las partes trabadas en contienda, por lo que no meramente se erige como una potestad de los jueces, sino m\u00e1s bien se convierte en un \u00abdeber\u00bb para que se logre \u00abla igualdad real de las partes\u00bb (art\u00edculos 4\u00ba y 42-2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso) y \u00abla efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb (art\u00edculo 11\u00ba ibidem). <\/p>\n
Ese entendido hace arribar a la convicci\u00f3n de que el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartici\u00f3n de justicia material. Por tanto, as\u00ed la cita jurisprudencial que a continuaci\u00f3n se transcribe haya sido proferida bajo el derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la misma cobra plena vitalidad para predicar que del mismo modo, bajo la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
[T]odo juzgador, sin hesitaci\u00f3n alguna, [\u2026] s\u00ed est\u00e1 habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del pretenso recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso transfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jur\u00eddicas de aquel no fueron cuestionadas, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo de fondo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que tal es el primer t\u00f3pico relativamente al cual se ha de pronunciar a fin de depurar el litigio de cualesquiera irregularidad sin que por ende se pueda pregonar extralimitaci\u00f3n o desafuero en sus funciones, m\u00e1xime cuando el proceso perennemente ha de darle prevalencia al derecho sustancial (art\u00edculo 228 Superior) (den\u00f3tase). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (ello es predicable, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, respecto de todos los procesos ejecutivos y no meramente de los de alimentos de que aqu\u00ed se viene tratando en particular), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC, 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo (\u2026) Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala ha indicado que \u201cla orden de impulsar la ejecuci\u00f3n, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario an\u00e1lisis de las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal\u201d [\u2026]\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa. <\/p>\n
Y es que, valga precisarlo, el legislador lo que contempl\u00f3 en el inciso segundo del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso fue que la parte ejecutada no pod\u00eda promover defensa respecto del t\u00edtulo ejecutivo sino por la v\u00eda de la reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, cerr\u00e1ndole a esta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a trav\u00e9s de excepciones de fondo, en aras de propender por la econom\u00eda procesal, entendido tal que lejos est\u00e1 de erigirse en la prohibici\u00f3n que incorrectamente vislumbr\u00f3 el tribunal constitucional a quo, de que el juzgador natural no pod\u00eda, motu proprio y con base en las facultades de direcci\u00f3n del proceso de que est\u00e1 dotado, volver a revisar, seg\u00fan le ata\u00f1e, aquel a la hora de dictar el fallo de instancia; otro entendido de ese precepto ser\u00eda colegir inadmisiblemente que el creador de la ley lo que adopt\u00f3 fue la il\u00f3gica regla de que de haberse dado el caso de librarse orden de apremio con alguna incorrecci\u00f3n, ello no pod\u00eda ser enmendado en manera alguna, razonamiento que es atentatorio de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las ritualidades que es postulado constitucional y que, por ende, no encuentra ubicaci\u00f3n en la estructura del ordenamiento jur\u00eddico al efecto constituido (CSJ STC18432-2016, 15 dic., rad. 2016-00440-01; reiterada, entre muchas otras, en STC4808-2017, 5 abr., rad. 2017-00694-00; y STC14140-2019, 16 oct., rad. 2019-03051-00). <\/p>\n
3. Lo dicho impone denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1587-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1587-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00331-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Uni\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61267","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61267","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61267"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61267\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61267"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61267"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61267"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}