STC1594-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1594-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02818-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de enero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Daniel Eduardo Cort\u00e9s Cort\u00e9s contra el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esta capital. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, petici\u00f3n, informaci\u00f3n y educaci\u00f3n, presuntamente conculcados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Mediante correo electr\u00f3nico del 30 de noviembre del 2021, el accionante remiti\u00f3 memorial al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en el que solicit\u00f3 \u00abacceso al expediente digital, o copia de la demanda y su correspondiente contestaci\u00f3n; lo cual se solicita con fines acad\u00e9micos, toda vez que actualmente soy estudiante del m\u00e1ster en derecho deportivo Internacional de la Universidad de Lleida \u2013 Espa\u00f1a\u00bb1. <\/p>\n
2.2. El 15 de diciembre del a\u00f1o anterior, el despacho le envi\u00f3 el oficio no. 2070 en el que le inform\u00f3 que \u00abneg\u00f3 la petici\u00f3n de acceso al expediente elevada por usted, habida cuenta que por auto de febrero 118 de 2021 se declar\u00f3 la reserva de esta actuaci\u00f3n; sin que haya existido oposici\u00f3n por las partes en contienda\u00bb2. <\/p>\n
2.3. El actor reproch\u00f3 que tal decisi\u00f3n vulnera sus derechos fundamentales puesto que \u00abse fundamenta en una supuesta reserva decretada por un juez, sin que esto tenga fundamento legal y sin motivaci\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, apunt\u00f3 que no encontr\u00f3 el auto no. 118 de febrero del 2021, en el cual se declar\u00f3 la reserva del expediente. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 que se ordene al juzgado cuestionado \u00absuministrar enlace de acceso completo al expediente digital solicitado por el suscrito\u00bb y que motive sus decisiones cuando niega el acceso al expediente en futuras ocasiones. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 sobre las actuaciones llevadas a cabo en el proceso de radicado 2019-00558-00. Asever\u00f3 que es improcedente la acci\u00f3n constitucional habida cuenta de que dadas las \u00abparticularidades del asunto que se escruta \u00e9ste fue declarado reservado por auto de febrero 22 de 2021 mediante el cual se resolvi\u00f3 una petici\u00f3n en similar sentido a la presentada en su momento por el se\u00f1or Daniel Eduardo Cort\u00e9s Cort\u00e9s, providencia que no fue objeto de vilipendio por ninguna de las partes en contienda, ni por ning\u00fan tercero interesado en la litis, de ah\u00ed, que deviene contraevidente su aseveraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Jos\u00e9 Uriel P\u00e9rez Parra, quien dijo ser apoderado del extremo demandante en el proceso de conocimiento, alleg\u00f3 memorial con el que dijo pronunciarse. Sin embargo, ante la ausencia de poder especial para la representaci\u00f3n de su prohijado, esta manifestaci\u00f3n no ser\u00e1 tenida en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el resguardo. Para ello advirti\u00f3 que la respuesta otorgada por el Despacho frente a la petici\u00f3n incoada por el accionante \u00ababord\u00f3 los temas planteados en el requerimiento del actor, y que contrario a lo por \u00e9l manifestado fue debidamente sustentada, pues por el mismo accionante se aport\u00f3 copia del oficio n.\u00b0 2070 de 2 de diciembre de 2021 que el juzgado le remiti\u00f3, en el que le se\u00f1al\u00f3 que \u201cse declar\u00f3 la reserva de [la] actuaci\u00f3n; sin que haya existido oposici\u00f3n por las partes en contienda\u201d y que ello impide el acceso al expediente deprecado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para el Colegiado existi\u00f3 una respuesta de fondo a la solicitud del actor, la cual le fue debidamente comunicada \u00abpor lo que no se evidencia vulneraci\u00f3n a su derecho fundamental de petici\u00f3n\u00bb. A su turno, tampoco evidencia la vulneraci\u00f3n a las dem\u00e1s garant\u00edas invocadas en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) efectuada una revisi\u00f3n del plenario, se evidencia que mediante auto de 22 de febrero de 2021 el juzgado accionado se pronunci\u00f3 sobre la petici\u00f3n de acceso al expediente que el actor le elev\u00f3 el 30 de noviembre de la antepasada anualidad y estim\u00f3 que no se pod\u00eda acceder a su s\u00faplica debido al \u201ccar\u00e1cter reservado de las actuaciones mercantiles que [all\u00ed] se debaten, que entre otras cosas de conocerse las minucias del negocio jur\u00eddico que da origen al llamamiento en garant\u00eda el cual est\u00e1 enmarcado en medio de un acuerdo de confidencialidad, podr\u00edan colocar en situaci\u00f3n de desventaja al demandado frente a sus competidores en el mercado\u201d; as\u00ed mismo, en dicha providencia rese\u00f1\u00f3 que los demandantes tienen derecho a la intimidad frente a las reclamaciones que en ese proceso se discuten, \u201cque van ligadas al derecho a la intimidad y al uso de la imagen, m\u00e1xime, si se tiene en cuenta la calidad de las personas enfrentadas\u201d, por lo que le indic\u00f3 que no puede darse aplicaci\u00f3n a lo preceptuado en el art\u00edculo 123 del CGP\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, para la Sala la decisi\u00f3n no el resultado de un criterio subjetivo del accionado \u00aben raz\u00f3n a que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica que comparta o no la Sala, no la convierte en arbitraria, pues como se indic\u00f3 esta soportada en las particulares del proceso y adem\u00e1s, indic\u00f3 con claridad las razones por las cuales no puede darse observancia a lo contemplado en el art\u00edculo 123 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, evidenci\u00f3 que el actor cuenta con el mecanismo de insistencia a que alude el art\u00edculo 26 de la Ley 1755 de 2015 \u00abpara obtener el acceso al expediente que requiere, por lo que no puede pregonarse que no cuenta con otro mecanismo diferente a la presente tramitaci\u00f3n para enervar sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien se\u00f1al\u00f3 que el a quo constitucional incurri\u00f3 en un error de derecho \u00abporque se desconoce la norma aplicable (Art 123 de la Ley 1564 de 2012), pues los jueces no pueden decretar la reserva de un expediente, las causales est\u00e1n contenidas expresamente en la ley y el accionado no ha aplicado ni demostrado ninguna\u00bb. Por otro lado, insisti\u00f3 en que si las partes del proceso 2019-558 desean confidencialidad, \u00abdeben acudir a un proceso arbitral por medio de un compromiso con base en el Estatuto Arbitral (Ley 1563 de 2012) y no acudir al Juez Civil donde el expediente y todas las actuaciones gozan de publicidad\u00bb. <\/p>\n
A su turno, frente a la ausencia de interposici\u00f3n del recurso de insistencia, adujo que \u00abno estamos ante un derecho de petici\u00f3n del CPACA (Ley 1437 de 2011), sino ante un memorial dirigido a un despacho judicial, situaci\u00f3n regulada en La Ley 1564 de 2012, pues es \u201cun asunto ligado a la actuaci\u00f3n judicial\u201d (STC10154 de 2021, Sentencia del 11\/08\/2021-Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica garantiza el derecho fundamental de petici\u00f3n de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. En tal sentido, la constestaci\u00f3n emitida debe concernir con lo reclamado y ha de enterarse en el t\u00e9rmino correspondiente, sin que ello implique, el acogimiento de fondo del asunto. <\/p>\n
La esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces: (i) pronta resoluci\u00f3n, (ii) respuesta de fondo y, (iii) notificaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n al interesado. Frente al tema ha sostenido la jurisprudencia de la Corte que: <\/p>\n
\u00ab[E]l derecho de petici\u00f3n no s\u00f3lo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades; envuelve adem\u00e1s la necesidad de que se brinde una respuesta adecuada y oportuna – que no formal ni necesariamente favorable- dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad que caracteriza al Estado Social de Derecho (…) El derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. No. 00120-01, reiterada en CSJ STC4816-2019, Abr. 12 de 2019, rad. 2019-00030-01). <\/p>\n
Ahora bien, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado la improcedencia de las peticiones \u201cen la medida que las relativas al contenido propio de la litis e impulsos procesales se gobiernan por las reglas propias de cada juicio\u00bb. Aplicar\u00e1 lo anterior salvo en aquellas solicitudes \u00abque involucren aspectos de tipo administrativo, como el desarchive de un legajo, lo har\u00e1n sujetos a la normativa general del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que rige la administraci\u00f3n y, particularmente la Ley 1755 de 2015\u201d (Rad. 2020-084-01, de 26 may. De 2020). <\/p>\n
En ese orden de ideas, \u00abcuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer, si aquella solicitud concierne o no a un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva\u00bb (STC13412-2019, de 2 oct. de 2019, Rad. 2019-00022-02). <\/p>\n
2.- En el sub examine, esta Sala determinar\u00e1 si se vulneraron los derechos fundamentales del actor al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, petici\u00f3n, informaci\u00f3n y educaci\u00f3n con ocasi\u00f3n de la negativa del Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 para permitirle el acceso al expediente de radicado 2019-558. <\/p>\n
3.- Revisadas las probanzas allegadas al plenario, se observa que el actor radic\u00f3 solicitud ante el juzgado para acceder \u00abal expediente digital, o copia de la demanda y su correspondiente contestaci\u00f3n; lo cual se solicita con fines acad\u00e9micos, toda vez que actualmente soy estudiante del m\u00e1ster en derecho deportivo Internacional de la Universidad de Lleida \u2013 Espa\u00f1a\u00bb3. <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto en precedencia, se le encuentra raz\u00f3n a lo expuesto por el impugnante al considerar que no es posible aducir la ausencia del requisito de subsidiariedad al no haber interpuesto el recurso de insistencia. Ciertamente, para esta Sala la solicitud incoada por el actor corresponde a una de \u00edndole judicial, al tratarse de un requerimiento de revisi\u00f3n de un expediente digital y solicitud de copias. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01). <\/p>\n
4.- A pesar de lo anterior, no es posible acceder a la solicitud de amparo reclamada por el actor, por lo que, en todo caso, la sentencia del a quo ser\u00e1 confirmada. En efecto, la determinaci\u00f3n tomada en auto del 30 de noviembre del 2021 -dictado en audiencia- no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. Sobre el particular, el juzgado accionado, al pronunciarse sobre el memorial radicado por el se\u00f1or Cort\u00e9s Cort\u00e9s, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que no era procedente acceder a su petici\u00f3n4. <\/p>\n
Para el efecto, se asever\u00f3 que \u00abesta actuaci\u00f3n fue declarada de car\u00e1cter reservado seg\u00fan se dispuso en providencia (\u2026) de febrero 18 de 2021 y se encuentra, entre otras, en el expediente digital con el nombre \u201c35AutoResuelvePetici\u00f3n\u201d. En tal sentido, el ahora peticionario debe estar a lo ya resuelto en el proceso en la providencia de aquella fecha. Por secretar\u00eda, inf\u00f3rmese que este asunto fue declarado de car\u00e1cter reservado sin que ninguna de las partes intervinientes manifestara su oposici\u00f3n al respecto y c\u00f3piesele dicha providencia en el sentido de que debe estarse a lo all\u00ed resuelto\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed se le hizo saber al actor, a quien se le comunic\u00f3 tal decisi\u00f3n mediante oficio no. 2070 en el que le inform\u00f3 que \u00abneg\u00f3 la petici\u00f3n de acceso al expediente elevada por usted, habida cuenta que por auto de febrero 118 de 2021 se declar\u00f3 la reserva de esta actuaci\u00f3n; sin que haya existido oposici\u00f3n por las partes en contienda\u00bb5. <\/p>\n
5.- De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, am\u00e9n que se encuentra soportado en lo prescrito por el art\u00edculo 114 del C\u00f3digo General del Proceso. V\u00e9ase que dicha disposici\u00f3n consagra que \u00absalvo que exista reserva, del expediente se podr\u00e1 solicitar y obtener la expedici\u00f3n y entrega de copias\u00bb. As\u00ed pues, dado que el expediente fue declarado bajo reserva en auto del 22 de febrero del 2021, no era procedente acceder a la solicitud del actor. <\/p>\n
Bajo tales consideraciones, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
6.- Sin embargo, es de anotar que, en auto del 30 de noviembre de 2021, la convocada hab\u00eda ordenado allegar al peticionario copia de \u00abdicha providencia [la del 18 de febrero del 2021] en el sentido de que debe estarse a lo all\u00ed resuelto\u00bb. Sin embargo, no se acredit\u00f3 que tal documento hubiera sido entregado efectivamente6. A su turno, el accionante afirm\u00f3, en el tr\u00e1mite de tutela, que \u00abde las actuaciones del proceso descargadas de la pagina oficial de la rama judicial, no se vislumbra la providencia mencionada\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, s\u00f3lo en ese preciso asunto, la respuesta de la autoridad accionada no fue consecuente con el tr\u00e1mite que se hab\u00eda surtido en el respectivo procedimiento, pues desconoci\u00f3 que, desde el 30 de noviembre de 2021, se hab\u00eda autorizado la remisi\u00f3n del auto dictado el 18 de febrero del a\u00f1o anterior. <\/p>\n
7.- En lo dem\u00e1s, se confirmar\u00e1 la providencia impugnada pero por las razones aducidas en precedencia. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia impugnada. <\/p>\n
SEGUNDO. EXHORTAR al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 para que de cumplimiento a lo ordenado por el mismo Despacho en auto del 30 de noviembre del 2021. <\/p>\n
TERCERO. Comunicar lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
CUARTO. En firme el presente fallo, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 1 del PDF \u00ab03EscritoTutelaAnexo\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 5 del PDF ibidem. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 1 del PDF \u00ab03EscritoTutelaAnexo\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Minuto 0:06:046 del audio \u00ab085VideoGrabaci\u00f3nAudienciaArticulo372Receso\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1gina 5 del PDF ibidem. <\/p>\n
6\u0002 PDF \u00ab097ConstanciaEnvioOficioRespuestaPeticion\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1594-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC1594-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02818-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61269","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61269","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61269"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61269\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}