STC1603-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-01206-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Vladimir Mosquera Ram\u00edrez frente al fallo proferido el 7 de diciembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l, en nombre propio y en representaci\u00f3n del menor de edad que indica es su hijo de crianza, contra el Juzgado Veinte de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos esenciales al debido proceso, m\u00ednimo vital, \u00abde los ni\u00f1os\u00bb, incluidos el de \u00abser escuchados\u00bb, presuntamente vulnerados por el estrado acusado en el juicio reprochado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abrevocar\u00bb y \u00abdejar sin efectos\u2026 la sentencia\u2026 del 04 de noviembre del\u2026 2021\u00bb y \u00ablas medidas cautelares ordenadas\u2026, en especial el embargo del salario\u00bb; \u00abo en su defecto[,] declarar la nulidad procesal\u00bb y \u00abvincular y\/o notificar al Delegado(a) del Ministerio P\u00fablico y al Defensor(a) de Familia adscritos al Juzgado [encausado]\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el proceso ejecutivo de alimentos impulsado por Santiago y Juan Pablo Mosquera Hern\u00e1ndez contra su padre, aqu\u00ed accionante, el 10 de diciembre de 2020 el Juzgado mantuvo el embargo sobre el 35% del salario del deudor; el 19 de octubre de 2021 resolvi\u00f3 que a pesar de que el ejecutado pidi\u00f3 el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas, las documentales resultaban suficientes para resolver, por lo cual no accedi\u00f3 a aqu\u00e9llas, a las vez que dio por debida vinculados al Agente del Ministerio P\u00fablico y al defensor de Familia adscritos a esa sede judicial; y el 4 de noviembre de 2021 dict\u00f3 sentencia anticipada, en la que orden\u00f3 seguir adelante el cobro. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela el gestor cuestion\u00f3 que con esas decisiones, desconociendo los precedentes sobre la materia e incurriendo en claros defectos sustantivos y f\u00e1cticos, en especial, por la indebida valoraci\u00f3n probatoria, se vulneraron los derechos esenciales de su hijo de crianza (con cuya madre actualmente convive y tiene una relaci\u00f3n de pareja, destacando que \u00e9l solventa los gastos de los tres) y los suyos, porque tiene m\u00faltiples obligaciones econ\u00f3micas que por la aludida ejecuci\u00f3n no podr\u00e1 satisfacer, m\u00e1xime por la cautela que recae sobre su salario, el cual constituye su \u00fanico ingreso monetario; sumado a que sus hijos-ejecutantes son mayores de edad y no acreditaron su necesidad alimentaria; situaciones que no pudo demostrar adecuadamente debido a la negativa frente al decreto de pruebas y la defectuosa valoraci\u00f3n suasoria del sentenciador. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico y la Defensor\u00eda de Familia, en disfavor de su hijo de crianza, no ejercieron la debida intervenci\u00f3n a la que estaban obligados en el asunto en cuesti\u00f3n, sin que el juzgador acusado adoptara correctivo alguno al respecto; y que la madre de los ejecutantes, a diferencia de \u00e9l, cuenta con la suficiente solvencia econ\u00f3mica para cubrir los gastos de sus hijos. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Defensor de Familia Adscrito a Juzgados de la Regional Bogot\u00e1 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indic\u00f3 no observar \u00abgraves falencias por parte del operador judicial cuya manifestaci\u00f3n sea[n] incompatibles con la constituci\u00f3n y la ley, por el contrario, existe un respeto por las garant\u00edas propias del mismo, y su resoluci\u00f3n fue impuesta conforme a los hechos manifestados, sin que existiera una nulidad que afectara su correcto actuar\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00ab[e]l hecho de que no se encuentren satisfechas las pretensiones del actor no implica una violaci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb; que s\u00f3lo porque \u00e9l \u00abhaya asumido las obligaciones alimentarias de un menor propias de un hijo de crianza no implica que deba omitir el cumplimiento de los deberes legales con sus otros hijos, m\u00e1s aun cuando se halla dentro de la edad y las condiciones para seguir percibiendo la cuota alimentar\u00eda respectiva\u00bb; y que \u00ab[e]s sustancial reconocer el inter\u00e9s superior del menor, sin que esto implique la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales de las dem\u00e1s partes, ni una justificaci\u00f3n para que el obligado omita con sus deberes legales, en el suministro pleno de los medios econ\u00f3micos a todos sus hijos\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 no haber conculcado los derechos invocados, destac\u00f3 que \u00absi bien la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia permite en [esa] clase de procesos de ejecuci\u00f3n la presentaci\u00f3n de excepciones de m\u00e9rito y no solo pago y pago parcial, lo cierto es que las propuestas por el ejecutado est\u00e1n asociadas a la variaci\u00f3n de sus condiciones econ\u00f3micas y la existencia de un presunto hijo de crianza, la[s] cuales no resultan suficientes en un escenario judicial limitado a la existencia de un t\u00edtulo ejecutivo claro, expreso y exigible, ello sin perjuicio[,] como se advirti\u00f3 en la decisi\u00f3n cuestionada, [que] acuda al correspondiente proceso declarativo en donde se revise la cuota alimentaria bajo las particulares circunstancias sobrevinientes del actor constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda, por un lado, al hallar insatisfechos los presupuestos de i) subsidiariedad, en cuanto al prove\u00eddo de 19 de octubre de 2021, mediante el cual el Juzgado acusado deneg\u00f3 el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas, por cuanto frente al mismo el quejoso no formul\u00f3 ning\u00fan reparo ante el fallador natural; y ii) inmediatez, respecto del auto de 10 de diciembre de 2020, a trav\u00e9s del cual se mantuvo la cautela sobre el salario del reclamante, porque el ruego tutelar, sin justificaci\u00f3n alguna, se propuso casi un a\u00f1o despu\u00e9s de su emisi\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, al considerar que en la sentencia fustigada el estrado convocado expuso \u00abrazonadamente los fundamentos que le sirvieron de base, principalmente la vigencia del t\u00edtulo base de la obligaci\u00f3n reclamada, as\u00ed como la ausencia de elementos demostrativos del pago de la misma, como quiera que los argumentos sobre los que se sustentaron los medios exceptivos planteados por el demandado desbordan el objeto del proceso ejecutivo\u2026, an\u00e1lisis que le permiti\u00f3 concluir que\u2026 Mosquera Ram\u00edrez es deudor de las obligaciones alimentarias reclamadas y por tanto debe continuarse la ejecuci\u00f3n en su contra\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 no avizorar \u00abde qu\u00e9 manera puedan verse involucrados los intereses del menor de edad\u2026 quien refiere el accionante es su hijo de crianza, pues\u2026 el fallo\u2026 proferido por el despacho convocado se enmarca dentro de los principios de independencia y razonabilidad, am\u00e9n que si, \u2026Mosquera Ram\u00edrez estima que sobre la base del compromiso que aduce tener con el indicado menor, puede ser viable la modificaci\u00f3n o exoneraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria a su cargo y a favor de sus hijos Santiago y Juan Pablo\u2026, es necesario precisar que cuenta con la acci\u00f3n judicial dise\u00f1ada para el efecto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales, enfatiz\u00f3 que resulta contrario a la raz\u00f3n someterlo a un nuevo proceso judicial con el fin de que se resuelva la situaci\u00f3n que propuso ante el sentenciador acusado, especialmente ante su insuficiencia financiera para hacerse cargo de la cuota alimentaria pactada a favor de sus hijos ahora mayores de edad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, pero solamente por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En lo tocante con la negativa frente al decreto de las pruebas, distintas a las documentales, que solicit\u00f3 el quejoso en el juicio recriminado, as\u00ed como en lo referente a la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y la Defensor\u00eda de Familia en ese tr\u00e1mite, muy a pesar de sus alegaciones, la solicitud de resguardo carece del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, comoquiera que, ciertamente, ninguna objeci\u00f3n plante\u00f3 frente al prove\u00eddo de 19 de octubre de 2021, en el cual, por una lado, se indic\u00f3 claramente que \u00abse dio cumplimiento a lo dispuesto frente a la notificaci\u00f3n de la Defensor\u00eda de Familia y Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al despacho[,] de la iniciaci\u00f3n del proceso\u00bb; y de otra parte, se se\u00f1al\u00f3 que, \u00abaun cuando la parte demandada solicit\u00f3 el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas, lo cierto es que las documentales allegadas, resultan suficientes para resolver la controversia planteada\u00bb. <\/p>\n
Circunstancia que evidencia el descuido del accionante en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos ante el fallador natural e impide al de tutela interferir el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al particular, la Corte ha sostenido que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en cuanto a los aspectos bajo an\u00e1lisis, la protecci\u00f3n rogada no se abre paso a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, por la evidente e injustificada falta de agotamiento de los medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela. <\/p>\n
2.2.1. En efecto, en tal providencia el Juzgado acusado previamente precis\u00f3 algunas generalidades en torno a la obligaci\u00f3n alimentaria, resalt\u00f3 que el objeto de los procesos ejecutivos por alimentos, como el sometido a su escrutinio, \u00abse contrae a establecer el pago de las cuotas alimentarias cobradas, de manera que cualquier otra manifestaci\u00f3n o controversia ajena a este prop\u00f3sito no ser\u00e1 objeto de pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, encontr\u00f3 que la ejecuci\u00f3n de marras estaba v\u00e1lidamente cimentada en el acuerdo conciliatorio, actualmente vigente, al cual llegaron los padres de los ejecutantes, cuando \u00e9stos eran menores de edad, \u00abante la Comisar\u00eda de Familia de Kennedy el\u2026 (5) de noviembre de\u2026 (2014) y ante [ese] despacho judicial el\u2026 (1\u00ba) de agosto de\u2026 (2017)\u00bb. <\/p>\n
Luego, relacion\u00f3 las obligaciones establecidas en tales documentos, a cargo del accionante para con sus hijos, hoy mayores de edad, y se\u00f1al\u00f3 que aqu\u00e9llos reun\u00edan todas las exigencias del canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abpara el fin pretendido\u00bb, comoquiera que \u00abcontienen obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles de pagar determinadas sumas l\u00edquidas de dinero a cargo del\u2026 ejecutado y a favor de sus hijos[,] estableci\u00e9ndose como plena prueba en su contra\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, anot\u00f3 que aunque le correspond\u00eda al obligado \u00abacreditar la no exigibilidad de la obligaci\u00f3n a su cargo\u00bb, no lo hizo, en tanto que lo que pretendi\u00f3, inviablemente en ese tipo de juicios, fue obtener la disminuci\u00f3n o exoneraci\u00f3n de la carga alimentaria exigida. As\u00ed lo concluy\u00f3 el juzgador natural: <\/p>\n
Para enervar el mandamiento ejecutivo, \u2026Vladimir Mosquera\u2026 present\u00f3 excepciones de m\u00e9rito denominadas \u201cAfectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital, peligro de subsistencia del demandado\u201d[,] \u201cFalta de capacidad financiera del demandado y petici\u00f3n de exoneraci\u00f3n de dar alimentos a los demandantes\u201d[,] \u201cCapacidad financiera superior de la demandante\u2026\u201d[,] \u201cDesmejoramiento de condiciones econ\u00f3micas del demandado y variaci\u00f3n de su estado civil\u201d[,] \u201cInexistencia de la obligaci\u00f3n. No se encuentran probados los requisitos para que subsista la obligaci\u00f3n del demandado con relaci\u00f3n a los demandantes\u201d, excepciones que para el proceso de la referencia no son procedentes, pues en los procesos ejecutivos de alimentos, debe acreditarse por parte del ejecutado el pago de las cuotas alimentarias, si los mismos se hicieron en su totalidad (excepci\u00f3n de pago) o solo en una parte (excepci\u00f3n de pago parcial), pero la situaci\u00f3n afirmada por el ejecutado frente a su imposibilidad econ\u00f3mica para cancelar la cuota alimentaria que se fij\u00f3 a favor de sus hijos, debe alegarla dentro del proceso que considere para la revisi\u00f3n de la cuota que no es \u00e9ste. <\/p>\n
Razones por las que, en suma, observ\u00f3 no tener alternativa distinta a \u00abseguir adelante con la ejecuci\u00f3n en la forma se\u00f1alada en el art\u00edculo 440 del C\u00f3digo General del Proceso (C.G.P.)\u00bb, comoquiera que \u00abel ejecutado no cancel\u00f3 la totalidad de lo adeudado dentro del t\u00e9rmino otorgado por la ley, no propuso excepci\u00f3n de pago alguna y no acredit\u00f3 estar al d\u00eda con la obligaci\u00f3n alimentaria hasta la fecha\u00bb. <\/p>\n
2.2.2. Bajo ese contexto, es evidente la improcedencia del amparo, comoquiera que los fundamentos de la decisi\u00f3n censurada no resultan arbitrarios o caprichosos, toda vez que obedecieron a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente para el caso concreto y, contrario a lo aducido por el reclamante, al estudio conjunto de todas las pruebas recaudadas, siendo evidente que las documentales por \u00e9l referidas resultaron descartadas por impertinentes, al no estar encaminadas a demostrar la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n debida sino a obtener la disminuci\u00f3n o exoneraci\u00f3n de la cuota alimentaria a cargo del ejecutado, prop\u00f3sito para el cual, contrario a lo erradamente considerado por \u00e9l, no est\u00e1 dise\u00f1ado el proceso coercitivo auscultado; lo que era suficiente para el despacho adverso de sus excepciones de m\u00e9rito y a pesar de serle desfavorable, no resulta apto, per se, para el buen suceso de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al particular se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
2.3. Por esa l\u00ednea, en sinton\u00eda con lo adecuadamente concluido por el estrado convocado en la sentencia que viene de verse, patente es que si el tutelante, como qued\u00f3 visto, considera que variaron las circunstancias que conllevaron a la fijaci\u00f3n de los alimentos en favor de sus hijos Santiago y Juan Pablo (quienes son sus ejecutantes mas no la madre de \u00e9stos, como erradamente lo se\u00f1ala el quejoso), bien sea porque resultan excesivos, ante la existencia de otros beneficiarios de ese mismo tipo de obligaci\u00f3n, o en raz\u00f3n de que ya no est\u00e1n presentes los elementos necesarios para continuar con su pago, el actor tiene a su alcance las acciones de revisi\u00f3n o exoneraci\u00f3n de dicha carga, siendo esos los escenarios propicios para debatir dichas cuestiones, de los cuales, como lo reconoce el impugnante, no ha hecho uso. <\/p>\n
Lo cual tambi\u00e9n configura la causal de improcedencia del ruego tutelar que contempla el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al contar el censor con esas otras herramientas para procurar remediar la situaci\u00f3n planteada en sede constitucional, incluida la eventual declaraci\u00f3n de su obligaci\u00f3n alimentaria a favor del que refiere como su hijo de crianza, no es posible acceder a sus s\u00faplicas, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de los medios o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental, \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
2.4. Dejando claro que la ausencia de los anteriores presupuestos, muy a pesar de las alegaciones del accionante, impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su conocimiento, pertinente es agregar que aunque tambi\u00e9n adujo promover la salvaguarda en favor de los derechos esenciales del menor de edad que, refiere, es su hijo de crianza, como sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, lo cierto es que en el caso concreto no se advierte la presencia de una circunstancia urgente que imponga al juzgador constitucional una ponderaci\u00f3n excepcional, que lo lleve a pasar por alto los presupuestos de procedibilidad atr\u00e1s anotados, por cuanto no se vislumbra la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas del ni\u00f1o involucrado, en tanto que el embargo dispuesto sobre la asignaci\u00f3n salarial del quejoso recae apenas sobre el 35% de la misma, evidenci\u00e1ndose que esa medida se ajusta, en un todo, al l\u00edmite contemplado en el canon 130 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, en concordancia con el precepto 156 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, especialmente en cuanto a los se\u00f1alamientos del opugnante frente al Agente del Ministerio P\u00fablico y el Defensor de Familia por su aparente inercia injustificada en el juicio criticado, as\u00ed como a la aducida omisi\u00f3n del juzgador encausado respecto a adoptar medidas frente al particular; si el inconforme considera que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido tales autoridades o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, dej\u00f3 dicho esta Corte que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Las anteriores razones imponen respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1603-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-01206-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Vladimir Mosquera Ram\u00edrez frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61274","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61274","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61274"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61274\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61274"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61274"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61274"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}