{"id":61277,"date":"2024-05-20T20:58:14","date_gmt":"2024-05-20T20:58:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc1607-2022\/"},"modified":"2024-05-20T20:58:14","modified_gmt":"2024-05-20T20:58:14","slug":"stc1607-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc1607-2022\/","title":{"rendered":"STC1607 2022"},"content":{"rendered":"<p>STC1607-2022<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;Ponente &nbsp;<\/p>\n<p>STC1607-2022 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00b0 23001-22-14-000-2021-00247-01 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil &nbsp;veintid\u00f3s) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia &nbsp;proferida el 9 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral &nbsp;del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, que &nbsp;deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Coosalud &nbsp;Entidad Promotora de Salud S.A. contra la E.S.E Camu Cornelio &nbsp;Valdelamar Pe\u00f1a. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la &nbsp;Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad &nbsp;Social en Salud \u2013Adres, a la Procuradur\u00eda General de la &nbsp;Naci\u00f3n, la Red Nacional de Veedur\u00edas, la Fiscal\u00eda &nbsp;General de la Naci\u00f3n \u2013Seccional C\u00f3rdoba- y a los &nbsp;bancos GNB Sudameris SA, Agrario de Colombia y Bancolombia. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>I. ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;La promotora reclam\u00f3 &nbsp;la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales &nbsp;a la vida, salud, seguridad social y debido proceso de la poblaci\u00f3n &nbsp;pobre y vulnerable perteneciente a los niveles I, II y III del Sisb\u00e9n &nbsp;y afiliados en movilidad, presuntamente vulnerados por la entidad &nbsp;accionada en el proceso de cobro coactivo que \u00e9sta inici\u00f3 &nbsp;en su contra. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;En sustento de su queja, expuso que, seg\u00fan la Ley 1751 de &nbsp;2015, \u00abLos &nbsp;recursos P\u00fablicos que financian la Salud son INEMBARGABLES [y] &nbsp;tienen destinaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb, &nbsp;enfatizando en la existencia de leyes, jurisprudencia y circulares &nbsp;que \u00abproh\u00edben &nbsp;la embargabilidad\u00bb &nbsp;de &nbsp;estos. &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. &nbsp;Adujo que, para efectos de manejar los recursos del sistema de salud, &nbsp;abri\u00f3 en el banco GNB Sudameris unas cuentas maestras, pero &nbsp;dichos dineros \u00abno &nbsp;pertenecen al patrimonio de COOSALUD EPS, sino que son recursos &nbsp;inembargables del Sistema de Salud y est\u00e1n destinados al &nbsp;proceso de compensaci\u00f3n que efect\u00faa la Administradora &nbsp;de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud &nbsp;\u2013ADRES\u2013, mediante el cual se viabiliza la operaci\u00f3n &nbsp;de la EPS y la efectiva prestaci\u00f3n del servicio a todos los &nbsp;afiliados\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2. &nbsp;La E.S.E Camu Cornelio Valdelamar Pe\u00f1a inici\u00f3 en su &nbsp;contra un tr\u00e1mite administrativo de cobro coactivo, por un &nbsp;valor de $609.592.361 y procedi\u00f3 a \u00abexpedir &nbsp;medidas de embargo desconociendo que se encuentran amparados bajo el &nbsp;principio de inembargabilidad, y la naturaleza jur\u00eddica de los &nbsp;recursos del SGP depositados en las cuentas maestras de COOSALUD &nbsp;EPS\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2.3. &nbsp;Con base en ello se constituyeron unos \u00abdep\u00f3sitos &nbsp;judiciales sobre recursos de NATURALEZA INEMBARGABLE, que est\u00e1n &nbsp;depositados en las cuentas maestras donde es administrador la ADRES\u00bb &nbsp;y, posteriormente, se profiri\u00f3 \u00abRESOLUCI\u00d3N &nbsp;QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCI\u00d3N y en la que se &nbsp;desconocen injustificadamente todas las excepciones propuestas y &nbsp;sustentadas probatoriamente dentro del proceso coactivo que nos &nbsp;ocupa, bajo el falso argumento de no haber sido presentadas dentro &nbsp;del t\u00e9rmino\u00bb, &nbsp;circunstancia que, en su sentir, \u00abconfirma &nbsp;el estado de indefensi\u00f3n en que se encuentra\u00bb &nbsp;y el motivo por el cual \u00ablas &nbsp;acciones judiciales alternativas devienen ineficaces\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2.4. &nbsp;En ese sentido precis\u00f3 que, aunque existen \u00abmecanismos &nbsp;eficaces e id\u00f3neos en la justicia ordinaria para oponerse al &nbsp;inicio y prosecuci\u00f3n del proceso coactivo iniciado por las &nbsp;ESE\u00bb, &nbsp;la tutela es procedente, porque con las medidas adoptadas se ven &nbsp;afectados los recursos del Sistema General de Participaciones y se &nbsp;causa un perjuicio inminente en las garant\u00edas fundamentales de &nbsp;la poblaci\u00f3n afiliada a la E.P.S. &nbsp;<\/p>\n<p>3. De &nbsp;conformidad con lo expuesto, solicit\u00f3 que se ordene a la E.S.E &nbsp;Camu Cornelio Valdelamar Pe\u00f1a \u00ababstenerse &nbsp;de cobrar los dep\u00f3sitos judiciales y proceda a revocar las &nbsp;medidas de embargo sobre los recursos destinados al aseguramiento en &nbsp;salud del SGSSS\u00bb. &nbsp;En cuanto a las entidades bancarias, requiri\u00f3 que se disponga &nbsp;el desbloqueo y levantamiento inmediato de \u00ablos &nbsp;recursos financieros y parafiscales de salud retenidos de las cuentas &nbsp;depositarias de recursos inembargables\u00bb &nbsp;y, respecto del Banco Agrario de Colombia, pidi\u00f3 que \u00abse &nbsp;abstenga y se inhiba de realizar la entrega y pagar t\u00edtulos de &nbsp;dep\u00f3sito judicial a cualquiera de los ejecutantes y\/o sus &nbsp;apoderados en el proceso de jurisdicci\u00f3n coactiva promovidos &nbsp;por la ESE CAMU CORNELIO VALDELAMAR PE\u00d1A\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad &nbsp;Social en Salud \u2013ADRES aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n &nbsp;en la causa por pasiva e inst\u00f3 conceder la protecci\u00f3n &nbsp;constitucional invocada, pues la E.S.E. Camu Cornelio Valdelamar Pe\u00f1a &nbsp;carec\u00eda de competencia para adelantar el proceso de cobro &nbsp;coactivo. &nbsp;<\/p>\n<p>2. La &nbsp;Direcci\u00f3n Seccional de la Fiscal\u00eda de C\u00f3rdoba &nbsp;reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite &nbsp;constitucional, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por &nbsp;pasiva. &nbsp;<\/p>\n<p>3. La &nbsp;Procuradur\u00eda 2 Judicial II de Asuntos Civiles1 &nbsp;arguy\u00f3 que \u00abla &nbsp;entidad accionada no puede decretar caprichosa y arbitrariamente una &nbsp;medida de embargo sobre las cuentas maestras de esta entidad, dado &nbsp;que afectan directamente los derechos fundamentales de los afiliados &nbsp;que de ella dependen, por lo que le solicito a su se\u00f1or\u00eda, &nbsp;con el debido respeto, adoptar las medidas e impartir las \u00f3rdenes &nbsp;necesarias para garantizar el restablecimiento de los derechos &nbsp;afectados con la medida de embargo improcedente impuesta sobre las &nbsp;cuentas maestras de la entidad que dificulta la prestaci\u00f3n del &nbsp;servicio a sus afiliados\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>III. LA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SENTENCIA IMPUGNADA &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito &nbsp;Judicial de Monter\u00eda neg\u00f3, por improcedente, la &nbsp;salvaguarda pretendida, al considerar que \u00abla &nbsp;acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para &nbsp;controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos en &nbsp;su contra al interior del citado proceso de cobro coactivo, pues &nbsp;estos deben discutirse ante la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa &nbsp;Administrativa\u00bb. &nbsp;En cuanto a los embargos, agreg\u00f3 que solo obraba un oficio &nbsp;dirigido a Bancolombia referente al proceso de cobro coactivo, pero &nbsp;no se acredit\u00f3 la existencia de otros embargos en las cuentas &nbsp;bancarias a que hace referencia la accionante; adem\u00e1s, no se &nbsp;demostr\u00f3 requerimiento de embargo dirigido al Banco Agrario. &nbsp;<\/p>\n<p>Asimismo, &nbsp;concluy\u00f3 que no &nbsp;\u00abencuentra &nbsp;la Sala acreditado en el expediente que a lo largo del proceso &nbsp;administrativo de cobro coactivo la accionante haya acudido a los &nbsp;mecanismos dispuestos por la ley, dentro del mismo proceso, en aras &nbsp;de defender los derechos que considera conculcados\u2026\u00bb &nbsp;y tampoco se prob\u00f3 la existencia del perjuicio irremediable. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>IV. LA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;IMPUGNACI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;formul\u00f3 la entidad promotora, reiterando los argumentos &nbsp;expuestos en el escrito inicial y resaltando que \u00abla &nbsp;medida de embargo decretada por la ESE CAMU CORNELIO VALDELAMAR PE\u00d1A &nbsp;sobre las cuentas maestras de COOSALUD EPS S.A., es una actuaci\u00f3n &nbsp;ilegal y arbitraria que afecta el debido proceso de mi prohijada y &nbsp;que afecta negativamente en la prestaci\u00f3n de servicios de &nbsp;salud requeridos por nuestra poblaci\u00f3n afiliada\u00bb. &nbsp;Adicionalmente, adujo que las empresas sociales del Estado no tienen &nbsp;\u00abfacultad &nbsp;coactiva para adelantar procesos de esta naturaleza\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>V. CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. En &nbsp;el sub &nbsp;examine, &nbsp;la accionante alega la vulneraci\u00f3n de sus derechos y los de &nbsp;sus afiliados por parte de la E.S.E Camu Cornelio Valdelamar Pe\u00f1a, &nbsp;con ocasi\u00f3n de las decisiones emitidas en el proceso de cobro &nbsp;coactivo adelantado en su contra, tr\u00e1mite en el que se dispuso &nbsp;el embargo y retenci\u00f3n de los dineros depositados en sus &nbsp;cuentas, los cuales, afirm\u00f3, tienen el car\u00e1cter de &nbsp;inembargables. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Pues bien, del an\u00e1lisis de las \u00fanicas evidencias &nbsp;allegadas a este proceso, esto es, el escrito de tutela, la copia de &nbsp;la denuncia penal y ampliaci\u00f3n realizadas por Coosalud EPS &nbsp;S.A., las Circulares de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica &nbsp;y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el oficio &nbsp;dirigido al Gerente de Bancolombia por la E.S.E Camu Cornelio &nbsp;Valdelamar Pe\u00f1a, la resoluci\u00f3n de embargo y retenci\u00f3n &nbsp;0004 del 21 de julio de 2021 expedida por la citada E.S.E. y la queja &nbsp;disciplinaria dirigida a la Procuradur\u00eda, se extrae que la &nbsp;E.S.E. en menci\u00f3n inici\u00f3 un proceso administrativo de &nbsp;cobro coactivo contra Coosalud EPS S.A., con fundamento en las &nbsp;resoluciones que ordenaron la liquidaci\u00f3n unilateral de unos &nbsp;contratos celebrados entre las partes. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;consecuencia, mediante Resoluci\u00f3n 0003 del 21 de julio de &nbsp;2021, se \u00ablibr\u00f3 &nbsp;mandamiento de pago en contra de COOSALUD EPS S.A por cuant\u00eda &nbsp;de \u2018SEISCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL &nbsp;TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS\u2019 $609.592.361\u00bb, &nbsp;decisi\u00f3n frente a la cual, seg\u00fan la tutelante, \u00abse &nbsp;presentaron EXCEPCIONES DE MERITO (\u2026) advirtiendo entre otros &nbsp;argumentos de defensa, la vulneraci\u00f3n flagrante al debido &nbsp;proceso por la falta de jurisdicci\u00f3n y falta de competencia &nbsp;del funcionario, para invocar la acci\u00f3n de cobro coactivo a &nbsp;favor de la entidad p\u00fablica\u00bb; &nbsp;no obstante, aduce la promotora, que fueron resueltas &nbsp;\u00abdesfavorablemente &nbsp;mediante &nbsp;RESOLUCI\u00d3N 0006 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2021, se\u00f1alando &nbsp;errantemente el funcionario ejecutor, que luego de transcurrir el &nbsp;termino previsto en el art\u00edculo 831 ET, COOSALUD EPS no &nbsp;present\u00f3 excepciones, ordenando seguir adelante con la &nbsp;ejecuci\u00f3n\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>3. Al &nbsp;respecto, debe indicarse que, de los elementos de juicio aportados a &nbsp;esta instancia, no se encuentra acreditado que la aqu\u00ed &nbsp;accionante hubiese ejercido los mecanismos de defensa procedentes en &nbsp;el tr\u00e1mite respectivo, toda vez que, aunque sostuvo que &nbsp;present\u00f3 excepciones oportunamente, no hay evidencia de ello &nbsp;y, por el contrario, afirm\u00f3 que la autoridad dijo que no se &nbsp;formularon, lo cual torna improcedente la tutela, dado el car\u00e1cter &nbsp;subsidiario y residual de este resguardo excepcional. &nbsp;<\/p>\n<p>3.1. &nbsp;Asimismo, se extrae que el t\u00edtulo ejecutivo est\u00e1 &nbsp;contenido en un acto administrativo y que en el tr\u00e1mite &nbsp;coactivo ya se dict\u00f3 la orden de seguir adelante con la &nbsp;ejecuci\u00f3n, por lo que dichas determinaciones deben ser &nbsp;cuestionadas ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa, bajo los medios &nbsp;de control pertinentes, siendo procedente solicitar en el respectivo &nbsp;juicio la adopci\u00f3n de medidas cautelares, acorde con lo &nbsp;previsto en la Ley 1437 de 2011, por lo que la gestora cuenta con &nbsp;otro mecanismo de defensa, en el que, seg\u00fan el caso, se pueden &nbsp;adoptar acciones inmediatas de protecci\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>3.2. &nbsp;De lo narrado, esta Sala concluye la improcedencia del amparo, dado &nbsp;que no se acredit\u00f3 el uso de los instrumentos de defensa &nbsp;previstos en el respectivo proceso y que la actora cuenta con otro &nbsp;medio defensa para reclamar lo pretendido. &nbsp;<\/p>\n<p>3.3. &nbsp;Sobre el particular, la Sala ha establecido que, trat\u00e1ndose de &nbsp;procesos coactivos, lo procedente es presentar oportunamente las &nbsp;excepciones correspondientes \u00aby, &nbsp;de &nbsp;serle desfavorable la decisi\u00f3n que las defina, puede promover, &nbsp;si cumple los presupuestos, el medio de control de nulidad y &nbsp;restablecimiento del derecho, establecido en la regla 138 de la Ley &nbsp;1437 de 2011, ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso &nbsp;administrativo. En &nbsp;estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de &nbsp;improcedencia contenida en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 &nbsp;de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba &nbsp;del Decreto 2591 de 1991\u2026\u00bb &nbsp;(STC2121-2021, &nbsp;expediente 2021-00021-01). &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;esos mismos t\u00e9rminos, la jurisprudencia ha considerado, frente &nbsp;a las decisiones adoptadas en juicios coactivos, que \u00ablas &nbsp;controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, &nbsp;ya sean generales, impersonales y abstractos ora particulares y &nbsp;concretos, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n &nbsp;correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello &nbsp;dispuestos (\u2026) m\u00e1xime &nbsp;cuando ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo &nbsp;pudo o puede pedir en el proceso correspondiente, seg\u00fan &nbsp;corresponda, la suspensi\u00f3n provisional de las actuaciones &nbsp;criticadas o cualquier otra medida cautelar permitida por la ley, y &nbsp;allegar elementos demostrativos para acreditar las razones por las &nbsp;cuales su petici\u00f3n debe ser atendida\u2026\u00bb &nbsp;(STC3518-2021, &nbsp;expediente 2021-00907-01). &nbsp;<\/p>\n<p>4. En &nbsp;lo relativo al alegado perjuicio irremediable, de los soportes &nbsp;aportados, concluye la Sala que no se puede establecer su causaci\u00f3n &nbsp;y, en todo caso, lo procedente es acudir a los medios de defensa &nbsp;previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para obtener las medidas &nbsp;expeditas reclamadas. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>VI. DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte &nbsp;Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica &nbsp;y por mandato de la ley, CONFIRMA &nbsp;la &nbsp;sentencia impugnada. &nbsp;<\/p>\n<p>Comun\u00edquese &nbsp;lo aqu\u00ed resuelto a los interesados en la forma prevista por el &nbsp;art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase &nbsp;el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE &nbsp;Y C\u00daMPLASE &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente &nbsp;de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>\u00c1LVARO &nbsp;FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>(Ausencia &nbsp;Justificada) &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>(Ausencia &nbsp;Justificada) &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>1\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Recibido el &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;16 de noviembre de 2021. &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC1607-2022 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp; Magistrado &nbsp;Ponente &nbsp; STC1607-2022 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00b0 23001-22-14-000-2021-00247-01 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil &nbsp;veintid\u00f3s) &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp; La &nbsp;Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia &nbsp;proferida el [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61277","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61277","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61277"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61277\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61277"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61277"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61277"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}