STC1615-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1615-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2021-00613-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de enero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que Susana Carolina G\u00f3mez Arias le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de Medell\u00edn -, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo censurado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, trabajo y a no ser juzgada dos veces por los mismos hechos\u00bb, para que se ordenara \u00abdejar sin efectos las decisiones contenidas en el acta 202102027257 del 11 de noviembre de 2021 mediante el cual se [le] impuso una sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de Medell\u00edn – dentro del proceso liquidatorio de la Sociedad Constructora Escalares S.A.S., \u00ababri\u00f3 en su contra incidente sancionatorio como apoderada de Sol Katherine Aristiz\u00e1bal, Juan Guillermo Mej\u00eda \u00c1ngel, Gloria Patricia Calle Torres y Adarmenia Isabel Ortiz Diaz por un posible hecho disciplinario, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 5.5. de la Ley 1116 de 2006\u00bb y, luego, en audiencia le impuso multa de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente por \u00abir en contrav\u00eda de lo establecido en la ley 1116 de 2006 afectando los principios de universalidad y negociabilidad por pretender imponer un laudo arbitral que si bien es cierto es legal, no es posible su ejecuci\u00f3n a favor de los acreedores que representa, los cuales se encuentran en quinta clase, postergados\u00bb (11 nov. 2021), decisi\u00f3n que mantuvo \u00abpese a que interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En su criterio, con tal determinaci\u00f3n se lesionaron sus garant\u00edas, puesto que \u00abla accionada dio aplicaci\u00f3n de manera indebida a sus facultades, desbordando el orden constitucional y el principio de legalidad, dado que le imput\u00f3 como abogada una carga por el no cumplimiento de una obligaci\u00f3n en la cual no [es] sujeto pasivo, s\u00f3lo [es] la apoderada de las personas a las cuales vincul\u00f3 el laudo de arbitramento del 10 de septiembre de 2020 que declar\u00f3 la resoluci\u00f3n de los contratos de promesa de compraventa por el incumplimiento de la Constructora Escalares S.A.S. y orden\u00f3 restituir unas sumas de dinero a favor de sus poderdantes y est\u00e1 represent\u00e1ndolos ahora en un proceso de liquidaci\u00f3n de esa misma sociedad, \u00f3sea se [le] sanciona por dar concepto a sus clientes que se debe cumplir con el laudo del Tribunal de Arbitramento que los obliga a restituir los apartamentos pero una vez que la sociedad les reintegre los valores que pagaron por ellos, lo cual no ha ocurrido, orden que fue dirigida a sus clientes no a [ella] como abogada, sin tener la oportunidad de [defenderse] de manera efectiva, puesto que, desde antes de iniciar el incidente, se hab\u00eda determinado que era para [sancionarla]\u00bb. <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Sociedades defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado y se opuso al ruego, dado que \u00abfue la renuencia de la apoderada a respetar las normas que rigen el proceso de insolvencia, pues pretend\u00eda la imposici\u00f3n del laudo arbitral por encima de los lineamientos de la Ley 1116 de 2006 y las ordenes emitidas por el despacho que conllev\u00f3 a que en virtud de los poderes de ordenaci\u00f3n, instrucci\u00f3n y correccionales que le han sido otorgados por el legislador, ordenara, por una parte, la compulsa de copias ante el Consejo Seccional de la Judicatura para que investigue la posible concurrencia de hechos disciplinables y por otra la apertura del incidente para imposici\u00f3n de multa por parte de [esa] Entidad, decisiones que se encuentran debidamente soportadas\u00bb. <\/p>\n
La Constructora Escalares S.A.S. en liquidaci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00abla accionante ha insistido en no restituir los bienes que hacen parte del patrimonio liquidable de la sociedad, con el argumento de que hay una condici\u00f3n suspensiva decretada por el Tribunal de Arbitramento desconociendo las prescripciones de art. 7 de la Ley 1116 de 2006 y es precisamente la falta de conocimiento de la accionante que ha generado todo este conflicto, pues ella al desconocer el estatuto concursal que afecta la prenda general de los acreedores en concomitancia con el principio de universalidad concursal pretende que se le pague a los acreedores de quinta clase que ella representa antes de que se atiendan las obligaciones de la cuatro clases anteriores, lo cual no es viable\u00bb. <\/p>\n
Juan Guillermo Mej\u00eda \u00c1ngel, Gloria Patricia Calle Torres y Adarmenia Isabel Ortiz Diaz expresaron que \u00aben diversas oportunidades le han solicitado a su abogada ahora accionante la devoluci\u00f3n de los apartamentos, sin que sea ella la obligada a su restituci\u00f3n, lo cual no suceder\u00e1 hasta que se les cancele el dinero que la Constructora Escalares S.A.S., les adeuda\u00bb. <\/p>\n
Patricia Orejuela Manso indic\u00f3 que \u00aben un principio [consider\u00f3] la posibilidad de acudir al Tribunal de Arbitramento con la finalidad de hacer valer sus derechos como acreedora por el incumplimiento de la Constructora Escalares S.A.S., pero como no estaba interesada en que el contrato de compraventa se resolviera, sino que se efect\u00fae la entrega real del apartamento que cancel\u00f3, se suscriba la escritura de compraventa y se inscriba en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, opt\u00f3 por exigir sus derechos dentro del proceso de liquidaci\u00f3n que cursa ante la Superintendencia de Sociedades\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 el auxilio argumentando que \u00abanalizada la actuaci\u00f3n desplegada por la accionada, se advierte que el an\u00e1lisis realizado en la decisi\u00f3n que impuso sanci\u00f3n a la accionante no se incurri\u00f3 en un proceder contrario al ordenamiento jur\u00eddico, pues lo esbozado se encuentra edificado en argumentaciones que no resultan caprichosas, sin embargo, se avizora que la tutelante al momento de d\u00e1rsele la palabra para interponer el recurso de ley, expresamente dijo que interpon\u00eda reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, pronunci\u00e1ndose s\u00f3lo el juez del concurso frente al primero y sin decir nada sobre el de apelaci\u00f3n, vulner\u00e1ndose con ello su derecho al debido proceso y a la doble instancia (art\u00edculo 8 de la Ley 1116 de 2006) m\u00e1xime que se trata de una sanci\u00f3n pecuniaria\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, mand\u00f3 a la querellada, que \u00abconvoque nuevamente a audiencia dentro del incidente que se tramit\u00f3 en el proceso liquidatorio de la sociedad Constructora Escalares S.A.S. y decida sobre la concesi\u00f3n o no del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto de la manera subsidiaria por la accionante, dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles contados a partir de la notificaci\u00f3n de [esa] providencia\u00bb. <\/p>\n
Replic\u00f3 el Intendente Regional de Medell\u00edn de la Superintendencia de Sociedades porque, \u00abno [act\u00fao] de manera subjetiva o basado en argumentos sin sustento, por el contrario, el fallo aqu\u00ed cuestionado del Tribunal no evalu\u00f3 todos los fundamentos expuestos que le eran aplicable al caso concreto, dentro de los cuales se encontraban las providencias resueltas al interior de la audiencia y respecto de las cuales, s\u00f3lo procede el recurso de reposici\u00f3n, al ser procesos de \u00fanica instancia, como as\u00ed lo estableci\u00f3 el art\u00edculo 24, par\u00e1grafo 5 de la Ley 1564 de 2012 en armon\u00eda con el art\u00edculo 6 de la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La revisi\u00f3n del \u00abescrito de tutela\u00bb y la documental anexa al paginario permiten a la Corte concluir que el proceder refutado, constituye un \u00abdefecto\u00bb que torna procedente la salvaguarda que a trav\u00e9s de esta v\u00eda se reclama, al \u00abincurrirse en defecto procedimental absoluto\u00bb, circunstancia que devino en la vulneraci\u00f3n de las \u00abprerrogativas superiores invocadas\u00bb por la gestora. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, por cuanto de lo acontecido en la audiencia adelantada por el Intendente Regional de Medell\u00edn el 11 de noviembre de 2021, se observa que una vez reanudada la misma en el minuto 01:14, momento en que se \u00abimpone multa de 25,0227 UVT (1 salario m\u00ednimo legal mensual vigente) en contra de la apoderada Susana Carolina G\u00f3mez Arias\u00bb por \u00abir en contrav\u00eda de los postulados establecidos en la ley especial, esto es, la ley 1116 de 2006 afectando los principios de universalidad y negociabilidad por pretender imponer un laudo arbitral que si bien es cierto es legal no es posible su ejecuci\u00f3n a favor de los acreedores de quinta clase, postergados (\u2026)\u00bb, la memorialista propuso contra esa resoluci\u00f3n \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb (minuto 3:20), soportados esencialmente en que \u00abno es el sujeto pasivo, no [es] la titular ni la propietaria de los inmuebles a restituir, lo que est\u00e1 haciendo es ejercer [su] profesi\u00f3n, la obligaci\u00f3n no es suya es de sus poderdantes, por tanto no se le puede sancionar por eso\u00bb, pronunci\u00e1ndose el funcionario \u00fanicamente en torno al recurso de reposici\u00f3n, en el sentido de \u00abconfirmar y dar por ejecutoriado y en firme lo resuelto\u00bb (18:22 minutos), sin hacer menci\u00f3n a la alzada que tambi\u00e9n fue oportunamente formulada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se evidencia que la Superintendencia con dicha omisi\u00f3n, afect\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb de la actora, conforme lo exterioriz\u00f3 el a quo constitucional, como quiera que, en torno a este punto en concreto, no pod\u00eda dejar de resolver, teniendo en cuenta adem\u00e1s que si bien la Ley 1116 de 2006 instituye que este tipo de litigios es de \u00fanica instancia (par\u00e1grafo 1\u00b0, art\u00edculo 6), tambi\u00e9n lo es que en el canon 8\u00b0 de esa misma normativa expresa que frente a incidentes y actos de tr\u00e1mite, \u00abLas cuestiones accesorias que se susciten en el curso del proceso de insolvencia se resolver\u00e1n siguiendo el procedimiento previsto en los art\u00edculos 135 a 139 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, [debi\u00e9ndose entender que hoy se encuentra vigente es el C\u00f3digo General del Proceso]\u00bb disposici\u00f3n que debi\u00f3 ser tenida en cuenta para resolver el \u00abrecurso vertical\u00bb promovido por G\u00f3mez Arias, en vista que se discute una sanci\u00f3n impuesta en el tr\u00e1mite incidental suscitado en la liquidaci\u00f3n judicial de la Constructora Escalares S.A.S., el cual se halla en curso. <\/p>\n
Al respecto, en un caso examinado por esta Sala, donde se alegaba la afectaci\u00f3n de prerrogativas fundamentales por la Superintendencia de Sociedades, \u00abal resolver el incidente de ineficacia concursal planteado dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb se advirti\u00f3, <\/p>\n
\u00abLa ac\u00e1 accionante deb\u00eda ser consciente que en el proceso de liquidaci\u00f3n que se adelanta, las cuestiones accesorias se resuelven por v\u00eda incidental, no s\u00f3lo porque as\u00ed lo consagran los ordenamientos procedimentales, sino tambi\u00e9n porque el mismo auto, provocado por la controversia que se suscit\u00f3 entre la quejosa y el liquidador, advirti\u00f3 cu\u00e1l ser\u00eda el procedimiento aplicable al tenor de la disposici\u00f3n legal rigente para el asunto en el que ambas empresas se encontraban inmersas en discusi\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
El procedimiento del incidente de ineficacia de estipulaciones contractuales como cualquier otro que se suscite en los procesos sometidos a la ley 1126 de 2006, debe observar lo que esa misma norma dice en su art\u00edculo 8\u00ba: \u00abLas cuestiones accesorias que se susciten en el curso del proceso de insolvencia se resolver\u00e1n siguiendo el procedimiento previsto en los art\u00edculos 135 a 139 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que, en los antecedentes del auto del 8 de octubre de 2015, la Superintendencia dej\u00f3 constancia en el sentido que el representante legal de la ac\u00e1 actora, ante la solicitud del liquidador para que se realizara la cuestionada devoluci\u00f3n de dineros, el 16 de septiembre de 2015 solicit\u00f3 que emitiera \u00abconcepto\u00bb sobre el destino de los aportes sociales realizados por la concursada en Petrocoop, lo cual supone que deb\u00eda estar atenta al pronunciamiento que habr\u00eda de darse. <\/p>\n
5. Significa lo hasta ac\u00e1 discurrido, que como el tr\u00e1mite admisible era el incidental consagrado en los art\u00edculos 135 a 139 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para cuando se produjo la actuaci\u00f3n cuestionada, no hab\u00eda lugar a que la parte incidentada fuese notificada personalmente del auto que lo decidi\u00f3. En esas condiciones, carece de asidero jur\u00eddico la aseveraci\u00f3n de la accionante en cuanto a que hubo violaci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, por carencia de publicidad al auto que resolvi\u00f3 el incidente de ineficacia contractual, pues \u00e9sta se dio mediante anotaci\u00f3n por estado (art\u00edculo 321 ib\u00eddem). <\/p>\n
6.- Puestas as\u00ed las cosas, la Sala concluye que la Cooperativa Petrocoop, quien fue notificada en legal forma, dada la anotaci\u00f3n en estados que est\u00e1 prevista para esa clase de decisiones seg\u00fan el Estatuto Procesal Civil, pudo haber recurrido el auto del 5 de febrero de 2016, de cuyos efectos se duele y del cual pretende su revocatoria por v\u00eda constitucional, y no lo hizo\u00bb (STC7185-2016). <\/p>\n
2.- De manera que, el no solventar \u00abel recurso de apelaci\u00f3n formulado de manera subsidiaria\u00bb, el funcionario cuestionado quebrant\u00f3 los atributos esenciales de la tutelante, por lo que hab\u00eda lugar a conceder el amparo solicitado, como en efecto aconteci\u00f3. <\/p>\n
3.- Corolario de lo reflexionado, se impone la convalidaci\u00f3n del prove\u00eddo fustigado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1615-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC1615-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2021-00613-02 (Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de enero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61284","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61284"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61284\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}