STC1618-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1618-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00680-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la propiedad privada, al trabajo, a una vida digna, a la igualdad y al m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. Rosa Mar\u00eda Casadiego Sayago formul\u00f3 demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial en contra de Jos\u00e9 Domingo Vargas, que fue admitida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Barrancabermeja el 13 de diciembre de 20001. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia del 27 de septiembre de 20062, la autoridad judicial aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes3, en la que, entre otras partidas, se adjudic\u00f3 a cada uno de los excompa\u00f1eros el 50% sobre la propiedad de la volqueta de placas CAH 331, medida que se orden\u00f3 inscribir en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y en la Direcci\u00f3n de Circulaci\u00f3n de Tr\u00e1nsito, libr\u00e1ndose los oficios correspondientes. <\/p>\n
2.3. El 19 de octubre de 20074, el jefe de Matr\u00edculas de la Direcci\u00f3n de Tr\u00e1nsito y Transporte de Floridablanca pidi\u00f3 un concepto al juez cognoscente acerca del cumplimiento de la inscripci\u00f3n de la sentencia, indicando al Despacho que el se\u00f1or Jos\u00e9 Domingo Vargas hab\u00eda transferido la propiedad del veh\u00edculo el 21 de mayo de 1999. El 16 de noviembre de 20075, el Juzgado se pronunci\u00f3 ordenando su inscripci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El tutelante se\u00f1al\u00f3 que no ten\u00eda conocimiento del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial y que, en el 2018, cuando pretend\u00eda enajenar el automotor, se enter\u00f3 de la inscripci\u00f3n de la sentencia emitida en el referido tr\u00e1mite, por lo que otorg\u00f3 poder a una abogada, quien, mediante escritos de 15 de mayo6 y de 25 de octubre de 20187, puso en conocimiento del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Barrancabermeja su situaci\u00f3n y solicit\u00f3 la correcci\u00f3n del yerro, peticiones que fueron negadas, mediante providencias de 22 de mayo8 y de 1 de noviembre de ese mismo a\u00f1o9. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con lo anterior, el actor manifest\u00f3 que \u00abEl juez segundo promiscuo de familia de Barrancabermeja, con esta decisi\u00f3n ha afectado mi derecho a la propiedad privada, porque aunque tengo la posesi\u00f3n del veh\u00edculo no he podido ejercer el uso, goce ni mucho menos disponer del mismo\u00bb; adem\u00e1s, incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, por haber ordenado la inscripci\u00f3n de la sentencia, haciendo caso omiso de la situaci\u00f3n advertida por la Direcci\u00f3n de Tr\u00e1nsito y Transporte de Floridablanca. <\/p>\n
A su vez, adujo que \u00abno era parte del proceso y tampoco ten\u00eda porque estar enterado del desarrollo del mismo\u00bb y que desde que se percat\u00f3 de la situaci\u00f3n \u00abno he podido disponer del bien con la seguridad y certeza jur\u00eddica que lo har\u00eda una persona que ostenta la propiedad de la cosa que adquiri\u00f3 legalmente\u00bb, destacando que hubo \u00abla mala fe de la demandada al presentar en la relaci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos un bien que no exist\u00eda dentro de la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, pidi\u00f3 \u00abORDENAR, la revisi\u00f3n de la sentencia proferida por el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE BARRANCABERMEJA [y] corregir el yerro cometido al adjudicar un bien mueble dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, teniendo en cuenta que este ya no pertenec\u00eda a los bienes sociales po[r]que no estaba en propiedad de ninguno de los compa\u00f1eros permanentes\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado atacado afirm\u00f3 que \u00abel accionante en anterior oportunidad present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra este Despacho, seg\u00fan Rad 2019-00154-00 la que (\u2026) la Corporaci\u00f3n declar\u00f3 improcedente\u00bb. Adicionalmente, precis\u00f3 que la acci\u00f3n carec\u00eda del requisito de inmediatez. <\/p>\n
2. El curador ad litem designado en el proceso cuestionado indic\u00f3 que la acci\u00f3n no era tempestiva. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Advirti\u00f3 tambi\u00e9n que no se cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, toda vez que \u00abel se\u00f1or Henry Caicedo (sic) no manifest\u00f3 haber adelantado otras acciones judiciales (\u2026) que le ofrece el ordenamiento jur\u00eddico para lo propio (\u2026) o la indicaci\u00f3n que de existir, resultar\u00edan f\u00fatiles\u00bb, aunado a que no encontr\u00f3 acreditado un perjuicio irremediable, lo que \u00abdesdibuja la necesidad de tomar medidas correctivas urgentes a trav\u00e9s de este mecanismo que es en verdad, excepcional\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, quien argument\u00f3 que \u00abla vulneraci\u00f3n ha permanecido en el tiempo, siendo continua y actual\u00bb y que \u00abejerc[i\u00f3] las acciones legales que pod\u00eda realizar ante el juez segundo promiscuo de familia [y] de igual forma interpuse una acci\u00f3n de tutela por el derecho fundamental al debido proceso\u00bb, de manera que solo le \u00abquedar\u00eda (\u2026) instaurar una acci\u00f3n penal en contra de los se\u00f1ores ROSA MARIA CASADIEGO y JOSE DOMINGO VARGAS\u00bb, pero esos procesos son muy demorados y, por lo mismo, sus derechos seguir\u00edan vi\u00e9ndose afectados. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el perjuicio irremediable, dijo que \u00abno he podido disponer del bien mueble y ejercer las acciones propias de este derecho real\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor pretende que se revise la providencia proferida el 27 de septiembre de 2006 por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de Rosa Mar\u00eda Casadiego Sayago y Jos\u00e9 Domingo Vargas, dado que aprob\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del 50% de la propiedad de la volqueta de placas CAH 331 a cada uno de los ex compa\u00f1eros, decisi\u00f3n que afecta \u00abel derecho a la propiedad que tengo sobre el bien (\u2026) el cual ya no estaba en cabeza de ninguno de los compa\u00f1eros permanente dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
2. De conformidad con el material probatorio, advierte la Sala que, por los mismos hechos que ac\u00e1 se debaten, el actor promovi\u00f3 una acci\u00f3n constitucional contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, en la que pretendi\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos \u00abcancelando el registro a favor de Rosa Mar\u00eda Casadiego Sayago del 50% de la propiedad del rodante de placas CAH331, ordenado en la liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial seguida por la misma a Jos\u00e9 Domingo Vargas\u00bb10. <\/p>\n
Al resolver la segunda instancia, esta Sala precis\u00f3 que \u00abVisto lo acontecido en el juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial seguido por Rosa Mar\u00eda Casadiego Sayago a Jos\u00e9 Domingo Vargas en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, en concreto lo que concierne a la adjudicaci\u00f3n a aquella del 50% de la titularidad del veh\u00edculo de placas CAH331, lo primero que se observa es que se produjo mediante el fallo registrado el 11 de julio de 2007, conforme el historial obrante a folio 32\u00bb, por lo que concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abel auxilio insatisface el requisito de prontitud, en tanto solo se suplic\u00f3 12 a\u00f1os despu\u00e9s, el 2 de mayo de 2019. <\/p>\n
Y aunque se admitiera que el precursor solamente se enter\u00f3 en marzo de 2018, lo cierto es que el 15 de mayo de ese a\u00f1o acudi\u00f3 al Juzgado y el 22 siguiente obtuvo respuesta desfavorable a la s\u00faplica de \u2018levantamiento de la medida cautelar\u2019, de tal forma que hasta la presentaci\u00f3n de este libelo en todo caso dej\u00f3 transcurrir once meses, desbordando nuevamente el lapso prudencial indicado. <\/p>\n
No se desconoce que el 25 de octubre siguiente insisti\u00f3 en pedir \u2018nulidad y levantamiento\/cancelaci\u00f3n de la medida impuesta por parte de este juzgado\u2026\u2019 y otra vez recibi\u00f3 r\u00e9plica negativa, pero lo cierto es que esa nueva petici\u00f3n no reinicia el lapso transcurrido, conforme ha predicado la Corte en casos semejantes. <\/p>\n
Al respecto, es precedente que <\/p>\n
Debido a que frente a esta \u00faltima decisi\u00f3n se presentaron solicitudes de ilegalidad, es oportuno se\u00f1alar lo inadmisible que resulta que a trav\u00e9s de reclamaciones de esta \u00edndole, nulidad o revocatoria de oficio se retrotraiga la actuaci\u00f3n a oportunidades precluidas, con el \u00fanico fin de atacar providencias dejadas ejecutoriar sin formularle reproches, pues, para tal prop\u00f3sito se debieron interponer los recursos ordinarios pertinentes en la debida oportunidad procesal (CSJ STC, 2012-00280-01)\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, en esa oportunidad, la Sala determin\u00f3 que se incumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad, en tanto \u00abno se demuestra que el opugnante discutiera los respectivos prove\u00eddos mediante el recurso de reposici\u00f3n con que era viable atacarlos al tenor del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual prescribe que \u2018[s]alvo norma en contrario\u2026 procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u2019 (STC2337-2016)\u00bb. <\/p>\n
Y, de otra parte, refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEl inconforme alude confusamente a una supuesta indebida identificaci\u00f3n del pleito que habr\u00eda conllevado su tardanza, pero revisadas las providencias del estrado judicial y dem\u00e1s documentos anexos se observa que en todos los casos se aludi\u00f3 a liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial o conyugal, pero jam\u00e1s a una sucesi\u00f3n, como alega, de tal forma que no se encuentra ninguna excusa. <\/p>\n
Tampoco la constituye la circunstancia que hubiese debido reclamar el desglose de algunos \u2018documentos\u2019, en tanto la situaci\u00f3n f\u00e1ctica estaba clara, al menos desde que formul\u00f3 la primera requisitoria en mayo de 2018\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se destaca que el asunto ya fue puesto en conocimiento del juez constitucional y que la Sala, mediante providencia de 8 de julio de 2019, concluy\u00f3 que la tutela no era procedente, por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad y, aunque entre las solicitudes de amparo constitucional pudieran existir algunas diferencias, el tema fundamental, esto es, la censura contra la adjudicaci\u00f3n del auotomor a ambas partes del proceso primigenio, ya fue objeto de decision constitucional, por lo que se impone estarse a lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
3.1. Sobre el particular, debe recordarse que el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que, \u00abcuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3.2. Entonces es claro que la intenci\u00f3n del legislador no fue auspiciar el uso desmedido de este selecto instrumento, sino reprochar severamente cualquier actitud que se dirija en tal sentido, pues quien as\u00ed proceda no ver\u00e1 triunfar sus pretensiones, de manera que no es posible volver a analizar el asunto, dado que, como se indic\u00f3, ya fue objeto de decisi\u00f3n previa en sede constitucional y, por ende, se impone estarse a lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo, que neg\u00f3 la salvaguarda invocada, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, folio 39. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem, folios 229 a 230. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem, folios 224 a 228. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem, folio 241. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem, folios 246 a 247. <\/p>\n
7\u0002 04TutelaAnexos.pdf, folio 30. <\/p>\n
8\u0002 Proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, folio 250. <\/p>\n
9\u0002 Ibidem, folio 252. <\/p>\n
10\u0002 Ver antecedentes de la sentencia STC8926-2019. <\/p>\n
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STC1618-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC1618-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00680-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). I. ANTECEDENTES 1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61286","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61286","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61286"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61286\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}