STC1624-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1624-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01697-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2020 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado, por la se\u00f1ora Rosa Felicita Guerra Moscote contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la citada ciudad, Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. y a las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicaci\u00f3n 20110062901. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 la tutelante que, el primero de marzo de 1997, contrajo matrimonio religioso con Tairo Alberto Buelvas Ni\u00f1o, el cual fue registrado civilmente el 15 de abril siguiente. <\/p>\n
2.2. El 15 de octubre de 2007, el se\u00f1or Buelvas Ni\u00f1o falleci\u00f3 producto de \u00abun accidente de trabajo\u00bb, fecha para la cual se encontraba afiliado a la ARP del Seguros Social, hoy Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. <\/p>\n
2.3. La actora present\u00f3 reclamaci\u00f3n ante Positiva S.A., con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes \u00abdesde el d\u00eda 15\/10\/2007 y auxilio funerario\u00bb, la cual fue negada por dicha sociedad, aduciendo que \u00abexist\u00eda duda de la posible convivencia de la solicitante con el afiliado\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por lo anterior, instaur\u00f3 demanda laboral en contra de Positiva S.A., para obtener el reconocimiento y pago de la referida pensi\u00f3n, en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, que absolvi\u00f3 a la parte demandada de las pretensiones, mediante sentencia del 10 de julio de 2012, argumentando que \u00abla Sra. Rosa no cumpli\u00f3 con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, [\u2026], valga decir, no demostr\u00f3 la convivencia y dependencia econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la anterior decisi\u00f3n, que fue resuelto por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla que, por fallo del 31 de enero de 2013, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo. <\/p>\n
2.6. El recurso extraordinario de casaci\u00f3n fue decidido por la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia CSJ SL1522-2019 de 24 de abril de 2019, que no cas\u00f3 la providencia del Tribunal. <\/p>\n
2.7. En criterio de la actora, la Sala de Descongesti\u00f3n convocada vulner\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales, al \u00abinterpretar equivocadamente el Literal a) del Art. 13 de la Ley 797 de 2003, [\u2026] exigi\u00e9ndole [\u2026] un requisito no contemplado en dicha norma para el caso particular de ella, (requisito de convivencia), por cuando (sic) el Sr. Tairo, era afiliado y no pensionado\u00bb, toda vez que la norma establece \u00abque el mencionado requisito [\u2026] solo se exige cuando el causante se encontraba pensionado y no como afiliado cotizante\u00bb, destacando que as\u00ed tambi\u00e9n lo \u00abdetermin\u00f3 la nueva jurisprudencia de la mism\u00edsima Sala de Casaci\u00f3n Laboral (sentencia SL1730-2020), al considerar que: \u2018en la redacci\u00f3n del literal a), del art. 13 de la Ley 797 de 2003, modificado por el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo m\u00ednimo de convivencia de 5 a\u00f1os all\u00ed contenida, se encuentra relacionada \u00fanicamente al caso en que la pensi\u00f3n de sobrevivientes se cause por muerte del pensionado; una lectura distinta comporta la variaci\u00f3n de su sentido y alcance, por cuanto no puede desconocerse tal distinci\u00f3n, expresamente prevista por el legislador en la norma acusada \u2026\u2019\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, argument\u00f3 que \u00abla Sala fija el verdadero alcance de la disposici\u00f3n acusada, a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, in dubio pro operario, esto es, que la convivencia m\u00ednima de cinco (5) a\u00f1os, en el supuesto previsto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado\u00bb, m\u00e1s no del afiliado, como es su caso. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que, en la SL1730-2020 del 3 de junio de 2020, \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Laboral (\u2026) corrigi\u00f3 su Jurisprudencia\u00bb y reconoci\u00f3 a la beneficiaria \u00abla pensi\u00f3n de sobrevivientes, sin necesidad de probar convivencia durante al menos 5 a\u00f1os con el causante\u00bb, por lo que, a partir de dicha providencia, su tutela era tempestiva. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales reclamados, que se disponga \u00abdejar sin efectos legales la sentencia de casaci\u00f3n dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Descongesti\u00f3n No. 3, el d\u00eda 24 de abril de 2019\u00bb y que, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial accionada emitir un nuevo pronunciamiento, \u00aben la cual NO le exija [\u2026], el requisito de convivencia durante al menos 5 a\u00f1os, por cuanto el mismo no hace parte de la normatividad a Ella aplicable, y en consecuencia CASE la sentencia de El Tribunal, accediendo a las pretensiones contenidas en el libelo de la demanda\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso, manifest\u00f3 que \u00abesta agencia judicial no ha incurrido en ning\u00fan requisito especial de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, dentro del tr\u00e1mite de este proceso, sujet\u00e1ndose su actuaci\u00f3n al rito legal y constitucional, previsto por el principio rector y derecho fundamental de DEBIDO PROCESO\u00bb, y asever\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no estaba llamada a prosperar, \u00abpor (\u2026) INEXISTENCIA DE VULNERACI\u00d3N Y\/O AMENAZA DE DERECHO FUNDAMENTAL ALGUNO\u00bb. <\/p>\n
2. Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. afirm\u00f3 que \u00abno es procedente emitir concepto alguno por parte de esta ARL dado que no tiene injerencia en las decisiones adoptadas por el operador judicial en desarrollo de la actividad de Administraci\u00f3n de Justicia las cuales hacen tr\u00e1nsito a cosa Juzgada\u00bb. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la presente Acci\u00f3n de Tutela en contra de esta Administradora al tenor de los Postulados Constitucionales y del material probatorio allegado, y se proceda a declarar la DESVINCULACION y no vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al advertir que la providencia cuestionada era razonable y estaba ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00abla Corporaci\u00f3n accionada consider\u00f3 que el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes debe ser dirimido bajo la \u00e9gida de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado, en consecuencia, son los art\u00edculos 11 de la Ley 776 de 2002 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, las normas llamadas a regular el caso\u00bb y que, con base en ellas, \u00abpara acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, es indispensable en el caso de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite que se acredite la existencia de la convivencia del afiliado o pensionado al momento del fallecimiento, por lo menos 5 a\u00f1os, en cualquier tiempo \u2018siempre que el v\u00ednculo matrimonial se mantenga intacto\u2019\u00bb, citando la sentencia CSJ SL1399-2018, que \u00abestablece que es requisito com\u00fan e inexcusable del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, acreditar la convivencia durante m\u00ednimo 5 a\u00f1os. Lo que no aconteci\u00f3 en el caso de marras\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante, a trav\u00e9s de su apoderado, quien reiter\u00f3 los argumentos que expuso en el escrito inicial de la tutela. <\/p>\n
En ese orden, destac\u00f3 que \u00aben el libelo de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 plenamente probado que, s\u00ed hay una v\u00eda de hecho, por indebida interpretaci\u00f3n de la Ley, por interpretar la norma aplicable contrario a lo que establece ella misma, lo cual est\u00e1 mas que probado y demostrado (\u2026) con la vigente Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia de Casaci\u00f3n SL 1730 de 2020 (\u2026), es decir que si la norma hubiese sido bien interpretada, [\u2026] como la m\u00e1xima autoridad en el tema lo indica, [\u2026], se le hubiese reconocido la pensi\u00f3n de sobreviviente a la cual tiene derecho [\u2026]\u00bb. Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que no se analiz\u00f3 ese procedente, que era soporte del problema jur\u00eddico planteado, el cual, en su sentir, no fue desatado. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De manera preliminar, advierte esta Sala que, si bien la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia dictada el 24 de abril de 2019 por la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo fue el 16 de octubre de 20201, esto es, superando el t\u00e9rmino de los 6 meses que jurisprudencialmente se han estimado razonable para acudir a la salvaguarda constitucional, por tratarse de un derecho pensional se ha excusado dicha tardanza, debido a que aqu\u00e9l tiene un car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido esta Sala en sentencia STC20333-2017, al memorar lo dicho por la Corte Constitucional en SU1073-2012, postura que reiter\u00f3 en STC9672-2018, STC11419-2018, STC6314-2019 y STC9677-2019, entre otras: <\/p>\n
\u00abSi bien el prove\u00eddo atacado data de hace m\u00e1s de 7 a\u00f1os, situaci\u00f3n que en principio tornar\u00eda inviable estudiar de fondo el presente resguardo por inmediatez, al vislumbrar la Corte que la cuesti\u00f3n litigiosa involucra derechos de \u00edndole pensional, se excusar\u00e1 la omisi\u00f3n en el cumplimiento del mencionado requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que la garant\u00eda deprecada en esencia, funge con el talante de irrenunciable e imprescriptible\u00bb (STC9672-2018). <\/p>\n
2. En el caso sub examine, la parte actora pretende que se deje \u00absin efectos legales la sentencia de casaci\u00f3n dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Descongesti\u00f3n No. 3, el d\u00eda 24 de abril de 2019\u00bb y, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial accionada emitir un nuevo pronunciamiento, en el cual \u00abNO le exija [\u2026], el requisito de convivencia durante al menos 5 a\u00f1os, por cuanto el mismo no hace parte de la normatividad a Ella aplicable, y en consecuencia CASE la sentencia de El Tribunal, accediendo a las pretensiones contenidas en el libelo de la demanda\u00bb, argumentando que as\u00ed lo estableci\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en la SL1730-2020. <\/p>\n
3. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma abiertamente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
4. En el presente caso, mediante providencia CSJ SL1522-2020 del 24 de abril de 2019, la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el asunto debatido e indic\u00f3 que no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes aspectos: i) que Rosa Felicita Guerra Moscote contrajo matrimonio cat\u00f3lico con Tairo Alberto Ni\u00f1o Buelvas, el cual fue registrado el 15 de abril de 1997, bajo el n.\u00b0 3013814 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Barranquilla; ii) que su c\u00f3nyuge falleci\u00f3 el 15 de octubre de 2007, como consecuencia de un accidente de tr\u00e1nsito, el cual fue calificado de origen profesional, por el \u00c1rea de Medicina Laboral de Positiva S.A., en dictamen n.\u00b0 45859 del 11 de abril de 2010; y iii) que, por Resoluci\u00f3n n.\u00b002191 del 19 de julio de 2011, dicha entidad le neg\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en raz\u00f3n a que no acredit\u00f3 los requisitos exigidos en el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
En torno a los aspectos cuestionados sostuvo que el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes debe ser dirimido bajo la \u00e9gida de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado y, en esa medida, destac\u00f3 que, como el se\u00f1or Tairo Alberto Ni\u00f1o Buelvas falleci\u00f3 el 15 de octubre de 2007, producto de un accidente de tr\u00e1nsito que fue calificado de origen profesional, eran \u00ablos art\u00edculos 11 de la Ley 776 de 2002 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, las normas llamadas a regular el caso\u00bb. <\/p>\n
Y, tras hacer la transcripci\u00f3n de las disposiciones referidas, precis\u00f3 que dicha normativa hab\u00eda sido interpretada por la Corte, en el sentido de que, \u00abpara acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, [era] indispensable en el caso de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, que se acredite la existencia de la convivencia del afiliado o pensionado al momento del fallecimiento, por lo menos 5 a\u00f1os en cualquier tiempo, \u2018siempre que el v\u00ednculo matrimonial se mantenga intacto\u2019\u00bb. <\/p>\n
Para el efecto, trajo a colaci\u00f3n la sentencia CSJ SL1399-2018 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, en la que se expuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab2.3 La convivencia es un requisito exigible tanto en la hip\u00f3tesis de muerte del pensionado como del afiliado <\/p>\n
En sentencia SL 32393, 20 may. 2008, reiterada en SL793-2013 y SL1402-2015, la Corte explic\u00f3 que a pesar de que el literal a) del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, alude al \u2018pensionado\u2019, el requisito de la convivencia durante 5 a\u00f1os es exigible tambi\u00e9n ante la muerte del \u2018afiliado\u2019, pues el art\u00edculo 12 de la citada ley \u2018conserv\u00f3 como beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, indistintamente, a \u2018los miembros del grupo familiar\u2019 del pensionado o afiliado fallecido\u2019, motivo por el cual no existe un principio de raz\u00f3n suficiente para establecer diferencias fundadas exclusivamente en una u otra calidad. Adem\u00e1s, el requisito de la convivencia o comunidad de vida es el elemento central y estructurador del derecho, en la forma descrita a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Convivencia singular del afiliado o pensionado fallecido con el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero (a) permanente <\/p>\n
<\/p>\n
a. Convivencia singular con el c\u00f3nyuge <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de la relaci\u00f3n del afiliado o pensionado con su c\u00f3nyuge, esta Corporaci\u00f3n ha defendido el criterio seg\u00fan el cual la convivencia por un lapso no inferior a 5 a\u00f1os puede ocurrir en cualquier tiempo, siempre que el v\u00ednculo matrimonial se mantenga intacto. <\/p>\n
En efecto, a partir de la sentencia SL, 24 en. 2012, rad. 41637, esta Sala plante\u00f3 que el c\u00f3nyuge con uni\u00f3n matrimonial vigente, independientemente de si se encuentra separado de hecho o no de su consorte, puede reclamar leg\u00edtimamente la pensi\u00f3n de sobrevivientes por su fallecimiento, siempre que hubiese convivido con el (la) causante durante un interregno no inferior a 5 a\u00f1os, en cualquier tiempo. En espec\u00edfico, en esa oportunidad se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Tal interpretaci\u00f3n que ha desarrollado la Sala, sin embargo, debe ser ampliada, en tanto no es posible desconocer que el aparte final de la norma denunciada, evidencia que el legislador respet\u00f3 el concepto de uni\u00f3n conyugal, y ante el supuesto de no existir simultaneidad f\u00edsica, reconoce una cuota parte a la c\u00f3nyuge que convivi\u00f3 con el pensionado u afiliado, manteni\u00e9ndose el v\u00ednculo matrimonial, aun cuando existiera separaci\u00f3n de hecho. <\/p>\n
Esa medida, sin lugar a dudas, equilibra la situaci\u00f3n que se origina cuando una pareja que decidi\u00f3 formalizar su relaci\u00f3n, y que entreg\u00f3 parte de su existencia a la conformaci\u00f3n de un com\u00fan proyecto de vida, que inclusive coadyuv\u00f3 con su compa\u00f1\u00eda y su fortaleza a que el trabajador construyera la pensi\u00f3n, se ve desprovista del sost\u00e9n que aquel le proporcionaba; esa situaci\u00f3n es m\u00e1s palmaria cuando es la mujer quien queda sin ese apoyo, en tanto su incorporaci\u00f3n al mercado laboral ha sido tard\u00eda, relegada hist\u00f3ricamente al trabajo no remunerado o a labores perif\u00e9ricas que no han estado cubiertas por los sistemas de seguridad social. <\/p>\n
No se trata entonces de regresar a la anterior concepci\u00f3n normativa, relacionada con la culpabilidad de quien abandona al c\u00f3nyuge, sino, por el contrario, darle un espacio al verdadero contenido de la seguridad social, que tiene como piedra angular la solidaridad, que debe predicarse, a no dudarlo, de quien acompa\u00f1\u00f3 al pensionado u afiliado, y quien, por dem\u00e1s hasta el momento de su muerte le brind\u00f3 asistencia econ\u00f3mica o mantuvo el v\u00ednculo matrimonial, pese a estar separados de hecho, siempre y cuando aquel haya perdurado los 5 a\u00f1os a los que alude la normativa, sin que ello implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento, sino en cualquier \u00e9poca\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, estableci\u00f3 que pese a que el Tribunal err\u00f3 en su decisi\u00f3n, dado que al tratarse de una pensi\u00f3n de sobrevivientes por accidente de trabajo debi\u00f3 analizar el caso objeto de estudio seg\u00fan los postulados de la Ley 776 de 2002, aunado al hecho de que tampoco deb\u00eda acreditarse la \u00abdependencia econ\u00f3mica\u00bb, pues dicho requisito no era exigible para el caso de la c\u00f3nyuge o compa\u00f1era permanente, lo cierto era que, acorde con la jurisprudencia referida, \u00abs\u00ed era indispensable que Rosa Felicita Guerra Moscote, demostrara la convivencia con su esposo fallecido, por lo menos 5 a\u00f1os en cualquier tiempo, para efectos del reconocimiento de la prestaci\u00f3n, lo que no aconteci\u00f3 en el caso de marras\u00bb. <\/p>\n
5. Revisados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n censurada, al resolver el precitado mecanismo extraordinario, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no resulta abiertamente arbitrario ni manifiestamente alejado del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, se sustent\u00f3 en una interpretaci\u00f3n plausible y motivada de la normatividad aplicable y respaldada por la postura jurisprudencial que ten\u00eda la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente para el momento en que se abord\u00f3 el estudio del caso y se emiti\u00f3 la determinaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
5.1. Ahora bien, es de anotar que la tutelante sustenta su pretensi\u00f3n en la supuesta configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho por parte de la Sala de Descongesti\u00f3n convocada, por indebida interpretaci\u00f3n del \u00abLiteral a) del Art. 13 de la Ley 797 de 2003, [\u2026] exigi\u00e9ndole [\u2026] un requisito no contemplado en dicha norma para el caso particular de ella, (requisito de convivencia), por cuando (sic) el Sr. Tairo, era afiliado y no pensionado\u00bb, la que estim\u00f3 probada con \u00abla vigente Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia de Casaci\u00f3n SL 1730 de 2020\u00bb, pues en esta se consider\u00f3 que \u00aben la redacci\u00f3n del literal a), del art. 13 de la Ley 797 de 2003, modificado por el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo m\u00ednimo de convivencia de 5 a\u00f1os all\u00ed contenida, se encuentra relacionada \u00fanicamente al caso en que la pensi\u00f3n de sobrevivientes se cause por muerte del pensionado; una lectura distinta comporta la variaci\u00f3n de su sentido y alcance, por cuanto no puede desconocerse tal distinci\u00f3n, expresamente prevista por el legislador en la norma acusada \u2026\u00bb, por lo que insisti\u00f3 que la interpretaci\u00f3n debi\u00f3 ce\u00f1irse a la manera definida por la m\u00e1xima autoridad judicial en el tema, a trav\u00e9s de la sentencia SL1730-2020. <\/p>\n
Al respecto, debe se\u00f1alarse que, si bien la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante la sentencia CSJ SL1730-2020 proferida el 3 de junio de 2020, cambi\u00f3 el criterio reiterado a partir de la sentencia n.\u00b0 32393 del 20-5-2008, relacionado con la exigencia del requisito de convivencia m\u00ednima de 5 a\u00f1os previsto en el literal a) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, postura que reiter\u00f3 en la SL5270-2021 del 3 de noviembre de 2021, lo cierto es que dicha tesis no era la imperante cuando se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n
En ese sentido, es pertinente resaltar lo expuesto por esta Sala en sentencia STC3967-2021, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] Finalmente, es del caso precisar que no le asiste raz\u00f3n a la aqu\u00ed accionante cuando alega la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental a la igualdad, con sustento en que no se aplicaron los precedentes de esta Corporaci\u00f3n [\u2026], que habr\u00edan resuelto asuntos de connotaciones similares, pues lo cierto es que \u00fanicamente procedi\u00f3 a referirlos, sin manifestar las razones por las cuales deb\u00edan ser aplicados. <\/p>\n
Debe destacarse, asimismo, que dichas providencias son posteriores a la emisi\u00f3n del fallo cuestionado, toda vez que fueron proferidas el 15 de julio de 2020, como tambi\u00e9n lo reconoce la parte actora, al afirmar que \u2018[\u2026] el precedente aportado si bien es posterior al fallo [\u2026], refuerza el defecto sustantivo [\u2026]\u2019, de modo que no es cierto que se hubieren desconocido, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como lo ha definido la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, por ejemplo en la sentencia SU354 de 2017, el precedente judicial debe entenderse como \u2018la sentencia o el conjunto de ellas anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jur\u00eddicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo\u2019; igualmente, la doctrina lo ha definido como \u2018el mecanismo jurisdiccional que tiene su origen en el principio stare decisis o estar a lo decidido, el cual consiste en la aplicaci\u00f3n de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares\u2019\u00bb (Destaca la Sala, expediente 2020-01665-01, fallo del 16 de abril de 2021). <\/p>\n
Con base en lo anterior, el posterior cambio de tesis del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n laboral no puede afectar las decisiones adoptadas, pues se atentar\u00eda contra los principios de seguridad jur\u00eddica y de cosa juzgada de las providencias ejecutoriadas. <\/p>\n
5.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por la Sala accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
6. En este orden y como quiera que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, la salvaguarda impetrada carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por lo cual se confirmar\u00e1 la providencia examinada, que neg\u00f3 el amparo invocado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Subcarpeta 1 113377 Primera Demanda de Tutela \u201cReporte Correo.docx\u201d. <\/p>\n
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STC1624-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC1624-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01697-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 5 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61287","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61287","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61287"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61287\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61287"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61287"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61287"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}