STC1627-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1627-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00509-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida el 17 de junio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n constitucional promovida por la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Sexto Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito, ambos de Medell\u00edn, as\u00ed como a la se\u00f1ora Natalia Paulina Oquendo G\u00f3mez y las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicaci\u00f3n n\u00b0. 75765. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, presuntamente vulnerados por la Sala accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Jhon Fredy Arboleda Cano \u00abfalleci\u00f3 el 30 de octubre de 2008, tal como se evidencia en el Registro Civil de Defunci\u00f3n, fecha para la cual ten\u00eda la condici\u00f3n de afiliado del RPM y hab\u00eda cotizado las 50 semanas m\u00ednimas requeridas en los \u00faltimos 3 a\u00f1os\u00bb1. <\/p>\n
2.2. La se\u00f1ora Natalia Paulina Oquendo G\u00f3mez, quien naci\u00f3 el 18 de mayo de 19762, present\u00f3 reclamaci\u00f3n administrativa ante el ISS, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijos menores, en la cual pidi\u00f3 \u00abel reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb. La entidad, mediante la Resoluci\u00f3n 004388 del 19 de marzo de 2010, concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n a sus descendientes, \u00aba partir del 30 de octubre de 2008 en porcentajes del 50% del valor de la mesada ($461.500), respectivamente\u00bb, y neg\u00f3 la pretendida por la c\u00f3nyuge, con el argumento de que no convivi\u00f3 con el causante durante los 5 a\u00f1os anteriores a su deceso, en atenci\u00f3n a que \u00abcontrajeron nupcias el 10 de diciembre de 2004\u00bb3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la promotora que Natalia Paulina Oquendo G\u00f3mez instaur\u00f3 demanda laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, con el fin de que se le condenara al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, a partir de 30 de octubre de 2008, junto con los intereses moratorios del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexaci\u00f3n y las costas procesales. <\/p>\n
2.4. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Medell\u00edn que, por sentencia del 29 de agosto de 2014, absolvi\u00f3 a la parte demandada y declar\u00f3 que la demandante no era beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
2.5. La entonces accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la anterior decisi\u00f3n. La alzada fue resuelta por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, con fallo del 3 de mayo de 20164, que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo. <\/p>\n
\u00abPRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2014, por el Juzgado Sexto Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Medell\u00edn y, en su lugar, CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES \u2013 COLPENSIONES a reconocer y pagar a NATALIA PAULINA OQUENDO G\u00d3MEZ la pensi\u00f3n de sobrevivientes, a partir de la ejecutoria de esta providencia, en cuant\u00eda equivalente al 50% del SMLMV, la cual ser\u00e1 compartida con sus hijos (\u2026) en un 25% cada uno, hasta que cumplan los 18 a\u00f1os de edad o hasta los 25, siempre que acrediten la calidad de estudiantes y una vez extinguida tal condici\u00f3n, la prestaci\u00f3n acrecer\u00e1 a la actora de manera vitalicia en un 100%. <\/p>\n
SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la demandada. <\/p>\n
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo dem\u00e1s la sentencia impugnada. <\/p>\n
CUARTO: Costas como se dijo\u00bb. <\/p>\n
2.7. La entidad gestora sostuvo que dicha providencia era constitutiva de defecto sustantivo, al establecer que por la muerte del afiliado no se requer\u00eda la acreditaci\u00f3n de alg\u00fan periodo de convivencia m\u00ednimo entre el causante y la compa\u00f1era permanente o c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que tal conclusi\u00f3n era un error \u00abde interpretaci\u00f3n desproporcionada, contra legem, irrazonable\u00bb, al paso que \u00abomiti\u00f3 efectuar una hermen\u00e9utica sistem\u00e1tica\u00bb, porque \u00abdesatiende otras disposiciones aplicables al caso, verbi gracia el art\u00edculo 46 de la ley 100 de 1993 y el acto legislativo 01 de 2005 modificatorio del art\u00edculo 48 superior\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, cuestion\u00f3 que la referida determinaci\u00f3n no aplic\u00f3 el precedente constitucional sobre la materia, a pesar de haber sido proferida \u00abcon posterioridad a las sentencias C 336 de 2014, SU 428 de 2016 y C 515 de 2019, desconociendo materialmente la ratio decidendi de dichas providencias Constitucionales\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00aben la precitada sentencia de unificaci\u00f3n (428 de 2016) se resolvi\u00f3 un caso con supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos similares, pensi\u00f3n de sobrevivientes por muerte del Afiliado, indic\u00e1ndose que el requisito de convivencia efectiva dentro de los \u00faltimos cinco (5) a\u00f1os anteriores a la fecha de la muerte del Causante es exigible a los c\u00f3nyuges y\/o compa\u00f1eros\/as permanentes sup\u00e9rstites del afiliado fallecido\u00bb; adem\u00e1s, adujo que se desconoci\u00f3 el precedente judicial que ven\u00eda aplicando de tiempo atr\u00e1s la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente y la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por violaci\u00f3n directa al derecho a la igualdad. <\/p>\n
En ese aspecto, precis\u00f3 que la decisi\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n censurada se soport\u00f3 en la SL1730-2020, por la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente de la Corte cambi\u00f3 su tesis en torno al tema debatido, \u00abfincado en la sentencia C1094 de 2003, en la que, en su momento, la Corte Constitucional hab\u00eda sostenido que el r\u00e9gimen de convivencia por 5 a\u00f1os solo se encontraba fijado para el caso de los pensionados\u00bb, pero dejando de lado que la Corte Constitucional, en las sentencias C336-2014 y C515-2019, efectuando tambi\u00e9n un an\u00e1lisis sobre la constitucionalidad del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 en lo relativo a la convivencia simult\u00e1nea con la c\u00f3nyuge y la compa\u00f1era permanente y al c\u00f3nyuge separado de hecho, estableci\u00f3 que aquella normativa s\u00ed exig\u00eda 5 a\u00f1os de convivencia con el afiliado o pensionado. <\/p>\n
Sobre la SL1730-2020 tambi\u00e9n afirm\u00f3 que desconoci\u00f3 el derecho a la igualdad de las familias de los afiliados frente a la de los pensionados y que \u00abno cumpli\u00f3 con la carga argumentativa exigida por la Jurisprudencia Constitucional para su validez; en segunda medida, se observa que dicho tratamiento distinto tampoco responde a un fin constitucionalmente leg\u00edtimo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la tutelante argument\u00f3 que la decisi\u00f3n rebatida no tuvo en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 48 de la Carta Superior, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, en lo relativo al principio de sostenibilidad financiera y \u00abgenera per se un costo fiscal muy alto a los recursos del Sistema\u00bb. En sustento, refiri\u00f3 que \u00abEn Colpensiones tenemos un registro aproximado de 927 solicitudes de reconocimiento de pensi\u00f3n de sobrevivientes por muerte del Afiliado, desde el inicio de operaci\u00f3n de Colpensiones hasta el 19\/08\/2020, cuyo solicitante era el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero\/a permanente sup\u00e9rstite, peticiones que en su oportunidad fueron negadas por no acreditarse el requisito m\u00ednimo de convivencia\u00bb. <\/p>\n
Y destac\u00f3 que, con base en la postura de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, se podr\u00edan presentar nuevas solicitudes y se abrir\u00eda \u00abla v\u00eda para que se estructuren situaciones de fraude para la adquisici\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes por la muerte del afiliado, habida cuenta que no existir\u00eda ning\u00fan tiempo m\u00ednimo de convivencia\u00bb, lo cual afecta el principio de sostenibilidad financiera. Adem\u00e1s, asegur\u00f3 que, haciendo una proyecci\u00f3n de 921 casos, con corte a 30 de septiembre de 2020, \u00ab728 corresponden a rentas vitalicias y 193 a casos de rentas temporales a 20 a\u00f1os, el valor de las mesadas retroactivas para todos los casos es de $ 66.980.928.345 y el valor presente actuarial es de $ 208.873.257.526\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales reclamados y, en consecuencia, que se disponga \u00abdejar sin efectos la sentencia SL 5167 proferida el 9 de diciembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Laboral, dentro del proceso ordinario laboral radicado interno CSJ 75765\u00bb; para, en su lugar, ordenar a la autoridad judicial accionada emitir un nuevo pronunciamiento, en el que disponga no casar la sentencia de emitida el 3 de mayo de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS7 <\/p>\n
1. La Sala 3 de Descongesti\u00f3n de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que no hab\u00eda incurrido en la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales aludidos, pues la decisi\u00f3n adoptada no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de la aplicaci\u00f3n de la normativa respectiva y la jurisprudencia vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n al momento de proferir la providencia, conforme a lo dispuesto en el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 2 de la Ley Estatutaria 1781 de 2016 y el Reglamento Interno de la Sala. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Delegada para la Salud, Protecci\u00f3n Social y Trabajo Decente coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n de COLPENSIONES, \u00abmotivado en la defensa del patrimonio p\u00fablico\u00bb. Afirm\u00f3 que compart\u00eda los argumentos de la tutelante, respecto del desconocimiento del precedente, la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad, la contravenci\u00f3n al principio de la sostenibilidad financiera y el equilibrio econ\u00f3mico del sistema pensional, la inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 46 y aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 47 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al advertir que la sentencia cuestionada resultaba razonable, toda vez que \u00abfueron expuestos varios argumentos con base en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en el fallo que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n N. 3 Laboral, luego de hacer un recuento de las interpretaciones dadas al literal a) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, precis\u00f3 que \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Laboral (permanente), mediante sentencia CSJ SL1730-2020, replante\u00f3 la posici\u00f3n [\u2026], en el sentido de que, para ser beneficiario de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en calidad de c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente sup\u00e9rstite del afiliado fallecido, no se requiere tiempo m\u00ednimo de convivencia, sino que estim\u00f3 suficiente acreditar \u2018la condici\u00f3n invocada y la conformaci\u00f3n del n\u00facleo familiar, con vocaci\u00f3n de permanencia, vigente para el momento de la muerte, para cumplir el presupuesto de la aludida norma\u2019. En otras palabras, explic\u00f3 que la convivencia de 5 a\u00f1os, solo es exigible en \u2018caso de la muerte del pensionado\u2019\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abel razonamiento de la mencionada Corporaci\u00f3n no puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando de manera alguna se percibe ileg\u00edtimo o caprichoso. Entendiendo, como se debe, que la misma no es una herramienta jur\u00eddica adicional, que en este evento se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una tercera instancia, no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en la interpretaci\u00f3n de las reglas aplicables al asunto, valoraciones probatorias o en el aislamiento a los lineamientos jurisprudenciales sobre el caso debatido\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que la decisi\u00f3n censurada cas\u00f3 la del Tribunal, con base en la jurisprudencia que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente ten\u00eda para la \u00e9poca, que contemplaba \u00ablo contrario al precedente CC SU-149 de 2021. As\u00ed, puede deducirse, en sana l\u00f3gica, que, en cuanto a al t\u00f3pico debatido, existe una pluralidad de interpretaciones y la escogencia de una de ellas, debidamente sustentada, conforme ocurri\u00f3 en este caso, no constituye, per se, lesi\u00f3n a las prerrogativas y garant\u00edas judiciales de las partes e intervinientes en un proceso\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Destac\u00f3 que la Corte Constitucional hab\u00eda sustentado su decisi\u00f3n en que con la postura asumida por la Hom\u00f3loga Laboral en la SL1730-2020 se \u00abdesconoci\u00f3 el principio de igualdad con la interpretaci\u00f3n del requisito de convivencia previsto en el literal a) del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003\u00bb y el \u00abprincipio de sostenibilidad financiera del sistema pensional pues reconoci\u00f3 derechos pensionales sin el cumplimiento de los requisitos legales vigentes para el efecto\u00bb; \u00abse configur\u00f3 un defecto sustantivo por interpretaci\u00f3n irrazonable del precepto legal aplicable al caso analizado\u00bb; y no se aplic\u00f3 el precedente, esto es, la SU428-2016, \u00abcuya ratio decidendi se\u00f1ala que, para que la compa\u00f1era permanente sup\u00e9rstite del afiliado tenga derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes en forma vitalicia, deber\u00e1 acreditar la convivencia con el causante por lo menos durante cinco a\u00f1os antes de su fallecimiento. De ese modo, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se apart\u00f3 indebidamente de esa decisi\u00f3n pues no cumpli\u00f3 con las cargas de transparencia y suficiencia de la argumentaci\u00f3n al no mencionar expl\u00edcitamente su apartamiento del precedente fijado por la Corte Constitucional ni exponer en forma adecuada las razones por las cuales su postura divergente garantizaba de mejor modo los principios y valores constitucionales involucrados\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Delegada para la Salud, Protecci\u00f3n Social y Trabajo Decente impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, indicando que \u00aben sentencia de unificaci\u00f3n la Corte Constitucional dej\u00f3 sin efectos la sentencia SL1730 de 2020, que hab\u00eda fijado un nuevo criterio jurisprudencial eliminando la exigencia del requisito m\u00ednimo de convivencia a los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes, para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, por la muerte del Afiliado, y que dicha ratio decidendi se constituy\u00f3 en el elemento argumentativo medular de la sentencia que se cuestiona en esta acci\u00f3n (SL5167 de 2020); es claro que, siguiendo la m\u00e1xima del derecho que reza que lo accesorio sufre la misma suerte de lo principal, la sentencia SL5167 de 2020 no solo incurri\u00f3 en los yerros aludidos, sino que perdi\u00f3 su fundamento legal y jurisprudencial y, por tanto, carece de motivaci\u00f3n, lo que inexorablemente deriva en una ausencia de legalidad, legitimidad y razonabilidad en la decisi\u00f3n judicial que viola el debido proceso de Colpensiones, haci\u00e9ndose imperiosa la intervenci\u00f3n del Juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
En esa medida, solicit\u00f3 \u00abCon fundamento en el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 19919, y en ejercicio de las funciones de las que trata el art\u00edculo 277 de la Constituci\u00f3n, en defensa del orden jur\u00eddico y del patrimonio p\u00fablico, respetuosamente solicito a esa Judicatura tomar en consideraci\u00f3n los argumentos de Colpensiones, los cuales comparto \u00edntegramente y en consecuencia, conceder el amparo incoado\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la parte actora pretende que se deje \u00absin efectos la sentencia SL 5167 proferida el 9 de diciembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb y, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial accionada emitir un nuevo pronunciamiento, en el cual disponga no casar la sentencia emitida el 3 de mayo de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Ciertamente, mediante providencia CSJ SL5167-2020 del 9 de diciembre de 20208, la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el asunto debatido e indic\u00f3 que no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes aspectos: i) que Jhon Fredy Arboleda Cano y Natalia Paulina Oquendo G\u00f3mez contrajeron matrimonio religioso el 10 de diciembre de 2004; ii) que fruto de esa uni\u00f3n nacieron sus hijos, el 9 de agosto de 2006 y 14 de marzo de 2009, respectivamente; iii) que el afiliado falleci\u00f3 el 30 de octubre de 2008; iv) que dej\u00f3 causado a sus beneficiarios el derecho pensional; y v) que el ISS, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 004388 del 19 marzo de 2010, neg\u00f3 a la c\u00f3nyuge la pensi\u00f3n de sobrevivientes y concedi\u00f3 a los descendientes del afiliado la prestaci\u00f3n, como quiera que el causante cotiz\u00f3 154 semanas. <\/p>\n
En torno a los aspectos cuestionados sostuvo que, si bien en un principio, mediante sentencias \u00abCSJ SL, 20 may. 2008, rad. 32393, CSJ SL, 22 ago. 2012, rad. 45600, CSJ SL793-2013, CSJ SL1402-2015 y CSJ SL14068-2016\u00bb, se hab\u00eda establecido que para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, \u00abla c\u00f3nyuge o compa\u00f1era permanente, deb\u00eda acreditar m\u00ednimo 5 a\u00f1os de convivencia con el causante afiliado o pensionado\u00bb, lo cierto era que, por fallo CSJ SL1730-2020, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente hab\u00eda replanteado dicha interpretaci\u00f3n, en el sentido que no se requer\u00eda tiempo m\u00ednimo de convivencia en el caso de los afiliados fallecidos, \u00absino que estim\u00f3 suficiente acreditar la condici\u00f3n invocada y la conformaci\u00f3n del n\u00facleo familiar, con vocaci\u00f3n de permanencia, vigente para el momento de la muerte\u00bb y, en esa medida, al concluir que \u00abla convivencia de 5 a\u00f1os, solo es exigible en caso de la muerte del pensionado\u00bb, dispuso casar la sentencia dictada el 3 de mayo de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, confirmatoria de la de primer grado, que hab\u00eda absuelto a la entidad demandada, para, en su lugar \u00abCONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES \u2013 COLPENSIONES a reconocer y pagar a NATALIA PAULINA OQUENDO G\u00d3MEZ la pensi\u00f3n de sobrevivientes, a partir de la ejecutoria de esta providencia, en cuant\u00eda equivalente al 50% del SMLMV, la cual ser\u00e1 compartida con sus hijos (\u2026) en un 25% cada uno, hasta que cumplan los 18 a\u00f1os de edad o hasta los 25, siempre que acrediten la calidad de estudiantes y una vez extinguida tal condici\u00f3n, la prestaci\u00f3n acrecer\u00e1 a la actora de manera vitalicia en un 100%\u00bb. <\/p>\n
En sustento, cit\u00f3 los siguientes apartes de la sentencia SL1730-2020: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] resulta necesario precisar, que conforme al an\u00e1lisis hasta aqu\u00ed efectuado, de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, para ser considerado beneficiario de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en condici\u00f3n de c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente sup\u00e9rstite del afiliado al sistema que fallece, no es exigible ning\u00fan tiempo m\u00ednimo de convivencia, toda vez que con la simple acreditaci\u00f3n de la calidad exigida, c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero (a), y la conformaci\u00f3n del n\u00facleo familiar, con vocaci\u00f3n de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la norma analizado, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia, esto es, la pensi\u00f3n de sobrevivientes, o en su caso, la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la misma o la devoluci\u00f3n de saldos, de acuerdo al r\u00e9gimen de que se trate, y el cumplimiento de los requisitos para la causaci\u00f3n de una u otra prestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Revisados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n censurada, al resolver el precitado mecanismo extraordinario, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no resulta abiertamente arbitrario ni manifiestamente alejado del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, se sustent\u00f3 en una interpretaci\u00f3n motivada de la normatividad aplicable, seg\u00fan la jurisprudencia vigente de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
4.1. Es de anotar que la tutelante sustenta su pretensi\u00f3n, entre otros, en el desconocimiento del precedente constitucional, concretamente, respecto de las sentencias de la Corte Constitucional C336-2014, SU428-2016 y C515-2019 y refiere, en su escrito de impugnaci\u00f3n, que dicha Corporaci\u00f3n, mediante SU149-2021, del 21 de mayo del a\u00f1o en curso, dej\u00f3 sin efectos el fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral SL1730-2020 en el que se sustent\u00f3 la decisi\u00f3n rebatida y, por ende, aquella perdi\u00f3 su fundamento, criterio igualmente esbozado por el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
No obstante, frente a las dos sentencias de constitucionalidad citadas, debe destacarse que la misma Corte sostuvo, en la mencionada SU149-2021, que no constitu\u00edan un precedente constitucional, en torno a los 5 a\u00f1os de convivencia respecto de los afiliados, precisando que \u00abtampoco se analizar\u00e1 si la providencia atacada se apart\u00f3 de las Sentencias C-336 de 2014 y C-515 de 2019, por cuanto estas decisiones tampoco constituyen precedente. Esta premisa se sustenta en que estas providencias resolvieron problemas jur\u00eddicos distintos al que se estudia en el presente caso (\u2026) Se advierte entonces que los problemas jur\u00eddicos que resuelven las dos providencias que se acaban de citar no son equiparables al asunto que propone la presente acci\u00f3n de tutela y que se refiere a determinar si el art\u00edculo 47, literal a) de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, establece que para ser considerado beneficiario de la pensi\u00f3n de sobrevivientes en condici\u00f3n de c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero(a) permanente sup\u00e9rstite del afiliado no es exigible ning\u00fan tiempo m\u00ednimo de convivencia\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
De otro lado, sobre el precedente contenido en la SU428-2016, la Corte Constitucional afirm\u00f3 que en la SL1730-2020 se incumpli\u00f3 la carga de transparencia y de argumentaci\u00f3n, para justificar una decisi\u00f3n divergente, pero aclar\u00f3 que \u00abDe ese modo, la sentencia no discute expl\u00edcitamente que la interpretaci\u00f3n realizada en esta providencia del 3 de junio de 2020(9) garantiza de mejor manera la Constituci\u00f3n, en comparaci\u00f3n con el precedente constitucional descrito. Con lo anterior es importante se\u00f1alar que no le estaba prohibido a la Corte Suprema de Justicia apartarse del precedente fijado por la Corte Constitucional, siempre y cuando aportara razones suficientes para justificar dicha discrepancia\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Ahora bien, como quiera que la Corte Constitucional dej\u00f3 sin efectos el fallo SL1730-2020, para el caso particular y concreto all\u00ed definido, ordenando a la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral emitir otro, con aplicaci\u00f3n del criterio establecido por esa Corporaci\u00f3n, la Sala especializada profiri\u00f3 la SL4318-2021, el 22 de septiembre del a\u00f1o anterior, en la que resolvi\u00f3 el asunto, seg\u00fan lo indicado en la SU149-2021, pero retirando la interpretaci\u00f3n dada al tema debatido, como \u00f3rgano de cierre, al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u00abResulta necesario advertir que, para esta Sala, en ninguna interpretaci\u00f3n irrazonable ni desproporcionada del literal a) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 se incurri\u00f3 en la decisi\u00f3n que se dej\u00f3 sin efectos por la Corte Constitucional; por el contrario, la intelecci\u00f3n dada se acompasa perfectamente con los supuestos establecidos en la disposici\u00f3n en comento, y m\u00e1s a\u00fan, con la clara finalidad del legislador al prever las condiciones para ser beneficiario de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en calidad de c\u00f3nyuge o de compa\u00f1ero (a) permanente, de afiliado (a) o de pensionado (a), y la protecci\u00f3n de su n\u00facleo familiar, sin que se produzcan los resultados desproporcionados aducidos, respecto a la finalidad de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, ni que se est\u00e9 en contraposici\u00f3n con el principio de sostenibilidad financiera del sistema, que valga acotar, en materia de pensi\u00f3n de sobrevivientes tiene un alcance y naturaleza distinta. <\/p>\n
Lo anterior, si se tiene en cuenta que esta prestaci\u00f3n, as\u00ed como la de invalidez, se financia en el sistema pensional, no solo con los aportes de los afiliados, sino con la suma adicional a cargo de las aseguradoras, en el r\u00e9gimen de ahorro individual y; en el sistema de riesgos profesionales, la financiaci\u00f3n est\u00e1 dada por las normas propias de los seguros, en virtud de la ocurrencia de los respectivos siniestros, lo que no tiene la virtualidad de afectar en modo alguno la sostenibilidad financiera del sistema pensional. <\/p>\n
Y, en manera alguna se violent\u00f3 el principio de igualdad, en tanto que, como lo ha precisado de manera reiterada la misma Corte Constitucional, \u00e9sta solo puede predicarse entre iguales, y la diferenciaci\u00f3n establecida por el legislador, encuentra plena justificaci\u00f3n en las discrepancias entre uno y otro supuesto, persiguiendo una finalidad que esa misma Corporaci\u00f3n consider\u00f3 leg\u00edtima en la sentencia CC C-1094-2003, al analizar la constitucionalidad de la regulaci\u00f3n que la consagra, declarando en esa oportunidad la exequibilidad de la disposici\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco se desconoci\u00f3 el precedente constitucional, pues no evidencia esta Sala un verdadero acierto en la afirmaci\u00f3n efectuada respecto a que, en la sentencia CC SU-428-2016, se fij\u00f3 una regla jurisprudencial aplicable al caso, esto es, de convivencia m\u00ednima de cinco a\u00f1os trat\u00e1ndose de muerte de pensionado o de afiliado, tema al que se hizo referencia de manera tangencial, entre los otros que fueron puestos a consideraci\u00f3n del \u00f3rgano de cierre constitucional, advirti\u00e9ndose al respecto la necesidad de ser miembro del grupo familiar del causante al momento de su muerte, y de la convivencia real y efectiva, para lo cual se remiti\u00f3 al precedente de esta Corporaci\u00f3n, sin que esa consideraci\u00f3n ri\u00f1a con la precisi\u00f3n jurisprudencial que fuera invalidada. <\/p>\n
En todo caso, tal decisi\u00f3n constitucional lo que hace es adaptar las consideraciones de las providencias CC C-336-2014 y CC C-1176-2001, como justificaci\u00f3n de ese m\u00ednimo tiempo de convivencia, mediante la cita de apartes que se encuentran referidos espec\u00edficamente a la protecci\u00f3n del pensionado y su familia, sin an\u00e1lisis y justificaci\u00f3n alguna respecto de la extensi\u00f3n de tales exigencias para cuando muere un afiliado al sistema pensional, caso en el que el legislador no previ\u00f3 ese m\u00ednimo; y es de ah\u00ed justamente, de donde se deriva que, en verdad, no constituye el precedente espec\u00edficamente aplicable, ni pod\u00eda dar lugar al defecto sustantivo por su desconocimiento, ni a la imputaci\u00f3n de incumplimiento de las cargas de transparencia y argumentativa, en tanto que la precisi\u00f3n jurisprudencial justamente se sustent\u00f3 en las consideraciones de la Corte Constitucional en asuntos y materias que s\u00ed guardan estrecha identidad con la que fue objeto de debate, atendiendo particularmente a las argumentaciones expuestas en la sentencia de constitucionalidad, que analiz\u00f3 el mencionado requisito y la diferenciaci\u00f3n legislativa leg\u00edtima prevista. <\/p>\n
4.2. En reciente oportunidad, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, en ejercicio de su funci\u00f3n de unificaci\u00f3n como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n laboral, reiter\u00f3 su criterio y motiv\u00f3 las razones por las cuales se apartaba del precedente contenido en la SU149-2021, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abComo se recuerda, el juez colegiado tuvo en cuenta para definir el derecho pensional de la actora, que \u00e9sta acredit\u00f3 la calidad de compa\u00f1era permanente del causante, por demostrar m\u00e1s de 2 a\u00f1os de convivencia anteriores al fallecimiento, aduciendo que el requisito de los 5 a\u00f1os solo puede exigirse respecto del pensionado fallecido, m\u00e1s no del afiliado, punto fundamental sobre el cual radica el descontento de la censura con la sentencia impugnada\u2026 <\/p>\n
En tal entendido, para la Sala, el juzgador de segundo grado no incurri\u00f3 en los desatinos que le enrostra el recurrente, ya que, en efecto, como lo advierte la r\u00e9plica, esta Corporaci\u00f3n revalu\u00f3 el criterio seg\u00fan el cual la convivencia m\u00ednima de 5 a\u00f1os para ser beneficiario de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, de c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, era exigible con independencia de si el causante era un afiliado o un pensionado, acorde con lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que, luego de analizar minuciosa y detenidamente el citado supuesto normativo, en armon\u00eda con los pronunciamientos efectuados en sede de constitucionalidad referidos al mismo, esta Corporaci\u00f3n concluy\u00f3, sin dubitaci\u00f3n alguna, que su intelecci\u00f3n adecuada, la que se acompasa con la Constituci\u00f3n y el esp\u00edritu de la ley, as\u00ed como con los fines y principios del Sistema Integral de Seguridad Social, y en particular, del Sistema Pensional, lleva a concluir que, en caso de muerte de afiliado, no fue previsto por el legislador un requisito de tiempo m\u00ednimo de convivencia, para que c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, ostenten la condici\u00f3n de beneficiario de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, puesto que tal requisito, solo fue instituido para el caso de muerte del pensionado, por motivos que resultan constitucionalmente v\u00e1lidos, como en m\u00e1s de una oportunidad lo analiz\u00f3 la Corte Constitucional\u2026 <\/p>\n
De la redacci\u00f3n del precepto legal, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo m\u00ednimo de convivencia de 5 a\u00f1os all\u00ed contenida, se encuentra relacionada \u00fanicamente al caso en que la pensi\u00f3n de sobrevivientes se cause por muerte del pensionado; una intelecci\u00f3n distinta, comporta la variaci\u00f3n de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinci\u00f3n, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada\u2026 <\/p>\n
Finalmente, resulta necesario precisar, que la sentencia CSJ SL1730-2020, en la que se fij\u00f3 inicialmente el criterio en el que se insiste en esta nueva oportunidad, fue dejada sin efectos mediante la sentencia CC SU-149-2021, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, empero, esta Sala especializada se aparta de lo razonado en esa providencia, a la que se dio cumplimiento mediante sentencia CSJ SL4318-2021, por las razones all\u00ed esbozadas, que se traen nuevamente a colaci\u00f3n, para cumplir con la carga de transparencia, exponiendo con precisi\u00f3n y suficiencia los argumentos de \u00edndole jur\u00eddico, por los que se aparta del precedente constitucional referido\u2026 <\/p>\n
\u2026por lo que forzoso es concluir que, el \u00fanico precedente aplicable en la materia, lo constituye ahora si la sentencia CC SU-149-2021, de la que se aparta esta corporaci\u00f3n. <\/p>\n
La totalidad de razones expuestas, son m\u00e1s que suficientes para la modificaci\u00f3n del criterio jurisprudencial, que hoy se reproduce, frente a la interpretaci\u00f3n adecuada de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, lo que resulta constitucional y legalmente v\u00e1lido, dentro del marco de las competencias de esta Sala, en su funci\u00f3n de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia laboral, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 270 de 1996 y 235 de la CP, con sus modificaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
I. En consecuencia, los cargos no est\u00e1n llamados a prosperar\u00bb (Se subraya, SL5270-2021 del 3 de noviembre de 2021). <\/p>\n
4.3. Por tanto, en opini\u00f3n de la Sala, la decisi\u00f3n adoptada por la Corte Constitucional frente al caso particular y concreto de la SL1730-2020, con posterioridad a la sentencia censurada (SL5167-2020), no conlleva per se la procedencia de la tutela, pues, como se indic\u00f3, el fallo de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral que en esta oportunidad se ataca no se vislumbra abiertamente alejado del ordenamiento o carente de fundamento objetivo, al estar sustentado en la jurisprudencia vigente de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, que minuciosamente ha analizado el asunto y expuesto, bajo una hermen\u00e9utica plausible basada en la normativa aplicable y en la jurisprudencia relacionada, los argumentos para no exigir 5 a\u00f1os de convivencia cuando se trata de afiliados; y, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, no por ello merece necesariamente ser pasible de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
En este orden y como quiera que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, la salvaguarda impetrada carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
5. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Subcarpeta 1.115697 Primera- RepartoFolios 1-86, archivo \u201cDemanda_24_2_2021 11_04_12.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Seg\u00fan lo indicado en Resoluci\u00f3n 004388 de 2010. <\/p>\n
3\u0002Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Ver cap\u00edtulo VI del fallo SL5167-2020. <\/p>\n
6\u0002 Subcarpeta 1.115697 Primera- RepartoFolios 1-15, archivo \u201cPrueba_24_2_2021 11_04_21.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Recibidas en las distintas etapas del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
8\u0002 Subcarpeta 1.115697 Primera- RepartoFolios 1-15, archivo \u201cPrueba_24_2_2021 11_04_21.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Fecha del fallo SL1730-2020. <\/p>\n
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STC1627-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC1627-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00509-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida el 17 de junio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61289","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61289"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61289\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}