STC1630-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1630-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00386-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Grupo Factoring de Occidente S.A.S. frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte accionante a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al haber suspendido el proceso ejecutivo singular que promovi\u00f3 frente a IvanAgro S.A., con rad. 2020-00118. <\/p>\n
Solicita entonces, para la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores, \u00abrevo[car]\u00bb las decisiones calendadas 17 de agosto, 4, 14 y 25 de octubre de 2021, y, que consecuencia de ello, se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, \u00abcontinuar el tr\u00e1mite\u00bb del referido asunto. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones aduce, en s\u00edntesis, que pese aunque no solo las facturas b\u00e1culo de la acci\u00f3n fueron aceptadas seg\u00fan las normas cambiarias; que el endoso en propiedad fue notificado en debida forma a la sociedad deudora; y que en la sentencia de primer grado se resolvi\u00f3 negativamente el medio defensivo denominado prejudicialidad, habida cuenta de la denuncia formulada en contra de varios trabajadores de la obligada, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn resolvi\u00f3 suspender la controversia ejecutiva en cita, por las diligencias que cursan en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, pues se \u00abcont\u00f3 con mecanismos procesales adecuados para acreditar la presunta falsedad de los t\u00edtulos dentro del proceso\u00bb, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito en Oralidad de Medell\u00edn \u00abahond\u00f3 en la presunta falsedad de los t\u00edtulos, evidenciando que no estaba demostrada (\u2026) [siendo] reiterada (\u2026) la jurisprudencia que indica que, en caso de presunto fraude en la expedici\u00f3n de los t\u00edtulos, no se afecta la eficacia cambiaria y debe protegerse al tercero, tenedor leg\u00edtimo de buena fe exenta de culpa\u00bb, y la Corporaci\u00f3n convocada mantuvo inc\u00f3lume lo resuelto, con sustento en que se dan todos los presupuestos para la aludida suspensi\u00f3n; que pese a que solicit\u00f3 adici\u00f3n de este prove\u00eddo, en raz\u00f3n a que falt\u00f3 el pronunciamiento respecto de las consideraciones de la primera instancia y no \u00abexpuso las razones por las cuales en su concepto, la sentencia que deb\u00eda dictarse depend\u00eda necesariamente de lo que se decidiera con relaci\u00f3n con la denuncia penal\u00bb, el Tribunal neg\u00f3 tal solicitud, por lo que interpuso recurso horizontal contra esa decisi\u00f3n, el que se rechaz\u00f3 de plano, circunstancias todas, que dice, lesionan las prerrogativas superior invocadas. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 7 de febrero de los corrientes, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn precis\u00f3, que \u00abtodas las decisiones cuestionadas estuvieron soportadas en el an\u00e1lisis de las pruebas regular y oportunamente allegadas, e igualmente responden a la observancia de las normas sustanciales y procesales que rigen la materia. Por tanto, desde ning\u00fan punto de vista puede sostenerse que en el caso concreto se incurri\u00f3 en \u201cv\u00eda de hecho\u201d, en tanto que la actuaci\u00f3n de la suscrita se ajust\u00f3 a Derecho, m\u00e1xime que evidentemente los argumentos de la tutela, igual que sucedi\u00f3 con los del recurso de reposici\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n mediante la cual se decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, se orientan m\u00e1s bien a ahondar en las razones que a juicio de la tutelante deben sustentar la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primera instancia, m\u00e1s estrictamente no se atacan las motivaciones en que se fund\u00f3 el decreto mismo de la suspensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del Grupo Factoring de Occidente SAS est\u00e1 encaminada, concretamente, contra i) el prove\u00eddo dictado el 4 de octubre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 \u00abNO REPONER\u00bb el auto del 17 de agosto anterior que dispuso \u00abDECRETAR la suspensi\u00f3n\u00bb del proceso; ii) el auto de 14 octubre del citado a\u00f1o que resolvi\u00f3 \u00abNEGAR la solicitud de adici\u00f3n formulada\u00bb respecto de la anterior determinaci\u00f3n; y, el iii) prove\u00eddo del d\u00eda 25 del mismo mes y a\u00f1o, que \u00abrechaz[\u00f3] de plano\u00bb el recurso de reposici\u00f3n formulado en contra del auto del 4 de octubre referido, en el marco del proceso ejecutivo singular que promovi\u00f3 frente a IvanAgro SA, pues en su criterio, no hab\u00eda lugar a decretar la suspensi\u00f3n aludida. <\/p>\n
3. No obstante, una vez examinado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada a trav\u00e9s de este mecanismo especial, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional implorada, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Tribunal Superior de Medell\u00edn para decidir como lo hizo, en punto de mantener inc\u00f3lume la decisi\u00f3n que dispuso la suspensi\u00f3n del referido cobro coercitivo precis\u00f3, que los argumentos expuestos en el recurso horizontal1 \u00abest\u00e1n (\u2026) orientados a que se confirme la sentencia que puso fin a la primera instancia, en la medida que lo alegado en ellos pasa por una supuesta inexistencia de \u201cfalsedad\u201d de las facturas base de la ejecuci\u00f3n, la posibilidad que ten\u00eda la demandada de probar cualquier irregularidad con ocasi\u00f3n de esos t\u00edtulos valores por v\u00eda de excepci\u00f3n y, en fin, temas vinculados con el fondo del asunto m\u00e1s que con la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad\u00bb, figura que \u00abse relaciona con el principio de \u201cunidad de jurisdicci\u00f3n\u201d, que no con la soluci\u00f3n dogm\u00e1tica que un litigio deba tener de fondo en uno u otro sentido\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa advirti\u00f3, que la suspensi\u00f3n por causa del citado fen\u00f3meno procesal \u00abresponde es a la prudencia que debe reinar cuando el Juez Civil se entera sobre el curso de otras causas judiciales, incluidas las penales, que pueden afectar su decisi\u00f3n, m\u00e1xime cuando en este caso IvanAgro no ha alegado precisamente que la ejecuci\u00f3n se basa en \u201ct\u00edtulos falsos\u201d, ni m\u00e1s faltaba. Por el contrario, en lo que ha insistido la ejecutada es en que el proceso de creaci\u00f3n (emisi\u00f3n), aceptaci\u00f3n y posterior endoso de las facturas fue (\u2026), producto de un il\u00edcito, pues seg\u00fan afirma no existi\u00f3 la prestaci\u00f3n del servicio a que tales facturas se refieren. Luego, visto que el art\u00edculo 772 del C\u00f3digo de Comercio precept\u00faa en lo pertinente que \u201c(N)o podr\u00e1 librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito\u201d, resulta pertinente recordar que la Fiscal\u00eda (\u2026) lo que certific\u00f3 fue la existencia de una investigaci\u00f3n penal en contra del se\u00f1or Oscar Alberto Aguirre, con ocasi\u00f3n de los supuestos delitos de falsedad en documento privado en concurso con estafas por un monto superior a los $17.000.000.000\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en relaci\u00f3n a la inexistencia del negocio alegado se\u00f1al\u00f3, que \u00abno es de la ausencia de negocio subyacente de lo que habla el numeral 12 del art\u00edculo 784 del C\u00f3digo de Comercio, pues la norma se refiere al planteamiento de las excepciones derivadas del negocio subyacente o causal, m\u00e1s no a su inexistencia\u00bb; advirti\u00f3 entonces, que \u00abse cumplen los requisitos para decretar la suspensi\u00f3n del proceso [por] prejudicialidad, esto es, se alleg\u00f3 prueba de la existencia de la causa penal que la determina y el presente se encuentra en estado de dictar sentencia de segunda instancia (art\u00edculos 161 y 162 del C.G.P), [luego] en nada cambian el panorama los argumentos del recurso tendientes a sostener que la demandante resulta ser una tercera de buena fe exenta de culpa, porque ese es un an\u00e1lisis que claramente debe hacerse cuando se aborde, eventualmente, la apelaci\u00f3n propuesta por la sociedad demandada y no estrictamente en punto de la suspensi\u00f3n aqu\u00ed cuestionada\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ahora en punto al segundo de los prove\u00eddos criticados, esto es, el que neg\u00f3 la adici\u00f3n de la anterior decisi\u00f3n, la Colegiatura convocada indic\u00f3, que si bien la actora alude la ausencia de pronunciamiento respecto de los argumentos 2\u00ba y 4\u00ba del citado recurso de reposici\u00f3n, lo cierto es que, \u00abpara despachar desfavorablemente ese par de embates, en el auto que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n se explic\u00f3 con suficiencia que: \u201c(L)o primero que debe aclararse es que en realidad el recurso fue formulado con una estructura juiciosa y clara, misma raz\u00f3n por la cual de entrada se advierte que los argumentos enlistados en sus numerales 1, 2, 3 y 4 francamente est\u00e1n m\u00e1s bien orientados a que se confirme la sentencia que puso fin a la primera instancia, en la medida que lo alegado en ellos pasa por una supuesta inexistencia de \u201cfalsedad\u201d de las facturas base de la ejecuci\u00f3n, la posibilidad que ten\u00eda la demandada de probar cualquier irregularidad con ocasi\u00f3n de esos t\u00edtulos valores por v\u00eda de excepci\u00f3n y, en fin, temas vinculados con el fondo del asunto m\u00e1s que con la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad.\u201d\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 adem\u00e1s, que \u00absuficientes fueron las razones que se procuraron para explicar por qu\u00e9 los argumentos de la parte demandante resultaban pertinentes cuando se aborde, eventualmente, la apelaci\u00f3n propuesta por la sociedad demandada y no en punto de la suspensi\u00f3n entonces cuestionada, por tratarse de dos escenarios de marcada diferencia, tanto como que en la sentencia se resuelve el recurso de apelaci\u00f3n y en al auto que despacha la solicitud de suspensi\u00f3n por prejudicialidad se abordan, simplemente, las cuestiones de que tratan los art\u00edculos 161 y 162 del C.G.P.\u00bb; a m\u00e1s que frente al incumplimiento de los requisitos para la suspensi\u00f3n, \u00abexplic\u00f3 con claridad que se cumplen en el caso los requisitos para decretar la suspensi\u00f3n del proceso prejudicialidad, como quiera que se alleg\u00f3 prueba de la existencia de la causa penal que la determina y el presente se encuentra en estado de dictar sentencia de segunda instancia (art\u00edculos 161 y 162 del ib\u00eddem) y, claro, se expuso con claridad la naturaleza de la excepci\u00f3n de que trata el numeral 12 del art\u00edculo 784 del C\u00f3digo de Comercio, por m\u00e1s que los argumentos ofrecidos no favorezcan los intereses de la sociedad ejecutante\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 adem\u00e1s, que \u00abi) resolvi\u00f3 sobre cada uno de los argumentos enarbolados por la parte demandante en el recurso de en contra de la decisi\u00f3n que decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso; ii) despach\u00f3 de manera desfavorable una solicitud de adici\u00f3n en contra del auto que resolvi\u00f3 el mentado recurso de reposici\u00f3n; iii) en ninguno de esos casos abord\u00f3 puntos nuevos, por lo que no procede la excepcional reposici\u00f3n que est\u00e1 prevista para atacar los mentados puntos, en la medida que la decisi\u00f3n se limit\u00f3 a despachar cada uno de los argumentos, pero ciertamente en un sentido que no favorece a la recurrente\u00bb. <\/p>\n
4. Visto lo anterior, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed ejecutante), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria. <\/p>\n
4.1. T\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por la sociedad gestora del amparo, la decisi\u00f3n del Tribunal se apoy\u00f3 en la normatividad aplicable y el an\u00e1lisis conjunto de los medios de prueba, de los que advirti\u00f3 que hab\u00eda lugar a la suspensi\u00f3n del litigio por prejudicialidad, comoquiera que en las diligencias penales se investigaban la comisi\u00f3n de los delitos de falsificaci\u00f3n en documento privado, concierto para delinquir, estafa y enriquecimiento il\u00edcito, precisamente en la emisi\u00f3n de las facturas de venta que cimientan el juicio coercitivo, tem\u00e1tica particular que no pod\u00eda desarrollarse como excepci\u00f3n, habida cuenta que no se cuestionan los t\u00edtulos como tal, sino las actuaciones previas que dieron lugar a \u00e9stos, por lo que el monto denunciado y las circunstancias expuestas, inexorablemente hab\u00eda lugar al decreto de la tan mentada suspensi\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, lo Corte no advierte en las restantes decisiones la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegada por la actora, pues m\u00e1s all\u00e1 de las consideraciones ah\u00ed expuestas, que se acompasan con la Ley adjetiva, lo que se concluye es, la insistencia de la sociedad gestora en su postura y por tanto las inconformidades que ahora ventila, sin que sea este el escenario para ello. <\/p>\n
4.2. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab\u201c1. El demandado cont\u00f3 con mecanismos procesales adecuados para acreditar la presunta falsedad dentro del proceso ejecutivo (ejm. La tacha de falsedad), mecanismos que no interpuso en su oportunidad. <\/p>\n
2. El juez de la primera instancia ahond\u00f3 en la presunta falsedad de los t\u00edtulos, evidenciando que no estaba demostrada, que la aceptaci\u00f3n de las facturas por parte de Ivanagro fue conocida por varias personas de esa empresa y que fue evidente la falta de controles m\u00ednimos de parte de la sociedad Ivanagro. <\/p>\n
3. Es reiterada y reciente la jurisprudencia que indica que, en caso de presunto fraude en la expedici\u00f3n de los t\u00edtulos, no se afecta la eficacia cambiaria y debe protegerse al tercero, tenedor leg\u00edtimo de buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
4. No se cumplen los requisitos para decretar la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad.\u201d\u00bb <\/p>\n
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STC1630-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1630-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00386-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Grupo Factoring […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61291","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61291","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61291"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61291\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61291"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61291"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}