STC1632-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1632-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00419-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por M\u00f3nica del Pilar Bustos Vega como Defensora de Familia del ICBF, Centro Especializado Revivir, en representaci\u00f3n de la menor XXX, contra el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite que se hace extensivo a la Sala de Familia del Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial, y al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del tr\u00e1mite especial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Solicita la accionante en la calidad antedicha, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, al \u00abambiente sano\u00bb, a \u00abtener una familia\u00bb y a la \u00abprotecci\u00f3n integral\u00bb de su agenciada, los cuales considera vulnerados por la autoridad judicial convocada, con la providencia adiada 4 de octubre de 2021, a trav\u00e9s de la cual, dispuso i) declarar en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a XXX, ii) mantener la medida de ubicaci\u00f3n institucional; iii) ordenar el seguimiento correspondiente; iv) amonestar a los progenitores de la menor de edad, remiti\u00e9ndolos a un curso pedag\u00f3gico, y, v) restableci\u00f3 las visitas de los padres, en el marco del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de aqu\u00e9lla, con radicado ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 1761429564, y en el Despacho 2021-00250. <\/p>\n
Por tal motivo pretende, en concreto, que se invalide la mentada determinaci\u00f3n, para que en su lugar, se ordene al Juez Sexto de Familia de Bogot\u00e1 proferir \u00abdecisi\u00f3n de fondo que defina la situaci\u00f3n de la ni\u00f1a XXX, ya sea ordenando el reintegro al medio familiar, o declar\u00e1ndola en situaci\u00f3n de adoptabilidad\u00bb; tambi\u00e9n, que se \u00abdecret[e] la p\u00e9rdida de competencia\u00bb de dicha oficina judicial para seguir conociendo del memorado asunto, el cual deber\u00e1, de manera inmediata, \u00abremitir el expediente al Juzgado de Familia que sigue [en turno]\u00bb; y, finalmente, que se compulsen copias de las actuaciones a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura \u00abcon el fin de que se adelante la investigaci\u00f3n a la que [haya] lugar\u00bb. <\/p>\n
2. Para cimentar tal pedimento, y luego de hacer una copiosa narraci\u00f3n de varios de los hechos acaecidos alrededor del tr\u00e1mite aludido, y de las providencias dictadas por el Juez Sexto de Familia de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del fallo de tutela pronunciado el 28 de julio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, alega la gestora del amparo, que mediante auto adiado 2 de agosto postrero, la autoridad judicial convocada declar\u00f3 la invalidez de todo lo actuado en el PARD, partir del 28 de febrero pr\u00f3ximo anterior, fecha en la cual, la Defensor\u00eda de Familia hab\u00eda puesto en estado de adoptabilidad a la menor involucrada y la p\u00e9rdida de competencia de dicha autoridad administrativa, motivo por el cual, asumi\u00f3 el conocimiento del asunto, prove\u00eddo que si bien atac\u00f3 a trav\u00e9s de la v\u00eda horizontal y vertical, se mantuvo inc\u00f3lume. <\/p>\n
Indica que a paso seguido, esto es, el 4 de octubre de 2021, el nombrado despacho judicial declar\u00f3 en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a la menor, mantuvo la medida de ubicaci\u00f3n institucional, orden\u00f3 el respectivo seguimiento, remiti\u00f3 a los progenitores de la menor de edad a un curso pedag\u00f3gico, y restableci\u00f3 las visitas a favor de \u00e9stos, determinaci\u00f3n que a todas luces, es desatinada e improcedente, pues mediante el acto administrativo de 23 de agosto de 2019, la Defensor\u00eda ya hab\u00eda declarado en dicho estado a XXX, motivo por el cual, a lo que deb\u00eda procederse, era a la definici\u00f3n de su situaci\u00f3n jur\u00eddica, de conformidad a lo normado en el canon 103 de la Ley 1098 de 2006, m\u00e1xime cuando est\u00e1 demostrado dentro del plenario, que el contacto autorizado con los progenitores, puede \u00abafectar[la] emocionalmente, toda vez que durante el tiempo que ha permanecido en medida de restablecimiento de derechos, se evidenci\u00f3 incumplimiento de compromisos por el progenitor\u00bb; adem\u00e1s, seg\u00fan las valoraciones psicol\u00f3gicas efectuadas a \u00e9ste por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses y por Psicorehabilitar, se indica la \u00abimposibilidad de asumir su rol\u00bb, imposibilidad que tambi\u00e9n se establece respecto de la madre, quien muestra \u00abinestabilidad emocional e intermitencia en sus visitas (\u2026), lo cual afect[a] emocionalmente a la ni\u00f1a\u00bb, situaci\u00f3n que pese a ser comunicada a la primera, no fue oportunamente atendida, y gener\u00f3, adem\u00e1s, la iniciaci\u00f3n de un proceso terap\u00e9utico con la menor, circunstancias las anteriores por las que acude a la presente v\u00eda excepcional, por no contar con otro mecanismo de defensa. <\/p>\n
3. El 8 de febrero de la anualidad que avanza se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juez Sexto de Familia de Bogot\u00e1, se limit\u00f3 a remitir el expediente contentivo del proceso objeto de an\u00e1lisis, y a se\u00f1alar los datos de notificaci\u00f3n de las parte e intervinientes en el mismo. <\/p>\n
b. Por su parte, la Defensora de Familia adscrita al juzgado convocado adujo, en s\u00edntesis, que \u00abla presente acci\u00f3n de tutela est\u00e1 llamada a prosperar, todas vez que se deber\u00e1n amparar los derechos Constitucionales fundamentales de la ni\u00f1a XXX, de gran relevancia entre ellos el debido proceso, inter\u00e9s superior, derecho a la protecci\u00f3n integral, a tener una familia, a tener una calidad de vida y un ambiente sano\u00bb, pues con \u00abla decisi\u00f3n tomada por el Juzgado, estar\u00edamos frente a un retroceso del proceso, al brind\u00e1rseles nuevamente apoyo psicosocial y terap\u00e9utico, por tal motivo las garant\u00edas procesales ser\u00edan para los progenitores, cuando ya se les hab\u00eda dado esta oportunidad y tiempo suficiente para adelantarlas, la cual no la aprovecharon por no existir un compromiso y falta de inter\u00e9s por parte de estos, tal y como se puede evidenciar de los informes que obran dentro del proceso, los cuales no fueron valorados en la sentencia como pruebas y solo hace alusi\u00f3n a las manifestaciones de inter\u00e9s de los mismos, sin embargo que m\u00e1s prueba y evidencia los dos a\u00f1os en los cuales no se dieron cumplimiento y garant\u00edas para un posible reintegro a su medio familiar\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas1. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela; mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por la Defensora de Familia M\u00f3nica del Pilar Bustos Vega, resulta parcialmente procedente, pues con la determinaci\u00f3n emitida el pasado 4 de octubre de 2021, el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, por medio de la cual se resolvi\u00f3, entre otros, \u00abPRIMERO: DECLARAR en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos de la ni\u00f1a XXX. SEGUNDO: MANTENER la medida de restablecimiento de derechos de la ni\u00f1a XXX, adoptada en decisi\u00f3n del 12 de agosto de 2019, proferido por el Defensor de Familia del Centro Zonal M\u00e1rtires de esta Ciudad, esto es en ubicaci\u00f3n institucional (N\u00fam. 4\u00ba Art.53 del C.I.A.), (\u2026). TERCERO: RDENAR el seguimiento pertinente de la presente medida de restablecimiento de derechos por el t\u00e9rmino de seis (6) meses, a trav\u00e9s del equipo interdisciplinario correspondiente. Of\u00edciese a la instituci\u00f3n en la cual se encuentra la ni\u00f1a XXX. CUARTO: AMONESTAR a los se\u00f1ores YYY y ZZZ, padres de XXX, para que asuma[n] los deberes, responsabilidades y obligaciones de su descendiente en debida forma, por lo cual deber\u00e1n ser part\u00edcipes del proceso terap\u00e9utico de su hijo, asistir y cumplir con los requerimientos por la instituci\u00f3n en la cual se encuentra el mismo de forma oportuna, as\u00ed mismo deber\u00e1n asistir a curso pedag\u00f3gico de pautas de crianza y empoderamiento de su rol materno, medidas est\u00e1s consagrada en el art\u00edculo 53 numerales 1\u00ba y 3\u00ba del C.I.A. QUINTO: REMITIR a los se\u00f1ores YYY y ZZZ, al curso pedag\u00f3gico de \u2018Derechos Humanos y Pautas de Crianza\u2019 que ofrece la Defensor\u00eda del Pueblo y cuya constancia de asistencia deber\u00e1n allegarla al expediente, medidas est\u00e1s consagrada en el art\u00edculo 53 numerales 1\u00ba y 3\u00ba del C.I.A. SEXTO: RESTABLECER las visitas institucionales de los se\u00f1ores YYY y ZZZ, a su hija XXX . Of\u00edciese como fue indicado en la parte motiva a la instituci\u00f3n en la cual se encuentra la ni\u00f1a. S\u00c9PTIMO: REQUERIR a la instituci\u00f3n en la cual se encuentra la mencionada ni\u00f1a (FUNDACI\u00d3N CRAN), para que dentro del proceso terap\u00e9utico de la ni\u00f1a XXX sean vinculados los progenitores de la misma, as\u00ed como su abuela materna. OCTAVO.- ORDENAR que a trav\u00e9s del equipo psicosocial del Centro Zonal Revivir, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, efect\u00fae una visita social a los domicilios de los progenitores de la menor de edad involucrada en la litis, con el fin de establecer y conocer sus condiciones personales, habitacionales, familiares, y todo lo referente su cuidado, as\u00ed mismo para que se conceptu\u00e9 sobre la idoneidad de dicho medio familiar para su atenci\u00f3n integral. NOVENO: ORDENAR a los se\u00f1ores YYY y ZZZ, que a trav\u00e9s de su EPS inicie[n] tratamiento psicol\u00f3gico pertinente\u00bb, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos citado, ciertamente se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por el defecto procedimental, al adoptar una decisi\u00f3n que luce arbitraria frente a la normatividad adjetiva aplicable al asunto, como pasa a verse: <\/p>\n
2.1. Debido a la denuncia an\u00f3nima que se recibi\u00f3, en la que se acot\u00f3 que la menora XXX era, presuntamente, v\u00edctima de abuso sexual por parte de su progenitor, mediante acto administrativo calendado 23 de agosto de 2019, el Centro Zonal M\u00e1rtires del ICBF, declar\u00f3 en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a la ni\u00f1a, ordenando al progenitor YYY, vincularse a un proceso terap\u00e9utico, as\u00ed como el respectivo seguimiento. <\/p>\n
2.2. Agotado el correspondiente tr\u00e1mite administrativo, mediante Resoluci\u00f3n No. 050 de 26 de febrero de 2021, se declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad a la menor, decisi\u00f3n que no fue homologada por el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, pues mediante auto adiado 28 de junio postrero, puso de presente que se hab\u00eda vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de los padres, pues los medios probatorios sobre los cuales la Defensor\u00eda de Familia ciment\u00f3 su decisi\u00f3n, no fueron puesto en conocimiento de aquellos con antelaci\u00f3n a la audiencia de fallo, adem\u00e1s que, seg\u00fan su criterio, no existen elementos probatorios contundentes que permitan establecer que los progenitores no tienen inter\u00e9s en ejercer la patria potestad de su hija. <\/p>\n
2.3. Contra esa determinaci\u00f3n, la aqu\u00ed accionante, interpuso acci\u00f3n de este mismo linaje, de la cual conoci\u00f3 la Sala de Familia del Tribunal de Bogot\u00e1, Colegiatura que en fallo de 28 de julio de 2021, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, ordenando al juzgado involucrado, invalidar esa providencia del 28 de junio de 2021, para que dentro del t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de tal previsto, \u00abadopte las decisiones necesarias para subsanar los defectos procesales en que haya podido incurrir en el tr\u00e1mite del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de la ni\u00f1a involucrada y le d\u00e9 continuaci\u00f3n\u00bb, haciendo \u00e9nfasis el juez constitucional, que conforme al yerro planteado por el operador judicial atacado, no proced\u00eda la no homologaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de adoptabilidad, sino la declaratoria de nulidad de las actuaciones a partir del momento en que los padres debieron tener conocimiento de las pruebas. <\/p>\n
2.4. En cumplimiento de tal disposici\u00f3n, el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, en prove\u00eddo de 2 de agosto de 2021, adem\u00e1s de declarar la nulidad de lo actuado en el PARD a partir del 26 de febrero de 2020 (data en la cual se dict\u00f3 la resoluci\u00f3n de adoptabilidad), avoc\u00f3 conocimiento del asunto, luego de establecer que la Defensor\u00eda hab\u00eda perdido competencia por vencimiento de t\u00e9rminos, decisi\u00f3n atacada infructuosamente por la aqu\u00ed interesada. <\/p>\n
2.5. Luego, en auto del 4 de octubre de 2021, y una vez rehecha la actuaci\u00f3n en lo concerniente al traslado de las pruebas a los padres, el juzgado enjuiciado resolvi\u00f3, tal y como se dej\u00f3 anotado en l\u00edneas precedentes, declarar en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a la ni\u00f1a, tras esgrimir, en suma, que <\/p>\n
\u00abrevisadas las diligencias de protecci\u00f3n, se estableci\u00f3 que las mismas iniciaron por solicitud del Hospital de Kennedy de esta Ciudad, donde se adujo la presunta existencia de maltrato infantil, hechos por los cuales el Defensor de Familia de Kennedy de esta ciudad dio apertura del PARD, tomando como medida de restablecimiento de los derechos del adolescente, en ubicaci\u00f3n institucional. <\/p>\n
Dentro del tr\u00e1mite surtido ante este Despacho Judicial fueron escuchados el progenitor YYY y la progenitora ZZZ, quienes advirtieron estar dispuesto a acoger a la ni\u00f1a en el seno de su familia en forma inmediata y asumir un compromiso frente a la crianza y cuidado de la menor, sin embargo, no cuenta con red de familia extensa. En el interrogatorio del se\u00f1or YYY, indic\u00f3 que ten\u00eda bajo su cuidado a la ni\u00f1a desde los cinco meses de edad, hasta el momento en que fue puesta en protecci\u00f3n, que estuvo activo en el proceso de restablecimientos, y asisti\u00f3 a las citas de las terapias, sin embargo la terapeuta le dijo que no era necesario que regresara porque el informe de medicina legal, indic\u00f3 que no era apto para mantener la custodia de su hija, se\u00f1al\u00f3 que est\u00e1 dispuesto a asumir el cuidado de su hija, porque siempre es el que ha velado por el cuidado de ella, que mientras le mantuvieron las visitas visit\u00f3 a su hija y estuvo pendiente de ella. <\/p>\n
La se\u00f1ora ZZZ, se\u00f1al\u00f3 que est\u00e1 dispuesta a asumir el cuidado de su hija, que estuvo alejada de ella por aproximadamente seis a\u00f1os, pero desde el a\u00f1o 2018 se encontraba visit\u00e1ndola y teniendo contacto con ella, que mientras mantuvieron las visitas, acudi\u00f3 a visitar a su hija y tambi\u00e9n la llamaba constantemente, reiter\u00f3 que est\u00e1 dispuesto igualmente, dentro de la actuaci\u00f3n administrativa y de las diversas entrevistas psicol\u00f3gicas realizadas a los progenitores de la ni\u00f1a, se concluy\u00f3 que entre los padres y la ni\u00f1a exist\u00eda un v\u00ednculo afectivo, y que los progenitores se encontraban interesados en que la ni\u00f1a sea reintegrada al seno de su familia, de lo que se puede concluir que los progenitores de la ni\u00f1a han estado activos dentro del proceso de restablecimiento y asistiendo a las citaciones que el ICBF orden\u00f3. No obstante lo anterior, es claro que a la fecha los progenitores ya no residen en los lugares donde se realizaron las visitas inicialmente por el ICBF, resulta necesario ordenar unas nuevas visitas domiciliarias a los progenitores YYY y ZZZ, as\u00ed considerar si hay mejor\u00eda en las circunstancias iniciales de habitaci\u00f3n y estabilidad de la familia, que contribuyan a garantizar unas condiciones y ambiente adecuados para el desarrollo de la ni\u00f1a XXX. <\/p>\n
Igualmente, es necesario ordenar que los progenitores retomen las terapias que hab\u00edan sido ordenadas inicialmente por el centro zonal. En este punto, advierte el despacho que revisado el expediente y de conformidad con lo expuesto dentro del plenario y como se hace necesario fortalecer las herramientas con cuentan los progenitores, as\u00ed como generar una comunicaci\u00f3n asertiva entre los progenitores, esta instancia, declarara que la mencionada menor de edad en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y por lo tanto ratifica la medida adoptada en la decisi\u00f3n del 12 de agosto de 2019 proferido por el Defensor de Familia del Centro Zonal M\u00e1rtires de esta Ciudad, esto es su ubicaci\u00f3n en medio institucional. <\/p>\n
Por todo lo anterior, se amonestar\u00e1 a los se\u00f1ores YYY y ZZZ, padres de XXX, para que asuma los deberes, responsabilidades y obligaciones de su descendiente en debida forma, por lo cual deber\u00e1n ser part\u00edcipes del proceso terap\u00e9utico de su hija, asistir y cumplir con los requerimientos por la instituci\u00f3n en la cual se encuentra su hija de forma oportuna. <\/p>\n
Se ordenar\u00e1 \u00fanicamente a los YYY y ZZZ que asistan al curso pedag\u00f3gico de \u201cDerechos Humanos y Pautas de Crianza\u201d que ofrece la Defensor\u00eda del Pueblo y cuya constancia de asistencia deber\u00e1n allegarla al expediente, medidas est\u00e1s consagrada en el art\u00edculo 53 numerales 1\u00ba y 3\u00ba del C.I.A. <\/p>\n
Con el fin de procurar la cohesi\u00f3n familiar e ir reconstruyendo lazos familiares entre padres e hija, es pertinente restablecer la autorizaci\u00f3n de las visitas a la ni\u00f1a XXX, en medio institucional, con lo cual al ser visitas vigiladas se garantiza la estabilidad f\u00edsica y emocional de la ni\u00f1a, as\u00ed mismo se considera pertinente oficiar a la instituci\u00f3n en la cual se encuentra la menor de edad con el fin de requerirlos para que dentro del proceso terap\u00e9utico sean vinculados los progenitores de la ni\u00f1a. Por todo lo anterior, y atendiendo lo dispuesto en el inciso quinto del art\u00edculo 6\u00ba de Ley 1878 de 2012, se dispondr\u00e1 el seguimiento del presente proceso de restablecimiento por el termino de seis (6) meses\u00bb. <\/p>\n
3. Puestas de ese modo las cosas, es evidente la trasgresi\u00f3n de los derechos de la menor agenciada, con la providencia del 4 de octubre de 2021, comoquiera que, estando el PARD en el estado en el que se encuentra, y habi\u00e9ndose superado las vicisitudes por las cuales se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, con fundamento en la orden emanada de la Sala de Familia de esta ciudad, en el fallo de tutela aludido, a lo que debi\u00f3 procederse, sin lugar a equ\u00edvocos, es a la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n de la menor, esto es, ordenando i) el cierre del proceso cuando aqu\u00e9lla est\u00e9 ubicada en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneraci\u00f3n de derechos; ii) el reintegro al medio familiar cuando la ni\u00f1a se hubiera encontrado institucionalizada y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos; o iii) la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos, de conformidad con lo normado en el precepto 103 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, que a la letra reza: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 103. Car\u00e1cter transitorio de las medidas de restablecimiento de derechos y de la declaratoria de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
La autoridad administrativa que tenga la competencia del proceso podr\u00e1 modificar las medidas de restablecimiento de derechos previstas en este C\u00f3digo cuando est\u00e9 demostrada la alteraci\u00f3n de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resoluci\u00f3n que as\u00ed lo disponga se proferir\u00e1 en audiencia y estar\u00e1 sometida a los mecanismos de oposici\u00f3n establecidos para el fallo en el art\u00edculo 100 del presente C\u00f3digo, cuando la modificaci\u00f3n se genere con posterioridad a dicha actuaci\u00f3n. <\/p>\n
El auto que fije fecha y hora para la audiencia se notificar\u00e1 por estado y no tendr\u00e1 recursos. <\/p>\n
Cuando el cambio de medida se produzca antes de la audiencia de pruebas y fallo, deber\u00e1 realizarse mediante auto motivado, notificado por estado, el cual no es susceptible de recurso alguno. <\/p>\n
En los procesos donde se declare en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, la autoridad administrativa deber\u00e1 hacer seguimiento por un t\u00e9rmino que no exceda seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, t\u00e9rmino en el cual determinar\u00e1 si procede el cierre del proceso cuando el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente est\u00e9 ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneraci\u00f3n de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el ni\u00f1o se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos. <\/p>\n
En los casos excepcionales que la autoridad administrativa considere que debe superarse el t\u00e9rmino de seguimiento, deber\u00e1 prorrogarlo mediante resoluci\u00f3n motivada por un t\u00e9rmino que no podr\u00e1 exceder de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del t\u00e9rmino de seguimiento inicial. La pr\u00f3rroga deber\u00e1 notificarse por Estado. <\/p>\n
El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos con el seguimiento tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el cierre del proceso por haberse evidenciado con los seguimientos, que la ubicaci\u00f3n en medio familiar fue la medida id\u00f3nea. <\/p>\n
Cuando la autoridad administrativa supere los t\u00e9rminos establecidos en este art\u00edculo sin resolver de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica o cuando excedi\u00f3 el t\u00e9rmino inicial de seguimiento sin emitir la pr\u00f3rroga, perder\u00e1 competencia de manera inmediata y deber\u00e1 remitir el expediente al Juez de Familia para que este decida de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica en un t\u00e9rmino no superior a dos (2) meses. Si la autoridad administrativa no remite el expediente, el Director Regional har\u00e1 la remisi\u00f3n al Juez de Familia. <\/p>\n
Con el fin de garantizar una atenci\u00f3n con enfoque diferencial, en los casos en que se advierta que un proceso no puede ser definido de fondo en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo establecido, por las situaciones f\u00e1cticas y probatorias que reposan en el expediente, el ICBF reglamentar\u00e1 un mecanismo para analizar el proceso y darle el aval a la autoridad administrativa para la ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino. <\/p>\n
Cuando se trata de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes y adultos con discapacidad en los cuales se hubiere superado la vulneraci\u00f3n de derechos, transitoriamente se continuar\u00e1 con la prestaci\u00f3n del servicio de la modalidad de protecci\u00f3n cuando se requiera, hasta tanto la entidad correspondiente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice la prestaci\u00f3n del servicio de acuerdo con sus competencias legales. <\/p>\n
En los casos en que se otorgue el aval, la autoridad administrativa emitir\u00e1 una resoluci\u00f3n motivada decretando la ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino y relacionando el acervo documental que soporta esta decisi\u00f3n\u00bb <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, es claro que ante el defectuoso estudio realizado por parte del Juez Sexto Civil de Familia de Bogot\u00e1 accionado, seg\u00fan se explic\u00f3, se justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela en aras de restablecer la garant\u00eda superior al debido proceso que le fue conculcada a la menor agenciada por la Defensora de Familia M\u00f3nica del Pilar Bustos Vega, por lo que se dejar\u00e1 sin valor ni efecto la providencia cuestionada, en lo que a esa tem\u00e1tica refiere, para que la citada autoridad se pronuncie nuevamente sobre dicho punto, teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
5. Finalmente, en lo atinente a la petici\u00f3n de compulsar copias con destino a las \u00abautoridades competentes\u00bb para investigar el actuar del juzgado criticado, basta con decir que ello desborda objeto de la acci\u00f3n de tutela; adem\u00e1s, la reclamante, sin intermediaci\u00f3n, puede incoar las denuncias que considere procedentes. <\/p>\n
6. Por todo lo expuesto, se conceder\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n, en lo que tiene que ver con la invalidez de la providencia atacada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo incoado por la accionante. En consecuencia, se dispone: <\/p>\n
PRIMERO: DEJAR sin valor ni efecto el auto proferido el pasado 4 de octubre por el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, en el marco del proceso especial plurimencionado; en consecuencia, se ORDENA a la aludida autoridad judicial, que dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda nuevamente a pronunciarse y resuelva de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la ni\u00f1a XXX, conforme a las hip\u00f3tesis contenidas en el art. 103 Ib, de conformidad a las consideraciones vertidas en el presente fallo. <\/p>\n
SEGUNDO: Como en el presente asunto se encuentra involucrado una menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
TERCERO: COMUN\u00cdQUESE lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
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STC1632-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1632-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00419-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por M\u00f3nica del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61293","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61293","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61293"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61293\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61293"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61293"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61293"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}