STC1633-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1633-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01226-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 21 de julio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado judicial, por Delia Esther Palmera Rojano contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral con radicado 11001310500520040024901. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales a la vida, \u00aben conexi\u00f3n a la subsistencia\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 la tutelante que la se\u00f1ora Igsora Segura Velandia, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo entonces menor de edad, instaur\u00f3 en contra de la Naci\u00f3n – Ministerio de la Protecci\u00f3n Social – Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, sucedida procesalmente por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP, con el fin de obtener el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional por el fallecimiento de Alberto Santiago Sierra, en proporci\u00f3n del 50% para cada uno, desde el mes de junio de 2001, toda vez que la citada entidad \u00aba trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 000293 del 25 de abril de 2003, dispuso mantener en suspenso el reconocimiento pensional, por existir conflicto de ese derecho entre Magali Esther Mart\u00ednez Le\u00f3n, Delia Esther Palmera Rojano y ella\u00bb. <\/p>\n
2.2. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que dispuso vincular al proceso, como litisconsortes necesarios, a \u00abDelia Esther Palmera Rojano, Magali Esther Mart\u00ednez Le\u00f3n en nombre propio y en representaci\u00f3n de RASM, Aracely Mar\u00eda Charris en representaci\u00f3n de MFSC; y, Lourdes Elina Freyle en representaci\u00f3n de HRSF\u00bb; asimismo, mediante auto del \u00ab5 de octubre de 2011, orden\u00f3 acumular al presente proceso, el que cursaba en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa misma ciudad, promovido por Delia Esther Palmera Rojano\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 19 de junio de 2015, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia, en la que resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: CONDENAR a la demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTI\u00d3N PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCI\u00d3N SOCIAL – UGPP a reconocer y pagar a la se\u00f1ora DELIA ESTHER PALMERA en su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del causante, se\u00f1or ALBERTO ANTONIO SANTIAGO SIERRA (Q.E.P.D), la pensi\u00f3n de sobrevivientes con los correspondientes aumentos legales y mesadas adicionales de junio y diciembre, debidamente indexadas al momento del pago, en una proporci\u00f3n equivalente al 50% de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que en vida disfrutaba el se\u00f1or ALBERTO ANTONIO SANTIAGO SIERRA (Q.E.P.D), a partir del seis (6) de Junio del a\u00f1o 2001, y hacia delante de manera vitalicia, porcentaje que se incrementar\u00e1 una vez se extinga el derecho de la otra persona beneficiaria a la que se otorgar\u00e1 el otro 50% de la prestaci\u00f3n pensional. <\/p>\n
SEGUNDO: CONDENAR a la demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTI\u00d3N PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCI\u00d3N SOCIAL UGPP a incrementar la mesada pensional que ya le fue reconocida al menor [\u2026] representado por su se\u00f1ora madre IGSORA SEGURA VELANDIA, del 12.5% al 50% de la mesada pensional que en vida disfrutaba el causante ALBERTO ANTONIO SANTIAGO SIERRA (Q.E.P.D), incremento que se har\u00e1 efectivo a partir del 6 de Junio de 2001, fecha del fallecimiento del causante y hasta el cumplimiento de la mayor\u00eda de edad, o hasta cuando cumpla 25 a\u00f1os de edad, siempre y cuando acredite incapacidad para trabajar por raz\u00f3n de estudios en las condiciones previstas en el art\u00edculo 15 del decreto 1889 de 1994. <\/p>\n
TERCERO: ABSOLVER a la demandada Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social UGPP de las dem\u00e1s pretensiones incoadas por las demandantes IGSORA SEGURA VELANDIA y ESTHER PALMERA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. <\/p>\n
CUARTO: Se declara parcialmente probada la excepci\u00f3n de inexistencia del derecho propuesta por el extremo pasivo, esto respecto de la demandante IGSORA SEGURA VELANDIA y no probadas las restantes excepciones\u00bb. <\/p>\n
2.5. Posteriormente, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante providencia de 22 de enero de 2016, al desatar la alzada interpuesta por la se\u00f1ora Igsora Segura Velandia y la UGPP, dispuso: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: REVOCAR el numeral PRIMERO de la sentencia proferida el 19 de junio de 2015 por el Juzgado 5\u00ba Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, y en su lugar CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTI\u00d3N PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP a reconocer y pagar a la se\u00f1ora IGSORA SEGURA VELANDIA en calidad de compa\u00f1era permanente sup\u00e9rstite del se\u00f1or ALBERTO ANTONIO SANTIAGO SIERRA (+), la pensi\u00f3n de sobrevivientes en una proporci\u00f3n del 50% de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que en vida disfrut\u00f3 el causante, a partir del 6 de junio de 2001 y de manera vitalicia. El derecho reconocido se acrecentar\u00e1 en la medida en que cese la pensi\u00f3n reconocida al hijo del causante, hasta completar la totalidad de la mesada pensional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: REVOCAR EL NUMERAL CUARTO de la sentencia impugnada mediante el cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexistencia del derecho respecto de la se\u00f1ora IGSORA SEGURA VELANDIA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
TERCERO: REVOCAR EL NUMERAL QUINTO de la sentencia respecto a la condena en costas impuesta a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTI\u00d3N PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP conforme a lo explicado. Se confirma en lo dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
2.6. El 9 de febrero de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral decidi\u00f3 no casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
2.7. En criterio de la promotora, en dicho pronunciamiento se incurri\u00f3 en defecto sustantivo, dado que \u00abdesconoce en su integridad el art\u00edculo 47 de la ley 100 de 1993 con sus diferentes reformas especialmente La Ley 797 de 2003, el marco de la constituci\u00f3n y la ley por defecto material o sustantivo, pues gravit\u00f3 en una norma que se debe aplicar por extensi\u00f3n y por favorabilidad\u00bb. Igualmente, enfatiz\u00f3 que no se tuvo en cuenta \u00abel principio de favorabilidad, la extra y ultra petitum de lo laboral en materia de sustituci\u00f3n pensional\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 el amparo de sus garant\u00edas fundamentales, por ser \u00abuna persona de la tercera edad de 71 a\u00f1os en completo abandono\u00bb, que se ordene revocar el fallo SL284-2021 de la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, que se le conceda \u00abla pensi\u00f3n sustitutiva [\u2026], como pretensi\u00f3n principal o subsidiaria con el porcentaje que le corresponde por la convivencia de m\u00e1s de 25 a\u00f1os y sociedad conyugal vigente\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia expuso que \u00ablas normas aplicables para decidir sobre los derechos pensionales en materia de sobrevivencia, son las vigentes al momento en que se cause el derecho, en este caso como el deceso de Santiago Sierra ocurri\u00f3 el 6 de junio de 2001, eran los art\u00edculos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 original\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, \u00abcon el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el art\u00edculo 7 del Decreto 1889 de 1994, frente a la eventualidad de existir convivencia simult\u00e1nea del causante con la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y la compa\u00f1era permanente, debe preferirse a la primera, en tanto es quien tiene la vocaci\u00f3n de acceder a la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, pues la ley vigente para esa \u00e9poca la privilegiaba\u00bb; no obstante, resalt\u00f3 que dicha situaci\u00f3n se presentar\u00eda en el evento de existir convivencia simult\u00e1nea entre la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y la compa\u00f1era permanente, \u00absupuesto que no se present\u00f3 en el sub j\u00fadice, en la medida en que el juez de segundo grado lo que concluy\u00f3, a partir de la valoraci\u00f3n probatoria, fue, que se acredit\u00f3 convivencia del pensionado con su compa\u00f1era permanente al momento de su muerte, lo cual no ocurri\u00f3 en relaci\u00f3n con su c\u00f3nyuge\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, la actora cuestiona que \u00abno se le hubiera dado aplicaci\u00f3n a la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el art. 47 de la Ley 100 de 1993, ni a la jurisprudencia fijada por esta Sala a partir de dicha normativa\u00bb, pero no tuvo en cuenta que \u00abla primera norma referenciada no se encontraba vigente al momento de la muerte del pensionado, y por ende, no era la llamada a regular la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb. <\/p>\n
Y precis\u00f3 que no pod\u00eda pregonarse la inaplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial reclamado, puesto que \u00abuno de los requisitos para su aplicaci\u00f3n es que se trate de supuestos f\u00e1cticos similares, y las normas llamadas a regular la situaci\u00f3n pensional en este asunto est\u00e1n contenidas en la Ley 100 de 1993 (dada la muerte del causante ocurrida el 6 de junio de 2001), y no la Ley 797 de 2003, que apenas entr\u00f3 en vigencia el 29 de enero de 2003\u00bb. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Socia pidi\u00f3 rechazar el amparo por improcedente, dado que a la tutelante \u00abno se le ha violado derecho fundamental alguno, teniendo en cuenta que tanto las actuaciones procesales como el fallo se encuentran ajustados a derecho\u00bb. <\/p>\n
3. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la presente acci\u00f3n y exonerarlo de cualquier responsabilidad que se pueda llegar a endilgar, por no ser la entidad encargada de realizar las actuaciones administrativas ni judiciales tendientes a resolver las pretensiones de la accionante. <\/p>\n
4. La se\u00f1ora Igsora Segura Velandia indic\u00f3, respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, que \u00abninguna circunstancia excepcional se presenta, para habilitar la misma contra las providencias judiciales mencionadas\u00bb, por lo que requiri\u00f3 declarar la improcedencia de esta. <\/p>\n
5. Carmen Lucy C\u00e9spedes Gasca, en su calidad de curador ad litem del proceso 11001310500520040024901, manifest\u00f3 que la tutela instaurada por la se\u00f1ora Delia Esther Palmera Rojano era respetable; sin embargo, se acataba a la determinaci\u00f3n emitida en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Alejandro Gordillo Boh\u00f3rquez, en su calidad de curador ad litem de Magaly Esther Mart\u00ednez Le\u00f3n, afirm\u00f3 que \u00abno se avizora que se haya vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante y mucho menos que se haya desconocido la aplicaci\u00f3n de precepto legal alguno y\/o se haya interpretado equ\u00edvocamente la ley sustancial a cargo del accionado frente al petitorio que se alega en el escrito de tutela\u00bb; tambi\u00e9n adujo que los pronunciamientos realizados por la autoridad judicial accionada, \u00abadem\u00e1s de ajustarsen a Derecho, REITERAN entre otras cosas, que ya en pret\u00e9rita oportunidad hubo decisiones iguales y\/o similares que pusieron fin a controversias como la que aqu\u00ed se debate\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abse est\u00e1 frente a una decisi\u00f3n debidamente fundamentada, sustentada en normas jur\u00eddicas vigentes y en la interpretaci\u00f3n que de ellas ha venido realizando la Sala Especializada, pues es criterio de esa Corporaci\u00f3n que la norma aplicable para la definici\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes es aquella que est\u00e1 vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado (CSJ SL, 19 ag. 2008, rad. 35410, CSJ SL7358-2014, CSJ SL4279\u20132017, CSJ SL125-2018, entre otras)\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, advirti\u00f3 que no se infringi\u00f3 el principio de favorabilidad, \u00abpor no estarse frente a la existencia de un conflicto de normas sustanciales que regulen la misma cuesti\u00f3n, pues cuando sobrevino la nueva regulaci\u00f3n, ya la situaci\u00f3n f\u00e1ctica causante del derecho (fallecimiento) se hab\u00eda consolidado\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el apoderado de la accionante, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial de la tutela y destac\u00f3 que \u00abera la esposa del causante desde el 18 de abril de 1980, lo que quiere decir que hay un desequilibrio en la aplicaci\u00f3n de la norma, por cuanto el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se refiere a una remuneraci\u00f3n de m\u00ednimo vital y es que se debe tener presente que la se\u00f1ora Delia Esther Palmera Rojano, depend\u00eda econ\u00f3micamente de su c\u00f3nyuge leg\u00edtimo, convivio desde que contraen matrimonio, hasta que falleci\u00f3 el causante, es decir durante 21 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que \u00abLos fundamentos legales aplicar son: La ley 100 de 1993 art. 47 reformado por La ley 797 de 2003, por cuanto materializan el derecho sustancial del m\u00ednimo vital, y el derecho de sustituci\u00f3n pensional\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la actora pretende que se revoque la sentencia SL284-2021 proferida el 9 de febrero de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, que ordene emitir una nueva decisi\u00f3n en la que se acceda a sus pretensiones. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del tutelante, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Ahora bien, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, al resolver el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia expres\u00f3 los motivos por los cuales arribaba a la determinaci\u00f3n de no casar la sentencia atacada. <\/p>\n
Para ello, en primer orden, aclar\u00f3 que, dada la senda escogida, no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes aspectos: \u00abi) que Alberto Antonio Santiago Sierra contrajo matrimonio con Delia Esther Palmera Rojano el 18 de abril de 1980; (ii) que el citado se\u00f1or prest\u00f3 sus servicios a la Empresa Puertos de Colombia – Terminal Mar\u00edtimo de Santa Marta, la cual le reconoci\u00f3 una pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 141195 del 15 de noviembre de 1991; (iii) que el citado se\u00f1or procre\u00f3 con Igsora Segura Velandia, a DASS, nacido el 22 de marzo de 2000; (iv) que el se\u00f1or Santiago Sierra falleci\u00f3 el 6 de junio de 2001; y, (v) que dentro del tr\u00e1mite pensional la entidad dej\u00f3 en suspenso el reconocimiento pensional, al existir conflicto entre beneficiarias\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que el asunto a dilucidar se circunscrib\u00eda a establecer si el Tribunal se hab\u00eda equivocado, al considerar que Delia Esther Palmera Rojano, en su condici\u00f3n de c\u00f3nyuge del pensionado, \u00abno acredit\u00f3 su condici\u00f3n de beneficiaria de la sustituci\u00f3n pensional, al no haber demostrado convivencia con aquel dentro de los dos a\u00f1os anteriores a su fallecimiento\u00bb, con lo que habr\u00eda incurrido, en sentir de la actora, en una interpretaci\u00f3n errada del art\u00edculo 7 del Decreto 1889 de 1994 reglamentario de la Ley 100 de 1993, que consagra que el derecho es de la c\u00f3nyuge y a falta de \u00e9sta de la compa\u00f1era permanente, por lo que reclam\u00f3 que \u00abno se le hubiera dado prelaci\u00f3n como c\u00f3nyuge sobreviviente frente a la compa\u00f1era permanente\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, destac\u00f3 que las normas aplicables para decidir sobre los derechos pensionales en materia de sobrevivencia eran \u00ablas vigentes al momento en que se cause el derecho, en este caso, como el deceso del se\u00f1or Santiago Sierra ocurri\u00f3 el 6 de junio de 2001, son los art\u00edculos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 original\u00bb. <\/p>\n
Bajo los par\u00e1metros antes se\u00f1alados, afirm\u00f3 que, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el art\u00edculo 7 del Decreto 1889 de 1994, se evidenciaba que en el caso de \u00abexistir convivencia simult\u00e1nea del causante con la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y la compa\u00f1era permanente, debe preferirse a la primera, en tanto es quien tiene la vocaci\u00f3n de acceder a la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, pues la ley vigente para esa \u00e9poca la privilegiaba\u00bb; no obstante, aclar\u00f3 que en el asunto objeto de estudio, no se present\u00f3 la convivencia simult\u00e1nea, toda vez que el Tribunal, al realizar la valoraci\u00f3n de los elementos probatorios aportados al proceso, encontr\u00f3 acreditada la \u00abconvivencia del pensionado con su compa\u00f1era permanente al momento de su muerte (ya que el requisito de temporalidad de los dos a\u00f1os exigido, lo supli\u00f3 con el supuesto de haber procreado un hijo), lo cual no ocurri\u00f3 en relaci\u00f3n con su c\u00f3nyuge; asunto sobre el cual no se dirigi\u00f3 embate alguno por la censora\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En sustento, mencion\u00f3 el criterio jurisprudencial sobre dicha tem\u00e1tica contenido en la sentencia CSJ SL13450-2016 de la Sala de Casaci\u00f3n permanente, que fue reiterado por la de Descongesti\u00f3n en la SL4317-2019, en la que se estableci\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab\u2026debe afirmarse que en ning\u00fan error incurri\u00f3 el Tribunal en sus razonamientos, por cuanto evidentemente la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que acontece en el sub lite, debe resolverse con fundamento en el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 en su redacci\u00f3n original, criterio que ha sido esbozado por esta Corporaci\u00f3n, como puede observarse, entre otras, en la sentencia CSJ SL. 15 mayo. 2012, rad. 42497 (cuyas orientaciones fueron reiteradas en sentencia SL13235-2014 del 24 sep. 2014, rad. 44806), en la que as\u00ed se pronunci\u00f3: <\/p>\n
En efecto, ya la Corte en reiteradas oportunidades ha precisado ese mismo criterio que sirvi\u00f3 de sustento al Tribunal para reconocerle a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite el derecho en vigencia de la Ley 100 de 1993, la cual se ha reiterado en la sentencia del 2 de agosto de 2008, radiaci\u00f3n 33771, en cuanto se dijo: <\/p>\n
\u2018La disposici\u00f3n que rige el asunto y que le da derecho a la demandante a reclamar la pensi\u00f3n de sobrevivientes, es precisamente el art\u00edculo 47 inicial de la Ley 100 de 1993. Ello es as\u00ed, porque LIBIA DE JES\u00daS ORTIZ RINC\u00d3N, como c\u00f3nyuge del pensionado fallecido, acredit\u00f3 los requisitos que consagra la preceptiva en comento, am\u00e9n de que conforme a la jurisprudencia, cuando se presenta una convivencia simult\u00e1nea del causante con la c\u00f3nyuge y la compa\u00f1era permanente, la vocaci\u00f3n para hacerse beneficiaria de la pensi\u00f3n la tiene en primer lugar la c\u00f3nyuge y, s\u00f3lo a falta de \u00e9sta, la compa\u00f1era permanente, criterio que se renueva en el sub judice. <\/p>\n
\u2018Lo anterior no obsta para precisar que si se da una convivencia simult\u00e1nea del pensionado tanto con su c\u00f3nyuge como con la compa\u00f1era, la beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en primer t\u00e9rmino, es la esposa, por cuanto as\u00ed se desprende del art\u00edculo 7\u00ba del decreto 1889 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993. Pero en todo caso, para que el c\u00f3nyuge tenga el derecho a la susodicha sustituci\u00f3n pensional, deber\u00e1 cumplir \u2018con los requisitos exigidos por los literales a) de los art\u00edculos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993\u2019, como lo exige perentoriamente el art\u00edculo 9\u00ba del decreto citado. Y tales requisitos exigidos al c\u00f3nyuge o al compa\u00f1ero permanente sup\u00e9rstite son, en este nuevo esquema normativo, en primer lugar, la convivencia efectiva con el pensionado al momento de su fallecimiento; en segundo t\u00e9rmino, la circunstancia de haber hecho vida marital responsable con el fallecido, al menos desde el momento en que \u00e9ste adquiri\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n respectiva; y, en tercer lugar, el haber convivido con el pensionado no menos de dos a\u00f1os continuos con anterioridad a su muerte, requisito \u00e9ste \u00faltimo que puede suplirse con el de haber procreado uno o m\u00e1s hijos con \u00e9l, sin que tengan al efecto – ahora – incidencia alguna, las circunstancias en que se produjo la ruptura de la convivencia con su c\u00f3nyuge, vale decir, si \u00e9sta se dio por causas imputables al causante o no, puesto que el presupuesto de ausencia de culpabilidad del fallecido no fue reproducido en la nueva preceptiva que regul\u00f3 integralmente la materia con un fundamento y contenido diferentes\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Por lo anterior, la Sala convocada concluy\u00f3 que, al encontrarse demostrada por parte de la compa\u00f1era permanente su condici\u00f3n de beneficiaria de la sustituci\u00f3n pensional, de conformidad con el literal a) del art. 47 de la Ley 100 de 1993, era a ella a quien le correspond\u00eda el derecho y, en esa medida, no encontr\u00f3 yerro alguno en la determinaci\u00f3n adoptada por el operador judicial de segundo grado. <\/p>\n
4. En ese orden, se considera que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida con base en una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad aplicable y soportada en la jurisprudencia relacionada de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
4.1. En efecto, dada la v\u00eda directa escogida en el recurso extraordinario, la Sala accionada precis\u00f3, en primer lugar, que no era objeto de debate y, por tanto, no ser\u00edan aspectos para analizar, entre otros, que el se\u00f1or Alberto Antonio Santiago Sierra contrajo matrimonio con Delia Esther Palmera Rojano el 18 de abril de 1980, que la Empresa Puertos de Colombia – Terminal Mar\u00edtimo de Santa Marta, le reconoci\u00f3 al se\u00f1or Santiago Sierra una pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n el 15 de noviembre de 1991; que este procre\u00f3 con Igsora Segura Velandia un hijo, nacido el 22 de marzo de 2000; que el se\u00f1or Santiago Sierra falleci\u00f3 el 6 de junio de 2001; y que la UGPP dej\u00f3 en suspenso el reconocimiento pensional, al existir conflicto entre beneficiarias. <\/p>\n
De otro lado, tras analizar el asunto, determin\u00f3 que, como el deceso del se\u00f1or Santiago Sierra ocurri\u00f3 el 6 de junio de 2001, las normas aplicables eran los art\u00edculos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 original -sin la reforma de la Ley 797 de 2003 referida por la accionante- y, luego de hacer referencia a la sentencia CSJ SL13450-2016 de la Sala de Casaci\u00f3n Permanente, en la se precis\u00f3 el criterio para reconocer la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite en vigencia de la Ley 100 de 1993 primigenia, exigi\u00e9ndose la acreditaci\u00f3n de la convivencia simult\u00e1nea del causante con \u00e9sta y su compa\u00f1era permanente para darle prelaci\u00f3n a la c\u00f3nyuge, concluy\u00f3 que no era viable otorgarle a la tutelante dicha prevalencia frente al derecho a la sustituci\u00f3n pensional reclamado, al no haberse acreditado la convivencia simult\u00e1nea, cuesti\u00f3n que no fue rebatida por la senda escogida. <\/p>\n
4.2. En ese sentido, las razones con las que la parte actora recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514- 01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
5. Por lo razonado en precedencia, se debe ratificar el fallo impugnado, que neg\u00f3 la salvaguarda invocada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1633-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC1633-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01226-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 21 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61294","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61294"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61294\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}