STC1635-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1635-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00417-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Humberto Querub\u00edn Guti\u00e9rrez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2018-00106-00, y el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada, toda vez que, aparentemente, no ha desatado la segunda instancia del juicio n\u00ba 2018-00106. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que adelant\u00f3 en contra de Lucelida Gallego Correa el referido juicio declarativo de uni\u00f3n marital de hecho, asunto que fue tramitado ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos, quien dict\u00f3 sentencia el 24 de julio de 2019. <\/p>\n
Relata, que apel\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, no obstante, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia no ha resuelto dicho recurso, pese a que el asunto fue radicado para el efecto el 8 de agosto de 2019. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia resolver la apelaci\u00f3n propuesta contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2019, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos. <\/p>\n
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1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, por conducto de una de sus magistradas inform\u00f3 que \u00ab(\u2026) \u00abdebido a la alta carga laboral no ha sido posible emitir sentencia dentro del proceso, en tanto que, adem\u00e1s de los procesos que fueron repartidos de manera previa, se deben atender asuntos prioritarios como acciones de tutela de primera y segunda instancia, consultas, habeas corpus, acciones populares. Adicional a lo anterior, se tienen pendiente de decisi\u00f3n apelaciones de auto, asuntos especiales y actuaciones administrativas que se deben adelantar en el Despacho, resalt\u00e1ndose que aquellos tr\u00e1mites prioritarios han aumentado desde el inicio de la pandemia\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, \u00aben raz\u00f3n de la pandemia los t\u00e9rminos fueron suspendidos por un lapso y, una vez reanudados, los Despachos estuvieron resolviendo diversos desaf\u00edos tecnol\u00f3gicos para la adopci\u00f3n de los expedientes virtuales y su digitalizaci\u00f3n, tanto que, para el mes de noviembre, se envi\u00f3 el expediente a la entidad correspondiente para su digitalizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos, hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del juicio que origina el reclamo, precis\u00f3 que el 24 de julio de 2019 dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho pretendida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, transgredi\u00f3 las prerrogativas invocadas por el accionante, en la medida en que, supuestamente, no ha resuelto el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2019 por el Juzgado Promiscuo Familia de Santa Rosa de Osos, en virtud del juicio declarativo n\u00ba 2018-00106. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Naturaleza jur\u00eddica de la tutela. <\/p>\n
La presente acci\u00f3n es una instituci\u00f3n que consagr\u00f3 la Constituci\u00f3n de 1991 para proteger los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneraci\u00f3n por parte de una autoridad p\u00fablica y, bajo ciertos supuestos, por un particular; se trata de un procedimiento judicial espec\u00edfico, aut\u00f3nomo, directo y sumario, que en ning\u00fan caso puede sustituir los procesos judiciales ordinarios que establece la ley y en ese sentido no es posible convertirla en una instituci\u00f3n procesal alternativa o supletoria. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, ha de destacarse que el reclamo constitucional se enfila a cuestionar la tardanza de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia en desatar la segunda instancia del proceso declarativo de uni\u00f3n marital de hecho n\u00ba 2018-00106-01 promovido por Luis Humberto Querub\u00edn Guti\u00e9rrez, contra Lucelida Gallego Correa, para lo cual implora el gestor la protecci\u00f3n de su prerrogativa esencial de petici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras). <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia constitucional ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo, al advertir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda persona tiene derecho a que los tr\u00e1mites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello ir\u00eda en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administraci\u00f3n de justicia, dado que la resoluci\u00f3n tard\u00eda de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. <\/p>\n
As\u00ed, el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley. <\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n en sentido contrario implicar\u00eda que cada uno de los magistrados, jueces y fiscales podr\u00edan, a su leal saber y entender, proferir en cualquier tiempo las providencias judiciales, lo cual desconoce lo ordenado en el art\u00edculo 123 de la Carta Pol\u00edtica en cuanto dispone que los servidores p\u00fablicos, y dentro de esta categor\u00eda los funcionarios judiciales, deben ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constituci\u00f3n, la ley o el reglamento\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) El Constituyente coherente con el reconocimiento que hizo de estas garant\u00edas estableci\u00f3 el siguiente mandato: \u201cLos t\u00e9rminos procesales se observaran con diligencia y su incumplimiento ser\u00e1 sancionado\u201d del cual se infiere, tal y como lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n desde sus primeras providencias (T-431\/92), que \u201cla Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 est\u00e1 inspirada, entre otros muchos, en el prop\u00f3sito definido de erradicar la indeseable costumbre, extendida entre los jueces pero tambi\u00e9n entre otros funcionarios p\u00fablicos, de incumplir los t\u00e9rminos procesales acarreando a los destinatarios de la administraci\u00f3n de justicia toda suerte de perjuicios en el ejercicio de sus m\u00e1s elementales derechos\u201d\u00bb (CC T-30\/05). <\/p>\n
Acerca de este puntual aspecto, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional, y con vista en la informaci\u00f3n allegada por los intervinientes, la Sala advierte la improcedencia del instrumento constitucional toda vez que el proceso que origina el reclamo, se ha desarrollado sin demoras o dilaciones injustificadas. <\/p>\n
En efecto, debe considerarse la carga laboral que soporta el despacho convocado, seg\u00fan lo inform\u00f3 la magistrada que tiene a cargo el asunto, aunado a ello, no pierde de vista la Sala que, en raz\u00f3n a la emergencia sanitaria que inici\u00f3 en marzo de 2020 derivada de la COVID -19, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos judiciales hasta el 30 de junio de esa anualidad, y posteriormente, cada despacho judicial en el pa\u00eds ha asumido grandes retos, tales como la digitalizaci\u00f3n de los expedientes a su cargo, el acceso en l\u00ednea a la informaci\u00f3n, entre muchos otros, encaminados a garantizar una efectiva prestaci\u00f3n del servicio que propenda por asegurar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Por lo tanto, para esta Corporaci\u00f3n no se encuentra acreditada una dilaci\u00f3n caprichosa o arbitraria por parte de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia en el referido juicio que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En un caso similar en el que no se acredit\u00f3 la afectaci\u00f3n actual de los derechos fundamentales esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ. STC sep. 5 de 2012, exp. 00630-014, reiterada en STC16340, nov. 10 de 2016). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, la Corte negar\u00e1 el auxilio implorado, por cuanto la corporaci\u00f3n convocada ha justificado la tardanza en resolver la segunda instancia del juicio n\u00ba 2018-00106, lo cual fundament\u00f3 en la excesiva carga laboral que soporta esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
5 <\/p>\n
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