STC1636-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1636-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01568-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de agosto de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado judicial, por Martha Nohemy Gil de Ram\u00edrez contra la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado Once Laboral del Circuito de esa ciudad, Colpensiones y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 050013105011201700187. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al m\u00ednimo vital, la seguridad social, tutela judicial efectiva, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad jur\u00eddica, debido proceso, dignidad y derecho al trabajo, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La actora se\u00f1al\u00f3 que contrajo matrimonio con Jorge El\u00edas Cardona Mesa el 25 de septiembre de 1982. <\/p>\n
2.2. Su esposo falleci\u00f3 el 29 de octubre de 1990, por lo que, el 20 de septiembre de 2016, present\u00f3 reclamaci\u00f3n a la Administradora Colombiana de Pensiones, para que le fuera otorgada la pensi\u00f3n de sobrevivientes, siendo negada por parte de la entidad, en raz\u00f3n a que no ten\u00eda \u00ab150 semanas cotizadas en los 6 a\u00f1os anteriores a la muerte ni 300 en toda la vida laboral\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la tutelante adujo que no se tuvo en cuenta el tiempo laborado por el fallecido con el Ministerio de Defensa, lo que permit\u00eda sumar un total de 577 semanas en cualquier tiempo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.3. Por lo expuesto, present\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Colpensiones, que fue negada por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medell\u00edn, mediante sentencia del 7 de marzo de 2018, al estimar que \u00abel causante no hab\u00eda dejado la densidad de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 para dejar causado el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes ante la imposibilidad de sumar semanas no cotizadas\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal. <\/p>\n
2.4. El 8 de febrero de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral resolvi\u00f3 no casar la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
2.5. Advirti\u00f3 que la Sala de Descongesti\u00f3n accionada no valor\u00f3 \u00abel tiempo laborado por el fallecido con el MINISTERIO DE DEFENSA [\u2026], lo que permit\u00eda un total de 577 semanas en cualquier tiempo\u00bb, aunado a que se neg\u00f3 a \u00abaceptar la existencia de otra interpretaci\u00f3n v\u00e1lida para los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, desconociendo el criterio de la Corte Constitucional\u00bb contenido en las sentencias SU-769\/2014 y SU-057\/2018, que \u00abexpresamente aceptan la posibilidad de, al menos, dos interpretaciones posibles siendo obligatorio escoger la que m\u00e1s favorezca al trabajador-afiliado\u00bb, circunstancia que, asevera, vulner\u00f3 los principios de favorabilidad y no regresividad en materia laboral. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, aunque la muerte de su c\u00f3nyuge ocurri\u00f3 antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, lo cierto era que la reclamaci\u00f3n administrativa s\u00ed se hizo con posterioridad a aquella disposici\u00f3n. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que se desconoci\u00f3 la tesis de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, seg\u00fan lo indicado en la SL1981-2020, que permite acumular los tiempos de servicio aludidos. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que se deje sin efectos la providencia emitida el 8 de febrero de 2021, para que, en su lugar, se ordene proferir una nueva decisi\u00f3n, reconociendo \u00abla pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada (\u2026) por permitirse la sumatoria de tiempo p\u00fablico sin aportes con el tiempo cotizado al ISS, aplicando el Decreto 758 de 1990\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia defendi\u00f3 la legalidad del fallo proferido en el proceso objeto de debate. Al respecto, enfatiz\u00f3 que \u00abno se encontraba en discusi\u00f3n que el afiliado falleci\u00f3 el 29 de octubre de 1990, es decir, que el hecho generatriz de la pensi\u00f3n de sobrevivientes ocurri\u00f3 previ\u00f3 a la unificaci\u00f3n de los diversos reg\u00edmenes pensionales, limitados por las condiciones de validez de los tiempos laborados a la realizaci\u00f3n del aporte al entonces [ISS], [por lo que] se concluy\u00f3 que \u2018el causante no cumpli\u00f3 con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, pues a la entidad no cotiz\u00f3 150 semanas en los seis a\u00f1os anteriores, ni 300 en cualquier \u00e9poca\u2019\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que no se desconoci\u00f3 el criterio jurisprudencial decantado en las sentencias SU-769- 2014 y SU-057-2018, toda vez que el mismo no era aplicable al caso objeto de estudio, dado que \u00abi) las subreglas jurisprudenciales expuestas en las providencias de unificaci\u00f3n, fueron dadas en relaci\u00f3n con la lectura del art\u00edculo 12 del Decreto 758 de 1990 y no de los art\u00edculos 6\u00b0 y 25 ibidem, que aqu\u00ed se analizan y, ii) el criterio jur\u00eddico en comento abarca a los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, esto es, a quienes les amparan la Ley 100 de 1993, a pesar de la remisi\u00f3n a una norma anterior\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en lo atinente al principio de favorabilidad, afirm\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 6\u00b0 del Acuerdo 049 de 1990 admite una \u00fanica interpretaci\u00f3n, pues imperativamente expresa, que las semanas v\u00e1lidas para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 25 ibidem, son las cotizadas \u2018[\u2026] para el seguro de Invalidez, vejez y muerte\u2019, que para la \u00e9poca se encontraba a cargo del [ISS] y no del sistema general de pensiones propiamente, por lo cual no resulta posible acoger una intelecci\u00f3n diferente, a la que no se desprende la norma\u00bb. Y precis\u00f3 que aplic\u00f3 el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, seg\u00fan lo ordena la Ley 1781 de 2016. <\/p>\n
2. El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medell\u00edn hizo un breve recuento de las actuaciones adelantadas y se\u00f1al\u00f3 que se aten\u00eda a lo resuelto en las decisiones adoptadas en el respectivo tr\u00e1mite, seg\u00fan se pod\u00eda verificar en el expediente. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n -PARISS- indic\u00f3 que el tema a resolver era de competencia de Colpensiones, por corresponder al r\u00e9gimen de prima media. <\/p>\n
4. Colpensiones pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, pues \u00abno se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la sala de casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, as\u00ed como por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al establecer que \u00abla interesada no logra demostrar que la autoridad accionada ignorara arbitrariamente los precedentes dictados por ese cuerpo colegiado, m\u00e1xime si se observa que la decisi\u00f3n adoptada, no s\u00f3lo se tom\u00f3 con fundamento en la jurisprudencia tra\u00edda a colaci\u00f3n en la presente acci\u00f3n, sino en la hermen\u00e9utica sistem\u00e1tica y rigurosa de los antecedentes que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que las sentencias de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional y la SL1981-2020 alud\u00edan a los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la Ley 100 de 1993, por lo que la Sala accionada consider\u00f3 que no eran aplicables. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la actora, a trav\u00e9s de su apoderado, quien reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y, luego de hacer menci\u00f3n a varias sentencias emitidas por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, en las que se hizo referencia a la sumatoria de tiempos para acceder a la pensi\u00f3n, destac\u00f3 que \u00abel criterio de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 2 impidi\u00f3 que mi poderdante accediera a la pensi\u00f3n de sobrevivientes por la muerte de su c\u00f3nyuge al negarse a aceptar la existencia de otra interpretaci\u00f3n v\u00e1lida para los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, desconociendo el criterio de la Corte Constitucional contenido en varias sentencias de unificaci\u00f3n que expresamente aceptan la posibilidad de, al menos, dos interpretaciones posibles siendo obligatorio escoger la que m\u00e1s favorezca al trabajador-afiliado\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que lo pretendido \u00abno es que se defina cu\u00e1l es la postura correcta, si la de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casaci\u00f3n Laboral o la de la Corte Constitucional, sino cu\u00e1l debe aplicarse en virtud de lo ordenado por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 53 y en la estructura y jerarqu\u00eda que en dicho estatuto se ha dise\u00f1ado para el ordenamiento jur\u00eddico y que obliga a respetar el precedente constitucional sobre una materia\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la parte actora pretende que se deje sin efectos la sentencia emitida el 8 de febrero de 2021, para que, en su lugar, se profiera nueva determinaci\u00f3n que \u00abreconozca la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada en los t\u00e9rminos que por ley corresponda, por permitirse la sumatoria de tiempo p\u00fablico sin aportes con el tiempo cotizado al ISS, aplicando el Decreto 758 de 1990\u00bb. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; por tanto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma abiertamente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Ciertamente, mediante providencia CSJ SL412-2021 del 8 de febrero de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el asunto debatido e indic\u00f3 que no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes aspectos: i) que el afiliado, Jorge El\u00edas Cardona, contaba con \u00ab[\u2026] 577 semanas, de las cuales 424 corresponden a tiempos p\u00fablicos aportados por el Ministerio de Defensa y 153 al ISS antes del 1\u00b0 de abril de 1994\u00bb; ii) que el \u00faltimo aporte a la demandada fue el 2 de enero de 1981; iii) que el se\u00f1or Cardona falleci\u00f3 el 29 de octubre de 1990; iv) que por \u00abResoluci\u00f3n n.\u00b0 GNR 366565 del 12 de noviembre de 2016, Colpensiones neg\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada por la impugnante\u00bb y v) que el causante \u00abno ten\u00eda cotizadas 150 semanas en los seis a\u00f1os anteriores a su deceso, ni 300 de ellas en cualquier \u00e9poca, conforme lo exig\u00edan los art\u00edculos 6\u00b0 y 25 del Acuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, precis\u00f3 que no hab\u00eda controversia en torno a la normativa aplicable, dado que el causante falleci\u00f3 el 29 de octubre de 1990 -antes de la Ley 100 de 1993- y, por tanto, los requisitos a acreditar para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes eran los de la normativa en cita -Acuerdo 049 de 1990, vigente desde el 11 de abril de igual anualidad. Al respecto, resalt\u00f3 que \u00abninguna de las aportaciones o labores del afiliado al sector oficial, fueron con posterioridad a la vigencia del sistema general de seguridad social, es decir, que no hay circunstancia alguna que pueda conllevar a resolver el conflicto de legalidad propuesto con fundamento en las regulaciones de la Ley 100 de 1993. Lo \u00faltimo, se aclara, porque el fallecimiento del afiliado ocurri\u00f3 antes del 1\u00ba de abril de 1994, lo cual, seg\u00fan el art\u00edculo 16 del CST, es una situaci\u00f3n \u2018[\u2026] definida o consumada conforme a las leyes anteriores\u2019, que impide la aplicaci\u00f3n retroactiva de la Ley 100 ib\u00eddem\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Para el efecto, hizo menci\u00f3n a lo contenido en la sentencia CSJ SL1981-2020, de la cual concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] el nuevo acercamiento jur\u00eddico a la tem\u00e1tica, vertido tambi\u00e9n en las sentencias CSJ SL2590-2020; CSJ SL2659-2020; CSJ SL2557-2020; CSJ SL3110-2020; CSJ SL3838-2020; CSJ SL3657-2020; CSJ SL4480-2020 [1], plantea:\u2026 <\/p>\n
i) Que la Ley 100 de 1993 tiene como eje central, unificar la pluralidad de reg\u00edmenes pensionales preexistentes, en un sistema \u00fanico, inclusivo y universal denominado \u00absistema general de pensiones\u00bb; <\/p>\n
ii) Que, por esa precisa raz\u00f3n, el nuevo sistema \u00abconcedi\u00f3 validez a todos los tiempos laborados\u00bb, conforme lo dispuesto en el literal f) del art\u00edculo 13 de la Ley 100 de 1993 y en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 33 de la misma. <\/p>\n
iii) Que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 en reflexi\u00f3n, no se a\u00edsla de \u00ab[\u2026] los principios rectores y preceptos del sistema general de pensiones\u00bb, en tanto que, \u00abes una regulaci\u00f3n especial englobada en la misma [ley]\u00bb. <\/p>\n
iv) Que, en consecuencia, para sus beneficiarios \u00ab[\u2026] la forma de computar o establecer el n\u00famero de semanas se rige por lo dispuesto en el literal f) del art\u00edculo 13 y el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 33\u00bb, porque no existe justificaci\u00f3n alguna que permita inaplicar dichos preceptos\u2026 <\/p>\n
Por tanto, la posibilidad de la sumatoria de tiempos p\u00fablicos no cotizados al ISS con los aportes sufragados a esa entidad, a efectos de acceder a las pensiones previstas en el Acuerdo 049 de1990, son desarrollo del literal f) del art\u00edculo 13 de la Ley 100 de 1993, en tanto que sigue siendo una realidad que los reg\u00edmenes anteriores no permit\u00edan la homogenizaci\u00f3n o, en otras palabras, la convalidaci\u00f3n de todos los tiempos laborados. <\/p>\n
Sobre el particular, se impone recordar, con apego a lo descrito en la sentencia fundacional de la l\u00ednea que se analiza, esto es, la CSJ SL1981- 2020, que la Ley 100 de 1993 surgi\u00f3 por la necesidad de superar las fronteras existentes entre los diferentes reg\u00edmenes pensionales, \u2018[…] que coexist\u00edan dispersamente y condicionaban la validez de los tiempos laborados a situaciones tales como que hubieran sido objeto de aportes, laborados en determinados sectores o entidades, cotizados a espec\u00edficos entes previsionales\u2019. <\/p>\n
Por consiguiente, precisa la Corporaci\u00f3n, que la adici\u00f3n de tiempos p\u00fablicos servidos y semanas cotizadas para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, solo resulta posible, respecto de circunstancias f\u00e1cticas suscitadas en vigencia del sistema general de seguridad social, con independencia de la legislaci\u00f3n que les sea aplicable para efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos, esto es, si por virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n o de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, debe acudirse a una anterior a la Ley 100 ibidem\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que dicha conclusi\u00f3n tambi\u00e9n fue enunciada en la sentencia CSJ SL5147-2020, pero destac\u00f3 que, para el caso concreto, \u00abno se encuentra en discusi\u00f3n que el afiliado falleci\u00f3 el 29 de octubre de 1990, es decir, que el hecho generatriz de la pensi\u00f3n de sobrevivientes ocurri\u00f3 previ\u00f3 a la unificaci\u00f3n de los diversos reg\u00edmenes pensionales, limitados por las condiciones de validez de los tiempos laborados a la realizaci\u00f3n del aporte al entonces Instituto de Seguros Sociales, se tiene que el causante no cumpli\u00f3 con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, pues a la entidad no cotiz\u00f3 150 semanas en los seis a\u00f1os anteriores, ni 300 en cualquier \u00e9poca\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, respecto al criterio jurisprudencial contenido en las sentencias CC SU769-2014 y en la CC SU057-2018, seg\u00fan el cual, \u00abla sumatoria pretendida es viable para acceder a la pensi\u00f3n de vejez del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990\u00bb, argument\u00f3 que no resultaba aplicable al caso objeto de estudio, dado que: \u00abi) las subreglas jurisprudenciales expuestas en las providencias de unificaci\u00f3n, fueron dadas en relaci\u00f3n con la lectura del art\u00edculo 12 del Decreto 758 de 1990 y no de los art\u00edculos 6\u00b0 y 25 ibidem, que aqu\u00ed se analizan y, ii) el criterio jur\u00eddico en comento abarca a los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, esto es, a quienes les amparan la Ley 100 de 1993, a pesar de la remisi\u00f3n a una norma anterior\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En ese orden, puso de presente que, \u00abal decantar las subreglas de derecho en la materia, la Corte Constitucional en la primera decisi\u00f3n citada, con referencia en las sentencias CC T-090-2009; CC T-398-2009; CC T-583-2010; CC T-760-2010; CC T-334-2011; CC T-559-2011; CC T-100-2012; CC T-360-2012; CC T-063-2013 y CC T-596-2013, \u00fanicamente aludi\u00f3 a casos de beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, a quienes se les hab\u00eda negado el derecho a acceder a la pensi\u00f3n de vejez, porque el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990 no permit\u00eda la acumulaci\u00f3n autorizada por el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Asimismo, precis\u00f3 que, \u00aben punto de la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, sobre el que alertan las providencias enlistadas, que el art\u00edculo 6\u00b0 del Acuerdo 049 de 1990, admite una \u00fanica interpretaci\u00f3n, pues imperativamente expresa, que las semanas v\u00e1lidas para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 25 ibidem, son las cotizadas \u2018[\u2026] para el seguro de Invalidez, vejez y muerte\u2019, que para la \u00e9poca se encontraba a cargo del Instituto de Seguros Sociales y no del sistema general de pensiones propiamente, por lo cual no resulta posible acoger una intelecci\u00f3n diferente, a la que no se desprende la norma\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
I. Igualmente, sobre la reclamada viabilidad de \u00abacumular tiempo p\u00fablico y privado, porque la Ley 100 de 1993, contempl\u00f3 formas de financiaci\u00f3n o, porque el derecho a la seguridad social es irrenunciable\u00bb, sostuvo que \u00e9sta \u00abdeja de lado los principios de aplicaci\u00f3n general e inmediata y de irretroactividad de la ley, que impiden que a su situaci\u00f3n, consumada en 1990, se le aplique la normativa posterior\u00bb y enfatiz\u00f3 que \u00abtampoco ser\u00eda alegable una vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad entre quienes no son beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y los que s\u00ed acceden a esa prerrogativa, porque ambos grupos poblacionales se encuentran en dis\u00edmiles condiciones, debido a que aquellos tendr\u00edan una simple expectativa que no lleg\u00f3 a consolidarse, mientras que los \u00faltimos causan su derecho en vigencia de la nueva normativa, lo que explica y justifica a la luz del art\u00edculo 13 Constitucional, un trato diferente\u00bb.<\/p>\n
II. <\/p>\n
\u00ab[\u2026] la Sala considera oportuno referirse al razonamiento del Tribunal, seg\u00fan el cual la sumatoria de tiempos referida crea un trato privilegiado o desigual entre quienes (i) se pensionaron en plena vigencia del Acuerdo 049 de 1990 y (ii) aquellos que pueden lograrlo en virtud de ser beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n bajo la acumulaci\u00f3n de tiempos p\u00fablicos y privados con y sin cotizaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. Al respecto, es preciso se\u00f1alar que tal argumento no configura un criterio v\u00e1lido de comparaci\u00f3n (patr\u00f3n de igualdad o tertium comparationis), dado que las personas que se pretenden asimilar no est\u00e1n en la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica. N\u00f3tese que el primer grupo aludido obtuvo la protecci\u00f3n del entonces vigente sistema de pensiones, mientras que los segundos pretenden acceder a un derecho pensional bajo un nuevo marco legal y constitucional\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Bajo las circunstancias mencionadas, concluy\u00f3 que el Tribunal no se equivoc\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de la norma y resolvi\u00f3 no casar dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Revisados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n censurada al resolver el precitado mecanismo extraordinario y la postura que ha tenido esta Sala en torno a temas con alguna similitud, se advierte que no es procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no resulta abiertamente arbitrario ni manifiestamente alejado del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, se sustent\u00f3 en una interpretaci\u00f3n motivada de la normatividad aplicable y la jurisprudencia relacionada con el asunto, a partir de las cuales se concluy\u00f3 que la sumatoria de tiempos p\u00fablicos servidos y semanas cotizadas para acceder a la pensi\u00f3n reclamada solo era viable respecto de circunstancias f\u00e1cticas que se hubieran presentado en vigencia del sistema general de seguridad social -Ley 100 de 1993 y para los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n all\u00ed previsto-, cuesti\u00f3n ajena a este caso particular y concreto, pues la muerte del afiliado ocurri\u00f3 el 29 de octubre de 1990 y, en esa medida, la prestaci\u00f3n reclamada se consolid\u00f3 previ\u00f3 a la unificaci\u00f3n de los diversos reg\u00edmenes pensionales, sin que el causante realizara aporte alguno en el marco de lo regulado en materia de acumulaci\u00f3n por la Ley 100 de 1993 posterior. <\/p>\n
En este aspecto, la Sala accionada analiz\u00f3 las providencias de la Corte Constitucional citadas en el escrito inicial de tutela y el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, explicando razonadamente por qu\u00e9 no se consideraban para el caso concreto y destacando que los pronunciamientos eran aplicables para los cobijados por la transici\u00f3n entre una y otra norma, condici\u00f3n que no se cumpl\u00eda en este caso. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
5. Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento jur\u00eddico y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, a prop\u00f3sito de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica referida, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia constitucional que neg\u00f3 el amparo invocado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En esta \u00faltima sentencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, respecto de la SL1981-2020, sostuvo: \u00abLa Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CSJ SL1981-2020, cambi\u00f3 la l\u00ednea jurisprudencial y estableci\u00f3 un nuevo criterio consistente en que los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, como lo es la demandante, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo y monto de la pensi\u00f3n, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad, lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas prestadas en el sector p\u00fablico, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS hoy Colpensiones\u00bb. <\/p>\n
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STC1636-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC1636-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01568-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61296","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61296","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61296"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61296\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61296"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61296"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61296"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}